Protección contra SECCIÓN DE REMUNERACIONES DEPENDIENTE DE LA JEFATURA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN

Punta Arenas, uno de julio de dos mil veinticinco.

VISTOS:

nombre reservado, chileno, abogado, cédula de identidad N°RUT reservado, funcionario público, Comisario de la Policía de Investigaciones, domiciliado en domicilio reservado, de Punta Arenas e interpuso acción constitucional de protección en contra de la SECCIÓN DE REMUNERACIONES DEPENDIENTE DE LA JEFATURA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS PERSONAS (en adelante JENAPERS) de la Policía de Investigaciones de Chile, RUT RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana.

Indica que, con fecha 1 de febrero de 2001, ingreso a la Policía de Investigaciones de Chile, manteniéndome en calidad de funcionario activo, agregando que, a la fecha de presentación de esta acción constitucional, tiene el grado de Comisario.

Dijo que, desde el egreso de la Escuela de Oficiales de la por a la fecha he sido destinado a las siguientes ciudades:

1. Enero 2004 - agosto 2005: Constitución 2.

Agosto 2005 - enero 2012: Punta Arenas 3.

Enero 2012 - julio 2015: Santiago 4.

Julio 2015 - mayo 2017: Punta Arenas 5.

Mayo 2017 - noviembre 2017: Santiago 6.

Noviembre 2017 - enero 2024: Punta Arenas 7.

Enero 2024 a la fecha: Puerto Montt Señala que, en diciembre de 2023, se le notificó su traslado a la ciudad de Puerto Montt, el que no se ha podido materializar pues se encuentra con licencia médica desde septiembre de 2023, debido a sendas intervenciones quirúrgicas derivadas de una artritis séptica y una osteomielitis que afectó la clavícula, con complicaciones debido a su condición de diabético insulina dependiente, hipertenso y con psoriasis resistente a diversos tratamientos; teniendo que someterme a dos intervenciones quirúrgicas por atrapamiento del nervio ulnar en ambas extremidades superiores.

Expuso que, en su calidad de funcionario ha tenido derecho a percibir la “Asignación o Gratificación de Zona” correspondiente a las diversas ciudades donde ha sido destinado, con exclusión de Santiago. No obstante, la recurrida ha omitido el pago de saldos de su remuneración por años, al incurrir en un error de cálculo que fue reparado por Contraloría General de la República en Dictamen N°E98928, que dispuso, en síntesis, que la base de cálculo de la Asignación o Gratificación de Zona incluye la denominada “Asignación de Grado Efectivo”, código H0050.

La institución, no obstante el Dictamen de Contraloría, solo regularizó este pago a partir de mayo de 2021, por lo que se le adeuda todos los saldos de remuneración que correspondan al recalculo de la Asignación o Gratificación de Zona, desde el ingreso a la institución hasta el 26 de abril de 2021, que corresponde a la época no regularizada por la recurrida.

Agrega que, una vez que se le notifica su traslado desde la ciudad de Punta Arenas hacia Puerto Montt, en diciembre de 2023, yo se encontraba con licencia médica, por los motivos ya expuestos, licencia que se prolonga a la fecha de presentación de esta acción constitucional, motivo por el cual no ha podido presentarse a su nueva destinación. No obstante, a partir del mes de marzo de 2024 se le quita la Asignación o Gratificación de Zona, correspondiente a Punta Arenas, figurando en la Liquidación de Sueldo con ubicación indeterminada, y no pagándome en consecuencia ningún monto por Asignación o Gratificación de Zona, aun cuando es claro que fue destinado a Puerto Montt.

Manifestó que los hechos planteados vulneran gravemente el derecho a la propiedad (art. 19 nro. 24 de la Constitución) y el derecho a la no discriminación y la igualdad ante la ley (art. 19 nro. 2 de la Constitución); ante cuya privación, perturbación o amenaza puede solicitarse el restablecimiento del derecho a través del recurso de protección (art. 20 de la Constitución).

Razón por la cual, solicitó tener por interpuesto el recurso de protección en contra de la Sección de Remuneraciones de la Policía de Investigaciones de Chile, ya individualizada, disponiendo lo siguiente:

1. Admitir a tramitación el presente Recurso de Protección, y en definitiva acogerlo en todas sus partes.

2. Declarar ilegal y arbitraria la omisión de la recurrida en el pago íntegro en tiempo y forma de las sumas de dinero que le corresponden por concepto de Asignación de Zona durante toda su vida laboral.

3. Ordenara la recurrida proceder en el más breve plazo a regularizar el pago de las sumas de dinero, debidamente reajustadas, por concepto de la Asignación de Zona, considerando en su base de cálculo la Asignación de Especialidad al Grado Efectivo, de los meses a los que ha tenido derecho conforme a la ley, desde su ingreso a la institución a la fecha; o la que se disponga en justicia.

4. Ordenara la recurrida proceder en el más breve plazo a regularizar el pago de las sumas de dinero, debidamente reajustadas, por concepto de la Asignación de Zona correspondiente a la ciudad de Puerto Montt, a partir de enero de 2024.

Acompaña, Cédula de identidad, Copia de liquidaciones de sueldo de los últimos tres meses, Resolución de destinación a la ciudad de Puerto Montt, Radiograma N°225, de 30 de mayo de 2019, JENAPERS PDI, que informa a todos los funcionarios del mejoramiento del cálculo de la gratificación de zona a quienes tengan derecho a percibirlo, Radiograma N°285, de 02 de julio de 2019, JENAPERS PDI, que indica que la información proporcionada en el Radiograma N°225 será sometida a pronunciamiento de la Contraloría General de la República previo a su materialización, por lo que se solicita a los funcionarios mantenerse a la espera, Dictamen N° E9899/2021, de 26 de abril de 2021, donde Contraloría determina que la Asignación de Especialidad al Grado Efectivo que perciben los funcionarios de la PDI debe ser considerada en la base de cálculo de la Gratificación de Zona del personal que tenga derecho a este beneficio, Dictámenes de Contraloría Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena N°E494914/2024, E53B4B4/2024 y El1262/2025, Certificados médicos emitidos por Dra. nombre reservado, Cirujana Plástica y Reconstructiva , y por el Dr. nombre reservado, Neurocirujano; que dan cuenta de sus diagnósticos médicos.

Conforme el mérito de los antecedentes y del tiempo transcurrido, sin que la recurrida haya dado cumplimiento a lo ordenado por esta Corte, se hace efectivo el apercibimiento decretado; y, en consecuencia, se prescindió del informe solicitado.

Encontrándose la causa en estado, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDOO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar, que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, el acto estimado ilegal y arbitrario alegado por la recurrente lo hacen consistir en la omisión de pago de los saldos remuneratorios adeudados de la "asignación de grado efectivo", en los periodos comprendidos desde su ingreso a la institución a la fecha, en las cuidades donde ejerció su trabajo a excepción de Santiago, que corresponde a una época no regularizada por la recurrida, lo que afecta el derecho de propiedad contenido en el art. 19 N°24 de nuestra Constitución, sobre las remuneraciones de la recurrente, además de sus derechos conculcados en el artículo 19 Nº2 dela carta fundamental CUARTO: Que, sobre la materia han existido distintos pronunciamientos de los tribunales superiores, y la Excma. Corte Suprema atendida la imperiosa necesidad de uniformar la jurisprudencia sobre lo planteado, estimando oportuno efectuar un nuevo y acabado análisis del punto objeto de la controversia.

Al efecto en el fallo dictado en recurso de protección sustanciado en el rol Nº8668-2025 ha señalado, en relación con la normativa que rige la materia, lo siguiente: “Tercero: Que la adecuada resolución de la contienda exige recordar los siguientes hitos relacionados con su objeto: a. El 11 de mayo de 1980 se publicó en el Diario Oficial el Decreto con Fuerza de Ley N°1, del Ministerio de Defensa Nacional, que aprobó el Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile. En su artículo 101, este cuerpo normativo, indica: “El personal afecto al presente Estatuto continuará asimilado a la Escala de Sueldos y al Sistema de remuneraciones actualmente existentes para Carabineros de Chile, o que se establezcan en el futuro…”; b. El artículo 46 del Decreto con Fuerza de Ley N°2 de 1968, del Ministerio de Defensa Nacional, que aprobó el Estatuto del Personal de Carabineros (aplicable a la PDI por la remisión transcrita en el literal anterior), expresa: “El personal de Carabineros gozará, además del sueldo y mayores sueldos asignados a su grado, de los siguientes beneficios y derechos, en la forma que lo establezca el reglamento respectivo: …d) Asignación por Cambio de Residencia y Gratificación de Zona: …3) La gratificación de zona se calculará sobre el total de las remuneraciones, salvo las asignaciones de rancho y familiar y las otras excepciones legales…”; c. El 2 de enero de 1981 se publicó en el Diario Oficial el Decreto Ley N°3.551, que fijó normas sobre remuneraciones y personal para el sector público. En su artículo 41 se estatuyó: “Concédese para el personal en servicio activo de las Fuerzas Armadas, de Carabineros de Chile y de Investigaciones de Chile… una asignación mensual no imponible denominada de ‘especialidad al grado efectivo’ cuyos montos, serán los siguientes y que se percibirá de acuerdo con el grado jerárquico o de encasillamiento respectivo…”; d. El 2 de febrero de 1981 se publicó en el Diario Oficial el Decreto Ley N°3.628, que, en lo pertinente, introdujo el inciso final del artículo 41 del Decreto Ley N°3.551, que ordena: “La asignación que concede este artículo [especialidad al grado efectivo] no se considerará para los efectos de la asignación de zona”; e. El 12 de marzo de 1998 se publicó en una edición restringida del Diario Oficial (atendido su carácter secreto inicial) el Decreto con Fuerza de Ley N°1, que modificó el Estatuto del Personal de Carabineros de Chile reseñado en el literal b., que precede. En lo atingente al recurso en análisis, el artículo 46 de este último cuerpo normativo fue sustituido por el siguiente enunciado: “El personal de Carabineros gozará, además del sueldo y mayores sueldos asignados a su grado, de los siguientes beneficios y derechos, en la forma que lo establezca el reglamento respectivo: …r) Asignación de Especialidad al Grado Efectivo: El personal percibirá una asignación mensual denominada de especialidad al grado efectivo, cuyo monto se fijará de acuerdo con el grado jerárquico o de encasillamiento respectivo, en conformidad al Decreto Ley N°3.551, de 1980, y sus modificaciones… Esta asignación tendrá el carácter de imponible a partir de los veinte años de servicios efectivos aludidos en el artículo 83º, fecha a contar de la cual este personal gozará de una bonificación compensatoria no imponible ascendente al 13,5% de la respectiva asignación en conformidad a la Ley N°18.870. Esta bonificación no constituirá remuneración ni servirá de base para el cálculo de ningún beneficio económico…”; f. El 31 de mayo de 2019, la PDI, que hasta ese momento había calculado la gratificación de zona de su personal excluyendo de su base de cálculo la “asignación de especialidad al grado efectivo”, emitió un radiograma interno del siguiente tenor: “se modifica la base de cálculo de la gratificación de zona, para los trabajadores de la Policía de Investigaciones de Chile, que cumplan funciones en aquellas unidades con derecho al pago de este estipendio económico, conforme a revisión del departamento de auditoría interna y a informe técnico jurídico”; g. El 2 de julio de 2019, la PDI emitió un segundo radiograma interno, comunicando a su personal que, como consecuencia de “consultas efectuadas tanto a instancias institucionales como extrainstitucionales respecto de la nueva base de cálculo utilizada para el pago de la gratificación de zona y los efectos que ésta generaría en las remuneraciones, esta jefatura nacional ha solicitado un pronunciamiento a la Contraloría General de la República, con el objeto de aclarar la pertinencia de este procedimiento”; h. El 26 de junio de 2021, respondiendo a la consulta efectuada por el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, la Contraloría General de la República emitió el dictamen N°E98928, que señaló que la creación de la nueva “asignación de especialidad al grado efectivo” para el personal de Carabineros y de Investigaciones (por el Decreto con Fuerza de Ley N°1 de 1998) implicó la derogación tácita del estipendio de igual denominación originalmente establecido en el artículo 41 del Decreto Ley N°3.551 de 1980, con excepción de la regulación contenida en su artículo 41 en lo relativo a los montos. En lo relevante al punto que aquí se debate, el órgano de control dictaminó: “que los artículos 2° de los citados decretos Nos. N°87, de 1999 y 135, de 2019, ambos del Ministerio de Defensa Nacional, definen remuneración como cualquier contraprestación en dinero que el personal tiene derecho a percibir en razón de su empleo o función, tales como, sueldo base, asignaciones, sobresueldos, gratificaciones, bonificaciones y otros estipendios, naturaleza jurídica que posee la asignación de especialidad al grado efectivo, lo que implica que deba ser considerada en la base de cálculo de la gratificación de zona, acorde con lo establecido en el aludido artículo 46, letra d), numeral 3), del reseñado texto estatutario”, por lo que la asignación de especialidad al grado efectivo que actualmente recibe el personal de la PDI, “debe ser considerada en la base de cálculo de la gratificación de zona del personal que tenga derecho a este último beneficio”; i. A partir de noviembre de 2022, la PDI incluyó la “asignación de especialidad al grado efectivo” en la base de cálculo de la gratificación de zona de su personal, ordenando el pago retroactivo de la diferencia desde abril de 2021, época en el que la Controlaría General de la República emitió el dictamen N°E98928; y, j. Ante las diversas Cortes de Apelaciones del país, funcionarios de la PDI, tanto activos como en retiro, han incoado recursos de protección instando por el pago retroactivo de la diferencia generada con ocasión de la nueva fórmula de cálculo de la gratificación de zona, más allá de abril de 2021.”

QUINTO: Que, como se ha resuelto reiteradamente por esta Corte, para acoger la acción constitucional debe constatarse el carácter preexistente e indubitado del derecho afectado, condición que se estima, no se verifica en la especie, porque los derechos cuya protección se persigue por esta vía, cautelar y de emergencia, no tienen el carácter de indiscutidos; considerando que esta sede en ningún caso, constituye una instancia de declaración de derechos sino que de protección de aquellos que, como se dijo, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria.

Para arribar a dicha conclusión se ha tenido presente, con un mejor estudio de los antecedentes, que la pretensión del recurrente dice relación con el pago retroactivo de remuneraciones a funcionarios de Policía de Investigaciones, asunto que, por su naturaleza, debe ser objeto de pronunciamiento en la instancia judicial declarativa que corresponda.

Así como lo resolvió la Excma. Corte Suprema en el fallo citado “En efecto, un primer asunto que impide el éxito de la presente acción constitucional cautelar consiste en que el derecho de un determinado funcionario a percibir la gratificación de zona exige la acreditación su presupuesto de hecho esencial: el desempeño de una función pública en un lugar del territorio nacional sujeto a este beneficio. Se trata de un requisito contenido en normas estatutarias que, como tales, son de orden público e indisponibles para las partes. Así, su concurrencia debe ser verificada por el órgano jurisdiccional de instancia competente, a través del procedimiento de lato conocimiento que al interesado franquea el ordenamiento jurídico.

Por otro lado, la época en que se habría producido la exigibilidad del derecho que se reclama podría ameritar la discusión acerca de la prescripción de la acción para exigirlo, aspecto que depende de un proceso y un pronunciamiento eminentemente declarativos.”

En el mismo sentido se han dictado diversos fallos por el Máximo Tribunal, a saber, Rol Nº5.030-2025, 8896-2025, 236-2025, 8671-2025, 6269-2025, 5041-2025, 8877-2025, 6268- 2025, 13.567-2025, entre otros.

SEXTO: Que, conforme a lo razonado, la acción impetrada no puede prosperar por no asistir al recurrente un derecho indubitado susceptible de ser tutelado a través de esta vía, sin perjuicio de las acciones que se puedan ejercer en la instancia declarativa respectiva.

Por estas consideraciones, y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo de esta clase de recursos, de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones se resuelve que SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en contra de la Sección de Remuneraciones Dependiente de la JEFATURA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS PERSONAS (JENAPERS) DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE, todos ya individualizados.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

ROL N°214-2025. PROTECCIÓN.