nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES DE CHILE

nombre reservado, cinco de febrero de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, en representación de nombre reservado, empleada, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, nombre reservado, e interpone acción de protección en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, con domicilio en domicilio reservado, en razón de la omisión ilegal y arbitraria en emitir la orden de giro y remisión del proyecto de carta de nacionalización al Ministerio del Interior, como acto terminal de la tramitación de esa solicitud hecha con fecha 22 de mayo de 2023, omisión que afecta la garantía constitucional del artículo 19 N°2 igualdad ante la ley consagrada en la Constitución Política, en relación con los artículos 6,7,9,14,24 y 27 de la ley N°19.880 y artículo 84 de la ley N°21.325.

Expone como antecedentes del recurso que la recurrente ingresó al país en calidad de turista, regularizando posteriormente su situación migratoria y obteniendo residencia definitiva vigente, la cual mantiene hasta la fecha.

Que en cumplimiento de los requisitos legales establecidos en la Ley N°21.325 y el Decreto Supremo N°5.142 de 1960, el recurrente presentó solicitud de carta de nacionalización el 22 de mayo de 2023. Señala que a la fecha de interposición del recurso, el Servicio Nacional de Migraciones no ha liberado la orden de giro de su solicitud ni se ha emitido el proyecto de decreto de carta de nacionalización con los informes positivos o negativos de la solicitud, el cual debe ser remitido al Ministerio del Interior y Seguridad Pública para que este último pueda cumplir con lo establecido en el art. 1 del DS N°5.142.

Sostiene que al día de hoy la omisión es de carácter permanente y le genera un perjuicio de dicho carácter.

En cuanto a los argumentos de derecho reseña que la dilación constituye una omisión ilegal, por infracción directa a los artículos 6, 7, 8, 9, 14, 24 y 27 de la Ley N°19.880, que consagran los principios de celeridad, conclusivo, inexcusabilidad y el deber de resolver dentro de un plazo máximo de seis meses.

Agrega además que dicha omisión es, además, arbitraria, por carecer de justificación razonable y fundarse únicamente en explicaciones genéricas relativas a la carga de trabajo del Servicio.

Argumenta que se vulnera la igualdad ante la ley, en cuanto otros solicitantes en situación jurídica equivalente han obtenido resoluciones dentro de un plazo razonable. Cita extensamente jurisprudencia de Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema que ha calificado como ilegal y arbitraria la dilación excesiva en procedimientos de nacionalización.

Concluye solicitando se ordene al recurrido que se pronuncie sobre la misma dentro de un plazo 60 días, conforme con los principios que le impone su reglamentación de conformidad con el artículo 84 de la Ley 21.325 y el Decreto N° 5142 del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido de las disposiciones sobre nacionalización de extranjeros, o el que se estime conforme al mérito de autos, requiriendo que en general se adopten las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho, todo lo anterior con expresa condena en costas.

Informa la recurrida Servicio Nacional de Migraciones, a través de su Dirección Regional de Magallanes, solicitando el rechazo íntegro del recurso, puesto que no concurren los presupuestos constitucionales de procedencia de la acción cautelar.

En particular expresa que la recurrente cuenta con residencia definitiva vigente, encontrándose en situación migratoria totalmente regular, sin que la pendencia de la solicitud de nacionalización afecte el ejercicio de sus derechos fundamentales.

Añade que la solicitud de carta de nacionalización fue presentada el 22 de mayo de 2023, avanzando progresivamente en sus distintas etapas: primer análisis, asignación PDI e informe policial emitido el 25 de noviembre de 2024, encontrándose actualmente en etapa de análisis.

Remarca que la carta de nacionalización constituye una concesión por gracia, cuya resolución corresponde al Presidente de la República, por lo que el Servicio Nacional de Migraciones solo cumple funciones de tramitación y propuesta, careciendo de competencia para resolver.

Consigna desde el punto de vista jurídico, que el plazo del artículo 27 de la Ley N°19.880 no es fatal, conforme a reiterada jurisprudencia judicial y dictámenes de la Contraloría General de la República y que el aumento exponencial de solicitudes migratorias constituye un caso fortuito o fuerza mayor que justifica la extensión de los plazos de tramitación.

Consigna que no existe vulneración de la igualdad ante la ley, toda vez que la solicitud de la recurrente ha seguido el mismo procedimiento legal y reglamentario aplicable a cualquier extranjero en igual situación. Agrega además que al tratarse de una especial concesión por gracia, el análisis de los diversos antecedentes necesarios para su pronunciamiento requiere de un tiempo que es evidentemente superior al de los demás trámites administrativos de solicitud ordinaria, haciendo presente que en la tramitación de una solicitud de Carta de Nacionalización y su otorgamiento, intervienen distintos Organismos Públicos, a saber, el Servicio Nacional de Migraciones, la Policía de Investigaciones de Chile y el Ministerio del Interior, por lo que su otorgamiento escapa a las facultades de este Servicio, cumpliendo cada uno de los organismos señalados una determinada función, siendo finalmente el Ministro del Interior quien otorga o no la nacionalidad chilena, por delegación de facultades del Presidente de la República.

Finalmente señala que atendido al mérito de los antecedentes, encontrándose en tramitación la solicitud de la recurrente, quien cuenta con situación migratoria “regular en el país”, considerando, además, que la solicitud de nacionalización debe ser resuelta por el Presidente de la República en carácter discrecional, no se vislumbra en los hechos la conculcación de alguna de las garantías constitucionales alegadas.

Concluye señalando que la omisión denunciada no priva, perturba ni amenaza el legítimo ejercicio de garantías constitucionales y pide el rechazo del recurso sin costas.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Se trata por consiguiente, de una acción constitucional de naturaleza cautelar, que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en la Constitución y que puedan establecerse sumariamente.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, vale decir, que se encuentre en posición y condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que en ese orden de ideas se precisa que el hecho vulneratorio calificado como ilegal y arbitrario por la recurrente, se corresponde con la omisión de no emitir la orden de giro y remisión del proyecto de carta de nacionalización de la recurrente al Ministerio del Interior, respecto de una solicitud en tal sentido ingresada con fecha 22 de mayo de 2023 y para efectos de la tramitación del acto terminal de dicha solicitud efectuada, omisión que afectaría la garantía constitucional de igualdad ante la ley que invoca.

CUARTO: Que la recurrida solicitó el rechazo del recurso, conforme a los antecedentes reseñados en la parte expositiva.

QUINTO: Que examinado el recurso y los antecedentes se debe precisar en primer término, que la concesión de la nacionalidad a un ciudadano extranjero que la ha requerido vía una solicitud de carta de nacionalización, es siempre una atribución graciosa y discrecional que corresponde al Estado de Chile, a través de sus autoridades competentes, una vez cumplido todos los requisitos, trámites y exigencias contempladas en la normativa respectiva.

SEXTO: Que efectuada esa necesaria precisión, del examen de los mencionados antecedentes, se obtiene que para el caso específico de la condición de la recurrente, su solicitud de carta de nacionalización se encuentra en análisis y en un avanzado estado de tramitación, razón por la cual y considerando su condición actual de migrante regular con residencia definitiva, no se avizora cual sería el perjuicio sufrido por la demora en la dilación que reclama.

SÉPTIMO: Que por último y en relación a la imputación de excesivo término que ha transcurrido para el pronunciamiento de la administración, el que la recurrente juzga con creces superado, es menester precisar que como lo ha señalado reiteradamente la Excelentísima Corte Suprema ese término legal previsto en el artículo 27 de la ley N° 19.880 que rige la materia y que establece las bases de los procedimientos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado, no corresponde a un plazo perentorio fatal, sino a uno referencial y meramente prudencial que no lleva aparejada una sanción de caducidad, pronunciamiento al que debe adicionarse el contexto de un aumento exponencial de solicitudes migratorias que justifican por razones de fuerza mayor una prolongación de los plazos de tramitación.

OCTAVO: Que desde la perspectiva señalada y no constatándose entonces que la omisión imputada en materia de tramitación de la solicitud de la carta de nacionalización de la recurrente, la cual se encuentra pendiente y ha recibido el mismo trato legal y procedimental de otras presentaciones efectuadas, haya privado, perturbado o amenazado la garantía constitucional reclamada, el recurso incoado no puede prosperar.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por la recurrente nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, ya individualizados.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante Sr. Osvaldo Oyarzun Miranda.

Se deja constancia que no firma la Ministra Sra. Caroline Turner González, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por encontrarse con permiso conforme lo dispone el artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

Rol N°22-2026 PROTECCIÓN.