Protección contra UNIVERSIDAD DE MAGALLANES

Punta Arenas, nueve de junio de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Que comparece Francisco Gajardo Contreras, abogado, y deduce recurso de protección en representación de nombre reservado, estudiante de la carrera de Enfermería de la Universidad de Magallanes, en contra de la UNIVERSIDAD DE MAGALLANES, Dirección del Departamento de Enfermería, en razón del acto que señala como ilegal y arbitrario, consistente en la suspensión indefinida del internado profesional de la recurrente, formalizada mediante comunicación de fecha 30 de abril de 2026, bajo el argumento de resguardar su integridad, alegando vulneración a las garantías establecidas en el artículo 19 N°2, 3, 10 y 26 de la Constitución Política de la República.

Señala que la recurrente es estudiante regular de quinto año de la carrera de Enfermería, encontrándose en etapa de internado profesional, requisito indispensable para su titulación. Con fecha 20 de abril de 2026, realizó una publicación en red social de carácter privado, en la cual efectuó una referencia genérica a una situación clínica, sin individualizar paciente ni divulgar datos sensibles. Indica que dicha publicación fue capturada y difundida por terceros sin su consentimiento, generándose un conflicto ajeno a su voluntad, a partir de lo cual la Universidad le instruyó verbalmente no asistir a su práctica, sin procedimiento alguno.

Afirma que, mediante comunicación formal de fecha 30 de abril de 2026, la Dirección del Departamento de Enfermería dispuso la suspensión indefinida del internado profesional de la recurrente, condicionando su retorno a lo que determine la autoridad académica, bajo el pretexto de resguardar su integridad. Sostiene que dicha medida carece de plazo, de procedimiento previo, de formulación de cargos y de fundamento normativo, de modo que la recurrente se encuentra actualmente sin poder asistir a su práctica, perdiendo contenidos formativos y en riesgo cierto de no completar su proceso académico.

Refiere que el acto es ilegal por falta de tipicidad, toda vez que el reglamento no contempla la sanción de suspensión indefinida.

Afirma que hay una falta al debido proceso en sede administrativa, ya que no hay formulación de cargos, audiencia, defensa y resolución. Que se vulnera el derecho a la educación y continuidad formativa ya que el internado es un requisito de titulación, que se afecta el principio de proporcionalidad, ya que en el caso existe la alusión genérica a una conducta, sin identificación y difusión por terceros, aplicando una medida desproporcionada. Sostiene a sí mismo vulneración a la garantía de igualdad ante la ley, siendo una medida arbitraria, ya que en esto en este caso no hay criterio y no hay motivación, existiendo desviación de poder al tratarse de una sanción encubierta.

Finalmente, refiere que la actuación de la recurrida infringe lo dispuesto en el artículo 19 N°26, toda vez que la suspensión indefinida impuesta afecta el contenido esencial del derecho a la educación y del debido proceso, al no establecer límites temporales ni condiciones claras para su término, configurando una restricción desproporcionada e inconstitucional.

Por lo expuesto solicita que se declare ilegal y arbitraria la actuación recurrida; que se deje sin efecto la suspensión indefinida; que se ordene la inmediata reincorporación de la recurrente a su internado profesional; y que se disponga que cualquier medida futura respete procedimiento, fundamento y proporcionalidad, con costas.

Que informa el recurso Paulina Alvarado Barrientos, abogada, en representación de la Universidad de Magallanes, pidiendo que se rechace el recurso, con costas.

Afirma que el 23 de abril de 2026 se informó a la autoridad superior universitaria que la recurrente habría efectuado publicaciones en redes sociales que podrían ser atentatorias contra la dignidad de un paciente, situación que ya había sido advertida por un familiar del afectado.

Sostiene que, atendida la naturaleza de los hechos y las características de las fotografías publicadas en la red social de la estudiante, se solicitó a la autoridad evaluar la pertinencia de un procedimiento disciplinario.

Destaca que la institución es de carácter estatal y cuenta con autonomía administrativa para estructurar su régimen de gobierno y funcionamiento interno conforme a sus estatutos y reglamentos universitarios.

Refiere que en virtud de la Resolución Exenta N° NUM000 del 7 de mayo de 2026 se instruyó un procedimiento disciplinario con el objeto de investigar, esclarecer y determinar las eventuales responsabilidades que pudieren derivarse de los hechos denunciados.

Indica que dicho procedimiento se funda en el Decreto N° 21/SU/2025, que regula la tramitación de procedimientos disciplinarios aplicables a los estudiantes, cuyo alcance comprende todas las conductas que puedan ser consideradas como faltas a la disciplina, cometidas dentro de los recintos universitarios o en el marco de actividades organizadas, patrocinadas o en representación de la Universidad, incluyendo aquellas realizadas a través de medios digitales cuando afecta el buen desenvolvimiento de los fines y propósitos de universidad.

Cita el artículo 2° y 4° del mencionado reglamento, indicando que el actuar de la autoridad universitaria se enmarca en la reglamentación vigente y aplicable a posibles faltas disciplinarias de estudiantes que son susceptibles de ser investigadas. Al mismo tiempo, la gravedad de los hechos y/o la consideración de las circunstancias concurrentes del caso permiten la aplicación de medidas cautelares siempre que tengan por objeto resguardar: a) La integridad física y psicológica de los miembros de la comunidad universitaria o de personas vinculadas a las actividades de la Universidad; b) Preservar la efectividad del procedimiento disciplinario, garantizando su correcto desarrollo y la posibilidad de adoptar una decisión fundada; c) Prevenir la reiteración de conductas que puedan constituir una infracción disciplinaria.

Todo lo transcrito fluye expresamente del artículo 25 del Decreto 21/SU/2025 Afirma que existe un riesgo plausible de reiteración de conductas similares en el mismo espacio clínico donde habrían ocurrido los hechos denunciados, especialmente considerando el acceso a pacientes, dependencias asistenciales e información clínica sensible.

Agrega que este evento se refuerza si se considera que del relato de la recurrente existe un expreso reconocimiento de que la conducta que se reprocha efectivamente tuvo lugar, aun cuando la actora sostenga que se trata de una red social de carácter privada a la que un conjunto de personas pertenecientes y no pertenecientes a la comunidad universitaria tiene acceso. Indica que, además, la recurrente en una de sus publicaciones menciona a través de una etiqueta al Hospital Clínico Magallanes, sosteniendo además como título de la publicación “Así es gente, hoy recibimos al gran quemado”.

Sostiene que, en el marco de los artículo 25, 26 y los literales d) y g) del artículo 27 del Decreto 21/SU/2025 se dispuso la suspensión temporal del internado profesional de la estudiante en el Centro de Responsabilidad Anestesia y Pabellón Quirúrgico del Hospital Clínico de Magallanes, mientras se sustancia el procedimiento disciplinario, sin perjuicio de las medidas académicas que la unidad respectiva adopte para resguardar la continuidad formativa de la estudiante, y la prohibición de efectuar publicaciones en redes sociales y otros medios respecto de actividades clínicas, pacientes funcionarios, dependencias hospitalarias o cualquier aspecto vinculado a los campos clínicos asociados a la Universidad de Magallanes, mientras se mantenga vigente la presente medida cautelar.

Agrega que dichas medidas no han incidido el quehacer estudiantil de la recurrente por cuanto desde su jefatura de carrera se le ha informado de la reasignación un nuevo centro de salud de atención primaria a objeto de resguardar su trayectoria y continuidad educativa.

Destaca, respecto de las garantías constitucionales invocadas por la recurrente, que no se ha interrumpido el proceso educativo ni se ha causado un perjuicio actual e irreparable por cuanto la Universidad le ofreció a la estudiante continuar su internado en un CESFAM de esta ciudad, encontrándose pendiente la respuesta por parte de la recurrente. Agrega que no se ha impuesto sanción alguna, sino una medida cautelar de resguardo justificada en la normativa interna esto es el Reglamento General de Alumnos de la Universidad de Magallanes, aprobado por Decreto N°005/SU/2019 y lo dispuesto en los artículos 26°, 27° y 28° del Decreto N°21/SU/2025 y que no se ha privado derecho alguno invocado ni se han impuestos condiciones, tributos o requisitos que impidan el libre ejercicio de los derechos de la estudiante, garantizándose la continuidad de sus estudios y del internado en cuestión, con la variante de poder cursarlo en un lugar distinto.

Por lo expuesto pide el rechazo del recurso, con costas.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido. Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar, que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en la Constitución y que puedan establecerse sumariamente.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) la existencia de la acción u omisión reprochada; b) que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) que de la misma se siga un atentado directo e inmediato a garantías constitucionales protegibles por esta vía; y d) que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida.

TERCERO: Que a través del presente recurso se reclama respecto de lo que la recurrente señaló como una suspensión indefinida del internado profesional de la carrera de enfermería cursada en la Universidad de Magallanes, acto que se estima ilegal y arbitrario y que vulnera las garantías establecidas en el artículo 19 N°2, 3, 10 y 26 de la Constitución Política, solicitando la recurrente que se deje sin efecto la suspensión y se ordene su inmediata reincorporación al internado profesional.

CUARTO: Que la recurrida solicitó el rechazo del recurso, conforme a los antecedentes reseñados en la parte expositiva.

QUINTO: Que, previo al examen de fondo, resulta necesario precisar que el acto impugnado corresponde a la comunicación de fecha 30 de abril de 2026 emanada de la Dra.

nombre reservado, Jefe de Carrera del Departamento de Enfermería de la Universidad de Magallanes, mediante la cual se comunicó la suspensión momentánea del desarrollo del internado profesional de la estudiante en el Centro de Responsabilidad Quirúrgica del Hospital Clínico de Magallanes.

SEXTO: Que, conforme a los antecedentes tenidos a la vista, consta que mediante Resolución Fiscal N°NUM001, de 07 de mayo de 2026, se dispusieron respecto de la estudiante nombre reservado, las siguientes medidas cautelares, conforme a las letras d) y g) del artículo 27° del Decreto N°21/SU/2025: a)

Suspensión temporal del Internado Profesional de la estudiante en el Centro de Responsabilidad Anestesia y Pabellón Quirúrgico del Hospital Clínico de Magallanes, mientras se sustancia el presente procedimiento disciplinario, sin perjuicio de las medidas académicas que la unidad respectiva adopte para resguardar la continuidad formativa de la estudiante; y b) Prohibición de efectuar publicaciones, comentarios o difusión en redes sociales, plataformas digitales o medios electrónicos respecto de actividades clínicas, pacientes, funcionarios, dependencias hospitalarias o cualquier aspecto vinculado a los campos clínicos asociados a la Universidad de Magallanes, mientras se mantenga vigente la presente medida cautelar.

Que dicha resolución tuvo su fundamento en los siguientes antecedentes: 1° Que los hechos investigados dicen relación con publicaciones efectuadas en redes sociales durante el desarrollo de actividades clínicas vinculadas al internado profesional de la estudiante en dependencias del Hospital Clínico de Magallanes; 2° Que los antecedentes preliminares permiten advertir una eventual exposición de información asociada al contexto asistencial y clínico, involucrando referencias relativas a pacientes y dependencias hospitalarias, cuestión que reviste especial sensibilidad atendida la naturaleza del campo clínico y el deber de confidencialidad exigible a estudiantes del área de la salud; 3° Que conforme al artículo 26° del Decreto N°21/SU/2025, las medidas cautelares tienen por objeto resguardar la integridad de las personas, prevenir la reiteración de conductas eventualmente infractoras y asegurar el adecuado desarrollo del procedimiento disciplinario; y 4° Que, atendida la naturaleza de los hechos investigados, existe un riesgo plausible de reiteración de conductas similares en el mismo espacio clínico donde habrían ocurrido los hechos denunciados, especialmente considerando el acceso a pacientes, dependencias asistenciales e información clínica sensible.

Que, asimismo, consta que mediante Resolución Exenta N°NUM000, de 07 de mayo de 2026, se instruyó procedimiento disciplinario a objeto de investigar, esclarecer y determinar las eventuales responsabilidades disciplinarias derivadas de los hechos denunciados en el Oficio Reservado N°NUM002 del Departamento de Enfermería de la Universidad de Magallanes, designándose como fiscal instructora a la abogada doña Verónica Garrido Ortega.

SÉPTIMO: Que, de lo expuesto, es posible concluir que la presente acción cautelar escapa al ámbito de competencia de este recurso, toda vez que para acoger la presente acción debe constatarse el carácter preexistente e indiscutido de un derecho afectado, condición que no se verifica en la especie, desde que la situación de la recurrente se encuentra actualmente regulada por resoluciones dictadas en el marco de un procedimiento disciplinario formalmente instruido por la institución recurrida, en uso de sus atribuciones reglamentarias.

OCTAVO: Que, por su parte, consta en autos, según lo informado por correo electrónico de 8 de mayo de 2026, suscrito por doña nombre reservado, docente de la carrera, y ratificado en estrados, que se confirma la continuidad del internado clínico de la estudiante, señalándose expresamente que debía presentarse en el CESFAM Carlos Ibáñez el 1 de junio de 2026 a las 8:30 horas, lo que acredita que el proceso formativo de la recurrente no ha sido interrumpido.

NOVENO: Que de lo expuesto aparece, por un lado, que en la actualidad no es posible sostener la efectividad de los hechos indicados en el recurso, ya que no existe una suspensión indefinida respecto del internado clínico de la recurrente, pues la autoridad universitaria ya dispuso su reanudación en un nuevo centro de salud y que, de otro lado, la recurrente, al encontrarse inserta en un procedimiento disciplinario reglado dentro del cual se adoptaron las medidas cautelares, carece de un derecho indiscutido y preexistente de aquellos cuyo imperio esta Corte deba proteger por esta urgente vía cautelar, razón suficiente para concluir que la presente acción ha de ser rechazada.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en representación de nombre reservado en contra de la Universidad de Magallanes.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Redacción del Ministro Suplente Sr. Claudio Jara Inostroza.

ROL N°211-2026 PROTECCIÓN.