Protección contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía

Punta Arenas, siete de junio de dos mil diecinueve.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece doña nombre reservado, en representación de la sociedad nombre reservado y Compañía Limitada, ambos domiciliados en domicilio reservado, quien recurre de protección contra la Dirección Regional Punta Arenas del Servicio de Impuestos Internos, solicitando se ordene a la recurrida reconocer a la actora como mandataria y actual representante legal de la mencionada sociedad y emitir la autorización del certificado digital a su nombre en tal calidad, dejándose sin efecto la ilegal y arbitraria decisión contenida en el Oficio Ordinario N°36 de fecha 20 de febrero de 2019, con costas del recurso.

Explica que la Sociedad nombre reservado y Compañía Limitada, constituida en 1976, es propietaria del Hotel Cóndor de Plata ubicado en domicilio reservado, establecimiento hotelero que ha explotado durante varias décadas; desarrollando su giro sin mayores inconvenientes, emitiendo boletas y facturas electrónicas, con dicho fin el representante estatutario obtuvo la autorización del certificado digital para actuar en el sistema de facturación del Servicio recurrido.

Con fecha 19 de agosto de 2018 falleció don nombre reservado, abogado, socio y administrador de la sociedad nombre reservado y Compañía Ltda. Ante su deceso, el Servicio de Impuestos Internos (SII) caducó la autorización del certificado digital que él detentaba, lo que no impugna. Sin embargo, la sociedad continúa funcionando y desarrollando sus actividades, en virtud del mandato mercantil que otorgado a la actora por la Sociedad, mediante escritura pública de 11 de septiembre de 2015.

Así, el día 30 de enero de 2019 requirió a la Dirección Regional del Servicio que emitiera a su respecto, en virtud del mandato conferido, que la acredita como representante legal de la empresa, la autorización del certificado digital que les permitiese librar facturas electrónicas tanto por prestaciones ya efectuadas y no cobradas, debido a la caducidad referida, como para el desarrollo normal de las prestaciones de servicios propias de su giro a empresas, adjuntando los Estatutos de la sociedad y mandato con certificado de vigencia.

Respecto de tal petición se pronuncia la Directora Regional Subrogante del SII, Sra. Rosa Santana Barrientos, mediante Oficio Ordinario N°36 de 20 de febrero de 2019, señalando que no existe representante legal acreditado de la sociedad ante el SII, por lo que no puede emitir la autorización requerida, sin que comparezca un mandatario; ya que el mandato aludido, se encuentra dentro de la causal de término del contrato, regulada en el N° 5 del artículo 2.163 del Código Civil, razón por la cual el mismo no se encuentra vigente; lo que configura un actuar ilegal y arbitrario de la recurrida.

Aduce que el mandato que le fuera conferido, lo fue por la sociedad nombre reservado y Compañía Limitada y ella no ha muerto, porque es una persona jurídica, de manera que su mandante existe; dicho contrato se suscribió por don nombre reservado no como persona natural o a título personal, sino que como representante legal y en nombre de nombre reservado y Compañía Limitada.

Agrega que, atendido el giro comercial de la sociedad, previsto en el artículo 3° número 5 del Código de Comercio y en consecuencia, el mandato otorgado es también comercial, cuya regulación se encuentra en los artículos 325 a 341 del Código de Comercio. Conforme a ello, sostiene que la muerte del mandante o mandatario solo extingue los mandatos conferidos por personas naturales, cuyo no es el caso; no habiendo operado la disolución o declaración de quiebra de la sociedad mandante. A mayor abundamiento, el propio mandato establece que estará vigente indefinidamente mientras no sea revocado, pudiendo serlo en cualquier tiempo.

En consecuencia, la certificación de vigencia en la sociedad y del mandato debieron haber bastado para que la recurrida emita la pertinente autorización del certificado digital a su nombre como representante de nombre reservado y Compañía Limitada.

El hecho denunciado vulnera la garantía constitucional del artículo 19 número 21 de la Constitución Política que nos rige, ya que es interés de la sociedad que representa continuar desarrollando su giro cumpliendo con las normas tributarias vigentes y poder acceder a la retribución convenida por la prestación de sus servicios a sus pasajeros corporativos, lo que hoy la decisión de la recurrida impide y provoca un gran perjuicio que amenaza inclusive su subsistencia como empresa.

SEGUNDO: Que, informando la recurrida doña Rosa Santana Barrientos, Directora Regional Subrogante del Servicio de Impuestos Internos, solicita el rechazo del recurso deducido, en todas sus partes, con costas.

Explica que en el Sistema Integrado de Cumplimiento Tributario (SICT), la Sociedad nombre reservado y Compañía Limitada, es contribuyente de primera categoría, cuya actividad económica registrada corresponde a Hotel y arriendo de Inmuebles, figurando como representante legal informado es don nombre reservado, quien falleció en agosto del año 2018, sin que a la fecha se hubiere actualizado dicho antecedente.

Reconoce los hechos del libelo en cuanto a que se efectuó una presentación por la recurrente ante el servicio fundado en un mandato general de administración otorgado a la sociedad, ello con fecha 31 de enero del año en curso, cuya respuesta consta en el oficio ordinario que reclama, en los siguientes términos: “El fallecimiento de don nombre reservado, quien tenía la autorización del certificado digital para la facturación electrónica del Sistema de facturación gratuito del Servicio de Impuestos Internos, inmediatamente caducó dicha autorización, la que fue entregada al representante de la sociedad... para poder facturar, sin ningún inconveniente, la Sociedad nombre reservado y Compañía Ltda., deberá, nombrar un nuevo representante legal ante este Servicio lo cual no ha efectuado ...a juicio de este Servicio, conforme a la normativa general del contrato de mandato del Código Civil, el mandato otorgado a doña nombre reservado por don nombre reservado, se encuentra dentro de la causal de término del contrato de mandato, regulada en el N° 5 del artículo 2163 del Código Civil. " Aclara que la recurrente no cuenta con poder suficiente para comparecer ante el Servicio, en representación de la sociedad, toda vez que en sus registros aquella figura compuesta por dos socios nombre reservado con 75% de la participación y don nombre reservado, con un 25% de la participación, habiendo fallecido la primera el 21 de febrero de 2011 y el último dejó de existir el 19 de agosto de 2018, sin que exista constancia de otros socios o herederos de aquellos.

Se estimó que atendido el fallecimiento del socio otorgante del mandato general de administración acompañado, éste no se encuentra vigente. Al efecto los artículos 8° y 9° del Código Tributario, establecen las normas sobre comparecencia y representación ante el Servicio de Impuestos Internos, disposiciones que se encuentran complementadas por aquellas establecidas en la Circular N° 54 del 20 de febrero de 2002, del Director del Servicio. Según dichas normas los contribuyentes pueden comparecer personalmente o debidamente representados, por quien cuente con facultades para ello, mediante un poder, mandato o como agente oficioso. En el caso de que actué un representante del contribuyente, este deberá acreditar su calidad mediante el título respectivo, que deberá constar por escrito.

Respecto de aquellos mandatos conferidos en forma genérica, para asumir la representación de una persona en términos amplios y por un plazo indefinido, el título respectivo se extinguirá en la forma prevista en el Código Civil.

La citada Circular, respecto de las sociedades de responsabilidad limitada, como la del caso de marras, dispone que las normas de comparecencia ante el Servicio se remiten a las instrucciones aplicables a las sociedades colectivas civiles, esto es, “el representante debe acreditar su título acompañando copia de los estatutos o del acto posterior en que conste su designación como administrador".

Agrega que mediante Circular N° 17, de 10 de mayo de 1995, se impartió instrucciones referentes a la actualización de información que deben entregar los contribuyentes, destacándose en su punto 2.3.8., lo referente al cambio de representantes, donde es menester para realizar este trámite, que se acompañe la escritura pública donde se designe al nuevo representante. Como señaló, a la fecha, se encuentra registrado ante Servicio, como representante legal de la contribuyente Sociedad nombre reservado y Compañía Limitada a don nombre reservado, sin embargo, tras su fallecimiento esta contribuyente no ha informado la designación de un nuevo representante legal y el documento acompañado por la recurrente, no permite determinar que ella tenga tal calidad; por cuanto, éste se extinguió con la muerte del mandante, de conformidad al numeral 5° del artículo 2163 del Código Civil, en atención a su naturaleza de contrato de confianza. Sólo excepcionalmente, se ha contemplado algunos casos donde el contrato continúa más allá de la muerte del mandante, todas situaciones que deben interpretarse en forma restrictiva.

En razón de ello concluye que el mandato que funda la acción cautelar, se ha extinguido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2163 N° 5 del Código Civil y, con él, la representación convencional que le fue conferida, lo que impide legamente acceder a la solicitud de la recurrente, en orden a "reconocer a nombre reservado, RUT número RUT reservado, como mandataria y actual representante legal de la recurrente nombre reservado y Compañía Limitada".

Esgrime además que el certificado digital de la contribuyente nombre reservado y COMPAÑíA LIMITADA, caducó con la muerte del representante legal nombre reservado. A este respecto la ley N° 19.799, sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma, creó el certificado digital, el cual viene a constituir una suerte de "carnet de identidad virtual" de una persona, en cuanto le permite autenticarse en diferentes sistemas tecnológicos, a fin de efectuar y autorizar una serie de operaciones.

Como consecuencia de lo anterior, y del carácter personalísimo del certificado digital, el artículo 16, de la citada Ley N° 19.799, dispone que: "Los certificados de firma electrónica quedarán sin efecto, en los siguientes casos: 2) Por revocación del prestador, la que tendrá lugar en las siguientes circunstancias: b) Por fallecimiento del titular o disolución de la persona jurídica que represente, en su caso”. De este modo, el cese del certificado digital por fallecimiento de su titular es dispuesto por la ley, por lo que, en el caso de marras, el certificado de don nombre reservado caducó con fecha 19 de agosto de 2018, época en que se produjo su fallecimiento, por lo que no es posible, autorizar a que otra persona lo utilice, como pretende la recurrente.

Añade que, en cuanto a la denegación del uso del certificado digital que pertenecía al socio fallecido en su calidad de representante legal de la sociedad, dicha afirmación carece de sustento ya que el certificado digital no es emitido por el Servicio de Impuestos Internos, si no por una empresa certificadora.

Conforme a lo expuesto, concluye que no ha existido actuar ilegal y arbitrario del Servicio, por cuanto, la respuesta otorgada a la recurrente en el Ord. N° 36, de 20.02.2019 se ajusta a la normativa vigente.

Arguye además que la pretensión de la actora, en orden a que se le reconozca como mandataria y actual representante de la sociedad señalada, es un asunto de lato conocimiento, que se debe resolver en un procedimiento declarativo, lo que escapa a los fines del presente recurso, que busca la protección de derechos indubitados.

Hace presente que, la recurrente acusa la supuesta actuación ilegal y arbitraria vulneratoria de su garantía fundamental del numeral 21 del artículo 19 de la Constitución Política, sin precisar la forma que se amaga o lesiona su derecho, limitándose a explicar las razones por la cual estima que el mandato que presenta se encuentra vigente. Del análisis de los antecedentes del caso infiere que su impedimento consiste en la imposibilidad de emitir facturas electrónicas, sin embargo la Sociedad nombre reservado y Compañía Limitada, ha seguido prestando sus servicios de hotelería, conforme lo reconoce en la presente acción de protección, sin dar cumplimiento a las normas legales que regulan la actividad, particularmente aquellas contempladas en la Ley de Impuestos a la Ventas y Servicios, en atención que se estableció el uso obligatorio de la factura electrónica para todos los contribuyentes; debiendo emitirse en conformidad a la ley, lo que implica la autorización de un certificado digital.

La sociedad nombre reservado y Compañía Ltda., se encuentra adscrito al sistema de facturación electrónica gratuito proporcionado por el Servicio de Impuestos Internos y desde el 20 de julio de 2016 hasta el 29 de agosto de 2019 (sic) ha emitido 749 facturas electrónicas.

En virtud de lo anterior, es posible concluir que efectivamente la recurrente puede estar impedida de emitir documentos en el sistema de facturación electrónica, pero dicho impedimento no puede ser imputado a un acto de la repartición fiscal, sino que se deriva de la falta de representante legal, de la sociedad que autorice debidamente la operación mediante el correspondiente certificado digital.

En la especie, nos encontramos ante una persona que señala tener la representación de una Sociedad, en la cual han fallecido todos los socios y respecto de la cual, no disponemos de otros antecedentes adicionales que permitan determinar la veracidad y efectividad, de la representación que se arroga la recurrente para interponer la presente acción de protección. Considerando, además, que eventualmente la muerte de uno de los socios puede estar contemplada, como causal de disolución de la sociedad, en los estatutos, desconoce, si a esta fecha la sociedad, contribuyente supuestamente representada, está vigente o ha operado su disolución.

TERCERO: Que, además, se hizo parte como tercero excluyente, a través de mandatario judicial, don nombre reservado, estudiante, en calidad de hijo del causante don nombre reservado, siendo el único socio vivo de la Sociedad nombre reservado y Compañía Limitada; quien da cuenta que procedió a revocar el mandato a la recurrente, sin perjuicio de estimar que aquel ya había expirado por el fallecimiento del mandante. Así las cosas, corresponde que el Servicio recurrido le reconozca la calidad de representante legal de la sociedad, mientras se resuelven otros aspectos sucesorios, para efectos de mantener la continuidad de los negocios de la sociedad.

Requerido por esta Corte, a petición del tercero excluyente, el Servicio de Impuestos Internos amplía su informe señalando que en atención a los antecedentes presentados por el solicitante, con fecha 09 de mayo de 2019, el Servicio procedió a modificar al representante legal de la Sociedad nombre reservado y Cía. Ltda., RUT N° RUT reservado, registrado en sus bases de datos, incorporando al Sr. nombre reservado, RUT N° RUT reservado retirando al Sr. nombre reservado, RUT N° RUT reservado.

CUARTO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar, que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en la Constitución y que puedan establecerse sumariamente.

QUINTO: Que, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto Constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida(Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Rol 1147-2016).

SEXTO: Que, acto arbitrario es aquel producto del mero capricho de quien incurre en él que provoque algunas de las situaciones o efectos de privación, perturbación o amenaza, afectando a una o más de las garantías preexistentes-protegidas; es aquello producto del mero capricho de quien incurre en él (Corte Suprema Rol N°764/2011); es la no existencia de razones que justifiquen una actuación (Corte Suprema 4734/2003) o voluntad no gobernada por la razón (Corte Apelaciones de Santiago 1249/1994): Vulneración del uso razonable con que los elementos discrecionales de un poder jurídico han de ser ejercidos (Corte de Apelaciones de Santiago 50/2004), o bien, acciones u omisiones que “pugnan con la lógica y la recta razón contradiciendo el normal comportamiento, sea de la autoridad o de los seres humanos en particular, que se rige por los principios de racionalidad, mesura y meditación previa a la toma de decisiones y no por el mero capricho o veleidad (Corte de Apelaciones de Coyhaique 37/2000).

SÉPTIMO: Que, acto ilegal es aquel contrario al ordenamiento jurídico (en particular los poderes públicos). Antijurídica. Contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil (Corte Suprema Rol N° 764/2011) y la privación es despojo o desconocimiento del derecho, la perturbación es dificultad o limites no aceptables para su ejercicio y amenaza la representación cierta que el derecho será privado o perturbado.

OCTAVO: Que, como se puede advertir, el hecho vulneratorio calificado como ilegal y arbitrario por la actora, lo hace consistir en la negativa de parte del Servicio de Impuestos Internos de reconocer a su parte como representante legal de la Sociedad nombre reservado y Compañía Limitada, por estimar no vigente el mandato de administración general otorgado por la mencionada Sociedad por fallecimiento del otorgante; impidiendo actuar en dicha representación, en el sistema informático de emisión de facturas electrónicas, ocasionando perjuicio al funcionamiento de la empresa.

NOVENO: Que, para acoger la acción constitucional debe constatarse el carácter preexistente e indubitado del derecho afectado, condición que, estima esta Corte, no se verifica en la especie, porque los derechos cuya protección se persigue por esta vía, cautelar y de emergencia, no tienen el carácter de indiscutidos.

Así, para resolver lo controvertido, sería necesario interpretar el contrato de mandato que funda la acción cautelar y su vigencia, además de analizar la conformación de la sociedad recurrente -atendido los argumentos esgrimidos en estrados- y valorar la prueba rendida al efecto, lo que, de acuerdo a la naturaleza de la discusión, excede el marco de la acción interpuesta, ya que ésta, en ningún caso, constituye una instancia de declaración de derechos sino que de protección de aquellos que, como se dijo, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria; de lo que deviene el rechazo del arbitrio interpuesto.

DÉCIMO: Que, a mayor abundamiento, del Oficio Ordinario N°014 de 13 de mayo del 2019, emanado del Director Regional (S) XII Dirección Regional Punta Arenas del Servicio de Impuestos Internos y del Certificado de Modificación de Socios, Representantes Legales y Capitales de dicho Servicio, aparece que con fecha 09 de mayo de 2019, el Servicio recurrido procedió a modificar al representante legal de la Sociedad nombre reservado y Cía. Ltda., RUT N° RUT reservado, registrado en sus bases de datos, incorporando al Sr. nombre reservado, RUT N° RUT reservado retirando al Sr. nombre reservado, RUT N° RUT reservado. de donde fluye que la mencionada sociedad ya cuenta con un representante legal, a saber, don nombre reservado, quien revocó expresamente el mandato de la recurrente nombre reservado, por escritura pública de tres de abril del año en curso, otorgada ante Notario Público de esta ciudad don nombre reservado y, en consecuencia, a esta fecha no existe medida que se pueda adoptar habida consideración a lo expresado precedentemente, por lo que la presente acción cautelar, además, ha perdido oportunidad.

Por estas consideraciones y visto, además lo prevenido en el artículo 20 de la Carta Fundamental y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, se RECHAZA el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, en representación de la sociedad nombre reservado y Compañía Limitada en contra la Dirección Regional Punta Arenas del Servicio de Impuestos Internos.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redactada por el Fiscal Judicial señor nombre reservado.

ROL Nº 228-2019. PROTECCIÓN.