Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

Punta Arenas, nueve de junio de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece ante esta Corte de Apelaciones, nombre reservado

Peñaloza Parra, abogado, quien deduce acción de protección, en favor de don nombre reservado, cédula nacional para extranjeros NºNUM000, argentino, domiciliado en domicilio reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, representado por su Director Nacional, don Frank Carlos Sauerbaum Muñoz, cédula nacional de identidad N°NUM001, ambos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, Región Metropolitana, por la omisión ilegal y arbitraria en la emisión de la orden de pago de derechos y la remisión del proyecto de decreto de Carta de Nacionalización al Ministerio del Interior, como acto terminal de la recurrida en la tramitación de la solicitud del administrado.

Refiere que el recurrente ingresó al país en calidad de turista, cambiando posteriormente su condición migratoria a residente temporario por visa otorgada, con el propósito de establecerse y desarrollar su proyecto de vida en Chile.

Destaca que, previo al vencimiento de su visa, obtuvo el beneficio migratorio de permanencia definitiva, que se mantiene vigente a la fecha.

Afirma que con fecha 08 de noviembre de 2023, el recurrente ingresó su solicitud de Carta de Nacionalización, la cual subsanó en la forma y tiempo previstos.

Sin embargo, a la presente fecha no ha recibido ninguna respuesta por parte del Servicio Nacional de Migraciones, no habiéndose liberado la orden de giro de su solicitud, ni emitido el proyecto de decreto de Carta de Nacionalización, el cual debe ser remitido al Ministerio del Interior conforme al Decreto Supremo N°5.142.

Sostiene que desde la solicitud realizada con fecha 08 de noviembre de 2023 hasta la presente fecha han transcurrido 02 años, 06 meses y 06 días, sin que la autoridad administrativa se haya pronunciado sobre la solicitud formulada por el recurrente, configurándose una omisión ilegal y arbitraria que vulnera el principio de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 número 2 de la Constitución Política de la República, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 6, 7, 8, 9, 14, 24 y 27 de la Ley 19.880.

Refiere que la jurisprudencia nacional ha sido constante, pacífica y diuturna en señalar que existe arbitrariedad e ilegalidad en mantener más del plazo legal establecido en el artículo 27 de la Ley 19.880, citando fallos de la Corte de Apelaciones de Concepción en causa rol 3564-2022, ratificado por la Excelentísima Corte Suprema en causa Civil 12629-2022; de la Corte de Apelaciones de Chillán en causa Protección 35-2025; y de la Corte Suprema en causa Civil/22692-2022.

Cita lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 19.880 y señala que el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final, siendo la única excepción el caso fortuito o fuerza mayor, situación que no concurre en la especie.

Afirma que el recurso de protección se encuentra dentro del plazo legal, toda vez que la omisión recurrida es de carácter permanente, citando en apoyo de ello el fallo de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Punta Arenas en causa rol 67873-2018.

Destaca, a mayor abundamiento, jurisprudencia reciente y uniforme en casos de idéntica naturaleza, señalando fallos de la Corte de Apelaciones de La Serena en causa Protección 774- 2025, de fecha 29 de mayo de 2025; de la Corte de Apelaciones de San Miguel en causa Protección 1203-2025, de fecha 30 de mayo de 2025; de la Corte de Apelaciones de Valparaíso en causa Protección 936-2025, de fecha 02 de abril de 2025, confirmada por la Excelentísima Corte Suprema en causa Civil/11748-2025 con fecha 23 de abril de 2025; y de la Corte de Apelaciones de Concepción en causa Protección 1532-2025, de fecha 31 de mayo de 2025, todas las cuales acogieron los respectivos recursos interpuestos.

Solicita a S.S. Iltma. tener por interpuesto el Recurso de Protección, acogerlo a tramitación y ordenar al recurrido que se pronuncie sobre la solicitud dentro de un plazo de 60 días, conforme al artículo 84 de la Ley 21.325 y el Decreto N°5.142 del Ministerio del Interior, con expresa condena en costas.

Acompaña los siguientes documentos: 1) Comprobante de solicitud (de la Carta de Nacionalización ingresada con fecha 08 de noviembre de 2023) y 2) Cédula de identidad para extranjeros.

Informando, Danna Elizabeth Garbarino Correa, abogada, de la Dirección Regional de Magallanes del Servicio Nacional de Migraciones, solicita el rechazo en todas sus partes de la acción constitucional interpuesta, por cuanto no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal que atente en contra de alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Informa que, mediante Resolución Exenta N°NUM002 de 12 de junio de 2015, del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se otorgó al recurrente el beneficio de permanencia definitiva, encontrándose actualmente en situación migratoria totalmente regular en el país, en atención a que es titular de Permanencia Definitiva vigente.

Refiere que con fecha 08 de noviembre de 2023, el recurrente solicitó ante esa autoridad, mediante la plataforma web de trámites SIMPLE, la Carta de Nacionalización mediante la solicitud ID N°NUM003.

Indica que dicha solicitud: 1) Avanzó a etapa de Primer Análisis en esa misma fecha; 2) Que con fecha 28 de mayo de 2025 se solicitó documentos adicionales al extranjero; 3) Que con fecha 25 de junio de 2025 la solicitud avanzó a etapa de verificación de documentos; 4) Que con fecha 26 de junio de 2025 avanzó a etapa de Primer Análisis; 5) Que con fecha 03 de diciembre de 2025 avanzó a etapa de Segunda Admisibilidad; 6) Que con fecha 26 de enero de 2026 se solicitó nuevamente documentos adicionales; 7) Que con fecha 03 de marzo de 2026 avanzó a etapa de verificación de documentos; y 8) Que con fecha 23 de marzo de 2026 avanzó a etapa de PDI Asignación.

Destaca que, a la fecha del informe, la solicitud de Carta de Nacionalización del recurrente se encuentra actualmente en trámite, en etapa de Policía de Investigaciones, siendo uno de los trámites esenciales del procedimiento la elaboración de un informe por parte de dicho organismo policial, el cual debe citar al solicitante a una entrevista presencial en sus dependencias y, recabada la información, remitir el informe a esta autoridad en un plazo de 15 días, en virtud del artículo 6 del Decreto Supremo 5142 de 1960.

Afirma que la Carta de Nacionalización es, por su naturaleza jurídica, una concesión constitucional que otorga el Estado de Chile por una gracia, debido al mérito de quien la solicita, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente.

Sostiene que en la tramitación de una solicitud de Carta de Nacionalización intervienen distintos Organismos Públicos, a saber, el Servicio Nacional de Migraciones, la Policía de Investigaciones de Chile y el Ministerio del Interior, siendo finalmente el Presidente de la República quien otorga o no la nacionalidad chilena, por delegación de facultades.

Indica que la labor del Servicio Nacional de Migraciones en la tramitación termina con la remisión, mediante oficio, de la calificación favorable o desfavorable de la solicitud analizada, junto con todos los demás antecedentes aportados, al Gabinete de la Subsecretaría del Interior.

En cuanto al tiempo de tramitación, cita lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 19.880 y sostiene que el plazo allí establecido no corresponde a un plazo fatal para la Administración, siendo el aumento exponencial de los flujos migratorios hacia el país una situación constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor que justifica la demora en la resolución de estos procedimientos administrativos.

Cita en apoyo de esta posición la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago en causa Protección N°25817-2020, y la sentencia de la Corte Suprema en causa rol N°46.564- 2022.

Sostiene que el recurrente cuenta con situación migratoria regular en el país, que la solicitud de nacionalización debe ser resuelta por el Presidente de la República en carácter discrecional, y que la tramitación de la solicitud sigue la misma tramitación legal y reglamentaria que cualquier otro extranjero, no existiendo ninguna diferencia arbitraria ni ilegal.

Concluye, señalando, que no se vislumbra en los hechos la conculcación de alguna de las garantías constitucionales denunciadas, ni en grado de amenaza al legítimo ejercicio de las garantías fundamentales del recurrente, solicitando el rechazo de la acción constitucional de protección en todas sus partes, así como el rechazo a la condena en costas al Servicio.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20º de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso de protección, se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, vale decir, que se encuentre en posición y condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que el hecho que motiva la presente acción constitucional, es la demora en el pronunciamiento sobre la solicitud de Carta de Nacionalización presentada por el recurrente el 08 de noviembre de 2023, y que la recurrida reconoce en su informe que se encuentra actualmente en etapa de “PDI Asignación”.

CUARTO: Que, la Ley N°21.325.- (que reemplazó el Decreto Ley N°1094 de 14 de julio de 1975 y su Reglamento) y el Decreto Supremo N°296 de 12 de febrero de 2022 del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, que contiene el Reglamento de aquélla, vienen en regular situaciones migratorias, en especial de extranjeros. En ese contexto, el articulado de la citada Ley N°21.325, relacionado con el Decreto N°296 y el Decreto Supremo 5.142 de 1960 del Ministerio del Interior, que regula el otorgamiento de Cartas de Nacionalización, aplicable al caso que nos ocupa, construyen todo un sistema normativo referido al extranjero, con solicitudes en trámite.

QUINTO: Que si bien, de los antecedentes que obran en autos, es posible desprender que el Servicio recurrido no se ha pronunciado sobre la solicitud antedicha, toda vez que para obtener la Carta de Nacionalización, existen múltiples etapas administrativas en que intervienen distintos Organismos Públicos, por lo que ha resultado acreditado que tal requerimiento se encuentra sometido a un procedimiento uniforme y previamente establecido por la legislación, para el conocimiento, tramitación y resolución de éste, como ya se ha explicado.

SEXTO: Que, atendidos los antecedentes que se exponen, el recurso debe desestimarse por cuanto no existe la omisión ilegal y arbitraria que se le imputa a la Administración. En efecto, según informa el Servicio Nacional de Migraciones, la generalidad de los casos de solicitud de nacionalización tiene una demora en atención a los trámites realizados, de aproximadamente 3 años, teniendo en consideración además que dicha resolución se emite a través de Decreto Exento emanado del Ministro de Interior, por orden del Presidente de la República.

SÉPTIMO: Que, en relación con esta materia y ante la existencia de un procedimiento reglado, la Excma. Corte Suprema, en sentencia dictada con fecha 20 de marzo de 2023 en los autos Rol Nº115.064-2022, luego de un exhaustivo análisis normativo y de la proliferación de recursos de protección por situaciones similares, concluyó como sigue: “Duodécimo: Que, en consecuencia, habiéndose acreditado que la demora del Servicio Nacional de Migraciones se debe a la tramitación de un procedimiento reglado, que consta de diversas etapas, y que dicha tramitación no ha vulnerado los derechos denunciados por el recurrente ni aún en grado de amenaza…”.

OCTAVO: Que, atendido lo anterior y considerando que en el presente caso concurre una situación análoga a la resuelta por la Excma. Corte Suprema, esto es, la demora en la resolución de una solicitud de Carta de Nacionalización corresponde concluir que no se configura arbitrariedad, pues la dilación es inherente al procedimiento administrativo y encuentra fundamento en la carga de trabajo del Servicio Nacional de Migraciones, atendido el estado en que se encuentra actualmente la solicitud. Asimismo, tampoco se configura ilegalidad, dado que los plazos administrativos establecidos, especialmente en el artículo 27 de la Ley 19.880 no tienen el carácter de fatales.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20º de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA, sin costas, el Recurso de Protección interpuesto por don nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, ya individualizados.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la abogada integrante, doña M. Lorena Pereira Saavedra.

ROL N°227-2026. PROTECCIÓN.