nombre reservado con AFP HABITAT S.A

nombre reservado, once de junio de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Comparece Nicol Marissa Marusic Ojeda, abogada, con domicilio en domicilio reservado, nombre reservado; en representación de don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Hábitat S.A., con domicilio en domicilio reservado, representada por nombre reservado, con idéntico domicilio.

Expone que el recurrente, en su calidad de heredero de doña nombre reservado, se ha visto gravemente afectado por la conducta ilegal y arbitraria de la recurrida, la cual ha rechazado injustificadamente la solicitud de herencia de los fondos previsionales de la causante, pese a que, conforme al ordenamiento jurídico vigente, no existe impedimento legal alguno para su entrega.

La negativa de la recurrida se funda en la errónea invocación de la existencia de un beneficiario de pensión de sobrevivencia —el cónyuge de la causante—, cuando el artículo 6° del Decreto Ley N°3.500 expresamente dispone que dicho beneficio no procede en casos como el presente, en que el matrimonio fue celebrado menos de tres años antes del fallecimiento de un pensionado de vejez. No habiendo beneficiario de pensión de sobrevivencia, el saldo de la cuenta individual debe ingresar a la masa hereditaria, siendo susceptible de ser cobrado por los herederos legítimos, entre ellos el actor.

Este actuar de la AFP vulnera el derecho a la igualdad ante la ley (artículo 19 N°2), al recibir un trato discriminatorio sin justificación alguna; su derecho a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos (artículo 19 N°3), al verse obstaculizado en el acceso y ejercicio efectivo de sus derechos hereditarios; y su derecho de propiedad (artículo 19 N°24 y artículo 21 de la Convención Americana), al ser privado de bienes que le pertenecen por sucesión legal.

Agrega que la madre del actor, doña nombre reservado, fue diagnosticada con cáncer terminal el año 2020. Al no encontrarse casada —y por razones que no corresponde detallar en esta sede—, decidió al poco tiempo contraer matrimonio con don nombre reservado, ciudadano colombiano, sin cédula nacional de identidad chilena, enlace que fue celebrado el día 18 de mayo de 2021.

Transcurridos exactamente 270 días, equivalentes a 38 semanas completas y ocho meses desde la celebración del matrimonio, doña nombre reservado falleció, consignándose en el certificado de defunción como causa de muerte “cáncer orofaríngeo avanzado”.

Al momento de su deceso, la madre de su representado se encontraba pensionada de vejez, beneficio que percibía a través del sistema de capitalización individual administrado por la recurrida, circunstancia que resulta fundamental para la determinación del régimen sucesorio aplicable a los fondos previsionales acumulados en su cuenta individual.

Los fondos previsionales de la causante, administrados por AFP Hábitat S.A., integraban su patrimonio hereditario conforme a la legislación vigente, debiendo ser distribuidos entre sus sucesores legítimos.

Considerando que el actor mantiene una relación deteriorada con don nombre reservado, a quien califica de “oportunista” y “desaprensivo” debido a su conducta posterior al fallecimiento de la causante, procedió a presentar formalmente a la recurrida una solicitud de herencia, la cual fue suscrita con fecha 26 de marzo de 2024. Sin embargo, dicha solicitud fue rechazada por la AFP, sin que se entregara fundamento legal alguno que justificara tal decisión.

Ante la falta de motivación válida para el rechazo, requirió a la Superintendencia de Pensiones que le informara sobre las razones fundantes de la negativa. Así, el 3 de diciembre de 2024, recibió respuesta de parte de la recurrida, en los siguientes términos: La normativa vigente que nos regula, establece que constituye herencia los fondos acumulados en la cuenta individual del afiliado, que fallece sin dejar beneficiarios de pensión de sobrevivencia o, cuando su muerte se ha producido por accidente del trabajo o una enfermedad de carácter profesional, ya que en este último evento las pensiones que se originan son cubiertas conforme a la Ley N°16.744.

Por lo anterior, dada la existencia del beneficiario de pensión de sobrevivencia indicado, no aplica el pago de herencia solicitado.

Habiendo revisado la normativa aplicable a la recurrida, se concluyó que erraban en la aplicación del Derecho. Hizo esto presente a la recurrida mediante su sistema de comunicación directa. Recibió como respuesta el 26 de marzo de 2025:

Estimado Sr. nombre reservado

nombre reservado dirigimos a usted, con el propósito de entregar respuesta a su requerimiento, mediante el cual solicita respuesta actualizada por rechazo de trámite de herencia.

Al respecto, podemos informar que la normativa legal vigente de la Superintendencia de Pensiones señala:

“Constituye Herencia los fondos acumulados en la cuenta individual del afiliado que fallece sin dejar Beneficiarios de Pensión de Sobrevivencia, o cuando su muerte se ha producido por accidente del trabajo o una enfermedad de carácter profesional, ya que en este último evento las pensiones que se originan son cubiertas conforme a la Ley N°16.744, fondos que se pagarán a todos los herederos previa presentación de la Posesión Efectiva, solicitud que debe ser suscrita en forma presencial en nuestra sucursales.

De existir potenciales beneficiarios de pensión de sobrevivencia, el saldo de la cuenta individual no podrá ser entregado como Herencia, ya que éste será destinado a financiar pensión a los beneficiarios que cumplan con los requisitos antes descritos.”

De acuerdo con lo anterior, no es posible aceptar solicitud de herencia, dado que se registra cónyuge, el cual se considera como potencial beneficiario de pensión de sobrevivencia.

Quedamos a su disposición ante cualquier consulta que desee realizarnos contactándonos directamente en nuestras oficinas, a través del sitio www.afphabitat.cl o, comunicándose al teléfono teléfono reservado.

La conducta adoptada por la recurrida, consistente en negar a su parte la tramitación y pago de la herencia correspondiente al saldo de la cuenta individual de su difunta madre, basándose en la supuesta existencia de un beneficiario de pensión de sobrevivencia que la ley expresamente excluye, constituye una grave vulneración a los derechos constitucionales ya referidos.

Solicita se acoja el recurso y se ordene que la recurrida, proceda de forma inmediata a tramitar y acoger la solicitud de herencia presentada respecto de los fondos previsionales de su madre, sin dilaciones ni obstáculos injustificados; que se abstenga en lo sucesivo de ejecutar cualquier acto que implique la negación o restricción arbitraria de los derechos sucesorios y patrimoniales sobre los fondos previsionales materia de autos; que se adopten todas aquellas medidas que se estimen necesarias y proporcionales para restablecer plenamente el imperio del Derecho y otorgar la debida protección a los derechos fundamentales vulnerados; todo con expresa condena en costas a la recurrida, atendido que su actuación arbitraria e ilegal ha hecho necesaria la interposición de esta acción constitucional.

Informa Roberto Felipe Diaz Bravo, abogado, por la recurrida.

En primer lugar, alega la extemporaneidad de la acción. Expone que el recurrente relata en su presentación que, el día 26/03/2024, AFP Habitat le informó que no procedía el pago del saldo de la cuenta de su madre como herencia, debido a la existencia de un cónyuge sobreviviente, quien es beneficiario de pensión de sobrevivencia. Con posterioridad un año después en marzo de 2025, el recurrente volvió a hacer la misma solicitud a la AFP, recibiendo la misma respuesta entregada un año antes el 26 de marzo de 2024.

Es evidente que esta última petición efectuada sólo buscaba revalidar una respuesta que ya conocía para el sólo efecto de presentar este recurso dentro del plazo legal.

Sin perjuicio de lo anterior, señala que es de público conocimiento que conforme al Decreto Ley 3.500 del año 1980 nunca ha sido posible devolver los fondos previsionales en la forma solicitada, si no es para destinarlos a los fines establecidos en la Ley, porque única y exclusivamente pueden ocuparse para el financiamiento de los beneficios previsionales, principio fundamental que rige el Sistema de Pensiones de nuestro país. No es posible, por lo tanto, que la AFP, sin transgredir la Constitución Política de la República y las Leyes, pudiera acceder a una petición como la que ha formulado el recurrente, consistente en que se le entreguen los fondos previsionales de su madre para destinarlos a un fin distinto del señalado en la ley, en este caso financiar la pensión de sobrevivencia del cónyuge de la afiliada fallecida.

Por lo tanto, es de público conocimiento que, desde mayo del año 1981, esto es desde que inició su vigencia el DL 3.500, no es posible legalmente acceder a una petición como la formulada en autos. No es creíble ni verosímil que únicamente después de la supuesta respuesta de la AFP, el recurrente haya tomado conocimiento de la imposibilidad legal antedicha, por lo cual cualquier recurso en esta materia debería considerarse extemporáneo. Aceptar lo contrario iría en contra de una norma tan básica como la establecida en el artículo 8° del Código Civil que establece que nadie puede alegar ignorancia de la ley después que ésta haya entrado en vigencia.

Luego, alega que el recurso de protección constituye jurídicamente una acción de carácter cautelar, destinado a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos claramente preexistentes y no discutidos, mediante la adopción de medidas urgentes de resguardo, que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, moleste o amague ese ejercicio.

Si bien pueden ser muy atendibles las razones que invoca el recurrente para solicitar los fondos previsionales de una forma distinta a lo dispuesto en el DL 3500, lo cierto es que no ha sufrido privación, perturbación o amenaza alguna de carácter arbitrario o ilegal de un derecho de parte de la recurrida que le impida, moleste o amague su ejercicio. Por el contrario, el recurrente pretende ejercer por esta vía un derecho, cuyo ejercicio y características está claramente definido en nuestro ordenamiento jurídico de manera distinta a lo que pretende. Esto se hizo conforme a lo establecido en el Libro III, Título I, Letra D, del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones y el DL 3500 del año 1980, pues la forma de cálculo si comprende los períodos de cotización en calidad de independiente, desde su fecha de afiliación al sistema. Lo que no comprende es lo cotizado anterior a junio del año 2011, así, su pensión de invalidez, se calculó en base a su primera cotización.

En cuanto al fondo, expone que al contrario de lo que señala el recurrente el artículo 6° del DL 3500 es muy claro respecto de los casos en que un cónyuge es beneficiario de pensión: “Artículo 6º .- El o la cónyuge sobreviviente, para ser beneficiario o beneficiaria de pensión de sobrevivencia, debe haber contraído matrimonio con él o la causante a lo menos con seis meses de anterioridad a la fecha de su fallecimiento o tres años, si el matrimonio se verificó siendo el o la causante pensionada de vejez o invalidez.

Estas limitaciones no se aplicarán si a la época del fallecimiento la cónyuge se encontrare embarazada o si quedaren hijos comunes.”

En este caso doña nombre reservado contrajo matrimonio con don nombre reservado el 18/05/2021, esto es más de seis meses antes de su fallecimiento ocurrido el 12 de febrero de 2022, lo que lo valida como beneficiario de pensión de una afiliada activa (no pensionada). No es aplicable en este caso la regla de los tres años invocada por el recurrente, porque a la fecha de celebración del matrimonio en mayo de 2021, la Sra. nombre reservado todavía no se había pensionado. Se pensionó después el 14 de diciembre de 2021.

El texto legal es claro en cuanto a que la condición de pensionado debe haberse tenido al momento del matrimonio, no al momento del fallecimiento como lo interpreta el recurrente.

A mayor abundamiento, la propia afiliada Sra. nombre reservado en su solicitud de pensión de 14/12/2021 declaró beneficiario a su cónyuge nombre reservado.

En consecuencia, las Administradoras no pueden realizar el pago de una herencia si existen beneficiarios de pensión de sobrevivencia.

No existe ninguna interpretación arbitraria ni menos antojadiza de su parte como señala el recurrente, toda vez que su proceder se ha ajustado en todo momento a la Ley y a las normas de la Superintendencia de Pensiones.

Además, las prestaciones de Seguridad Social son derechos personalísimos, y en consecuencia, son inalienables, intransmisibles e irrenunciables, sin perjuicio de que nadie puede ser obligado a ejercerlos.

Atendido lo anterior, no podrían los beneficiarios de pensión, en este caso el cónyuge, renunciar a su derecho a pensión de sobrevivencia; asimismo, sólo en caso de que el saldo de cuenta individual del afiliado no se destine a financiar pensiones para el afiliado o sus beneficiarios, éste constituirá herencia para sus herederos.

Al no existir vulneración de derechos ni acto ilegal o arbitrario, solicita el rechazo del recurso.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

Conforme a su naturaleza y claro objetivo, no genera, en sentido técnico, un juicio ni se persigue con su interposición establecer la responsabilidad civil, penal, infraccional o administrativa del ofensor. Por tanto, no se concibe respecto de una contienda civil entre partes ni da origen a un proceso penal o administrativo, es decir, no se aplica para discutir cuestiones de lato conocimiento respecto de las cuales el legislador ha establecido los procedimientos idóneos para que sean debatidas y resueltas.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos:

a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que el hecho sustancial que motiva el presente recurso correspondería a la negativa de la recurrida a entregar los fondos de capitalización individual de su afiliada fallecida, a uno de sus herederos.

CUARTO: Que, como se advierte, la discusión versa sobre la procedencia de la pensión de sobrevivencia que ostenta el cónyuge de la causante, cuestión de fondo que no responde a la naturaleza de derecho indubitado que requiera una medida urgente para su resguardo a través del presente recurso de protección.

QUINTO: Que, en consecuencia, y siendo la materia debatida una propia de una discusión de fondo ante el tribunal competente, el presente recurso será desestimado.

Por estas consideraciones, y teniendo presente lo dispuesto por el artículo 19 N° 24 y 20 de la Constitución Política del Estado, y por el auto acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo de esta clase de recursos, de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, se declara:

QUE SE RECHAZA el recurso de protección presentado por Nicol Marissa Marusic Ojeda, en favor de don nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Hábitat S.A., Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

ROL PROTECCIÓN 231-2025.