Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

nombre reservado, veinticuatro de junio de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece ante esta Corte de Apelaciones, don nombre reservado, cédula nacional de identidad NºNUM000, domiciliado en domicilio reservado, quien deduce acción de protección en su favor, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), RUT NºRUT reservado, representada legalmente por su Superintendenta, ambas domiciliadas para estos efectos, en domicilio reservado (interior), nombre reservado.

Señala que interpone recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), por haber incurrido en un acto ilegal y arbitrario consistente en rechazar y mantener el rechazo de sus licencias médicas, pese a existir antecedentes médicos suficientes que acreditan su incapacidad laboral, vulnerando con ello las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 N°1, Nº2 y Nº24 de la Constitución Política de la República.

Indica que la presente acción constitucional se deduce contra la Resolución Exenta N°NUM001, de fecha 21 de abril de 2026, dictada por la Superintendencia de Seguridad Social, mediante la cual se rechazó el recurso de reposición deducido y se mantuvo el rechazo de las licencias médicas correspondientes al recurrente, individualizadas bajo los números NUM002, NUM003, NUM004, NUM005, NUM006, NUM007, NUM008, NUM009, NUM010, NUM011, NUM012, NUM013, NUM015 y NUM016.

Sostiene que padece el síndrome de manguito rotador derecho con compromiso severo de funcionalidad, patología acreditada con informes médicos, resonancias magnéticas y certificados.

Argumenta que esta condición le provoca dolor persistente, limitación funcional severa, pérdida de movilidad y disminución de fuerza, afectando directamente su capacidad laboral física normal.

Refiere que la patología se desarrolló progresivamente por el desempeño de labores de esfuerzo y uso reiterado de extremidades superiores durante años, lo que provocó el desgaste actual, sin que exista aún declaración de enfermedad profesional.

Explica que los exámenes médicos evidencian lesiones estructurales relevantes, tales como rotura parcial del supraespinoso, tendinopatías, bursitis, artrosis acromioclavicular y cambios degenerativos. Por ello, los médicos tratantes prescribieron reposo laboral mediante licencias válidas, las cuales fueron rechazadas por COMPIN y mantenidas en esa condición por la SUSESO.

Sostiene que el rechazo reiterado lo privó del subsidio por incapacidad laboral y causó un grave deterioro en su situación personal, económica y laboral.

Afirma que debido a su estado de salud y a la negativa administrativa, el recurrente ya no se encuentra trabajando de forma activa, perdiendo su continuidad laboral y estabilidad económica.

Destaca que la actuación arbitraria de la recurrida genera un perjuicio actual y permanente que agrava su condición médica y su vulnerabilidad social.

Señala que la autoridad omitió considerar que no se trata de molestias menores, sino de una condición musculoesquelética degenerativa y persistente vinculada al esfuerzo laboral histórico que afecta su capacidad residual de trabajo.

Indica que la decisión es arbitraria porque desestima las licencias de los profesionales tratantes sin realizar diligencias mínimas, ni peritajes para verificar objetivamente el estado de salud del afectado o contrastar sus antecedentes clínicos.

Alega que la Superintendencia (SUSESO) se limitó a sostener de manera genérica que el reposo no estaba justificado, ignorando los diagnósticos y exámenes de imagen que demuestran una patología severa y limitante.

Explica que conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema (Rol N°10.404-2025), la autoridad actuó de forma deficiente al no realizar evaluaciones presenciales, ni nuevos exámenes, sustituyendo el criterio médico por una conclusión administrativa discrecional y carente de sustento técnico.

Señala que esta omisión infringe los artículos 16 y 21 del Decreto Supremo N°3 del Ministerio de Salud, norma que obliga a los organismos del Estado a adoptar las medidas necesarias (exámenes, interconsultas) para resolver fundadamente sobre el reposo médico.

Refiere que, al no decretar ninguna diligencia, la recurrida incumplió el estándar legal de objetividad, exhaustividad y fundamentación, dictando una resolución carente de respaldo clínico.

Asevera que las resoluciones impugnadas carecen de motivación real, ya que usan fórmulas estandarizadas sin precisar los elementos técnicos que justifiquen desestimar la incapacidad laboral, lo que vulnera los criterios exigidos por la Corte Suprema.

Señala que, SUSESO no explica técnicamente por qué descarta las resonancias magnéticas, los diagnósticos y los tratamientos de los médicos tratantes, configurando un acto administrativo carente de justificación racional.

Respecto a las garantías vulneradas, indica que se afecta el artículo 19 N°1 de la Constitución (integridad física y psíquica), pues la falta de cobertura económica durante la enfermedad provocó un profundo deterioro emocional, personal y un desamparo en su salud. Asimismo, se infringe el artículo 19 N°2 (igualdad ante la ley), generando una discriminación arbitraria frente a otros trabajadores que, en idénticas condiciones de salud, sí acceden al subsidio. Finalmente, se vulnera el artículo 19 N°24 (derecho de propiedad), ya que el subsidio por incapacidad laboral constituye un derecho incorporal del cual ha sido privado arbitrariamente.

Refiere, adicionalmente, que se evidencia la afectación a un procedimiento racional y justo, pues la falta de objetividad y exhaustividad de la administración incide directamente en la ilegalidad del acto que la Corte debe ponderar bajo el mandato del artículo 20 constitucional.

Indica que la resolución, al dictarse sin peritajes ni evaluaciones directas, resolvió de forma desprovista de racionalidad, afectando la estabilidad económica y la posibilidad de reinserción laboral del recurrente.

Manifiesta que la Corte Suprema ha establecido que estas conductas vulneran el deber de fundamentación y los principios mínimos de objetividad administrativa, justificando la intervención judicial urgente para restablecer el imperio del derecho.

Finalmente, se solicita acoger el recurso, dejar sin efecto la Resolución Exenta N°NUM001 y ordenar la autorización y pago de las licencias; o, en subsidio, ordenar a la SUSESO dictar un nuevo pronunciamiento previo examen médico objetivo, con expresa condena en costas.

Acompaña los siguientes documentos: 1)Copias de las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Seguridad Social relativas al rechazo de las licencias médicas materia de autos; 2) Informes médicos y antecedentes emitidos por profesionales tratantes relativos al diagnóstico, tratamiento y evolución de su estado de salud; 3) Informes de resonancia magnética y demás exámenes imagenológicos acompañados en sede administrativa; 4) Certificados médicos que dan cuenta fehacientemente de las patologías que dieron origen a las licencias médicas y de las limitaciones funcionales derivadas de aquellas; y 5) Otros antecedentes clínicos y administrativos pertinentes y fundantes del recurso.

Informando, Catalina Osses Obando, abogada, en representación de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), indica en lo principal de su informe, que solicita se declare la improcedencia de la Acción de Protección, por cuanto la materia versa sobre un derecho de seguridad social (artículo 19 N°18 de la Carta Fundamental), el cual está expresamente excluido del ámbito de aplicación de esta acción cautelar conforme al artículo 149 del DFL N°1 de 2005 y al Decreto Supremo N°3.

Afirma que la materia incide en el derecho a la seguridad social que no está contemplado en la numeración taxativa del artículo 20 de la Carta Fundamental; al ser la Acción de Protección un procedimiento de urgencia excepcional y restringido no es admisible frente a estas materias, por lo que solicita su improcedencia con expresa condena en costas.

Informa, en subsidio y en cuanto al fondo del asunto, que el caso se contextualiza sobre 14 licencias médicas (13 conocidas en 4 oportunidades, con más de 600 días autorizados), detallando que según el expediente administrativo PAE código NUM017, el interesado reclamó el 13 de febrero de 2025 contra el rechazo confirmado por la COMPIN de Magallanes de las licencias extendidas por 300 días a contar del 17 de abril de 2024 por patología irrecuperable.

Señala que, mediante Resolución Exenta N° NUM018, de 29 de mayo de 2025, la Superintendencia confirmó el rechazo al concluir que el reposo no estaba justificado, dado que la afección es de curso crónico, no modificable con el reposo por el tiempo transcurrido, y el propio traumatólogo tratante la declaró irrecuperable sin acciones terapéuticas pendientes.

Refiere que, luego, el recurrente recurrió en el expediente NUM019, con fecha 7 de julio de 2025, solicitando reconsideración y reclamando por el rechazo de la licencia N°NUM020, lo que fue resuelto mediante Resolución Exenta N°NUM021, confirmando el rechazo por no establecerse incapacidad laboral más allá de los días ya autorizados.

Asevera que los antecedentes presentados contienen un informe médico de cuadro crónico que no especifica adecuadamente las limitaciones clínicas para el reposo, no permite establecer una pauta estricta de rehabilitación o kinesiterapia en el período, ni acredita exámenes imagenológicos que respalden un rol terapéutico.

Sostiene que, con posterioridad, conforme al expediente NUM022, el recurrente solicitó nueva reconsideración con fecha 11 de noviembre de 2025, dictándose la Resolución Exenta N°NUM023 que confirmó el rechazo, fundado en que no se justifica incapacidad más allá de los 679 días autorizados desde 2021, careciendo el informe de detalles anamnésticos, exámenes actuales o tratamientos vigentes.

Señala finalmente que, según el expediente NUM024, el recurrente solicitó el 12 de marzo de 2026 la reconsideración del dictamen anterior, lo que culminó con la Resolución Exenta N°NUM001, de 21 de abril de 2026 (impugnada en autos), la cual rechazó la presentación por haberse agotado los recursos ordinarios y no concurrir los requisitos de la Ley N°19.880 para una revisión extraordinaria.

Afirma que de lo expuesto es posible establecer que el caso ha sido estudiado ampliamente, existiendo fundamentación técnica y jurídica en cada acto administrativo en concordancia con el historial médico del propio recurrente.

Indica que se tuvo a la vista la ficha médica del expediente NUM022 (FUI NUM025), que identifica al interesado de 75 años, operario minero y beneficiario de FONASA, registrando 315 días reclamados y 679 autorizados por el diagnóstico M75.1 (síndrome de manguito rotatorio) y S46.0, emitidas por diversos médicos tratantes que no califican como altos emisores.

Refiere que, en la sección de antecedentes médicos de la ficha, constan informes que indican rotura masiva irreparable de manguito rotador derecho que requiere prótesis reversa (julio 2024), una evolución posterior con alta y recomendación de trabajo liviano (julio 2025) y un informe de marcada limitación por dolor (noviembre 2025).

Señala que una resonancia magnética de julio de 2025 evidencia tendinopatías múltiples, rotura parcial crónica del supraespinoso y cambios degenerativos crónicos que desestimaron la opción quirúrgica, recomendando mantener kinesioterapia, la cual registra constantes sesiones desde 2022 y 2024 con respuesta inicial favorable y posterior exacerbación.

Destaca que un informe kinésico de octubre de 2025 señala mejoría significativa del dolor y la funcionalidad en un segundo ciclo terapéutico, no obstante, los fundamentos de la ficha mantienen el rechazo de las licencias debido a la falta de concordancia entre los informes (alta en julio frente a irrecuperabilidad en noviembre) y la ausencia de rol terapéutico del reposo.

Afirma que, en cuanto al marco jurídico, la licencia médica está definida en el artículo 1° del DS N°3 de 1984 como un derecho esencialmente temporal y restrictivo, cuya finalidad exclusiva es permitir la recuperación de la salud del trabajador y su reincorporación laboral.

Señala que la actuación de la Superintendencia se ajusta rigurosamente a sus facultades de supervigilancia y fiscalización técnica consagradas en el artículo 19 N°18 de la Constitución, la Ley N°16.395 y el DS N°3, que la facultan para interpretar las leyes de previsión y resolver reclamaciones sobre licencias.

Sostiene que, para que un acto sea arbitrario, este debe responder al capricho o carecer de razón, lo que no ocurre en la especie ya que los dictámenes se encuentran debidamente motivados y respaldados por el expediente; asimismo, aclara que el Servicio no ha intervenido, ni limitado el acceso del recurrente a sus tratamientos de salud.

Indica que el otorgamiento de una licencia médica por un facultativo no genera un derecho de propiedad sobre el subsidio por incapacidad laboral, requiriéndose la autorización formal según el DS N°3 y el DFL N°44 de 1978, por lo que no existe una vulneración a la tutela constitucional de dicha garantía.

Solicita, tener por evacuado el informe y rechazar la acción de protección en todas sus partes, con expresa condena en costas.

Acompaña copia completa de los antecedentes que obran en los expedientes administrativos NUM024, NUM022, NUM019 y NUM017, relativos al caso del recurrente.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata, por tanto, de una acción constitucional de naturaleza cautelar, la que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20º de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso de protección, se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19° del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, vale decir, que se encuentre en posición y condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que lo primero que corresponde abordar, de acuerdo con lo indicado en la parte expositiva precedente, es lo relativo a las alegaciones de improcedencia del recurso formuladas por la SUSESO, la que se basa en que la materia sobre la que realmente versa el recurso se vincula con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, y que no está amparado por la acción de autos.

Tal alegación será desestimada, toda vez que, el recurrente ha invocado las garantías consagradas en el Nº1 (derecho a la vida e integridad física y psíquica), Nº2 (derecho a la igualdad ante la ley) y Nº24 (derecho de propiedad), todas respecto del artículo 19 de la Carta Fundamental, las que efectivamente se encuentran comprendidas en el catálogo del artículo 20 del mismo texto constitucional.

En consecuencia, en la medida que la acción constitucional interpuesta (por las razones sintetizadas en lo expositivo de esta sentencia), se refiere a la conculcación de garantías fundamentales distintas a la única a que hace alusión la recurrida, en lo principal de su informe, resulta -entonces- jurídicamente posible examinar si el acto denunciado ha perturbado o amenazado el ejercicio legítimo de dichas garantías.

CUARTO: Que, corresponde entonces, determinar si ha habido una acción u omisión ilegal o arbitraria de parte de la recurrida y, establecido aquello, si tal actuación u omisión ha producido en el recurrente una perturbación, privación o amenaza, en el legítimo ejercicio de alguna de las garantías constitucionales protegidas por medio del recurso de protección, en el artículo 20 de la Carta Fundamental, particularmente aquellas que el propio recurrente indica como vulneradas QUINTO: Que, en lo concerniente a la discusión de fondo, se hace necesario analizar si el acto que se impugna, esto es, la Resolución Exenta N°NUM001, de fecha 21 de abril de 2026, que rechazó la reposición y mantuvo el rechazo de 14 licencias médicas ya individualizadas en la parte expositiva de este fallo, es arbitrario o ilegal.

SEXTO: Que, las licencias médicas reclamadas, fueron revisadas por la SUSESO, institución que al conocer de los antecedentes del Sr. nombre reservado, determinó confirmar lo resuelto por la COMPIN.

SÉPTIMO: Que, el pronunciamiento emitido por la SUSESO mediante Resolución Exenta N°NUM001, de fecha 21 de abril de 2026, señala: “Que, el artículo 59, de la Ley N°19.880, otorga, a quien tenga legitimación activa, la posibilidad de recurrir en contra de los actos administrativos, por intermedio del Recurso de Reposición, el que debe interponerse dentro del plazo de cinco días ante el mismo órgano que dictó el acto que se impugna. Además, el artículo 25 de la referida Ley señala que se entiende como días inhábiles los sábados, domingos y los festivos. Que, la Ley N°19.880, contempla los recursos de reposición, y revisión extraordinaria. Deducido el recurso de reposición, en los términos establecidos en el artículo 59, de la citada Ley, la administración está facultada para modificar, reemplazar o dejar sin efecto el acto impugnado. En la especie, la reposición por usted presentada, fue resuelta manteniendo lo dictaminado por la COMPIN competente. Que, usted hizo uso del derecho que le franquea la normativa vigente y dedujo recurso de reposición, el cual fue resuelto mediante la RESOLUCIÓN EXENTA N°NUM018, de fecha 29/05/2025; por lo que ese recurso ha sido agotado. Que, a su turno, el artículo 60 de la Ley N°19.880, prescribe que contra los actos administrativos firmes podrá interponerse el recurso de revisión ante la autoridad que lo hubiere dictado, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: a) Que la resolución se hubiere dictado sin el debido emplazamiento; b) Que, al dictarlo, se hubiere incurrido en manifiesto error de hecho y que éste haya sido determinante para la decisión adoptada, o que aparecieren documentos de valor esencial para la resolución del asunto, ignorados al dictarse el acto o que no haya sido posible acompañarlos al expediente administrativo en aquel momento; c) Que por sentencia ejecutoriada se haya declarado que el acto se dictó como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta. Que, de los documentos aportados en su presentación actual, se constata que no concurre ninguno de los requisitos establecidos en la Ley N°19.880, para dar curso progresivo al expediente conforme a las normas del recurso de revisión extraordinario, por lo que, solo queda indicar que la vía administrativa ha sido agotada. RESUELVO:

Rechácese, la presentación deducida por don nombre reservado, RUNºNUM000, por haberse agotado el recurso de reposición y por no concurrir los requisitos del recurso extraordinario de revisión, de acuerdo con la Ley N°19.880”.

OCTAVO: Que a fin de dirimir el asunto debe tenerse en cuenta, primeramente, las facultades que la ley otorga a la Superintendencia recurrida, en ese sentido, considerar la calidad de autoridad técnica ostentada por ésta para resolver reclamaciones de usuarios y fijar las interpretaciones de la normativa de seguridad social, conforme a los artículos 2 y 3 de la Ley Nº16.395.

Asimismo, ha de tenerse en cuenta que la SUSESO es un órgano de la Administración del Estado, y, por lo mismo, le son aplicables las disposiciones de la Ley N 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos de los Órganos de Administración del Estado. Luego, toda decisión que adopte poniendo fin a un procedimiento, debe cumplir con las exigencias del artículo 41 inciso 4º de la referida ley, en orden a que “Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada…”.

A su vez, el inciso 2º del artículo 11 de la citada ley establece que: “Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, privando de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos”.

Por su parte, el artículo 16 del Decreto Supremo Nº3, de 28 de mayo de 1984, del Ministerio de Salud (Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por la COMPIN e Instituciones de Salud Previsional), si bien faculta, a la SUSESO para acoger o rechazar las reclamaciones contra resoluciones de la COMPIN -cuyo es el caso-, el ejercicio de esa facultad le exige que al resolver o pronunciase sobre el asunto respectivo, la decisión debe contener los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida.

NOVENO: Que, de los antecedentes acompañados, se puede colegir que, tras las instancias de revisión y estudio, activadas por el recurrente conforme al procedimiento especial contemplado al efecto, se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de las licencias médicas reclamadas, decisión que fue adoptada por la recurrida SUSESO dentro del ámbito de sus facultades legales, lo que conduce desde ya a descartar la existencia de ilegalidad en la actuación.

DÉCIMO: Que, por otra parte, la fundamentación entregada por la SUSESO al pronunciarse respecto de la presentación efectuada por el recurrente, conforme se indica en el Considerando Séptimo del presente fallo, a juicio de estos sentenciadores tornan la decisión, como una debidamente fundada, por lo que no se está frente a una caprichosa o carente de razonabilidad, lo que lleva a concluir la inexistencia de un acto ilegal o arbitrario, por lo que es innecesario efectuar un análisis sobre una posible vulneración de cada una de las garantías constitucionales invocadas por el recurrente.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20º de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

I.- Que se desestima las alegaciones de improcedencia formulada por la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO recurrida; y II.- Que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido en esta causa por don nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), todos ya individualizados.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la abogada integrante, doña M. Lorena Pereira Saavedra.

ROL N°236-2026. PROTECCIÓN.