Protección contra Hospital Clínico de Magallanes Dr. Lautaro Navarro Avaria

nombre reservado, doce de junio de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Que comparece nombre reservado, cédula nacional de identidad N°NUM000, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, nombre reservado, quien, actuando en favor de su hermano nombre reservado, cédula nacional de identidad N°NUM001, deduce recurso de protección en contra del Hospital Clínico de Magallanes Dr. Lautaro Navarro Avaria, Establecimiento Autogestionado en Red, representado legalmente por su Director don nombre reservado, en razón de los actos y omisiones que califica de ilegales y arbitrarios, consistentes en retrasar injustificadamente la incorporación del fármaco Cetuximab al tratamiento oncológico del paciente, pese a existir —en su concepto— indicación médica especializada, evidencia molecular individualizada favorable y un esquema terapéutico intensivo actualmente en ejecución cuyo éxito dependería críticamente de la oportunidad de su implementación, conducta que estima vulneratoria de las garantías consagradas en los numerales 1° y 9° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la vida e integridad física y psíquica y el derecho a la protección de la salud.

Funda su acción señalando que el paciente fue diagnosticado con adenocarcinoma colorrectal metastásico, con compromiso hepático múltiple bilobar, escenario que —sostiene — no corresponde al de un paciente meramente terminal, sino al de aquel que aún conserva condiciones biológicas y funcionales que permiten implementar tratamientos intensivos orientados a obtener control agresivo de la enfermedad, reducción tumoral significativa y eventual resecabilidad quirúrgica, adquiriendo relevancia crítica las denominadas “ventanas terapéuticas”.

Indica que el paciente fue evaluado por el Dr. Rafael nombre reservado, quien recomendó la incorporación de terapia anti-EGFR mediante Cetuximab, atendida la condición molecular favorable, y que actualmente recibe esquema FOLFOXIRI, cursando el tercer ciclo de un total inicialmente proyectado de seis ciclos bisemanales. Agrega que, mediante correo electrónico de 1° de abril de 2026, el referido facultativo confirmó que el perfil molecular habilitaba la incorporación de Cetuximab al esquema y que el oncólogo tratante debía solicitarlo a través de la plataforma de Drogas de Alto Costo (DAC) para su liberación por el Ministerio de Salud.

Expone que el 27 de abril de 2026 la Unidad de Gestión de Casos Oncológicos del hospital le solicitó la remisión de antecedentes clínicos e imagenológicos para la gestión vinculada a la plataforma DAC, los que fueron enviados ese mismo día, no obstante lo cual, con fecha 12 de mayo de 2026, el propio Director del establecimiento solicitó nuevamente dichos antecedentes, circunstancia que, a su juicio, revela una grave descoordinación administrativa interna y la falta de impulsión eficiente del procedimiento. Estima que tal conducta infringe el artículo 2° de la Ley N°20.584, en cuanto al derecho a que las acciones de salud sean otorgadas oportunamente; el artículo 14 del mismo cuerpo legal, atendido el consentimiento prestado por el paciente; y los artículos 3°, 5° y 11° de la Ley N°18.575, sobre Bases Generales de la Administración del Estado. Invoca, asimismo, la doctrina de la pérdida de oportunidad terapéutica, sosteniendo que ésta no constituiría un riesgo meramente hipotético, sino un proceso actualmente en desarrollo.

En mérito de lo expuesto, solicita tener por interpuesto el recurso, acogerlo en todas sus partes; declarar que la demora injustificada en la incorporación de Cetuximab constituye un acto arbitrario e ilegal que amenaza las garantías de los numerales 1° y 9° del artículo 19 de la Constitución; ordenar al recurrido adoptar inmediatamente todas las medidas administrativas, clínicas y logísticas necesarias para gestionar, adquirir y suministrar oportunamente dicho fármaco; disponer toda otra medida que la Corte estime necesaria para restablecer el imperio del derecho; y condenar en costas al recurrido.

Que informando el recurso comparece doña Paula Ester Avello Reyman, abogada, en representación del Hospital Clínico de Magallanes Dr. Lautaro Navarro Avaria, solicitando su rechazo, con costas.

Expone que se trata de un paciente de 60 años, derivado al establecimiento por hallazgo de hígado metastásico de probable origen colónico, a quien, tras colonoscopía y biopsia, se le confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma tubular moderadamente diferenciado infiltrante de tipo colónico. Presentado el caso al Telecomité Oncológico del Ministerio de Salud, éste estableció que el paciente presenta un tumor maligno del colon sigmoide en etapa IV —cáncer metastásico avanzado—, con clasificación N3b y ECOG 0, concluyendo que el tratamiento es de intencionalidad meramente paliativa.

Refiere que el 13 de abril de 2026 el paciente inició el primer ciclo de quimioterapia con esquema FOLFOXIRI, régimen intensivo de tres drogas indicado por la médica oncóloga del establecimiento. El estudio molecular de la muestra concluyó que el paciente presenta alta probabilidad de responder a terapia con inhibidores de EGFR de acuerdo a la lateralidad del tumor primario (KRAS, NRAS y BRAF nativos, sin inestabilidad microsatelital). Por ello, el Dr. Bugueño le informó que era candidato a incorporar Cetuximab con el objetivo de intensificar la terapia para lograr la máxima reducción tumoral y una eventual conversión a resecabilidad, debiendo para ello completarse la documentación de postulación al programa de Drogas de Alto Costo y presentarse el caso al Comité Oncológico.

Sostiene que el Ministerio de Salud dispone de Cetuximab únicamente en casos de metástasis potencialmente resecables, esto es, cuando el tumor pueda ser operado. Por tal motivo, se solicitaron al paciente las imágenes del examen TAC TAP para ser evaluadas por el equipo de cirugía digestiva alta, a fin de definir la resecabilidad de la lesión. Recepcionadas dichas imágenes el 19 de mayo de 2026, el 22 de mayo de 2026 el Dr. nombre reservado las evaluó, estimando que el examen no resultaba concluyente y solicitando un examen de Volumetría Hepática para definir la resecabilidad, examen que no se encuentra disponible en la Región de Magallanes, por lo que la Dirección dispuso su contratación al extrasistema con Prioridad 1, encontrándose en trámite conforme a la Ley N°19.886 sobre Compras Públicas.

Agrega que, según informe de la médica oncóloga tratante, Dra. nombre reservado, el cáncer colorrectal metastásico corresponde a una enfermedad oncológica avanzada no curativa; que el esquema FOLFOXIRI constituye una alternativa válida, activa y reconocida internacionalmente; que no existe indicación de cambio de tratamiento; y que el Ministerio de Salud autoriza agregar anticuerpos monoclonales neoadyuvantes únicamente en pacientes con metástasis hepáticas potencialmente resecables, existiendo en este caso enfermedad ganglionar extrahepática según el TAC de etapificación de enero de 2026.

Explica que, conforme a la Resolución Exenta N°351, de 3 de marzo de 2026, del Fondo Nacional de Salud y de la Subsecretaría de Salud Pública, que determina los listados de Drogas Oncológicas No GES y de Drogas de Alto Costo, la cobertura de Panitumumab o Cetuximab, junto a quimioterapia, procede sólo para el tratamiento preoperatorio del cáncer colorrectal avanzado, con metástasis hepáticas potencialmente resecables y sin mutación de RAS ni BRAF; que la postulación al programa exige la previa discusión y resolución del Comité Oncológico Multidisciplinario, conforme al Manual aprobado por Resolución Exenta N°417, de 6 de marzo de 2026; y que, en el caso concreto, si bien el paciente cumple el requisito molecular, aún se encuentra en estudio la potencial resecabilidad quirúrgica, de modo que, descartada la opción quirúrgica, la incorporación del fármaco constituiría un tratamiento fútil.

Concluye que su representada ha actuado con estricto apego al principio de legalidad y al marco regulatorio sanitario, otorgando oportuna y diligentemente todas las prestaciones que el caso requiere, sin que exista ilegalidad ni arbitrariedad alguna; que la materia debatida, por su complejidad técnica y por no recaer sobre un derecho indubitado, excede el ámbito cautelar y sumario del recurso de protección; y que no se configura amenaza al derecho a la vida, por cuanto el paciente no se encuentra en riesgo vital y cuenta con un tratamiento científicamente validado, sujeto a controles y seguimiento. Agrega, en lo relativo a la garantía del artículo 19 N°9 de la Constitución, que el derecho a la protección de la salud invocado, consagrado en el inciso 1° de dicho numeral, no se encuentra comprendido en el catálogo de garantías amparadas por la acción del artículo 20 de la Carta Fundamental —el que sólo contempla el derecho a elegir el sistema de salud establecido en su inciso final—, de modo que la pretensión, en este punto, debe subsumirse en la garantía del numeral 1° del mismo artículo 19. Sostiene, asimismo, que ordenar por esta vía la entrega de un fármaco fuera de la cobertura legal distorsiona la planificación sanitaria que el legislador ha radicado en la Administración.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar, de urgencia, dotada de una tramitación informal y sumaria, concebida como un remedio pronto y eficaz frente a violaciones ostensibles o manifiestas de derechos fundamentales taxativamente señalados en la Constitución, que puedan establecerse sumariamente, dejando a salvo las demás acciones legales.

SEGUNDO: Que, conforme lo ha resuelto reiteradamente la Excma. Corte Suprema, para que esta acción pueda prosperar se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes presupuestos: a) la existencia de una conducta, por acción u omisión, ilegal o arbitraria; b) la afectación, expresada en privación, perturbación o amenaza, del legítimo ejercicio de alguno de los derechos esenciales garantizados en el artículo 20 de la Constitución; c) una relación de causalidad entre el comportamiento antijurídico y el agravio a la garantía constitucional; y d) la posibilidad del órgano jurisdiccional de adoptar medidas de protección o cautela adecuadas para resguardar el legítimo ejercicio del derecho afectado. La ausencia de cualquiera de tales requisitos basta para desestimar la acción.

TERCERO: Que el acto que se reprocha en estos autos consiste en la supuesta demora injustificada y carente de urgencia del Hospital Clínico de Magallanes en la incorporación del fármaco Cetuximab al esquema terapéutico que actualmente recibe el paciente don nombre reservado, conducta que el recurrente estima constitutiva de una amenaza al legítimo ejercicio de las garantías de los numerales 1° y 9° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que del mérito del informe evacuado por la recurrida y de los antecedentes acompañados —en especial la ficha clínica del paciente, el informe de la médica oncóloga tratante y la documentación de gestión del caso— aparece acreditado que el paciente fue diagnosticado de un tumor maligno del colon sigmoide en etapa IV, con compromiso hepático múltiple y adenopatías mesentéricas; que el Telecomité Oncológico del Ministerio de Salud calificó el tratamiento como de intencionalidad paliativa; que el 13 de abril de 2026 se inició quimioterapia con esquema FOLFOXIRI, indicado por la oncóloga del establecimiento; que el estudio molecular reveló ausencia de mutaciones de RAS y BRAF y alta probabilidad de respuesta a inhibidores de EGFR; y que, sobre esa base, el Dr. Bugueño planteó al paciente como candidato a incorporar Cetuximab con la finalidad de intensificar la terapia para lograr la máxima reducción tumoral y una eventual conversión a resecabilidad quirúrgica.

QUINTO: Que, igualmente, consta que, planteada dicha candidatura, el establecimiento desplegó una sucesión continua de gestiones clínicas y administrativas: la enfermera gestora de casos oncológicos, la médica oncóloga e incluso el Director del hospital requirieron del paciente la remisión de los antecedentes clínicos e imagenológicos realizados en el extrasistema, con el objeto de que fueran evaluados por el equipo de cirugía digestiva alta y poder así definir la resecabilidad de la lesión tumoral.

Recepcionadas, el 19 de mayo de 2026, las imágenes de TAC TAP, el 22 de mayo de 2026 fueron evaluadas por el cirujano Dr. nombre reservado, quien estimó que el examen no resultaba concluyente y solicitó un examen de Volumetría Hepática para definir la resecabilidad, examen que no se encuentra disponible en la Región de Magallanes y cuya contratación al extrasistema fue dispuesta por la Dirección con Prioridad 1, hallándose en trámite conforme a la Ley N°19.886. En paralelo, el paciente ha continuado sus ciclos de quimioterapia, controles de especialidad y cuidados paliativos.

SEXTO: Que la incorporación del fármaco Cetuximab que el recurrente reclama se encuentra reglada por la Resolución Exenta N°351, de 3 de marzo de 2026, del Fondo Nacional de Salud y de la Subsecretaría de Salud Pública, que determina los listados de Drogas Oncológicas No GES y de Drogas de Alto Costo.

Dicha resolución dispone que la cobertura de Panitumumab o Cetuximab, junto a quimioterapia, procede únicamente para “el tratamiento preoperatorio del cáncer colorrectal avanzado, con metástasis hepáticas potencialmente resecables, sin mutación de RAS ni BRAF”. De ello se sigue que el acceso al medicamento exige la concurrencia copulativa de dos condiciones: una de orden molecular —ausencia de mutación de RAS y BRAF— y otra de orden clínico-quirúrgico —que la indicación tenga finalidad preoperatoria respecto de metástasis hepáticas potencialmente resecables—. A lo anterior se suma que, conforme al Manual aprobado por Resolución Exenta N°417, de 6 de marzo de 2026, la postulación de un paciente al programa exige la previa discusión y resolución del Comité Oncológico Multidisciplinario.

SEPTIMO: Que, aplicando dicho marco a los hechos asentados, se concluye que el paciente satisface el requisito molecular, pero no el clínico-quirúrgico que condiciona la procedencia del fármaco, pues la potencial resecabilidad de las lesiones es, precisamente, lo que actualmente se halla en estudio: el examen practicado por cirugía digestiva no resultó concluyente y se requirió la realización de una volumetría hepática que la Dirección del hospital ya gestiona con la máxima prioridad.

A ello se añade que los propios antecedentes dan cuenta de la existencia de enfermedad ganglionar extrahepática según el TAC de etapificación de enero de 2026, circunstancia que torna aún más compleja la definición de resecabilidad. En consecuencia, a la fecha de este pronunciamiento el paciente no reúne las condiciones que el ordenamiento exige para ser beneficiario del programa, de manera que la incorporación del fármaco en este estadio —al margen de la finalidad preoperatoria que la norma exige— carecería de respaldo regulatorio y podría incluso configurar, según lo informado por los facultativos, un tratamiento fútil.

OCTAVO: Que, descartado lo anterior, no se advierte la inactividad ni la demora injustificada que sirven de sustento al recurso. Por el contrario, la secuencia cronológica reseñada evidencia que el establecimiento, desde que se planteó la candidatura del paciente, ha impulsado de manera ininterrumpida las gestiones necesarias para reunir los antecedentes que permitan la evaluación de resecabilidad por el equipo quirúrgico, paso indispensable y previo a la eventual postulación al programa DAC.

La reiteración de la solicitud de las imágenes del examen TAC TAP por parte del Director, lejos de revelar una descoordinación constitutiva de arbitrariedad, se explica por la necesidad de contar con dichos registros para adoptar las decisiones clínicas pertinentes, según se desprende de la propia comunicación de 12 de mayo de 2026. Cabe tener presente, además, que la Superintendencia de Salud ha precisado que la oportunidad de una atención de salud debe apreciarse conforme a las circunstancias propias del paciente y a la gestión de la demanda asistencial del prestador, parámetros que, en la especie, aparecen razonablemente satisfechos.

NOVENO: Que, en lo relativo a la ilegalidad denunciada, debe considerarse que el Hospital Clínico de Magallanes es un Establecimiento Autogestionado en Red que forma parte de la Administración del Estado y se encuentra sujeto al principio de legalidad consagrado en los artículos 6° y 7° de la Carta Fundamental, no pudiendo arrogarse otras atribuciones que las que la ley le confiere. En tal calidad, está obligado a dar cumplimiento a las instrucciones y procedimientos reglados por las autoridades rectoras del sistema público de salud para la aplicación del programa de Drogas de Alto Costo.

Así, su actuar, lejos de contravenir el ordenamiento jurídico, se ha ajustado estrictamente a él, de modo que no se aprecia infracción al artículo 2° de la Ley N°20.584 —cuyo estándar de oportunidad ha de apreciarse en el contexto ya descrito—, ni al artículo 14 del mismo cuerpo legal —pues el consentimiento del paciente no impone a la Administración el deber de otorgar una prestación que aún no resulta procedente —, ni a los artículos 3°, 5° y 11° de la Ley N°18.575, cuyos principios de eficiencia, eficacia, coordinación e impulsión de oficio aparecen, antes bien, observados en la gestión del caso.

DÉCIMO: Que tampoco concurre la arbitrariedad alegada.

Según ha señalado nuestro máximo tribunal, la arbitrariedad se vincula con actuaciones u omisiones que pugnan con la lógica y la recta razón, contradiciendo el normal comportamiento que se rige por los principios de racionalidad, mesura y meditación previa a la toma de decisiones, y no por el mero capricho o veleidad.

En la especie, todas las definiciones terapéuticas han sido adoptadas por equipos multidisciplinarios —el Telecomité Oncológico Central, la médica oncóloga tratante y el equipo de cirugía digestiva— sobre la base de la evidencia científica, los antecedentes clínicos del paciente y los protocolos y normas técnicas ministeriales, habiéndose explicado al paciente y a su familia el tratamiento, los estudios pendientes y los pasos a seguir, lo que descarta toda arbitrariedad.

DÉCIMO PRIMERO: Que, a mayor abundamiento, la procedencia de la acción supone la existencia de un derecho preexistente e indubitado, condición que no se verifica en la especie. La controversia planteada —relativa a la oportunidad de incorporar una terapia biológica de alto costo, a la definición de la resecabilidad tumoral y a la concurrencia de los requisitos de cobertura— involucra cuestiones de orden técnico-médico y de asignación de recursos sanitarios que, por su naturaleza, exceden el marco cautelar y sumario del recurso de protección, que no constituye una instancia de declaración de derechos, sino de cautela de aquellos que, siendo indubitados, se encuentren afectados por una acción u omisión ilegal o arbitraria.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, finalmente, en lo que atañe a las garantías invocadas, cabe recordar que la protección del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica dice relación con actos que amenacen, amaguen o ataquen directamente la vida o integridad del afectado. En el caso de autos, el paciente padece un cáncer en etapa IV avanzado, de carácter no curativo y con tratamiento de intencionalidad paliativa, encontrándose bajo un esquema de quimioterapia científicamente validado, sujeto a controles y seguimiento periódicos, sin que se haya acreditado que su vida se encuentre en riesgo inminente a consecuencia de la conducta reprochada.

Sobre el particular, la Excma. Corte Suprema ha resuelto que, tratándose de medicamentos de alto costo ajenos a la cobertura legal y respecto de los cuales no existe evidencia concluyente de que disminuyan la mortalidad asociada a la patología, su finalidad se orienta a otorgar al paciente la posibilidad de acceder a beneficios terapéuticos y a mejorar su calidad de vida, mas no a proteger directamente su vida cuando ésta no se encuentra en peligro, de modo que la negativa a financiarlos fuera de las coberturas previstas no resulta ilegal ni arbitraria. Por lo demás, el derecho a la protección de la salud que consagra el artículo 19 N°9 de la Constitución no se encuentra, en su inciso pertinente, amparado por la acción del artículo 20 de la Carta Fundamental, sino sólo el derecho a elegir el sistema de salud, subsumiéndose la pretensión, en lo demás, en la garantía del numeral 1° ya analizada.

Que, en estrados, la recurrente ha informado que el paciente no ha respondido favorablemente al tratamiento de quimioterapia paliativo, factor determinante para la procedencia de la etapa operatoria, en que se inserta el suministro del fármaco de que se trata.

DÉCIMO TERCERO: Que, en consecuencia, del mérito de lo razonado en los considerandos precedentes, no se divisa una conducta ilegal o arbitraria de la recurrida que tenga la aptitud de privar, perturbar o amenazar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales invocadas, toda vez que el establecimiento ha actuado en ejercicio de las atribuciones que el ordenamiento le confiere, con sujeción al marco regulatorio que rige el otorgamiento de Drogas de Alto Costo y desplegando las gestiones clínicas y administrativas que el caso exige, todo lo cual conduce necesariamente a desestimar la acción por no concurrir, a lo menos, la exigencia contenida en la letra b) del considerando segundo.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en favor de don nombre reservado, en contra del Hospital Clínico de Magallanes Dr. Lautaro Navarro Avaria, ya individualizados.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Redacción del Ministro Suplente Sr. Claudio Jara Inostroza.

ROL N°226-2026 PROTECCIÓN.-