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Derecho público chileno

MigraciónRol N° 231-202611 jun 2026

nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES CHILE

Fecha
11 de junio de 2026
Corte
Corte de Apelaciones de Punta Arenas
Sala
Primera
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Rol N° 231-2026, sentencia de 11 de junio de 2026

Resumen

Se rechaza el recurso de protección por la demora en resolver la solicitud de carta de nacionalización: esta es una concesión graciosa del Presidente, no un derecho indubitado, y el Servicio carece de facultades para pronunciarse sobre ella.

Texto íntegro

nombre reservado, once de junio de dos mil veintiséis.

Vistos:

Comparece antes esta Corte de Apelaciones el abogado Claudio Quiroga Hinojosa e interpone acción de protección en favor de nombre reservado, dominicana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado de nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana de Santiago, representado por su director nombre reservado por privar y/o perturbar, en forma ilegal y arbitraria, los derechos de la recurrente, garantizados en el artículo 19 en sus números 2 y 3 de la Constitución Política de la República, es decir, Igualdad ante la Ley y el Debido Proceso atendida la omisión de pronunciamiento de su solicitud de carta de nacionalización.

Indica que la recurrente que, con fecha 06 de agosto del año 2022, realiza la solicitud de Nacionalización, cumpliendo con los requisitos de forma y fondo, siendo esta consignada bajo el código 52427698 con el fin de culminar con su proceso migratorio en nuestro país y consolidar su participación en la comunidad nacional.

Agrega que, durante la tramitación, la autoridad administrativa formuló requerimientos adicionales de antecedentes, todos los cuales fueron cumplidos íntegramente por mi representada, con fecha 21 de febrero de 2023, se solicitó subsanar antecedentes relativos a la actividad económica desarrollada en Chile, lo que fue oportunamente cumplido. Posteriormente, con fecha 09 de febrero de 2024, nuevamente se requirió información actualizada respecto de su situación laboral, antecedentes que también fueron acompañados dentro de plazo. Finalmente, durante el año 2024 realizó la entrevista ante la Policía de investigaciones, así como el pago de derechos correspondiente, específicamente el 05 de junio del año 2025.

Hace presente que desde entonces, la referida solicitud, permanece en estado de tramitación por un período excesivamente prolongado, sin que hasta la fecha se haya dictado el acto administrativo terminal que resuelva la petición.

De esta manera el Servicio Nacional de Migraciones ha mantenido a la recurrente en total desconocimiento de los motivos que justifican la demora en la tramitación de su solicitud, ya que ha cumplido con todos los requerimientos de la autoridad migratoria.

Plantea que, de esta manera ha transcurrido más de tres años y nueve desde que la recurrida tenía el plazo establecido por ley para dictar una resolución sobre la solicitud de nacionalidad de la recurrente, sin que se haya producido ninguna novedad o avance en la tramitación de la solicitud, por lo que, los inconvenientes generados por esta demora incluyen la imposibilidad de acceder a beneficios disponibles para los nacionales chilenos, como mejorar la empleabilidad, abrir una empresa de manera expedita, y participar en procesos electorales y cargos públicos. Además, ser nacional permite obtener el pasaporte chileno, que ofrece ventajas significativas como el ingreso a 174 países sin necesidad de visa, situándose entre los pasaportes más ventajosos del mundo.

Concluye que la recurrida ejerce, mediante una omisión, una discriminación arbitraria e ilegal en la tramitación de la solicitud de nacionalización, en relación con otros interesados quienes han obtenido respuesta oportuna.

Solicita, se oficie al recurrido Servicio Nacional de Migraciones para que sin más demora le otorgue a su representada nombre reservado el acto terminal que resuelve su solicitud migratoria de nacionalización; o que la recurrida se pronuncie sobre el estado de la tramitación de dicha solicitud; o las medidas que SS Ilustrísima con su prudente arbitrio considere más pertinentes.

Acompaña; 1. Carnet de identidad de la recurrente; 2.Carnet de identidad del conviviente civil de la recurrente; 3.Carnet de identidad de la hija de la recurrente; 4.Certificado de nacimiento de la hija de la recurrente; 5.Certificado de nacimiento de la nieta de la recurrente; 6.Carnet de identidad de la nieta de la recurrente; 7.Antecedentes penales chilenos de la recurrente; 8.Pasaporte de la recurrente; 9.Certificado de acuerdo de unión civil; 10.Certificado de cotizaciones FONASA; 11.Certificado de permanencia definitiva vigente; 12.Certificado de permanencia definitiva; 13. Certificado de cotizaciones AFP MODELO; 14.Contrato de trabajo; 15.Liquidaciones de sueldo; 16.Comprobante de envío de solicitud de nacionalización N°52427698 y; 17. Solicitud de para acompañar documentos.

Informa por la recurrida, Danna Elizabeth Garbarino Correa, abogada, solicitando el rechazo de la acción.

Entiende que no existe acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal que atente en contra de alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Hace presente que actualmente, la extranjera se encuentra, respecto a su situación migratoria en el país, “totalmente regular” en atención a que es titular de Residencia Definitiva en el País.

Indica que la solicitud de carta de nacionalización del recurrente se encuentra actualmente en trámite, en etapa de Policía de Investigación.

Menciona que luego de haber pasado todas las etapas de análisis respectivas, este Servicio, con fecha 02 de julio de 2025, remitió al Sr. nombre reservado el Oficio Ordinario N°31068, por medio del cual se acompañó a dicha autoridad:

●El expediente íntegro del procedimiento administrativo respectivo, ●La calificación de este Servicio respecto de la solicitud de la recurrente, y ●El proyecto de decreto respectivo, dejado a la aprobación de la autoridad competente.

A la fecha de este informe, la solicitud de carta de nacionalización de la recurrente se encuentra actualmente en trámite, en etapa de Ratifica Autoridad, a la espera de la decisión final emanada de la autoridad Administrativa competente para otorgar esta particular gracia, por lo que el impulso procesal del procedimiento administrativo se encuentra en la esfera de las atribuciones de una autoridad distinta a la recurrida en la presente acción de protección.

En consecuencia, al solicitar derechamente la contraria al Servicio Nacional de Migraciones un pronunciamiento final sobre su solicitud de carta de nacionalización, la presente acción debe ser desestimada por una evidente falta de legitimación pasiva de su parte.

Acompaña, Oficio Ordinario N°31068, de fecha 02 de julio de 2025, del Servicio Nacional de Migraciones.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, el hecho vulneratorio calificado como ilegal y arbitrario el actor, lo hace consistir en omisión de pronunciamiento respecto a la solicitud de carta de nacionalización presentada por la recurrente.

CUARTO: Que, al evacuar su informe, la parte recurrida insta por el rechazo del recurso y señala –en lo sustancial- que el recurso es improcedente por cuanto no existe acción u omisión arbitraria o ilegal por su parte que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de los derechos invocados de la Constitución Política de la República, considerando además que la solicitud fue remitida al órgano competente para su resolución.

QUINTO: Que, en virtud de los antecedentes y tomando en consideración que la carta de nacionalización es una concesión constitucional que otorga el Estado de Chile por gracia del Presidente de la República, que importa el otorgamiento de un reconocimiento, en razón del mérito de quien la solicita, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente en la materia, aparece que la recurrente carece de un derecho indubitado susceptible de cautela por esta vía de urgencia.

SEXTO: Que, además, se tiene presente que la recurrida carece de facultades para emitir pronunciamiento de la solicitud planteada, más si se toma en cuenta que mediante oficio N°31068 de 2 de julio de 2025 se remitió al Sr. nombre reservado el expediente de la recurrente.

SÉPTIMO: Que, por todo lo ya razonado, el recurso interpuesto en autos será desechado, sin que resulte necesario pronunciarse sobre las demás alegaciones planteadas por las partes en estos autos, al haber perdido oportunidad, conforme lo razonado precedentemente.

Por estas consideraciones y visto, además lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta Fundamental y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones, ya individualizados.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Ministro Suplente Sr. Claudio Jara Inostroza.

ROL Nº231-2026 PROTECCIÓN.