Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

Punta Arenas, seis de junio de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Comparece ante esta Corte de Apelaciones nombre reservado, cédula de identidad NºRUT reservado, ingeniera, domiciliado en domicilio reservado interior de esta ciudad, quien recurre de protección en contra de Superintendencia de Seguridad Social, con domicilio en domicilio reservado interior de Punta Arenas, solicitando se acoja el recurso y se resuelva y declare que el recurrido deberá aceptar la licencia de postnatal y proceder al pago de aquella, desde que quede ejecutoriado el fallo del recurso, bajo el apercibimiento, con costas.

Explica que se le otorgó licencia prenatal desde el 15 de noviembre y hasta el 26 de diciembre de 2024, su hijo nació el 20 de diciembre pasado, tras lo cual, el día 23 siguiente, se ingresó al sistema la licencia médica postnatal correspondiente.

Luego de un mes, revisó el estado de aquella, en la página milicenciamedica.cl, informándose que estaba en etapa de estudio, pues se debían revisar antecedentes. Se comunicó con la COMPIN de Punta Arenas, se le indicó que la revisión de antecedentes se debía a que el padre de su hijo era el dueño de la empresa en que trabaja; lo que estima sorpresivo, desconocía que aquello pudiere afectar el trámite de la licencia.

Posteriormente se le informó que la Comisión había enviado los antecedentes a la Dirección del Trabajo para realizar una fiscalización a la empresa, con el fin de verificar la relación laboral; lo que se cumplió online y requiriéndose los antecedentes respectivos a su empleador, los que se presentaron y la entidad fiscalizadora respondió que no existía infracción laboral grave, solicitando corregir un detalle en el contrato de trabajo, lo que fue subsanado; se indicó que se enviaría un informe final a COMPIN, él no le fue comunicado a las partes.

Fue informada por la Comisión que su licencia postnatal fue rechazada y que debía recurrir directamente a la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO); sin notificación formal ni resolución escrita, a su petición, le enviaron un documento que incluía copias de licencias médicas rechazadas de otras personas, no un certificado personalizado.

El 03 de febrero del año en curso envió una carta a la recurrida, exponiendo su caso y solicitando el pago del subsidio de licencia postnatal, la que reitera el 11 de marzo del actual, adjuntando nuevos antecedentes obtenidos debido a la tardanza y falta de claridad en la información entregada inicialmente.

La recurrida respondió indicando que no es posible otorgar el subsidio de la licencia postnatal, ya que, no se pudo acreditar la relación laboral; se expresa además que la trabajadora esta desvinculada de la empresa, a pesar de que su contrato de trabajo aún se encuentra vigente.

Lo decidido le ha afectado gravemente, vulnerando sus derechos como trabajadora, mujer, madre, y también los derechos de su hijo recién nacido; generándole un contexto muy complejo para mí, dado que se encuentra maternando a un hijo de tan solo 4 meses, lactante exclusivo de leche materna, situación que le impide reincorporarse al mercado laboral en este periodo crítico de su desarrollo.

Estima que la acción es oportuna, toda vez que ha tomado conocimiento del acto el día 10 de abril del año 2025, y, por otra parte, la vulneración que se reclama produce efectos continuos y permanentes en el tiempo, mientras persista el acto ilegal o arbitrario.

Esgrime que la arbitrariedad o ilegalidad de la actuación de la recurrida se verifica en la especie, pues de manera injustificada y arbitraria ha rechazado su licencia médica, sólo motivado por el arrebato o capricho.

Considera que los hechos denunciados, privan, perturban o amenazan las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°1 y 24 de la Carta Magna; se ha vulnerado en grado de amenaza, su derecho a la integridad física y psíquica ha visto afectada su salud y la de su descendiente.

Acompaña la resolución impugnada, licencia médica y antecedentes laborales.

Informa la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, a través del abogado Santiago de la Puente Pervé, quien alega en primer término la improcedencia de la acción deducida en materias de seguridad social, para en subsidio solicitar sea desestimada en todas sus partes, con costas.

En cuanto a la improcedencia de la acción, sostiene aquella dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el Nº18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos, considerando que la acción de protección es un procedimiento de urgencia de carácter excepcional y por lo mismo sólo procede su aplicación en aquellos casos relativos a determinadas materias; de lo cual deviene su aplicación restringida.

En subsidio, explica que consta en el expediente administrativo PAE código R-37758-2025, que la actora recurrió ante la Superintendencia el día 03 de marzo de 2025, en contra de la decisión de la COMPIN Región de Magallanes por el rechazo de la licencia médica postnatal N°112175411-4, extendida por un total de 84 días a contar del 20 de diciembre de 2024. Requerido el informe a la Comisión, aquella señaló que una vez verificados los antecedentes presentados en la licencia médica N°3-112175411, el certificado de nacimiento del recién nacido, se detectó que el representante legal de la empresa David Barrientos Saldes es el padre del menor, es por eso que se solicitó fiscalización a la Inspección del Trabajo, y recibido el informe N°12-1201-2025-115, de fecha 21 de febrero de 2025, no se pudo establecer la huella laboral ni la solvencia económica de la empresa.

En razón de lo expresado, mediante Resolución Exenta NºR-01-UJU-47236-2025, de 10 de abril de 2025, previo estudio de los antecedentes del caso, su representada concluyó que: “…se desprende del artículo 1°, del D.S. N°3, de 1984, del Ministerio de Salud, la licencia médica tiene dos objetivos esenciales, a saber, permitir la ausencia justificada al trabajo y el otorgamiento de un subsidio que reemplace la remuneración durante el período de incapacidad laboral; finalidades que resultan improcedentes en caso de licencias médicas presentadas por quien no acredita la condición de trabajador.

Que, el vínculo entre empleador y trabajador, necesario en toda relación laboral, debe comprobarse mediante la constatación de huellas materiales y concretas que den cuenta del desarrollo efectivo de las labores, no bastando para estos efectos la sola exhibición de documentos formales, tales como contrato de trabajo, certificado otorgado por la propia empleadora, registros de asistencia, liquidaciones de remuneración o comprobantes de pago de cotizaciones previsionales.

Que, precisamente, las gestiones de fiscalización tienen por objeto evitar el pago improcedente de un subsidio por incapacidad laboral derivado del uso de una licencia médica, a quien no detente realmente la calidad de trabajador.

4.- Que, la COMPIN rechazó efectuar el pago del subsidio de las licencias médicas de que se trata, por no acreditarse la calidad de trabajadora dependiente de la reclamante, ni la solvencia de la empresa.

5.- Que, sobre esta materia se debe hacer presente que la jurisprudencia vigente de este Servicio establece que no existen preceptos que le habiliten para pronunciarse sobre asuntos de vínculo laboral, debiendo, en caso de existir dudas al respecto, someterse el asunto al conocimiento de los Tribunales de Justicia”. Y agrega a continuación “Esta Superintendencia cumple con informar los resultados de la fiscalización de vínculo laboral efectuada por la COMPIN, reiterando que la jurisprudencia vigente de este Servicio establece que no existen preceptos que le habiliten para pronunciarse sobre asuntos de vínculo laboral, debiendo, en caso de existir dudas al respecto, someterse el asunto al conocimiento de los Tribunales de Justicia”.

Aclara el marco jurídico-normativo que regula la materia de la presente acción, incapacidades laborales temporales y al derecho a licencia médica, citando los artículos 149 y 156 del D.F.L. Nº1, de 2005, del Ministerio de Salud. Precisa que la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

Añade que su representada no pretende determinar la existencia de una relación jurídica de orden laboral, simplemente lo que le corresponde es verificar, en uso de sus facultades constitucionales y legales, la concurrencia de los requisitos que exige la legislación, en el ámbito de la seguridad social, para otorgar una licencia médica y obtener el correspondiente subsidio.

Arguye que no corresponde otorgar licencia médica a un trabajador que no tiene una relación laboral efectiva por cuanto éste no tiene que justificar ausencia laboral ni remuneración que reemplazar, salvo que la licencia se haya iniciado antes del término de la relación laboral, lo cual en el caso no aconteció. Excepcionalmente, conforme al artículo 15 del D.F.L. N°44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, se pueden autorizar licencias médicas a un trabajador cesante, cuando esta es la continuación de otra licencia médica de que hacía uso al momento del término de la relación laboral, entendiéndose que es continuada cuando se ha otorgado sin solución de continuidad y por el mismo diagnóstico.

Adiciona que las gestiones de fiscalización precisamente tienen por objeto evitar el pago improcedente de un subsidio por incapacidad laboral derivado del uso de una licencia médica, a quien no detente realmente la calidad de trabajador; lo que en la especie se encomendó a la Inspección del Trabajo, entidad que informó que no se pudo establecer la huella laboral ni la solvencia económica de la empresa.

Manifiesta que mediante la resolución recurrida se ha limitado a informar tal situación a la recurrente; de modo que a la fecha del informe no ha emitido ninguna decisión de fondo acerca del rechazo de la licencia médica postnatal N°112175411-4, por 84 días a contar del 20 de diciembre de 2024, de la Sra. nombre reservado (sic); y conforme a ello ha sido la COMPIN Región de Magallanes la que rechazó las licencias médicas sobre las que versa el recurso, al no acreditarse la calidad de trabajadora dependiente de la recurrente.

Cita el artículo 1° del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de protección, aludiendo que no ha emitido ningún acto administrativo como tampoco ha incurrido en ninguna omisión que le hubieran ocasionado a la recurrente privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas.

Enfatiza que su actuar se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales y legales que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras; en este sentido le corresponde cumplir el mandato constitucional impuesto al Estado, en orden a supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social; lo que se encuentra regulado en los artículos 2°, 3°, 27, 38 de la Ley N°16.395 modificado por la Ley N°20.691 y en la Ley N°20.585, que, desde su entrada en vigencia, debe cumplir sus funciones con miras a asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección del cotizante y beneficiario de una ISAPRE o FONASA.

Adiciona que lo peticionado por la recurrente, desborda los límites de aplicación de la acción deducida, por cuanto esta fue pensada como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20; en el caso del recurrente claramente aún no se ha pronunciado y hasta la fecha, sobre el rechazo de las licencias médicas, según lo relatado, por lo que corresponde desestimar la ilegalidad y arbitrariedad en la actuación de su representada, ni se ha vulnerado las garantías constitucionales que se alegan conculcadas.

Acompaña copia de los expedientes administrativos relativos al caso de la Sra. nombre reservado.

Encontrándose la causa en estado de ser vista, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, el hecho vulneratorio que la actora tilda de ilegal y arbitrario lo hace consistir en el no pago de la licencia médica que indica, fundada la negativa en que no se pudo acreditar la relación laboral, lo que conculca las garantías fundamentales que invoca.

CUARTO: Que, a su turno, la recurrida insta por el rechazo del recurso fundado –en lo sustancial- luego de alegar la improcedencia de la acción atendida la materia, en que no ha incurrido en ilegalidad o arbitrariedad alguna, limitándose a informar a la recurrente el resultado de la fiscalización encargada a la Inspección del Trabajo, sin que se haya emitido, a la fecha, alguna decisión de fondo acerca del rechazo de la licencia médica cuestionada, no habiéndose provocado, por ende, la conculcación de garantías que se alega.

QUINTO: Que, en cuanto a la alegación de improcedencia de la acción planteada por la Superintendencia de Seguridad Social, por tratarse de un derecho a la seguridad social reconocido y garantizado en el artículo 19 N°18 de la Constitución Política del Estado, que no está contemplado en su artículo 20, se disiente de tal aserto porque, justamente, se trata de verificar si procede la tutela judicial en un caso en que se está alegando que el actuar sería ilegal y arbitrario y afectaría el derecho a la vida e integridad física y psíquica, garantía amparada por esta acción constitucional.

SEXTO: Que, conforme al mérito de los antecedentes presentados, se observa que la resolución objeto de la acción deducida, EXENTA N°R-01-UJU-47236-2025 de 10 de abril de 2025; señala en su referencia: “Licencias médicas. Informa resultados de fiscalización de vínculo laboral.” Para luego indicar en lo resolutivo: “Esta Superintendencia cumple con informar los resultados de la fiscalización de vínculo laboral efectuada por la COMPIN, reiterando que la jurisprudencia vigente de este Servicio establece que no existen preceptos que le habiliten para pronunciarse sobre asuntos de vínculo laboral, debiendo, en caso de existir dudas al respecto, someterse el asunto al conocimiento de los Tribunales de Justicia”.

SEPTIMO: Que, para resolver, además, es menester tener presente que el artículo 41 inciso cuarto de la misma Ley establece que: "Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada. Expresarán, además, los recursos que contra la misma procedan, el órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno".

OCTAVO: Que, de acuerdo con lo expresado por la recurrida y no habiéndose acompañado el acto administrativo de término, se concluye que la recurrida aún no se ha pronunciado sobre la reclamación deducida por la actora en contra de la decisión de rechazo de licencia médica emitida por COMPIN Región de Magallanes; limitándose, por ahora, a informar el resultado de la fiscalización efectuada por la Inspección del Trabajo, respecto del vínculo laboral que se cuestiona por la citada Comisión, encontrándose a la fecha pendiente de resolución y, por ende, vigente el procedimiento administrativo.

NOVENO: Que, de lo dicho surge de manera incuestionable que lo objetado, al formar parte del desarrollo de un procedimiento que, a la fecha de interposición del recurso no se encuentra concluido, cualquier infracción que se alegue constituye actos de trámite inmersos en la tramitación que le es propia, y carece, por ende, de la aptitud necesaria para conculcar cualquier garantía constitucional, puesto que, como actos propios de la sustanciación del procedimiento, no pueden generar efecto en tal sentido.

DECIMO: Que, igualmente, las circunstancias anotadas se oponen a la existencia de un derecho adquirido, la recurrente sólo cuenta con una mera expectativa dentro del proceso en cuestión; respecto del cual además se discute su procedencia. En la especie, no existe un derecho indubitado a su respecto; requisito de procedencia de la acción constitucional y condición que, estima esta Corte, no se verifica, porque los derechos cuya protección se persigue por esta vía, cautelar y de emergencia, no tienen el carácter de indiscutidos.

Por ende, lo solicitado excede el marco de la acción interpuesta, ya que ésta, en ningún caso, constituye una instancia de declaración de derechos, sino que de protección de aquellos que, como se dijo, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria.

UNDECIMO: Que, acorde a lo antes expuesto, el recurso de protección no puede prosperar, porque no concurre el presupuesto favorable a esta acción consistente en que el acto denunciado tenga la aptitud de privar, perturbar o amenazar el legítimo ejercicio de los derechos indubitados; los que por demás no concurren.

Por estas consideraciones, y teniendo presente lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política del Estado, y por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo de esta clase de recursos, de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, todos ya individualizados.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Nº236-2025.Protección.