Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

nombre reservado, nueve de junio de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece ante esta Corte de Apelaciones, don nombre reservado, C.I. de extranjeros N°NUM000, colombiano, con domicilio en domicilio reservado, quien deduce acción de protección, en su favor y, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, representado por su Director Nacional, don Frank Carlos Sauerbaum Muñoz, cédula nacional de identidad N°NUM001, ambos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado (RM); y en contra del Ministerio del Interior, representado por el Sr. Ministro del Interior, don Claudio Alvarado Andrade, cédula nacional de identidad N°NUM002, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado (RM); por haber incurrido en una omisión ilegal y arbitraria que amenaza el derecho fundamental a la igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Indica que con fecha 16 de julio de 2021, ingresó una solicitud de Carta de Nacionalización ante el Departamento de Extranjería e Inmigración, la cual fue admitida a tramitación.

Afirma que, desde esa fecha, la recurrida no ha dictado resolución alguna que ponga término al procedimiento administrativo, a pesar de que el recurrente ha cumplido con todos los requisitos exigidos por la normativa vigente.

Sostiene que desde que la solicitud se encuentra en estado de ser resuelta, han transcurrido mucho más que el plazo de 20 días contemplado en el artículo 24 de la Ley N° 19.880. Añade que, además, desde que se inició el procedimiento, ha transcurrido largamente el plazo residual de 6 meses consagrado en el artículo 27 de esa misma ley, sin que concurra caso fortuito o fuerza mayor.

Destaca que la recurrida no ha cumplido con los principios conclusivo, de celeridad, economía procedimental e inexcusabilidad, al dilatar improcedentemente la resolución de la solicitud.

Refiere que el artículo 19 N°2 de la Constitución, que estima conculcado o amenazado por la recurrida, consagra la igualdad ante la ley, señalando que la normativa jurídica debe ser igual para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias.

Afirma que la recurrida, por medio de la omisión ilegal y arbitraria anotada, ha puesto a la parte recurrente en una situación de desventaja o desigualdad jurídica grave en comparación con el resto de los administrados que no ven dilatados sus procedimientos de igual forma, lo que constituye una infracción manifiesta, o al menos una amenaza de conculcar, al principio conclusivo, de celeridad y al contenido de la garantía constitucional de igualdad ante la ley.

Ilustra su argumentación citando jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, Rol N°86.887-2021, en la que se declaró el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, por haber desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, al dilatar la decisión respecto de una solicitud de permanencia definitiva, excediendo el plazo del artículo 27 de la Ley N°19.880.

Agrega que el plazo contenido en dicho artículo es fatal, lo que ha sido reiterada y uniformemente resuelto por la Excma.

Corte Suprema, Rol N°1024-2022.

Destaca que el hecho de haber recurrido a los tribunales para hacer valer sus derechos no constituye ninguna ventaja ni privilegio, sino que se trata de un derecho humano y un derecho consagrado en Chile también, citando el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Solicita concretamente que se acoja el recurso, se declare que la recurrida ha incurrido en una omisión ilegal y arbitraria al no concluir la solicitud de Carta de Nacionalización, y que se le ordene dictar, a la brevedad posible, la resolución que ponga término al procedimiento administrativo iniciado.

El recurrente acompaña los siguientes documentos: copia de su Cédula de identidad, copia de su Pasaporte, Certificado de la solicitud de la nacionalidad y Etapa de Pago de Derechos.

Informa el Ministerio del Interior y de la Subsecretaría del Interior, a través del abogado Pedro Vidal Matus, señalando que el otorgamiento de cartas de nacionalización a personas extranjeras se efectúa por decreto expedido con la sola firma de la autoridad superior de ese Ministerio, a través del ejercicio de una facultad expresamente contemplada en la ley.

Cita lo dispuesto en los artículos 84 de la Ley N°21.325, 1° y 2° del Decreto Supremo N°5.142 de 1960 del Ministerio del Interior, y el artículo 1, apartado IV, N°4, de la Ley N°16.436, en virtud de los cuales se otorga al Ministerio del Interior la facultad de conceder cartas de nacionalización, deponiéndola en términos potenciales.

Agrega que cita además el artículo 157 N°8 de la Ley N°21.325, el cual dispone que corresponde al Servicio Nacional de Migraciones tramitar las solicitudes para su posterior resolución por parte del Ministerio.

Informa que los antecedentes de la solicitud de otorgamiento de carta de nacionalización de la parte recurrente ya han sido recibidos por ese organismo, de parte del Servicio Nacional de Migraciones, con fecha 28 de enero de 2026, encontrándose actualmente el acto administrativo que la resuelve en tramitación, previo a la firma de la autoridad.

Indica que, una vez concluida la tramitación de dicho acto, aquel será debidamente notificado a la parte recurrente.

Sostiene que la acción de protección de autos no solo debe ser rechazada totalmente, sino que, además, procede la expresa condena en costas para la parte recurrente, por cuanto no existen motivos plausibles para litigar.

Afirma que las solicitudes de otorgamiento de carta de nacionalización son sometidas a un exhaustivo análisis, lo cual, en ocasiones, significa una tramitación más extensa que la esperada, encontrándose dicho análisis plenamente justificado dada la importancia jurídica y práctica que implica otorgar una carta de nacionalización a una persona extranjera.

Destaca que, entre enero y diciembre de 2025, se presentaron un total de 39.482 solicitudes de otorgamiento de cartas de nacionalización, lo cual constituye un promedio de 3.290 solicitudes mensuales, y que entre los años 2022 y 2025 se ingresaron un total de 163.629 solicitudes, lo que constituye un aumento de más de un 650%.

Refiere que, de acuerdo con la reiterada jurisprudencia tanto de la Excma. Corte Suprema como de la Contraloría General de la República, el plazo máximo de 6 meses que establece el artículo 27 de la Ley N°19.880 para todo procedimiento administrativo no constituye un plazo fatal, citando al efecto sentencias de la Excma. Corte Suprema en roles N°61.607-2024, 1.659-2025, 14.527-2025, 28.686-2025, 34.189-2025 y 43.358-2025, entre otras.

Sostiene que la sola demora en la tramitación de las solicitudes no permite apreciar vulneración alguna en los derechos que la Constitución Política garantiza a las personas, ni aún en grado de amenaza, conforme lo ha razonado la Excma. Corte Suprema en roles N°43.358-2025 y N°27.752- 2025.

Afirma que el solo hecho de solicitar el otorgamiento de carta de nacionalización significa que la persona extranjera se encuentra en situación migratoria regular, sin órdenes de abandono o expulsiones pendientes, y con permanencia definitiva vigente, por lo que puede ejercer sus derechos sin limitación alguna, razonamiento confirmado por la Excma.

Corte Suprema en roles N°14.308-2025, 34.843-2025, 35.997- 2025, 40.302-2025 y 43.055-2025, entre otras.

Concluye señalando que acoger acciones de protección como la de la especie implica una afectación a la garantía de igualdad ante la ley, al poner en una situación favorable a la parte recurrente sin que exista una razón aparente que lo justifique, en desmedro de personas extranjeras que efectúan sus solicitudes por la vía regular, sin activar mecanismos judiciales, confirmado por la Excma. Corte Suprema en roles N°60.610-2024 y N°16.445-2025.

Finalmente solicita tener por evacuado el informe requerido, rechazar la acción de protección de autos por las razones expuestas y condenar en costas a la parte recurrente, por no existir motivos plausibles para litigar.

Informando, Danna Elizabeth Garbarino Correa, abogada, del Servicio Nacional de Migraciones, domiciliada en domicilio reservado, nombre reservado, opone en lo principal, excepción de cosa juzgada al recurso presentado por el recurrente, solicitando que sea acogida en conformidad a los antecedentes y fundamentos de hecho y de derecho que expone.

Refiere que con fecha 05 de marzo de 2025, el extranjero de nacionalidad colombiana nombre reservado presentó recurso de protección ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la omisión ilegal y arbitraria de no dictar el acto administrativo terminal pertinente respecto de la solicitud de carta de nacionalización realizada con fecha 25 de abril de 2023.

Indica que con fecha 03 de julio de 2025, la Iltma.

Corte de Apelaciones de Santiago dictó sentencia rechazando dicho recurso, y que con fecha 09 de julio de 2025 el recurrente dedujo recurso de apelación.

Informa que con fecha 22 de octubre de 2025, la Excma.

Corte Suprema, Rol N°34.433, revocó la sentencia apelada, acogiendo la acción de protección del extranjero.

Posteriormente el extranjero interpuso nuevo recurso de protección, ante esta Iltma. Corte de Apelaciones de nombre reservado, que es el que nos ocupa, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la misma omisión ilegal y arbitraria, solicitando se pronuncie y concluya inmediatamente la solicitud de carta de nacionalización, siendo este el mismo remedio solicitado en el recurso de protección Rol N°4088-2025 de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

Cita lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, y sostiene que se cumplen en autos los presupuestos de la excepción de cosa juzgada, al existir identidad legal de personas, identidad de la cosa pedida e identidad de la causa de pedir. Apoya su argumentación aludiendo a jurisprudencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N°1.215-2022, en la que se razonó en igual sentido respecto de la procedencia de esta excepción.

Señala que en la actuación del recurrente se manifiesta un claro abuso del derecho, entendiéndose por tal un derecho que se ejerce abusivamente, ya que es el sistema judicial el que exige que los derechos sean ejercidos de buena fe y que no excedan los límites del objeto en vista del cual ese derecho le ha sido conferido, por lo que el actuar del recurrente constituye evidentemente una actuación dolosa y culpable, provocando perjuicios tanto para la administración de justicia como para la administración del Estado.

Solicita acoger la excepción de cosa juzgada, rechazando el recurso de protección en todas sus partes, con expresa condena en costas.

Luego entrando al fondo y, en subsidio, de no ser acogida la excepción de cosa juzgada, solicita el rechazo de la acción constitucional presentada, informando que nombre reservado, nacional de Colombia, ingresó por primera vez al país con fecha 14 de mayo de 2017, y que mediante Resolución Exenta N°NUM003 del 09 de abril de 2019 se le otorgó el beneficio de la permanencia definitiva, permiso que se encuentra actualmente vigente, encontrándose su situación migratoria totalmente regular.

Señala que con fecha 25 de abril de 2023, el recurrente solicitó la carta de nacionalización mediante la solicitud ID N°NUM004, y que con fecha 13 de enero de 2026, este Servicio remitió al Sr. nombre reservado el Oficio Ordinario N°NUM005, acompañando el expediente íntegro, la calificación del Servicio y el proyecto de decreto respectivo, encontrándose la solicitud actualmente en etapa de Ratifica Autoridad.

Afirma que la carta de nacionalización es, por su naturaleza jurídica, una concesión constitucional que otorga el Estado de Chile por una gracia, cita lo dispuesto en el artículo 10 de la Constitución Política de la República, y agrega que la labor del Servicio Nacional de Migraciones termina con la remisión de los antecedentes al Gabinete de la Subsecretaría del Interior, para que el Presidente de la República resuelva su concesión o rechazo.

Sostiene que el Servicio Nacional de Migraciones carece de legitimación pasiva, por cuanto no es la autoridad facultada por la ley para emitir un pronunciamiento final sobre la solicitud, y que la situación de pendencia de dicha solicitud no conlleva perjuicio alguno al estatus migratorio del recurrente ni al ejercicio de sus derechos, tratándose sus alegaciones de meras expectativas y no de derechos que han ingresado a su patrimonio.

Termina solicitando en subsidio, el rechazo de la presente acción constitucional de protección en todas sus partes respecto del extranjero recurrente por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de esta autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos enumerados por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, así como el rechazo a la condena en costas a este Servicio.

Acompaña, Oficio Ordinario N°NUM005, de fecha 13 de enero de 2026, del Servicio Nacional de Migraciones; además de E-book causa Rol N°4088-2026 de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20º de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso de protección, se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, vale decir, que se encuentre en posición y condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, uno de los recurridos ha interpuesto excepción de cosa juzgada, por cuanto, entre la acción intentada por el recurrente don nombre reservado en estos autos, existe identidad de partes, objeto y causa de pedir con aquella acción de protección intentada, ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, en los autos de protección Rol Nº4088-2025; ambas acciones, tanto aquélla que se encuentra fallada como esta nueva acción, son idénticas tanto en causa de pedir como objeto, esto es, tienen como finalidad establecer que por la omisión ilegal y arbitraria de no dictar el acto administrativo terminal pertinente respecto de la solicitud de carta de nacionalización realizada con fecha 25 de abril de 2023, por parte del recurrente se vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 Nº2 de la Carta Fundamental; ambas persiguen la tutela del mismo derecho fundamental; solicitan el mismo remedio para poner fin al supuesto acto ilegal y arbitrario cometido por la autoridad migratoria; y, ambas se han dirigido en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

CUARTO: Que, como es sabido, la excepción de cosa juzgada es el efecto que producen determinadas resoluciones judiciales en virtud de la cual, no puede volver a discutirse ni pretenderse la dictación de un nuevo fallo entre las mismas partes y sobre la misma materia que fue objeto del fallo anterior. Y el objetivo es poner término definitivo a los conflictos, conferir certeza de los derechos y evitar sentencias contradictorias.

QUINTO: Que, conforme al artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, la excepción de cosa juzgada requiere que entre los procesos concurra la denominada triple identidad, esto es, identidad de partes, de cosa pedida y de causa de pedir; esta última expresamente definida por la ley como “el fundamento inmediato del derecho deducido en juicio.”

La concurrencia de estos requisitos es pedida sobre la base indispensable, de que exista un pronunciamiento substantivo sobre un conflicto; es decir, esa llamada “triple identidad”, es confrontada a partir de una solución emitida por un tribunal, y es esa decisión sobre la cual no es posible volver; así, no es posible intentar un nuevo debate porque el pronunciamiento ya ha sido emitido. En este sentido, ha sido resuelto que, es menester que la sentencia decida en lo fundamental la controversia planteada, “Siendo insuficiente el término del proceso por falta de presupuestos procesales o por impedimentos de carácter adjetivo, por lo que se requiere se trate de una sentencia definitiva o de una interlocutoria que otorgue derechos permanentes para las partes” (Corte Suprema, sentencia en causa rol N°23.945-2014, de 19 de agosto de 2015).

SEXTO: Que, del examen de la acción de Protección Rol N°4088-2025 de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, tenida a la vista, se advierte que: 1.- Uno de los recurrentes corresponde a nombre reservado, C.I. de extranjeros N°NUM000, colombiano y, los recurridos, Servicio Nacional de Migraciones y Ministerio del Interior. 2.- El objeto pedido es, dictar el acto administrativo terminal pertinente respecto de la solicitud de Carta de Nacionalización realizada con fecha 25 de abril de 2023. 3.- La causa de pedir se fundamenta en el supuesto acto ilegal y arbitrario de los recurridos, al haber demorado el pronunciamiento respecto de su solicitud de Carta de Nacionalización presentada el 25 de abril de 2023, que vulnera su garantía fundamental de igualdad ante la ley (art. 19 Nº2 de la Constitución Política de la República). 4.- En fallo de 22 de octubre de 2025 de la Excma. Corte Suprema, Rol Nº34.433-2025, se resuelve apelación del Recurso de Protección presentada por el mismo recurrente, lo siguiente: “se revoca la sentencia apelada y, en su lugar, se acoge el recurso de protección interpuesto, sólo en cuanto se dispone que la recurrida deberá emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda respecto de la solicitud de nacionalización presentada ante ella por la parte recurrente dentro del plazo de sesenta días corridos contados desde la notificación de esta sentencia”. 5.- A folio 27 del Rol N°4088-2025, figura resolución de 27 de abril de 2026, en que se tiene presente informe de cumplimiento parcial, resolviendo “Al folio N°26: téngase presente lo informado por el Ministerio del Interior, en cuanto al cumplimiento parcial de la sentencia de autos. Sin perjuicio de lo anterior, infórmese a esta Corte, una vez cumplido el fallo en su totalidad”.

SÉPTIMO: Que, en consecuencia, y, acorde con lo reseñado, sólo cabe concluir que, la causa de protección Rol N°4088-2025 de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, y la presente causa de protección, cumplen con los requisitos de triple identidad, por cuanto se dan los presupuestos de excepción de cosa juzgada, la que deberá ser acogida, toda vez, que se trata de un asunto que ya ha sido decidido en sede jurisdiccional, máxime si está en etapa de cumplimiento, como se reseñó en el considerando anterior.

OCTAVO: Que, conforme a lo señalado en el motivo precedente, no se emitirá pronunciamiento en cuanto al fondo del recurso de protección deducido, por ser innecesario.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20º de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, se acoge la excepción de cosa juzgada y en consecuencia, SE RECHAZA, sin costas, el Recurso de Protección interpuesto por el recurrente, don nombre reservado, en contra del Ministerio del Interior y del Servicio Nacional de migraciones, ya individualizados.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la abogada integrante, doña M. Lorena Pereira Saavedra.

ROL N°207-2026. PROTECCIÓN.