Protección contra establecimiento educacional nombre reservado

nombre reservado, doce de junio de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece doña nombre reservado, cédula nacional de identidad N°NUM000, domiciliada en domicilio reservado de la ciudad de nombre reservado, y deduce recurso de protección en favor de su hija menor de edad nombre reservado, RUN N°NUM001, del mismo domicilio, en contra del establecimiento educacional nombre reservado, o de quienes resulten responsables, domiciliado en domicilio reservado de esta ciudad, por estimar vulnerados el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley y el derecho a la educación, consagrados, respectivamente, en los numerales 1 y 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, con ocasión de la medida disciplinaria de expulsión o cancelación de matrícula aplicada a la estudiante.

Funda su acción señalando que, con ocasión de un simulacro oficial de evacuación convocado por la comunidad escolar, durante el desplazamiento estudiantil hacia Avenida España se habría originado una riña pública en la que su hija habría sido agredida por una alumna de un curso superior y de mayor envergadura física. Sostiene que la estudiante habría actuado en legítima defensa, limitándose a interponer sus manos con el objeto de zafarse de una agresión previa. Agrega que, con posterioridad, el establecimiento llamó a Carabineros de Chile, que la estudiante fue trasladada al Policlínico Damianovic para constatación de lesiones y que, luego, ambas fueron derivadas a la Comisaría, recibiendo citación para comparecer ante el Juzgado de Familia, añadiendo que durante el altercado una docente habría resultado lesionada al intervenir para separar a las involucradas.

Expone que el establecimiento habría activado de manera unilateral el protocolo de convivencia escolar o Aula Segura, aplicando una medida cautelar de suspensión de clases por un período aproximado de treinta días, lo que, a su juicio, habría causado un severo desamparo pedagógico y daño psicológico a su hija, al ser tratada de forma idéntica a quien identifica como su agresora. Indica que con fecha 12 de mayo de 2026 fue citada al establecimiento, oportunidad en que se le notificó la resolución del proceso interno de reconsideración, mediante la cual se determinó la cancelación definitiva de la matrícula. Califica dicha decisión de intempestiva y arbitraria, sosteniendo que el colegio debió esperar el pronunciamiento del Juzgado de Familia, donde, afirma, se acreditaría la falta de culpabilidad de su hija por haber actuado en legítima defensa.

Añade que el establecimiento habría omitido su deber de cuidado y de resguardo del interés superior de la menor, pues no habría existido apoyo psicológico institucional, seguimiento ni acompañamiento académico durante el período de suspensión, indicando que interpuso reclamo ante la Superintendencia de Educación y que cuenta con el respaldo de los apoderados del curso, quienes habrían solicitado la reincorporación de la estudiante. En definitiva, solicita que se acoja la acción, se deje sin efecto la medida de cancelación de matrícula o expulsión, se ordene la reincorporación inmediata de la estudiante a sus actividades escolares normales de forma presencial y se dispongan medidas de resguardo destinadas a asegurar su integridad física, psicológica y continuidad educativa, sin represalias.

Informa el recurso don Diego Ignacio Chacón Plaza, abogado, en representación del nombre reservado, solicitando el rechazo de la acción constitucional en todas sus partes.

Señala que la medida no corresponde a una decisión intempestiva ni carente de fundamento, sino al resultado de un procedimiento disciplinario instruido a raíz de hechos graves ocurridos el 16 de abril de 2026 —y no el 15 de abril, como afirma la recurrente— durante un simulacro oficial de evacuación por amenaza de sismo y tsunami, en el punto de encuentro externo de Avenida España con Avenida Colón, definido por SENAPRED. Expone que la investigación interna permitió establecer una dinámica de agresión física recíproca y múltiple, con origen en un conflicto interpersonal previo no informado al establecimiento, en la que participaron activamente varias estudiantes mediante cachetadas, tirones de pelo, empujones y patadas, generándose una aglomeración que aumentó el riesgo para la comunidad y que culminó con lesiones, entre ellas las de la docente doña nombre reservado, diagnosticada con un esguince grado 2 en la Asociación Chilena de Seguridad.

Agrega que la propia estudiante nombre reservado reconoció, en el marco de la investigación, haber propinado una cachetada a la estudiante nombre reservado, de modo que su rol no podía calificarse exclusivamente como el de víctima. Indica que, atendida la entidad de los hechos, se aplicó una medida cautelar de suspensión —de naturaleza no sancionatoria—, notificada a la apoderada el 16 de abril de 2026, conforme al Reglamento Interno de Convivencia Escolar y a la Ley N°21.128; que la investigación concluyó el 28 de abril de 2026; que por resolución de 30 de abril de 2026 se comunicó la medida de expulsión, fundada en el informe de investigación, en los hechos acreditados, en los descargos, en el Reglamento Interno y en la referida ley, informándose el derecho a reconsideración; que la apoderada ejerció dicho derecho, reconociendo expresamente que su hija cometió un error grave; y que, previa consulta al Consejo de Profesores, por resolución de término de 12 de mayo de 2026 se rechazó la reconsideración y se mantuvo la medida.

Sostiene que se resguardaron las garantías del debido proceso escolar —derecho a ser oída, a recibir información oportuna, a presentar descargos, imparcialidad, proporcionalidad y registro formal de las actuaciones—; que el procedimiento disciplinario escolar tiene objeto, finalidad y estándar propios, independientes de la sede de familia, cuya intervención no suspende el deber del establecimiento de actuar frente a hechos que comprometen la seguridad de la comunidad; que se adoptaron medidas de contención, resguardo y continuidad pedagógica, incluido el envío de material académico para trabajo en el hogar; que el procedimiento se aplicó a las cuatro estudiantes involucradas con ponderación individual de responsabilidades; y que el derecho a la educación no se encuentra amparado por la acción del artículo 20 de la Constitución.

Concluye que no concurre ilegalidad ni arbitrariedad alguna, ni vulneración de las garantías invocadas.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al afectado.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar, incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, siendo requisito indispensable demostrar la existencia del acto u omisión, así como la forma en que se estarían vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, expresamente garantizado en el artículo 19 del texto constitucional; y d)

Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida.

TERCERO: Que el acto que la recurrente califica como arbitrario e ilegal lo hace consistir en la medida disciplinaria de expulsión o cancelación de matrícula de la estudiante nombre reservado, dispuesta por el nombre reservado mediante resolución de 30 de abril de 2026 y confirmada por resolución de término de reconsideración de 12 de mayo de 2026, la que estima vulneratoria del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, de la igualdad ante la ley y del derecho a la educación de su hija.

CUARTO: Que, a su turno, el establecimiento recurrido informó al tenor de lo consignado en lo expositivo del presente fallo, instando por el rechazo de la acción, negando la existencia de vulneración alguna de garantías constitucionales y aseverando que su actuar se ajustó al Reglamento Interno de Convivencia Escolar y a la Ley N°21.128, dentro de un procedimiento disciplinario formal respetuoso del debido proceso.

QUINTO: Que del mérito del informe evacuado por el establecimiento recurrido y de los antecedentes acompañados, aparece que la medida que se tacha de ilegal y arbitraria no constituyó una decisión intempestiva ni unilateral, sino el resultado de un procedimiento disciplinario instruido con ocasión de los hechos ocurridos el 16 de abril de 2026, durante un simulacro oficial de evacuación por amenaza de sismo y tsunami, en el punto de encuentro externo de Avenida España con Avenida Colón. Tales hechos consistieron en una agresión física recíproca y múltiple entre estudiantes —con cachetadas, tirones de pelo, empujones y patadas—, originada en un conflicto interpersonal previo no informado oportunamente al establecimiento, que provocó desorden, aglomeración, riesgo para terceras estudiantes e intervención de funcionarias, y que tuvo como resultado lesiones en integrantes de la comunidad educativa, entre ellas la docente doña nombre reservado, diagnosticada con un esguince grado 2.

SEXTO: Que, conforme a los mismos antecedentes, la investigación interna permitió establecer que el rol de la estudiante nombre reservado no podía calificarse exclusivamente como el de víctima, pues participó activamente en la dinámica del conflicto, reconociendo ella misma haber propinado una cachetada a la estudiante nombre reservado.

A su vez, la propia apoderada, al solicitar la reconsideración de la medida, reconoció expresamente que su hija había incurrido en un error grave, solicitando que se ponderaran su trayectoria escolar, edad, afectación emocional y compromiso familiar. De este modo, la versión de una conducta exclusivamente defensiva y carente de relevancia disciplinaria que se intenta instalar en sede de protección no se condice con el expediente disciplinario ni con los antecedentes aportados por la propia apoderada durante el procedimiento interno.

SÉPTIMO: Que el establecimiento actuó dentro del marco previsto por su Reglamento Interno de Convivencia Escolar y por la Ley N°21.128, denominada Aula Segura.

En efecto, el artículo 34 del Reglamento autoriza la expulsión o cancelación de matrícula cuando los hechos afecten gravemente la convivencia escolar, comprendiendo entre estos las agresiones físicas que produzcan lesiones a miembros de la comunidad educativa; el artículo 36 faculta para decretar la suspensión como medida cautelar por cinco días hábiles, renovables por otros cinco, previa notificación; el artículo 37 fija el plazo máximo para resolver; y el artículo 38 regula la reconsideración, exigiendo su resolución previa consulta al Consejo de Profesores.

Los hechos acreditados —agresión física con resultado de lesiones, ocurrida durante una actividad oficial de seguridad — encuadran directamente en las hipótesis que dichas normas permiten abordar mediante el procedimiento especial.

OCTAVO: Que, asimismo, el procedimiento se desarrolló con respeto de las garantías propias del debido proceso escolar. La estudiante y su apoderada fueron informadas del inicio del proceso; la suspensión aplicada tuvo carácter estrictamente cautelar y no sancionatorio, y fue notificada el 16 de abril de 2026; se recibieron declaraciones de las estudiantes involucradas, de testigos y de docentes; se ponderaron los antecedentes y se elaboró un informe de investigación; por resolución fundada de 30 de abril de 2026 se comunicó la medida y el derecho a reconsideración; la apoderada ejerció oportunamente dicho derecho; la Dirección sometió el caso a consulta del Consejo de Profesores, que emitió pronunciamiento desfavorable; y, finalmente, por resolución de término de 12 de mayo de 2026 se rechazó la reconsideración y se mantuvo la medida, todo dentro de los plazos contemplados en el Reglamento Interno y en la Ley N°21.128.

NOVENO: Que, en tales condiciones, no se advierte ilegalidad en el actuar del establecimiento, pues la medida fue adoptada por la autoridad competente, dentro de un procedimiento previamente establecido, respecto de hechos calificados como falta gravísima conforme al artículo 31 del Reglamento Interno, con derecho a defensa, a reconsideración y a la consulta al Consejo de Profesores.

Tampoco se aprecia arbitrariedad, toda vez que la decisión se apoyó en antecedentes concretos reunidos durante la investigación, en la existencia de lesiones y en la necesidad de resguardar la seguridad de la comunidad educativa, mediante una ponderación individual de responsabilidades y no una sanción mecánica e indiferenciada.

La circunstancia de que la estudiante también pudiere haber recibido agresiones durante el episodio no elimina la relevancia disciplinaria de su propia conducta activa.

DÉCIMO: Que, en cuanto al argumento de que el establecimiento debió esperar el pronunciamiento del Juzgado de Familia, cabe precisar que el procedimiento disciplinario escolar tiene objeto, finalidad y estándar propios, regido por normativa legal educacional y reglamentaria interna, distinta y autónoma de la competencia de los Tribunales de Familia.

La eventual revisión y acreditación de responsabilidades en aquella sede no suspende el deber del establecimiento de adoptar oportunamente las medidas internas que correspondan frente a hechos que comprometen la seguridad y la convivencia de la comunidad educativa.

UNDÉCIMO: Que, respecto del derecho a la integridad física y psíquica invocado, si bien la estudiante es titular de dicha garantía y el establecimiento debe adoptar medidas razonables para su resguardo, de ello no se sigue que toda medida disciplinaria que produzca afectación emocional configure una vulneración constitucional.

En la especie, el establecimiento no desconoció la situación personal de la estudiante, sino que adoptó medidas de contención, resguardo y acompañamiento —retiro supervisado desde el lugar del simulacro, separación preventiva de las involucradas, contención individual, intervención del Departamento de Orientación y de la Unidad Técnico Pedagógica — y dispuso la continuidad pedagógica mediante el envío de material académico para trabajo en el hogar, de modo que la afectación alegada no deriva de una actuación ilegal o arbitraria, sino de la disconformidad de la recurrente con una medida tramitada conforme al procedimiento aplicable.

DUODÉCIMO: Que, en lo concerniente a la igualdad ante la ley, la alegación carece de fundamento suficiente, pues el procedimiento se aplicó por igual a las cuatro estudiantes involucradas, todas las cuales fueron incorporadas al proceso, investigadas y evaluadas conforme a los antecedentes reunidos. Que la decisión final no haya sido idéntica respecto de cada una no constituye desigualdad, sino el resultado de una ponderación individual de los distintos grados de participación, conducta y antecedentes, lo que es plenamente compatible con la referida garantía.

DÉCIMO TERCERO: Que, en lo relativo al derecho a la educación, corresponde tener presente que dicha garantía no se encuentra comprendida dentro del catálogo de derechos amparados por la acción de protección del artículo 20 de la Constitución Política de la República, de modo que su sola invocación no basta para habilitar esta vía cautelar.

Sin perjuicio de lo anterior, tampoco se advierte una privación ilegítima de tal derecho, pues la medida no obedeció a motivos académicos, económicos, ideológicos ni discriminatorios, sino a la aplicación de una sanción prevista en la normativa interna y legal frente a una falta gravísima acreditada, habiéndose dispuesto, además, la remisión de antecedentes a la Superintendencia de Educación y al Departamento Provincial de Educación para los fines asociados a la continuidad de la trayectoria educativa de la estudiante.

DÉCIMO CUARTO: Que, en consecuencia, del mérito de lo expuesto en los considerandos precedentes, no se avizora una actuación ilegal o arbitraria ejecutada por el establecimiento recurrido que tenga la aptitud de privar, perturbar o amenazar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales resguardadas mediante este recurso de naturaleza cautelar, toda vez que la medida impugnada se adoptó en ejercicio de las facultades que el ordenamiento jurídico confiere a la institución, en el marco de un procedimiento disciplinario formal, fundado en hechos acreditados y respetuoso del debido proceso, todo lo que conduce a desestimar el recurso al no concurrir en la especie la exigencia contenida en la letra b) del considerando segundo.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, en favor de su hija menor de edad nombre reservado, en contra del nombre reservado, ya individualizados.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Redacción del Ministro Suplente Sr. Claudio Jara Inostroza.

ROL N°235-2026 PROTECCIÓN.-