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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 212-20269 jun 2026
Fecha
9 de junio de 2026
Corte
Corte de Apelaciones de Punta Arenas
Sala
Primera
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Rol N° 212-2026, sentencia de 9 de junio de 2026

Resumen

Se rechaza la protección de una funcionaria contra la Dirección General de Aeronáutica Civil por su traslado a Santiago: la decisión se adoptó dentro de las facultades legales del director y conforme a los protocolos internos, sin ilegalidad ni arbitrariedad.

Texto íntegro

Punta Arenas, nueve de junio de dos mil veintiséis.

Vistos:

Comparece ante esta Corte de Apelaciones doña nombre reservado funcionaria de la Dirección General de nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado y deduce recurso de protección en contra de la Dirección General de nombre reservado, persona jurídica de derecho público, representada legalmente por su director don nombre reservado

nombre reservado, General del Aire, ambos domiciliados en domicilio reservado, por la dictación del acto ilegal y arbitrario, contenido en la Resolución Tra N°NUM000, de 5 de marzo de 2026, confirmada por resolución N°NUM001, de 7 de abril de 2026, notificada con fecha 10 de abril de 2026, las cuales violan los derechos establecidos en el artículo 19° numerales 1 y 2 de la Constitución Política de la República, con la finalidad que sea acogido en todas sus partes.

Refiere que Con fecha 15 de septiembre de 2000 ingresó a la Dirección General de nombre reservado. Desde 2007 se encuentra desempeñando funciones en el Aeropuerto nombre reservado

Ibáñez del Campo de la ciudad y comuna de Punta Arenas. Su familia se conforma por su hija nombre reservado, que actualmente está cursando cuarto año de enfermería en la Universidad de Magallanes y es cuidadora de su abuela y madre de crianza de 91 años doña nombre reservado y de su tío de don nombre reservado.

Indica Con fecha 5 de marzo se dictó la resolución Tra N°NUM000, la cual sin argumento alguno ordenó su traslado al aeropuerto nombre reservado, de la ciudad de Pudahuel, Santiago, “en atención a las necesidades de la Institución”.

Señala que repuso de dicha decisión, expresando la imposibilidad de trasladarse por razones familiares y que el día 7 de abril de 2026 se emitió resolución de dicho recurso de reposición que fue notificado el 10 de abril del mismo año y en ese acto se dictó la resolución que, sin argumento alguno, rechazó su recurso de reposición.

Señala que el traslado ordenado implicaría una destrucción de su familia que es monomarental, tanto su hija de 24 años como su abuela y su tío dependen de la recurrente tanto patrimonial como afectivamente.

Reitera la evidencia de la arbitrariedad, pues es posible apreciar por medio de una simple lectura de la resolución reclamada, la ausencia de fundamento racional evidente, tanto del acto basal como los demás actos que resolvieron las impugnaciones administrativas.

Solicita tener por interpuesto recurso de protección en contra de la Dirección General de nombre reservado, por la dictación ilegal y arbitraria de las resoluciones que ordenaron su traslado, y acogerlo a tramitación, adoptando todas las medidas que sean necesarias para proteger los derechos mencionados y en definitiva dejar sin efecto los actos impugnados y ordenar su mantención en la ciudad de Punta Arenas, con expresa condenación en costas.

Acompaña resolución N°NUM000, Resolución N°NUM001, Certificado de alumna regular de hija de la recurrente, Credencial de cuidadora, Recurso de reposición, antecedentes médicos de la abuela de la recurrente, Antecedentes médicos del tío de la recurrente y finalmente cartola de registro de hogares.

Informa el recurrido, Joaquín Rodríguez Sanhueza, abogado, cédula de identidad N°NUM002, en representación, según consta en autos, de la Dirección General de nombre reservado, solicitando el rechazo.

Señala que es efectivo, que la Sra. nombre reservado ingresó a prestar servicios en la DGAC con fecha 15 de septiembre de 2000, desempeñándose en el cargo Técnico de Operador en Seguridad Aeroportuaria, calidad contrata, grado 13, de conformidad con la Resolución N°NUM003, de fecha 20 de septiembre de 2000. Agrega que, posteriormente, con ocasión de un concurso público, por medio de la Resolución N°NUM004, de 2009, se nombró a la Sra. nombre reservado como funcionaria en la planta de Técnicos de esta DGAC, en grado 9, en calidad de Especialista en Seguridad Aeroportuaria, luego de haber sido seleccionada en concurso público convocado por Resolución Exenta N°NUM005, de fecha 08 de mayo de 2008. Es dable mencionar que dicho cargo no contempla una destinación en concreto, en atención a que la funcionaria pasó a formar parte de la dotación nacional de la planta de técnicos de la Dirección General de nombre reservado.

Aclara que la destinación ordenada mediante Resolución Exenta RA N°NUM000, de fecha 05 de marzo de 2026, fue fijada, en principio, con vigencia a contar del día 03 de agosto de 2026, designándose a la Sra. nombre reservado al ejercicio de sus funciones propias como Especialista en Seguridad Aeroportuaria, función que viene ejecutando desde el año 2009, como funcionaria de planta, y, en consecuencia, plenamente coherente con su actual condición funcionaria.

Indica que, las funciones propias de especialista en seguridad aeroportuaria se desarrollan transversalmente en todos los aeropuertos y aeródromos que componen la Red Primaria de la infraestructura aeroportuaria del país, y se encuentran reguladas en el Documento Rector, Orgánico y de Funcionamiento (DROF) del Departamento Aeródromos y Servicios Aeronáuticos (DASA), aprobado a través de la Resolución Exenta N°04/3/0183/2420, de fecha 02 de diciembre de 2024, de la Dirección General, el cual define la estructura orgánica y las competencias de sus unidades.

Refiere que al contrario de lo que señala la recurrente, si bien la Resolución Exenta N°NUM001, de fecha 07 de abril de 2026, efectivamente rechazó el recurso incoado, en ningún caso ello se realizó sin fundamento. Efectivamente, el acto administrativo que rechazó la reposición promovida por la actora mencionó expresamente las razones jurídicas y las necesidades del servicio que sustentan su traslado. En efecto, la Resolución expone que respecto al argumento fundado en su calidad de jefa de hogar y cuidadora principal de su abuela y de su tío, si bien dichas circunstancias han sido debidamente ponderadas por esta Institución y resultan atendibles desde una perspectiva personal, estas constituyen una situación común a los procesos de destinación funcionaria y no desvirtúa la procedencia de la medida adoptada. En contraste, las decisiones de traslado obedecen primordialmente a las necesidades del Servicio, las que deben prevalecer sobre el interés particular del funcionario.

Refiere que el articulo 24 de la Ley N°16.752 faculta expresamente al Director General para “trasladar y disponer el cambio de destino del personal de su dependencia en los casos en que sea necesario para el buen funcionamiento del servicio”. Se trata, por ende, de una potestad legal específica, privativa y directamente vinculada al funcionamiento operativo del organismo. Además, indica que el Procedimiento interno PRO DRH 01, sobre Destinaciones (Resolución Exenta N°04/3/0185/2429, de fecha 03 de diciembre de 2024), establece los criterios, etapas y lineamientos que deben observarse en la gestión de destinaciones, asegurando coherencia, regularidad y trazabilidad administrativa.

Finalmente solicita tener por evacuado el informe y, en definitiva, rechazar íntegramente el recurso de protección ya que en materia de destinaciones la Dirección General de nombre reservado ha diseñado una política de carácter general, esto es, aplicable a todas y cada una de la unidades que componen la organización o institución, la que se contiene en el documento denominado “PRO DRH 01” (Procedimiento Departamento Recursos Humanos), aprobado por Resolución Exenta N°04/3/0185/2429, de fecha 03 de diciembre de 2024, y que desde un punto de vista normativo –legal y reglamentario– observa básica y estrictamente la Ley N°16.752 (Orgánica y de Funcionamiento de este Servicio), Ley N°18.834 (Estatuto Administrativo); Ley N°19.296 (Asociaciones de Funcionarios de la Administración del Estado); Decreto DEF.

N°1.315, de 1981 (Reglamento de pasajes, fletes y cargas para las Fuerzas Armadas), y la jurisprudencia administrativa emanada de la Contraloría General de la República sobre la materia, la que es de cumplimiento obligatorio e imperativo para los servicios públicos de la Administración del Estado, de acuerdo con los artículos 6° y 19 de la Ley N°10.336, Orgánica de la citada Contraloría.

Acompaña Resolución Exenta RA N°NUM000, de fecha 05 de marzo de 2026, que destina a la Sra. nombre reservado en el territorio nacional. 2.- Resolución Exenta N°NUM001, de fecha 07 de abril de 2026, que rechaza recurso de reposición presentado por la Sra. nombre reservado. 3.- Resolución N°NUM003, de fecha 20 de septiembre de 2000, que contrata los servicios de la Sra. nombre reservado en esta DGAC. 4.- Resolución N°NUM004, de 2009, que nombra en la planta de la DGAC a la Sra. nombre reservado. 5.- Resolución Exenta RA N°101/674/2026, de fecha 08 de mayo de 2026, que modifica la resolución de destinación. 6.

Documento Rector, Orgánico y de Funcionamiento (DROF) del Departamento Aeródromos y Servicios Aeronáuticos (DASA), aprobado por Resolución Exenta N°04/3/0183/2420, de fecha 02 de diciembre de 2024. 7. Procedimiento PRO DRH 01, sobre Destinaciones, aprobado por Resolución Exenta N°04/3/0185/2429, de fecha 03 de diciembre de 2024.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que el hecho que la recurrente califica como arbitrario e ilegal lo hace consistir en la dictación de la Resolución Tra N°NUM000, de 5 de marzo de 2026, confirmada por resolución N°NUM001, de 7 de abril de 2026, notificada con fecha 10 de abril de 2026 que la dispone su traslado con el fin de ejecutar sus labores en el aeropuerto nombre reservado de la Comuna de Pudahuel en Santiago y que rechaza el recurso de reposición de la destinación respectivamente.

CUARTO: Que, efectivamente la resolución Tra N°NUM000, de 5 de marzo de 2026 establece en su resuelvo: “Destinase a doña nombre reservado, R.U.N n°NUM006 designado como especialista en seguridad. grado 12° de la planta de técnicos de Dirección General nombre reservado; para desempeñarse en Dirección General nombre reservado, subdepartamento Aeropuerto nombre reservado, en la Región Metropolitana de Santiago, Comuna de Pudahuel, localidad/repartición de sección servicio de seguridad de aviación (avsec) (dasa) (sd. ap. amb) (11001200), a contar del 3 de agosto de 2026, para ejercer las funciones de especialista en seguridad aeroportuaria”.

QUINTO: Que, a su vez la resolución N°NUM001, de 7 de abril de 2026 ratifica la destinación de la recurrente señalando en su resuelvo: “RECHÁZASE el recurso de reposición interpuesto por doña nombre reservado, cédula nacional de identidad NUM006, en contra de la Resolución Exenta RA N°NUM000, de fecha 05 de marzo de 2026”.

SEXTO: Que, el artículo 24 de la Ley N°16.752 faculta expresamente al director general de la Dirección de nombre reservado para “trasladar y disponer el cambio de destino del personal de su dependencia en los casos en que sea necesario para el buen funcionamiento del servicio”, tratándose de una potestad legal y privativa. Además, la institución cuenta con un Procedimiento interno sobre Destinaciones (Resolución Exenta N°04/3/0185/2429, de fecha 03 de diciembre de 2024), que establece los criterios, etapas y lineamientos que deben observarse en la gestión de destinaciones, asegurando coherencia, regularidad y trazabilidad administrativa.

SÉPTIMO: Que, de los antecedentes acompañados, se puede colegir que la decisión fue adoptada por la recurrida dentro del ámbito de sus facultades legales y cumpliendo con los protocolos internos de la institución, lo que conduce desde ya a descartar la existencia de ilegalidad o arbitrariedad en la actuación.

OCTAVO: Que, a juicio de estos sentenciadores la decisión de la recurrida es debidamente fundada, por lo que no se está frente a una caprichosa o carente de razonabilidad, lo que lleva a concluir la inexistencia de un acto ilegal o arbitrario, por lo que es innecesario efectuar un análisis sobre una posible vulneración de garantías constitucionales.

Por estas consideraciones, y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado, y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo de Recursos de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA la acción constitucional deducida por nombre reservado en contra de la Dirección General de nombre reservado, representada legalmente por su director don nombre reservado, todos ya individualizados.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Redacción de la Abogada integrante Sintia Orellana Yévenes.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

ROL Nº212-2026 PROTECCIÓN.