PUNTO AUSTRAL SPA con nombre reservado

nombre reservado, diecinueve de mayo de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Comparece ante esta Corte de Apelaciones el abogado Jorge Vidal Ojeda, por Punto Austral SpA., RUT RUT reservado, representada legalmente por nombre reservado, cédula de identidad NºRUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado de la ciudad de nombre reservado, deduce acción de protección en contra de la nombre reservado Provincial del Trabajo de Magallanes RUT N°RUT reservado, representada legalmente por la Sra. nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado de la ciudad de nombre reservado, solicitando se acoja la acción interpuesta, se adopten las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho, ordenando se deje sin efecto la Resolución de Multa 9983/24/29 de 27 de noviembre de 2024, y se condene expresamente en costas a la recurrida.

Explica que en noviembre de 2024 su representado recibió el llamado de una dependiente de un local que mantiene arrendado en el Mall Espacio Urbano Pionero, quien se encuentra contratada por el Sr. nombre reservado y no por la sociedad recurrente, indicándole que en el lugar se encontraba una señora de la nombre reservado del Trabajo, telefonicamente la funcionaria le informa que se efectuara una fiscalización, a lo que respondió que la informacion se encontraba en local y que si tenía dudas lo llamase; no obstante la fiscalizadora inicia la diligencia por telefono, preguntandole la cantidad de trabajadores, que en ese momento eran dos; la encargada del local no logró encontrar la carpeta con los documentos requeridos, señalándole ésta que le cursaría una multa grave al no contar con la documentación dispuesta para la fiscalización; solicitó que le permitiera entregar la documentacion dentro del plazo que fije, como usualmente se realiza, lo que fue negado, porque las cosas eran así ahora, y que lo notificarían de la multa. Acusa que resulta extraño que la fiscalizadora visita día por medio el local, lo que aquella niega, sin embargo, revisadas las cámaras esto fue comprobado, lo que le hace pensar que se trata de una persecución.

Recurre en contra de la resolución de multa N°9983/24/29 de 27 de noviembre de 2024 de la nombre reservado Provincial del Trabajo Magallanes, notificada a su parte el día 24 de marzo de 2025, por estimar que el acto administrativo se configura en ilegal y arbitrario.

Aduce que la resolucion de multa alude a la fiscalizacion efectuada el 19 de noviembre de 2024 por la referida funcionaria, y cursa la sanción por “no mantener en el establecimiento, local E-9, denominado Punto Austral, ubicado en el Mall Espacio Pionero de nombre reservado, toda la documentación que deriva de las relaciones de trabajo, necesaria para efectuar las labores de fiscalización, según el siguiente detalle; contratos de trabajo y comprobantes de pago de remuneraciones, respecto de las trabajadoras que se indican; nombre reservado, Rut RUT reservado, nombre reservado, nombre reservado Rut RUT reservado.” Y además por “no registrar el emplador, Punto Austral SpA., un correo electrónico u otro medio digital definido por la ley, donde deberán practicarse las notificaciones, citaciones y comunicaciones, sin que conste que solicitó una forma diversa de comunicación, lo cual se verifica en plataforma informatica de este servicio con fecha 19-11-2024.”; por tales hechos se le imponen las siguientes multas, 23.73 IMM monto en pesos al momento que se constató la infracción $7.648.061 y 4.00 UTM monto en pesos al momento que se constató la infracción $266.512.

Alude que lo que llama la atención de esta fiscalización telefónica son 3 situaciones: el poco criterio de la funcionaria para efectos de solicitar la documentación a presentarse en la sede de la nombre reservado Provincial del Trabajo ubicada en domicilio reservado de la comuna de nombre reservado; luego la poca prolijidad al momento de cursar la multa por la supuesta infracción, toda vez que, Punto Austral SpA, no mantiene trabajadores contratados bajo esa razón social, información conocida por la recurrida, atendida su función fiscalizadora, por tanto lo que no se logra entender, como arribó al monto de la multa en circunstancias que se establecen según el número de trabajadores que mantiene el empleador multado, lo que en estos autos evidentemente no ocurre, por último, la fiscalizadora concurre el local varias veces a la semana es quien le haya cursado la multa, pareciendo una persecución.

Los hechos denunciados vulneran las garantías constitucionales contempladas en el numeral 21 y 22 del artículo 19 de la Carta Fundamental, en relación a su derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, por el hecho de sentirse perseguido por las circunstancias que rodean la fiscalización, lo que afecta el curse de la multa. Igualmente estima que conforme a lo relatado se le cursa una multa millonaria evidencia la más clara discriminación en cuanto a la actuación del Estado por medio de sus agentes, en particular de los funcionarios de la nombre reservado Provincial del Trabajo.

Acompaña la resolución impugnada, junto al estatuto de la empresa de menor tamaño.

Informa por la recurrida nombre reservado Provincial del Trabajo, la abogada Viviana Ampuero Santana, solicita el rechazo del recurso en todas sus partes, declarando que, fue interpuesto extemporáneamente y que no existe una acción u omisión arbitraria ni ilegal, ni se ha vulnerado la garantía alguna por parte de la nombre reservado Provincial del Trabajo de Magallanes, con expresa condena en costas.

Alega, en primer término, la extemporaneidad del recurso interpuesto el 22 de abril de 2025, toda vez que la resolución objeto de la acción fue notificada el 19 de febrero de 2025, no obstante señalar el actor que se le notició lo resuelto el 24 de marzo del año en curso, dicha aseveración dista de la realidad, por lo que el recurso debe ser declarado inadmisible. Precisa que como se señaló en la resolución sancionatoria, el empleador a la fecha de la fiscalización no contaba con un correo registrado ante la Dirección del Trabajo, lo cual importa una infracción al artículo 508 del Código del Trabajo, motivo por el cual dicha multa en primera instancia se notificó por carta certificada, depositada en correo el 13 de diciembre de 2024, y fue devuelta por Correos de Chile el 13 de febrero del presente. Sin embargo, revisado su sistema se verificó que el empleador había registrado en enero una casilla de correo electrónico: correo reservado.; razón por la cual se notificó por ese medio el viernes 14 de febrero de 2025, entendiendose practicada el 19 de febrero del presente. De este modo la acción de protección debió ser incoada a más tardar el 21 de marzo pasado, sino que se entabla dos meses más tarde; debiendo ser rechazado de plano el recurso.

Adiciona que la empresa presentó una solicitud de reconsideración administrativa el 01 de abril de 2025, donde reconoce haber sido notificado el 14 de febrero pasado, recurso que se encuentra pendiente de resolución.

Arguye que la acción de protección debe además ser rechazada por improcedente, porque no puede ser utilizada como sustituto jurisdiccional de los mecanismos ordinarios de impugnación contemplados en el Código del Trabajo, citando al efecto los artículos 512 y 503, conforme a los cuales el actor contaba con el procedimiento monitorio de reclamación de multa administrativa, que en brevísimos plazos podría resolver el mérito de la sanción administrativa en un procedimiento donde se conoce el fondo del asunto, con posibilidad de rendir prueba sobre la materia en controversia y considerando también, que dicho procedimiento también ofrece aquellos recursos contemplados en el Libro V del Código del Trabajo. Corrobora su afirmación, la circunstancia que el empleador tiene pendiente un recurso administrativo.

Sostiene que la Dirección del Trabajo se ha ajustado a la normativa vigente a partir del 01 de octubre de 2021, fecha en que entró en vigor la Ley Nº21.327, que establece que la forma de comunicación del Servicio con sus distintos usuarios es vía electrónica, cómo asimismo apunta a digitalizar prácticamente todo el historial laboral de un trabajador como de las empresas, lo cual debe constar en el Registro Electrónico Laboral. La citada ley modificó el artículo 508 del Código del Trabajo, que prescribe que las notificaciones, citaciones y comunicaciones legales que realice la Dirección del Trabajo se deberán efectuar mediante correo electrónico, sin perjuicio de lo señalado en el inciso siguiente. Para estos efectos, cada empleador, trabajador, organización sindical, director sindical o cualquier otra persona o entidad que se relacione con la Dirección del Trabajo, deberá registrar un correo electrónico u otro medio digital definido por la ley, donde deberán practicarse las notificaciones, citaciones y comunicaciones, el que se considerará vigente para todos los efectos legales mientras no sea modificado en el portal electrónico de la mencionada Dirección. Las notificaciones, citaciones y comunicaciones a través de correo electrónico u otro medio digital definido por la ley, producirán pleno efecto legal y se entenderán practicadas al tercer día hábil siguiente contado desde la fecha de la emisión del referido correo. Precisándose en el artículo 515 del mismo cuerpo legal el deber del empleador de mantener registrado en el sitio electrónico de la Dirección del Trabajo una dirección de correo electrónico, la cual se considerará vigente para todos los efectos legales, mientras no sea modificado en el mismo sitio.

Hace presente que ante la controversia sobre la notificación efectuada a la empresa, manifiesta que la empresa registró una casilla de correo electrónico en la plataforma digital MIDT el 10 de enero de 2025, cumpliendo con la obligación legal de registra correo electrónico, y finalizado el proceso de fiscalización la resolución de multa se remitió mediante correo electrónico a la referida casilla el 14 de febrero del actual, entendiéndose notificado el día 19 siguiente.

Concluye de lo anterior que no ha incurrido en ningún acto u omisión arbitrario o ilegal, ya que consta informática y documentalmente que se notificó la multa a la empresa el 14 de febrero de 2025, dando cumplimiento al artículo 508 del Código del Trabajo.

Destaca en relación con las garantías alegadas como vulneradas que en el enunciado del recurso se indica las contempladas en el artículo 19 Nº3 inciso 4º y 22, pero en el cuerpo del escrito se desarrolla el recurso en relación a lo contemplado en los numerales 21 y 22 del citado artículo 19. En cuanto a la presunta persecución a que alude el actor, ello no tiene asidero, pues se trata de una única fiscalización la que registra el recurrente, y solo cumple con su deber, para lo cual se encuentra legalmente facultado; lo que igualmente descarta la existencia de algún acto discriminatorio, toda vez que en el procedimiento se verificó una infracción objetiva, aplicándola y notificándola a la Empresa infractora, al correo electrónico que la misma registró en el portal institucional, tal como dispone el principio de inexcusabilidad.

Careciendo la acción de los requisitos esenciales para su procedencia, debe ser rechazada.

Encontrándose la causa en estado de ser vista, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar, que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en la Constitución y que puedan establecerse sumariamente.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, el hecho vulneratorio calificado como ilegal y arbitrario por el actor, lo hace consistir en la imposición de una multa administrativa, resultado de un procedimiento de fiscalización irregular, toda vez que no se le brindo plazo para acompañar la documental faltante y la falta de prolijidad de la funcionaria fiscalizadora que no detecto que las trabajadoras presentes tienen vínculo laboral con el representante de la empresa y no con aquella, acusando indicios de persecución a su respecto, lo que conculca las garantías constitucionales que invoca.

CUARTO: Que, a su turno la recurrida, insta por el rechazo del recurso, en primer término, la extemporaneidad de la acción, atendida la fecha de notificación de la resolución sancionatoria; también la improcedencia, por cuanto no es la vía idónea para reclamar la multa, existiendo procedimientos ordinarios para ello, judiciales y administrativo, destacando que se ha ejercido por el actor mediante la reconsideración administrativa, la que se encuentra pendiente de resolver.

QUINTO: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad, según lo prescribe el Auto Acordado que regula el ejercicio de esta clase de acciones, la misma debe interponerse en el plazo fatal de 30 días corridos contados “desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos”.

SEXTO: Que, en dicha norma se contemplan dos posibilidades para el cómputo respectivo, esto es, desde la ejecución del acto u ocurrencia de la omisión o bien desde el conocimiento que se tenga del mismo.

En este caso, se debe considerar que el acto ilegal y arbitrario que a través de esta acción constitucional se denuncia, consiste en la imposición de multa administrativa por parte de la recurrida; al efecto reconoce que dicha resolución data de 27 de noviembre de 2024, sin embargo, arguye que le fue notificada recién el 24 de marzo de 2024, data de la cual computa el plazo para interposición de la acción, la que presentó 22 de abril del presente.

La alegación de la recurrida se funda en que la contraria estaba en conocimiento de la resolución de multa dictada el 27 de noviembre de 2024, por haberse practicado su notificación mediante correo electrónico el 14 de febrero del año en curso, la que de conformidad a lo previsto en el artículo 508 del Código del Trabajo, se entiende legalmente efectuada el día 19 de febrero del año en curso.

SEPTIMO: Que, la recurrente no acompaña antecedente alguno que de cuenta de la notificación efectuada en la data que refiere, a diferencia de la contraria que incorpora la documental que apoya sus afirmaciones, tanto en cuanto a la data y forma en que se practicó la notificación como sobre el hecho de haberse impetrado reconsideración administrativa de multa por la recurrente, donde afirma haber tomado conocimiento de la imposición de la multa el 14 de febrero pasado.

OCTAVO: Que, conforme a la norma transcrita, y teniendo presente los antecedentes, la notificación del acto que funda la acción se produjo el 19 de febrero del corriente, disponía la recurrente de 30 días corridos contados desde dicha fecha para interponer la acción, situación que en la especie no se verifica, ya que el recurso se dedujo recién, como se dijo, el 22 de abril del año en curso, por lo que el mismo fue presentado ya largamente vencido el plazo para ello, de lo que deviene el rechazo de la acción.

Por estas consideraciones y visto, además lo prevenido en el artículo 20 de la Carta Fundamental y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA el recurso de protección interpuesto por el abogado Jorge Vidal Ojeda por Punto Austral SpA., representada legalmente por nombre reservado y en contra de la nombre reservado Provincial del Trabajo de Magallanes todos ya individualizados.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

ROL Nº215-2025. PROTECCIÓN.