Recurso de protección

Punta Arenas, siete de julio de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece doña nombre reservado, por sí y en representación de su hija menor de edad, interponiendo recurso de protección en contra de doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado.

Funda su acción señalando que, desde el año 2022, ha sido víctima de un hostigamiento reiterado por parte de la recurrida, quien mantendría una fijación respecto de don nombre reservado, padre de su hija menor, persona con quien la recurrida sostendría conflictos judiciales previos desde el año 2016, existiendo antecedentes de una querella criminal por amenazas, desacato y suplantación de identidad, y de una medida de alejamiento decretada a favor de la recurrente entre los años 2022 y 2025.

Relata que con fecha 7 de mayo de 2026, siendo aproximadamente las 19:00 horas, tomó conocimiento —a través de un tercero— de la existencia de una publicación en redes sociales, comúnmente denominada “funa”, que la exponía junto a su hija menor de edad mediante una fotografía captada sin su autorización mientras se encontraba en la vía pública.

Añade que, tras contactar telefónicamente a la recurrida exigiendo su eliminación, esta procedió a retirar la publicación, sin perjuicio de lo cual horas más tarde recibió un llamado de un tercero que la recurrente vincula a la recurrida.

Sostiene que tales hechos constituyen una intromisión ilegítima en su vida privada y en la de su hija menor de edad, vulnerando las garantías de los números 1 y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley N°21.430, sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia.

Solicita se declare arbitrario e ilegal el actuar de la recurrida; se ordene el cese de todo acto de hostigamiento, persecución, difusión o publicación en su contra y de su hija; la eliminación definitiva de las publicaciones y contenidos ya difundidos; la prohibición de nuevas publicaciones o menciones; la adopción de medidas de resguardo; la reserva de sus antecedentes personales y domicilio; que la notificación a la recurrida se practique por intermedio de Carabineros de Chile; y la condena en costas.

Con fecha 15 de mayo de 2026 la recurrente acompañó antecedentes adicionales, señalando que las fotografías cuestionadas habrían sido captadas por terceros —doña nombre reservado y su pareja, quien se identifica públicamente solo como “nombre reservado”—, quienes se encontraban en el lugar de los hechos, y que dichas imágenes fueron posteriormente viralizadas por la recurrida. Da cuenta, además, de un episodio de intimidación protagonizado por dicho tercero; de una denuncia por violencia intrafamiliar interpuesta por la recurrida el mismo día de los hechos; de llamadas telefónicas amenazantes atribuidas a una tía de la recurrida, doña nombre reservado; y de la existencia de una cuenta de Instagram creada el año 2024 con fines de exposición pública. Sobre esa base, solicita se ordene identificar e individualizar al tercero conocido como “nombre reservado” y se requiera a la recurrida y a los demás involucrados evacuar informe, haciendo presente que la recurrida tampoco habría comparecido en un recurso de protección anterior, deducido el año 2024 por el padre de su hija.

Con fecha 21 de mayo de 2026, en cumplimiento de lo ordenado por esta Corte, la recurrente precisó los hechos fundantes de su acción, reiterando que los antecedentes acompañados dicen relación con actos de exposición, hostigamiento y difusión de contenido respecto de su persona y su núcleo familiar, e indicando que dicha presentación constituye la tercera oportunidad en que detalla los hechos materia del recurso, solicitando se tenga por cumplido lo ordenado.

Por resolución de 26 de junio de 2026 se tuvo presente que, atendido el tiempo transcurrido sin que la parte recurrida evacuara informe, y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° inciso segundo del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se prescindió del mismo, ordenándose pasar los antecedentes a la Presidencia para los fines pertinentes.

Con fecha 30 de junio de 2026 la recurrente acompañó un nuevo antecedente, consistente en la captura de un mensaje recibido desde un perfil anónimo, mediante el cual se le habría informado que la fotografía utilizada para exponerla públicamente correspondería a una portada del diario La Prensa Austral de febrero de 2026, solicitando se tuviera presente dicho hecho como demostrativo de la continuidad del hostigamiento denunciado.

Encontrándose la causa en estado, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional cautelar destinada a restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al afectado, frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que importen una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales taxativamente amparadas por esta vía, constituyendo un remedio de tramitación rápida, concentrada y sumaria, no exenta, por lo mismo, de exigencias de certeza respecto de los hechos que le sirven de fundamento.

SEGUNDO: Que, para la procedencia del recurso, resulta indispensable la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos: a) que se acredite la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido haya incurrido en el hecho u omisión que se le atribuye; b) que dicha conducta pueda calificarse de arbitraria o ilegal conforme al mérito de los antecedentes allegados al proceso; c) que de ella se siga un atentado directo e inmediato en contra de garantías constitucionales amparadas por el artículo 19 de la Carta Fundamental; y d) que este tribunal se encuentre en condiciones materiales y jurídicas de otorgar la protección solicitada.

TERCERO: Que, atendido que la recurrida no evacuó informe dentro del término legal, prescindiéndose del mismo por resolución de 26 de junio de 2026, este tribunal debe formar su convicción exclusivamente sobre la base de lo expuesto por la propia recurrente y de los antecedentes que ella ha acompañado, sin contar con la versión de la contraria, circunstancia que no exime a esta Corte del deber de verificar, con el rigor propio de esta acción cautelar de urgencia, la concurrencia efectiva de los presupuestos ya referidos.

CUARTO: Que, de la propia relación de hechos contenida en el recurso, aparece que la identificación de la recurrida como autora de la publicación y de la captación de la fotografía que motiva la acción no se funda en una constatación directa, sino en un proceso de deducción de la recurrente —quien señala haberla “identificado inmediatamente” por ser, a su juicio, la única persona con la cual mantiene conflictos judiciales previos—, sin que se acompañen antecedentes objetivos, que permitan a este tribunal tener por comprobada, con la certeza indubitada que exige esta vía, la autoría de la conducta que se reprocha.

A su turno, el nuevo antecedente acompañado con fecha 30 de junio de 2026 proviene igualmente de un perfil anónimo no identificado, circunstancia que en nada contribuye a despejar dicha incertidumbre y que, por el contrario, da cuenta de que la propia recurrente atribuye a terceros no identificados una intervención en los hechos que funda esta acción.

QUINTO: Que los antecedentes acompañados con fecha 15 de mayo de 2026 antes que despejar la incertidumbre anotada en el motivo precedente, la acentúan, por cuanto atribuyen la captación material de las fotografías a terceros ajenos al presente recurso —doña nombre reservado y su pareja, individualizado únicamente por el apodo “nombre reservado”— y radican en la recurrida únicamente la posterior difusión de dichas imágenes, sin que se acompañe la publicación misma, capturas de pantalla u otro elemento objetivo que permita a esta Corte verificar dicha difusión y atribuirla, con la certeza que esta vía exige, a la persona de la recurrida. A ello se suma que la recurrente extiende las conductas denunciadas a otros terceros no recurridos en autos —entre ellos, la persona identificada como “nombre reservado”, a quien se atribuyen llamados telefónicos amenazantes—, lo que evidencia que los hechos alegados involucran a una pluralidad de personas cuya responsabilidad individual, de existir, debe ser determinada y perseguida a través de las acciones y sedes jurisdiccionales pertinentes, y no por la vía sumaria y cautelar del recurso de protección.

SEXTO: Que, en cuanto a la solicitud de que este tribunal ordene identificar e individualizar al tercero conocido públicamente como “nombre reservado”, así como de requerir la comparecencia de personas ajenas al recurso, cabe tener presente que dichas diligencias exceden el objeto y la naturaleza cautelar y de urgencia del recurso de protección, el cual no constituye una instancia de investigación destinada a establecer la identidad de terceros no individualizados ni a suplir las facultades investigativas que, en su caso, corresponden al Ministerio Público o a la judicatura competente en sede penal o de familia.

SÉPTIMO: Que, sin perjuicio de lo anterior, de los propios antecedentes acompañados por la recurrente se desprende que la controversia que subyace al presente recurso —esto es, el conflicto sostenido entre las partes con ocasión de la relación que en el pasado habría vinculado a la recurrida con el padre de la hija menor de la recurrente— se encuentra desde hace años judicializada ante las sedes competentes, existiendo querella criminal por amenazas, desacato y suplantación de identidad, medidas cautelares y de alejamiento ya decretadas, y denuncias cruzadas por violencia intrafamiliar, todas ellas radicadas ante los tribunales con competencia especializada en dichas materias.

OCTAVO: Que, en ese contexto, y tal como ha tenido oportunidad de resolverlo esta misma Corte en un asunto sustancialmente análogo, seguido entre las mismas partes bajo el Rol de Protección N°176-2025, la controversia sometida a conocimiento de este tribunal responde más bien a una inadecuada forma de solución de conflictos entre personas adultas, exteriorizada a través de redes sociales, materia que excede el ámbito de una magistratura de urgencia como la presente, la que no puede constituirse en instancia de conducta ni avocarse al conocimiento de causas actualmente pendientes ante otras sedes jurisdiccionales, ni resolver, por esta vía sumaria, disputas cuyo sustrato fáctico se encuentra sujeto a prueba y controversia en dichos procesos.

NOVENO: Que, en lo que respecta específicamente a la fotografía en que aparece la hija menor de edad de la recurrente, consta del propio libelo que, una vez requerida telefónicamente, su autora procedió a eliminar la publicación cuestionada, no habiéndose acreditado en autos la persistencia actual de dicha publicación en particular ni la reiteración de una conducta idéntica atribuible en forma indubitada a la recurrida con posterioridad a dicho retiro, lo que obsta a tener por configurada una perturbación o amenaza actual, en los términos exigidos por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, respecto de esa específica situación.

DÉCIMO: Que, conforme a lo razonado, no resulta posible tener por acreditados, con el grado de certeza que exige esta acción cautelar de urgencia, ni la existencia indubitada del acto u omisión atribuible directamente a la recurrida, ni la actualidad de la perturbación o amenaza alegada, presupuestos indispensables para que el recurso pueda prosperar, sin perjuicio de los derechos que a la recurrente, a su hija menor de edad y a los demás afectados puedan asistirles para hacerlos valer, en relación con los hechos denunciados, ante las sedes jurisdiccionales que correspondan.

UNDÉCIMO: Que, así las cosas, el presente recurso de protección no puede prosperar y será rechazado.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, por sí y en representación de su hija menor de edad, en contra de doña nombre reservado.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Ministro Suplente Sr. Claudio Jara Inostroza.

Rol N°223-2026. Protección.-