Protección contra Ejército de Chile

Punta Arenas, dieciséis de junio de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Que comparece Nicole Andrea Sepúlveda Sepúlveda, abogada, y deduce recurso de protección en beneficio de nombre reservado, funcionario público, en contra del Ejército de Chile, persona jurídica de derecho público, representado judicialmente por el Consejo de Defensa del Estado, en razón del acto que señala como ilegal y arbitrario, consistente en la resolución administrativa que mantuvo la sanción de licenciamiento del servicio impuesta al recurrente, así como de todos los actos administrativos que le sirven de antecedente directo, por estimar vulneradas las garantías establecidas en el artículo 19 N°2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República.

Refiere que la acción no tiene por objeto transformar esta sede constitucional en una tercera instancia disciplinaria ni solicitar que se revaloren los hechos del procedimiento, sino someter a control la juridicidad constitucional del acto terminal, en cuanto la autoridad, al mantener la sanción expulsiva, omitió motivación suficiente, no ponderó de manera real los antecedentes favorables al recurrente y aplicó la sanción más gravosa del régimen disciplinario, sin justificar por qué ella era necesaria, idónea y proporcional en el caso concreto.

Señala que el acto recurrido es la resolución que mantuvo la sanción de licenciamiento del servicio, fundada en hechos ocurridos el 24 de agosto de 2025 en un supermercado de Punta Arenas, que dieron origen tanto a una causa penal como a un procedimiento disciplinario, invocándose infracciones al DNL-911, al Manual de Ethos del Ejército y a la Ordenanza General del Ejército. Indica que, agotada la vía administrativa mediante recursos de reconsideración, reclamación y apelación, todos rechazados, la resolución que mantuvo la sanción fue notificada el 21 de abril de 2026, siendo ese acto terminal el que se impugna, en cuanto consolidó la expulsión y produce efectos actuales sobre la carrera funcionaria, remuneraciones, estabilidad laboral y proyecto profesional del recurrente.

Afirma que los mismos hechos dieron lugar a una causa penal que no concluyó con sentencia condenatoria, sino mediante suspensión condicional del procedimiento, antecedente que debió ser ponderado al determinar la intensidad de la sanción. Sostiene que el propio afectado informó la situación a la institución mediante informe de situación, acreditando una conducta de transparencia y colaboración que debió valorarse como antecedente favorable, no obstante, la autoridad resolvió aplicar y mantener la medida más gravosa del régimen disciplinario militar sin explicar suficientemente por qué las medidas menos intensas resultaban insuficientes.

Respecto de la ilegalidad y arbitrariedad del acto recurrido, alega falta de motivación, señalando que la resolución debía hacerse cargo de la entidad concreta del hecho y el daño instruccional efectivamente causado; de la trayectoria y colaboración del afectado, del resultado de la causa penal y de las razones por las que el licenciamiento era la única medida compatible con los fines disciplinarios, exigencias que, a su juicio, no fueron satisfechas.

Refiere que la resolución incurre en una proporcionalidad nominal o aparente, pues enunciar los criterios del test de proporcionalidad no equivale a aplicarlos, sin desarrollar los niveles de necesidad, idoneidad y proporcionalidad estricta, y que tampoco ponderó antecedentes atenuantes invocados, esto es, la conducta colaborativa del recurrente, la inexistencia de condena penal, la trayectoria institucional y la procedencia de medidas menos gravosas.

Agrega que la autonomía de la responsabilidad disciplinaria respecto de la penal, consagrada en el artículo 153 del DFL N°1 de 1997, no puede interpretarse como una habilitación para sancionar sin motivación ni control.

Indica que con ello se vulnera el artículo 19 N°3 de la Constitución, en cuanto el derecho a un procedimiento racional y justo comprende que la autoridad resuelva con fundamentación real y suficiente; el artículo 19 N°2, por aplicarse la sanción máxima sin explicitar criterios objetivos, verificables y uniformes que permitan comprender por qué este caso debía recibir la respuesta más gravosa; y el artículo 19 N°24, por cuanto la privación de bienes incorporados al patrimonio del funcionario solo puede producir efectos legítimos si el acto que la origina es conforme a derecho.

Solicita, en definitiva, se tenga por interpuesto el recurso, se declare ilegal y arbitraria la resolución recurrida, se deje sin efecto la resolución que mantiene la sanción de licenciamiento del servicio y se ordene la reincorporación del recurrente al Ejército de Chile en el grado y cargo que detentaba, con pago de las remuneraciones no percibidas; en subsidio, se ordene a la autoridad dictar un nuevo acto administrativo debidamente fundado que pondere de manera real, concreta e individualizada los antecedentes del caso, especialmente la proporcionalidad de la sanción y la procedencia de medidas menos gravosas, con costas.

Que informa el Comandante en Jefe del Ejército, por el recurrido Ejército de Chile, representado judicialmente por el Consejo de Defensa del Estado, pidiendo que se rechace el recurso.

Señala que el recurrente deduce la acción cautelar en contra de la resolución CDO. CJE SGE AJ (R) N°NUM000, de 16 de abril de 2026, que rechazó el recurso de apelación y confirmó la sanción disciplinaria de licenciamiento del servicio, fundándola en una supuesta vulneración de los artículos 19 N°2, N°3 y N°24 de la Constitución. Sostiene que, analizado el recurso y contrastado con los antecedentes del expediente disciplinario, el procedimiento se tramitó conforme a la normativa que regula la materia, encontrándose suficientemente acreditada la responsabilidad del recurrente, sin que se haya verificado algún acto ilegal ni arbitrario.

Refiere que el 24 de agosto de 2025 el recurrente fue sorprendido por personal de seguridad de un supermercado Líder de Punta Arenas sustrayendo especies sin pagarlas, siendo detenido por Carabineros y posteriormente formalizado por el delito de hurto simple, y que, mediante informe escrito de 27 de agosto de 2025, presentado en cumplimiento del artículo 35 del DNL-911 “Reglamento de Disciplina para las Fuerzas Armadas", reconoció expresamente y de manera intencional la comisión de la conducta. Indica que, con tales antecedentes, el Comandante del Regimiento Logístico N°5 'Magallanes' sancionó al recurrente con el licenciamiento del servicio por la causal 'Necesidades del Servicio', fundando la medida en el incumplimiento de las normas del DNL-911, artículos 1, 9, 12, 27, 74 y 76 numerales 6), 15) y 40); el MOLD-02005 "Manual Ethos del Ejército de Chile", artículo 4.4.2; y el R.A. (P) artículo 110-A "Ordenanza General del Ejército".

Sostiene que el recurrente ejerció sucesivamente los recursos de reconsideración, reclamación y apelación, los que fueron rechazados por las autoridades respectivas haciéndose cargo de sus argumentos, hasta la resolución del Comandante en Jefe del Ejército, quien mediante la Resolución CDO. CJE SGE AJ (R) N.º NUM001 "EXENTA", de 16ABR2026, resolvió rechazar en todas sus partes el recurso de apelación sucesivo, confirmando la sanción de "Licenciamiento del Servicio" por la causal "Necesidades del Servicio".

Para arribar a esa decisión, desestimó íntegramente sus alegaciones precisando que la responsabilidad disciplinaria y la penal son autónomas e independientes, que el reproche no radicó en la existencia de un delito sino en la infracción de normas reglamentarias e institucionales, que la suspensión condicional no existía a la fecha de imposición de la sanción y que ésta resultaba necesaria, idónea y proporcional en sentido estricto dada la especial gravedad de la conducta de un funcionario público y militar; rechazando asimismo la alegación de prescripción. Destaca, además, que el recurrente no ejerció el recurso de reclamación del artículo 160 del DFL Nº 29, de 2004, del Estatuto Administrativo ante la Contraloría General de la República, optando por la vía del recurso de protección, la cual debe ser desacertada por no existir derecho preexistentes y no disputados.

Agrega que el procedimiento disciplinario se tramitó conforme a la normativa que regula la materia, acreditándose fehacientemente la responsabilidad del recurrente y ponderándose la gravedad de su conducta.

Respecto de las alegaciones del recurrente, en cuanto a alegación de falta de motivación debe rechazarse, pues las resoluciones contienen una fundamentación real, concreta e individualizada y que las resoluciones que rechazaron ambos recursos de apelación, tanto la del Comandante de Operaciones Terrestres, como la del Comandante en Jefe del Ejército, desarrollaron expresamente los criterios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad de la sanción disciplinaria, explicando por qué la gravedad de la conducta -un acto deshonesto cometido por un funcionario público militar- justifica la aplicación de la sanción expulsiva.

En relación a la alegación de existir una proporcionalidad nominal o aparente, señala que la potestad disciplinaria militar no se gradúa, como la penal, en función del daño material, sino que, en el ámbito militar, la gravedad de la falta se mide también en función del impacto de la conducta sobre la cohesión, la disciplina y el honor institucional, y que una conducta de hurto cometida por un uniformado, por su naturaleza intrínsecamente deshonrosa, compromete gravemente los valores que la institución está llamada a representar.

Sostiene que las atenuantes invocadas no pueden prosperar, por cuanto el informe de situación constituye el cumplimiento de una obligación reglamentaria y no una manifestación espontánea de colaboración; la inexistencia de condena penal no implica inocencia y la responsabilidad administrativa es independiente de la penal conforme al artículo 153 inciso 2° del DFL N°1 de 1997, al artículo 18 de la Ley N°18.575 y al artículo 120 de la Ley N°18.834; y la trayectoria institucional no fue ignorada, registrando el recurrente una anotación de demérito de 15 de agosto de 2024, por lo que no contaba con irreprochable conducta anterior.

Agrega que la potestad disciplinaria se ejerció con motivación y control, vinculando la conducta específica del afectado con la exigencia de preservar la disciplina y el ethos militar.

Descarta la vulneración de garantías constitucionales que señala el recurrente y concluye que no existe ilegalidad ni arbitrariedad en el acto recurrido, solicitando que el recurso sea rechazado en todas sus partes.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar, que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en la Constitución y que puedan establecerse sumariamente.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que a través del presente recurso se reclama respecto de la resolución dictada por el Ejército de Chile, que mantuvo la sanción de licenciamiento del servicio impuesta al recurrente de 16 de abril pasado, y de los actos administrativos que le sirven de antecedente y que resolvieron los sucesivos recursos de reconsideración y apelación, actos que estima ilegales y arbitrarios y que vulneran las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N°2,3 y 24 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que la recurrida solicitó el rechazo del recurso, conforme a los antecedentes reseñados en la parte expositiva.

QUINTO: Que, conforme al mérito de los antecedentes administrativos acompañados, son hechos de la causa los siguientes: 1) Que mediante Resolución Exenta (R) N°NUM002, de 12 de septiembre de 2025, el Comandante del Regimiento Logístico N°5 “Magallanes” sancionó al recurrente, Cabo nombre reservado, con la medida de licenciamiento del servicio por la causal “Necesidades del Servicio”, fundada en los hechos ocurridos el 24 de agosto de 2025, al sustraer elementos desde el supermercado Líder de la ciudad de Punta Arenas, introduciéndolos en su mochila particular y no pagarlos al pasar por caja, siendo sorprendido por personal de seguridad del local comercial y seguidamente, detenido por Carabineros de Chile permaneciendo durante la noche en la 1° Comisaría.

Derivado de lo anterior, el 25 de agosto de 2025 pasó a control de detención y fue imputado por el delito de hurto simple, de acuerdo a lo resuelto por el juez de garantía de Punta Arenas en la causa RUC N°2501186908-7, RIT N°2759-2025 incumpliendo normas institucionales consagradas en el DNL-911 “Reglamento de Disciplina para las Fuerzas Armadas”, artículos 1,9,12,27,74 y 76 incisos 6,15 y 40 y el artículo 4.4.2 del MOLD-02005 “Manual Ethos del Ejército de Chile” y al R.A. (P) 110-A “Ordenanza General del Ejército”. 2) Que dicha resolución fue objeto de los recursos de reconsideración, reclamación y apelación, los que fueron rechazados, respectivamente, por el Comandante del Regimiento Logístico N°5 “Magallanes” mediante Resolución Exenta (R)

N°NUM003, de 8 de octubre de 2025; por el Comandante en Jefe de la V División de Ejército mediante Resolución (R)

N°NUM004, de 30 de octubre de 2025; y por el Comandante de Operaciones Terrestres mediante Resolución (R) N°NUM005, de 12 de enero de 2026. 3) Que, finalmente, el recurrente dedujo un nuevo recurso de apelación ante el Comandante en Jefe del Ejército, el que fue rechazado mediante la Resolución CDO. CJE SGE AJ (R) N°NUM000 “EXENTA”, de 16 de abril de 2026, que conforma la sanción de licenciamiento del servicio, constituyendo este, el último el acto terminal que se impugna.

SEXTO: Que el examen de los distintos actos administrativos reseñados en el motivo que precede, aparece que ellos fueron dictados por las autoridades militares competentes, en el marco de sus facultades propias, y se encuentran debida y suficientemente fundamentados, haciéndose cargo de las alegaciones y defensas formuladas por el recurrente, con cumplimiento de las exigencias de motivación que imponen los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880.

En efecto, el interesado hizo uso de los medios de impugnación contemplados en el Reglamento de Disciplina para las Fuerzas Armadas, deduciendo oportunamente los recursos de reconsideración, reclamación y apelación, los que fueron resueltos por cada autoridad en las instancias establecidas, mediante resoluciones motivadas y comprensibles para su destinatario. Así las resoluciones impugnadas se hacen cargo de las alegaciones del actor relativas a la carga emocional que lo acongojaba producto del fallecimiento de un familiar, inobservancia del principio de legalidad y competencia, presunción de inocencia, desviación de poder, falta de motivación, principio de proporcionalidad, consideración de atenuantes y el hecho de haber alcanzado una suspensión condicional del procedimiento en la causa RIT N°2759 del Juzgado de Garantía de Punta Arenas.

SÉPTIMO: Que, de lo expuesto, se infiere que se respetó el procedimiento administrativo, dentro del cual el recurrente ejerció sus prerrogativas y obtuvo respuesta fundada a cada una de sus presentaciones.

OCTAVO: En cuanto a las alegaciones del recurrente dirigidas a cuestionar la proporcionalidad de la sanción, sosteniendo que la autoridad omitió ponderar antecedentes favorables y aplicó la medida más gravosa del régimen disciplinario sin justificar su necesidad, éstas serán rechazadas, descartando lo expuesto por el actor, en cuanto a que existiría una proporcionalidad nominal o aparente, por cuanto la autoridad desarrolló el juicio de proporcionalidad, al indicar en la Resolución de 12 de enero de 2026: “en cuanto a lo necesario de la sanción, la propia reglamentación institucional contenida en el DNL-911 indica que, comprobándose una falta a la disciplina, esta debe ser sancionada, pues el hecho de evadir una medida represiva constituye en sí misma una falta a la disciplina, y así lo dispone el artículo 76 Nº3 al considerar que son faltas a la disciplina "Evadir medidas represivas contra los subalternos culpables de actos que perjudiquen el servicio o lesionen la disciplina". Por tanto, habiéndose evidenciado la falta a la disciplina por parte del CBO nombre reservado, corresponde aplicar la correspondiente sanción, pues lo contrario significaría también incumplir el deber estatutario del artículo 76 Nº3 del DNL-911.

En cuanto a la IDONEIDAD del reproche, solo cabe mencionar que con su actuar el afectado ha incumplido los deberes militares contenidos en los artículos 1, 9, 12 y 27 del DNL-911 "Reglamento de Disciplina para las Fuerzas Armadas"; Las bases y principios fundamentales del accionar del Ejército, y por ende de sus funcionarios, contenidas en la "Ordenanza General del Ejército de Chile", en el sentido que en ella se explicita la dimensión ética indispensable de la profesión militar, la cual exige inequívocamente un comportamiento profesional, individual y colectivo, ajustados a preceptos que conforman la "ética profesional militar", del mismo modo que el profesional militar debe cultivar permanentemente la virtud cardinal de la "prudencia", que es la que mueve a la persona a discernir y distinguir con acierto y moderación, cualidad que impulsa a medir consecuencias de actos y acciones que pueden derivar de las decisiones adoptadas, y el valor militar de la "disciplina", como el dominio de sí mismo, valor fundamental que constituye una obligación permanente y cuyo cumplimiento lo debe transformar en una persona virtuosa, y lo establecido en el 4.4.3 del MOLD-02005 "Manual Ethos del Ejército de Chile".

De esta manera la sanción impuesta al recurrente también resulta IDONEA.

Luego, en atención a la cuantía de la sanción, es un hecho cierto que, mediante la resolución de "Vistos 7", se impuso el máximo de la sanción en razón de la gravedad de la conducta, que denota falta de honradez y en consecuencia valores morales que se alejan del esperado para un militar y/o un funcionario público.

Aquí cabe indicar que la Contraloría General de la República ha señalado a través de su Dictamen Nº10086 de 22MAR2000, que todos los funcionarios públicos "deben observar una vida social acorde con la dignidad del cargo, lo que significa que la calidad de servidor público no solo lo obliga al correcto desempeño de las actividades propias del respectivo empleo y de aquellas a que se acceda en virtud de tal calidad, como en este caso, incluso afecta al comportamiento privado que pudiere significar entre otros efectos, desprestigio del servicio o faltar a la lealtad debida a sus Jefaturas, a sus compañeros y a la comunidad (Aplica dictámenes 6.398 de 1983; 11.279 de 1986 y 36.021 de 1991 entre otros)", motivo por el cual se estima que la sanción es PROPORCIONAL en sentido estricto.

De lo dicho puede sostenerse que la sanción ha cumplido todos y cada uno de los requisitos exigidos, razón por la cual el suscrito estima que la sanción es absolutamente proporcional a la falta. Conforme a lo anterior, se estima no se puede confiar la operatividad o seguridad de la Unidad Militar a un individuo que infringe las disposiciones ya indicadas por carecer de la idoneidad moral, pudiendo subsanarse la situación solo mediante la medida impuesta y no una de menor entidad”.

Que, en consecuencia, se ponderó la especial gravedad que reviste, para un funcionario público de carácter militar, una conducta, no discutida, de naturaleza intrínsecamente deshonrosa, como la sustracción de especies.

NOVENO: Que, en armonía con lo razonado, no se advierte en las decisiones adoptadas por la autoridad militar impugnada en estos autos ilegalidad ni arbitrariedad alguna, desde que ellas fueron pronunciadas con apego a la normativa pertinente, dentro de un procedimiento administrativo regular y en correspondencia con los hechos y la falta acreditada al recurrente.

DÉCIMO: Que, en consecuencia, no concurriendo el presupuesto básico de la acción de protección, esto es, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que amenace perturbe o prive el legítimo ejercicio de una garantía constitucional indubitada, el recurso no puede prosperar y será desestimado.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de don nombre reservado en contra del Ejército de Chile.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Dese cumplimiento a lo dispuesto el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Redacción del Ministro Suplente Sr. Claudio Jara Inostroza.

Se deja constancia que no firma el Fiscal Judicial Sr.

nombre reservado, por encontrarse con permiso de acuerdo al artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

ROL N°225-2026 PROTECCIÓN.