nombre reservado con ILTE. MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS

nombre reservado, nueve de julio de dos mil diecinueve.

VISTOS:

nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE nombre reservado, representada por su Alcalde Sr. Claudio Radonich Jiménez, domiciliados en domicilio reservado.

Fundamenta su recurso indicando que trabaja para la recurrida, específicamente en el Cementerio nombre reservado, desde el 02 de enero de 2009, y que desde el año 2014, asiste a controles de salud mental, siendo diagnosticado con trastorno adaptativo y trastorno de personalidad dependiente, condiciones por las cuales se le entregaron licencias médicas con reposo absoluto entre el 11 de julio de 2016 y el 20 de septiembre de 2018, siendo todas ellas rechazadas.

A consecuencia de lo anterior, se determinó el reintegro de los valores cancelados a través de retención en sus remuneraciones, solicitando a Contraloría General de la República el poder acogerse a la condonación de la suma adeudada, recibiendo una liberación del 20% del monto total a pagar, quedándole un saldo de $14.559.958, para lo cual se le entregaron 60 parcialidades de 5,0539 UTM cada una.

Señala que por lo anterior, sus liquidaciones de sueldo del mes de diciembre de 2018 y enero de 2019, no se vieron afectadas más allá de los descuentos legales y de aquellos convenidos voluntariamente, pero en el mes de febrero, su liquidación arrojó un saldo a pagar de $0.- por lo que la recurrida, al estar descontando más allá del 50% de sus remuneraciones, ha incurrido en un acto ilegal, siendo contrario al artículo 67 de la Ley 10.336, y contraria, asimismo a diversos dictámenes de la Contraloría, vulnerándose, en consecuencia, sus derechos fundamentales contemplados en el artículo 19 de la Constitución Política, en sus números 1, 2, 16 y 24.

Solicita, en definitiva, que se restablezca el imperio del derecho y se adopten las medidas que sean necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho, entre ellas, se ordene el pago de la diferencia de lo actualmente retenido por concepto de descuentos, calcular todos los descuentos que se deben efectuar por concepto de préstamos, retenciones o reintegros, se parcialicen en mayor número y se cumpla con el límite del artículo 58 inciso 4° del Código del Trabajo, y que se ordene a la recurrida que en mes de marzo y siguientes, se abstenga de efectuar los descuentos reclamados, con costas.

Evacuando informe don nombre reservado, en representación de la recurrida, solicita el rechazo del presente recurso, con costas.

Manifiesta que el Municipio no ha incurrido en conducta alguna que pueda ser considerada ilegal y/o arbitraria que atente contra las garantías constitucionales del recurrente, y ha ajustado los descuentos realizados en la remuneración correspondiente al mes de febrero de 2019 del Sr. nombre reservado, a la normativa legal vigente.

Indica que a pesar de haberse condonado parte de la deuda, por la Contraloría, dicho organismo estableció expresamente la parcialidad con que deberá pagarse el saldo adeudado, esto es, en 60 cuotas equivalentes a 5,0539 UTM, cada una. Así, a modo de referencia la cuota correspondiente al mes de febrero de 2019 ascendía, con intereses, a la a suma de $421.316.-, y efectivamente se descontó del sueldo del trabajador, por este concepto, la suma de $44.992.- Agrega que el Municipio ha actuado de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente, ya que no existe un límite para efectuar los cálculos de los descuentos que se deben efectuar a las remuneraciones por concepto de rechazo de licencias médicas, y ha cumplido con el deber de reintegro a que lo obliga la ley.

Al respecto importa señalar que tanto la Jurisprudencia de la Contraloría General de la República como de la Inspección del Trabajo, concluyen en lo señalado precedentemente, refiriendo los diversos dictámenes y resoluciones al respecto, no vislumbrando la arbitrariedad o ilegalidad con la que ha actuado.

Analiza la remuneración del recurrente correspondiente al mes de febrero de 2019, concluyendo que, de la remuneración que le correspondía percibir, el Municipio procedió a efectuar los distintos descuentos que debía realizar de acuerdo a lo que establece la ley, además de los voluntarios instruidos se efectúen por el propio trabajador, lo que en el caso del actor arrojó en el mes de febrero un saldo a pagar $0, fundado principalmente en el descuento que debe practicársele mes a mes por reintegro de licencias médicas rechazadas.

En consecuencia, el actuar del Municipio no ha vulnerado las garantías constitucionales denunciadas, agregando finalmente que, además de la gran deuda que mantiene el trabajador con el Municipio por concepto de rechazo de licencias médicas que debe reintegrar de conformidad lo ha establecido el Contralor Regional, el trabajador continúa presentando licencias médicas y éstas siguen siendo rechazadas por el Compin, sin que se realice la respectiva apelación al rechazo, por lo que como empleador la Municipalidad debe seguir efectuando nuevos descuentos, solicitando, en definitiva, que se desestime el recurso.

Se trajeron los autos en relación.

Se decreta como medida para mejor resolver llamar a las partes a conciliación suspendiéndose el estado de acuerdo, la que no se produce, volviendo la causa al estado de acuerdo el 27 de junio pasado.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

SEGUNDO: Que el hecho sustancial que motiva el presente recurso, consiste en resolver si la Ilustre Municipalidad de nombre reservado ha vulnerado las garantías constitucionales a que hace mención la parte reclamante al descontarle las sumas pagadas por concepto de licencias médicas rechazadas, lo que sumado a otros descuentos, arroja un líquido a pagar de $0.

TERCERO: Que para resolver la cuestión sometida a conocimiento y fallo de este Tribunal, se deben tener presente las resoluciones que se indican a continuación.

CUARTO: Que, al efecto, la Dirección del Trabajo ha señalado por medio de Ordinario N°430, emitido el 23 de enero de 2018, señaló que en el caso que la licencia médica no haya sido autorizada o haya sido rechazada por el organismo competente, no corresponde el pago de remuneración por los días que ella señala, y, en el evento que ya se hubiere pagado, corresponderá el reembolso o reintegro por parte del trabajador afectado, debiendo efectuarse el descuento o el reintegro, según sea el caso, una vez que se encuentre a firme la resolución de rechazo o reducción de la licencia médica emitida por la autoridad competente. En el caso que la licencia médica no haya sido autorizada o haya sido rechazada por el organismo competente, no corresponde el pago de remuneración por los días que ella señala, y, en el evento que ya se hubiere pagado, corresponderá el reembolso o reintegro por parte del trabajador afectado, debiendo efectuarse el descuento o el reintegro, según sea el caso, una vez que se encuentre a firme la resolución de rechazo o reducción de la licencia médica emitida por la autoridad competente.

QUINTO: Que, por su parte, sobre esta materia la Contraloría General de la República, mediante dictamen N°4484/61, del 10 de noviembre de 2009, consigna que “si la licencia médica no llegara a estar vigente, por no haber sido autorizada o por haber sido rechazada por el organismo competente, no correspondería el pago de la remuneración, si es el caso, por los días que ella señala, y si ya se hubiere pagado la remuneración, procedería el reembolso o reintegro por parte del trabajador afectado”.

La doctrina antes expuesta aplica el artículo 7° del Código del Trabajo, que define el contrato de trabajo como una convención por la cual el trabajador se obliga a prestar servicios y el empleador a pagar remuneración por estos servicios, razón por la cual, dada la naturaleza bilateral del contrato de trabajo, en el que ambas partes se obligan recíprocamente, si el dependiente no presta sus servicios el empleador no está obligado a pagarlos.

De esta manera, la doctrina contenida en el dictamen de la Contraloría General de la República que cita en su presentación, no resulta contradictoria con la doctrina que sobre esta materia mantiene la Dirección.

En consecuencia, en mérito de las consideraciones antes expuestas, doctrina administrativa y disposiciones legales citadas, informa que en el caso que la licencia médica no haya sido autorizada o haya sido rechazada por el organismo competente, no corresponde el pago de remuneración por los días que ella señala, y si ya se hubiere pagado la remuneración, procedería el reembolso o reintegro por parte del trabajador afectado, debiendo efectuarse el descuento o el reintegro, según sea el caso, una vez que se encuentre a firme la resolución de rechazo o reducción de la licencia médica emitida por la autoridad competente.

SEXTO: Que este mismo criterio fluye del órgano fiscalizador en su dictamen N° 4007 de fecha 31 de julio de 2018, que al efecto, respecto de la licencia médica que no haya sido autorizada o que haya sido rechazada por el organismo competente, no corresponde el pago de remuneración por los días que ella señala, y, en el evento que ya se hubiere pagado, corresponderá el reembolso por parte del trabajador afectado, debiendo efectuarse el descuento o el reintegro, según sea el caso, una vez que se encuentre a firme la resolución de rechazo o reducción de la licencia médica emitida por la autoridad competente, debiendo el empleador tomar todos los resguardos necesarios para su devolución. En estos casos, el descuento de las remuneraciones es obligatorio, debiendo cumplirse íntegramente, sin tope y sin la posibilidad de acordar entre las partes una forma distinta de restitución de las remuneraciones.

SÉPTIMO: Que de los informes de la Contraloría General de la República queda claro que en los casos en que procedan los descuentos por pago de licencias médicas rechazadas el reintegro del trabajador deberá ser íntegro, circunstancia que valida la actuación de la recurrida Ilustre Municipalidad de nombre reservado, la que al proceder cumplió cabalmente las instrucciones del órgano fiscalizador de esta Región emanado de su dictamen de fecha 03 de diciembre de 2018.

OCTAVO: Que, por lo dicho, estos sentenciadores no observan transgresión de las garantías constitucionales por parte de la Ilustre Municipalidad de nombre reservado, en contra de la parte recurrente respecto de los números 1, 2, 16 y 24 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental.

NOVENO: Que, por lo expuesto debe ser rechazado el recurso deducido por don nombre reservado, deducido en contra de Ilustre Municipalidad de Magallanes.

Con lo expuesto, disposiciones legales citadas y teniendo presente lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo de esta clase de recursos, de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, se declara:

QUE SE RECHAZA el recurso de protección presentado por por don nombre reservado, en contra de Ilustre Municipalidad de Magallanes, sin costas.

Redacción el Ministro Sr. Stenger.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección N° 211-2019.