nombre reservado con POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE (PDI)

Punta Arenas, dieciocho de julio de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Comparece ante esta Corte don Sebastián Alejandro Oyarzun Martínez, abogado, en representación de don nombre reservado, pensionado, casado, Run RUT reservado, domiciliado domicilio reservado; quien interpone recurso de protección en contra de la Sección de Remuneraciones de la Policía de Investigaciones de Chile (en adelante PDI), Rut RUT reservado, que se encuentra bajo jerarquía administrativa del Prefecto Inspector don nombre reservado, Rut : RUT reservado, Jefe de la Jefatura Nacional de Administración y nombre reservado (en adelante JENAPERS) o por quien en derecho lo represente o subrogue, domiciliado en domicilio reservado, en atención a que la recurrida ha privado y/o perturbado, en forma ilegal y arbitraria los derechos del recurrente, garantizados en el artículo 19 N°24 y 2 de la Constitución Política de la República, solicitando en definitiva que se acoja el recurso de protección y se regularice el pago por los montos de dinero no pagados por concepto de “Asignación de Zona” determinado por Ley, por el periodo que ha fijado la jurisprudencia en los asuntos de esta naturaleza, esto es, desde el ingreso a la institución hasta el 01.Nov.2021, todo conforme a los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que se exponen: 1.- El recurrente, don nombre reservado es un Prefecto en retiro de la Policía de Investigaciones Policiales de Chile, quien ingresó a ella el 02.Ene.1991 y cumplió funciones hasta el 01.Nov.2021 en diversas ciudades del país, entre ellas Concepción, Chiguayante, Valdivia y Punta Arenas, en las cuales ha adquirido y gozado del derecho a percibir “asignación de zona”. 2.- Dentro de los estipendios sobre el cual el recurrente posee un “derecho a percibir”, se encuentra el denominado “asignación de especialidad al grado efectivo”, código H0050, el cual es imponible y conforme a la Ley constituye remuneración, lo que se exhibe mediante las liquidaciones de renta que se adjuntan. 3.- Aquella “asignación de especialidad al grado efectivo”, junto a otras, como el Total Imponible y Asignación Casa, conforme a la Ley, constituyen la base de cálculo de la denominada “gratificación de zona” (código H0016), la cual se encuentra sujeta a un incremento respecto de aquellos funcionarios que se desempeñan en regiones y que tienen derecho a la asignación de zona. En la especie, respecto a las ciudades donde don nombre reservado ha cumplido funciones: Concepción de un 20%, Chiguayante de un 20%, Valdivia de un 15% y Punta Arenas de un 70%. Todo conforme a la normativa que regla aquel aspecto, tales son: a) El Decreto Supremo N°412, de 1991, del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Carabineros, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N°2, de 1968, del Ministerio del Interior; b) Estatuto del Personal de Carabineros de Chile; c) La Ley Nº20.344 que modifica el D.F.L. (I) Nº2, de 1968 y establece normas de ajuste remuneracional para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, el D.F.L. Nº1 de 1980, del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Investigaciones; d) Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, el D.F.L. N°1, de 1998, del Ministerio de Defensa Nacional; e) y el D.S. N°135, de 2009, del Ministerio de Defensa Nacional, que aprobó el Reglamento de asignaciones, sobresueldos, gratificaciones especiales y otros derechos económicos del personal de la Policía de Investigaciones de Chile. 4.- Conforme a lo antes señalado, el señor nombre reservado ha prestado servicios a la institución en la ciudad de Concepción entre Enero de 1994 a febrero de 2010, Valdivia entre enero de 2012 a febrero de 2013 y de Marzo de 2014 a diciembre de 2017, Punta Arenas de Enero 2018 a diciembre 2019 y Chiguayante de Enero 2020 a noviembre 2021, lugares donde, como se ha expuesto, ha adquirido el derecho a percibir asignación de zona, conforme a la Ley. 5.- Es el caso que el 08.ABR.2025 su representado ha tomado conocimiento de la ilegalidad referida al serle compartido por su colega don nombre reservado el contenido de la sentencia de causa en la cual fue recurrente, rol 99-2025 (protección) de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Punta Arenas, caratulada “nombre reservado/nombre reservado”, en la cual se ventilan idénticos hechos a los que afectan a mi representado y se develaba la ilegalidad de la cual estaba siendo objeto y se describe a continuación. 6.- Así las cosas, en el mes de mayo del año 2019, mediante Radiograma N° 225 (documento interno de la PDI) de fecha 30 de mayo del año 2019 emitido por la JENAPERS (adjunto en letra b) del PRIMER OTROSI), informó que por error se encontraba pagando de forma incompleta la remuneración en un ítem que debía cancelarse de acuerdo a la asignación de zona; es decir, de manera ilegal no se incluía para el cálculo de la gratificación de zona la asignación de especialidad al grado efectivo, conforme al siguiente tenor: “Se informa a todo el personal institucional, que a partir de mayo 2019, se modifica la base de cálculo de la gratificación de zona, para los trabajadores de la policía de investigaciones de chile que cumplan funciones en aquellas unidades con derecho al pago de este estipendio económico, conforme a revisión del departamento de auditoría interna y a informe técnico jurídico. El referido pago se cursará en el proceso suplementario del presente mes, siendo abonado en las cuentas bancarias el día 31.MAY.2019.” 7.- En virtud a lo antes dicho, en aquel mes de mayo de 2019 se canceló de manera íntegra la dicha “Asignación de Zona” del respectivo mes; no obstante, en el mes de junio de 2019 el pago íntegro fue suspendido por parte de la PDI, circunstancia que se plasmó a través de Radiograma N°285 de fecha 02 de julio del año 2019 (adjunto en letra c) del primer otrosí), fundando su actuación en que el pago efectuado en el mes de mayo de 2019 sería sometido a pronunciamiento del Órgano Contralor, refiriendo lo siguiente:

“Conforme a lo anterior, las remuneraciones con asignación de zona continuarán cancelándose utilizando la base de cálculo original hasta recibida la respuesta del ente contralor, a partir de la cual se procederá conforme a derecho respecto al pago en cuestión. Por lo antes expuesto, se solicita al personal mantenerse a la espera, hasta que esta jefatura nacional reciba el referido pronunciamiento por parte de la Contraloría General de la República” 8.- En efecto, mediante DICTAMEN N° E98928/2021 emitido por la Contraloría General de la República con fecha 26 de abril del año 2021 (adjunto en letra d) del PRIMER OTROSI), dio respuesta al pronunciamiento solicitado por la PDI, señalando que la forma de pago efectuada en el mes de mayo de 2019 se había hecho de forma correcta, cuya conclusión fue la siguiente: “En dicho contexto, conviene puntualizar que la nueva asignación de especialidad al grado efectivo establecida en el artículo 46 del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1968, no contiene una regla que ordene no considerar dicho beneficio para el cálculo de la gratificación de zona, como sí lo hacía la normativa tácitamente derogada relativa al beneficio de similar denominación contenido en el citado artículo 41 del decreto ley Nº 3.551, de 1980. Finalmente, cumple con señalar que los artículos 2° de los citados decretos Nos. N° 87, de 1999 y 135, de 2019, ambos del Ministerio de Defensa Nacional, definen remuneración como cualquier contraprestación en dinero que el personal tiene derecho a percibir en razón de su empleo o función, tales como, sueldo base, asignaciones, sobresueldos, gratificaciones, bonificaciones y otros estipendios, naturaleza jurídica que posee la asignación de especialidad al grado efectivo, lo que implica que deba ser considerada en la base de cálculo de la gratificación de zona, acorde con lo establecido en el aludido artículo 46, letra d), numeral 3), del reseñado texto estatutario. En mérito de lo expuesto, cabe concluir que la asignación de especialidad al grado efectivo que actualmente recibe el personal de la Policía de Investigaciones de Chile, debe ser considerado en la base de cálculo de la gratificación de zona del personal que tenga derecho a este último beneficio.” 9.- Como puede constatarse, la solicitud efectuada por la JENAPERS, por intermedio del Radiograma N° 285, del 2 de julio del año 2019, a la Contraloría General de la República, con el objeto de que aclararse la manera en que debía conformarse la base de cálculo para el pago de la gratificación de zona, y que fue respondida por el órgano contralor, mediante el Dictamen E98928, de 26 de Abril de 2021, constituye una mera aclaración en relación a la manera en que deben efectuarse lo cálculos relativos a la gratificación de zona, lo que, a su vez, dista de ser un acto constitutivo de derechos, que implique el nacimiento de estos para las partes a contar de tal Dictamen, desde que sólo aclara y explica los derechos que ya existían a la fecha de realizarse la consulta por parte de la JENAPERS. En consecuencia, no se trata de una aplicación retroactiva de las normas sobre la materia, sino la explicitación de lo ya existente. 10.- Así las cosas, en virtud de la dictación de una sentencia por caso similar al de marras, la causa Rol N°12.008-2022 de la Excelentísima Corte Suprema, el 15.Dic.2022 la recurrida procuró pagar la remuneración reclamada a sus funcionarios, pero malinterpretó contra Ley el dictamen del ente Contralor, estimando que la data de emisión de dicho documento marcaba la fecha desde la que se generaba el derecho respectivo, al emplearse en señalado dictamen la expresión “actualmente”, cancelando solamente el período desde el 26 de abril de 2021 a diciembre de 2022, cuestión que sin embargo, por ser ilegal, arbitraria y conculcar derechos indubitados constitucionalmente protegidos, fue clarificada en el fallo de la Excelentísima Corte Suprema, Rol N°147.509-2023, que recae sobre el mismo objeto litigioso, resolviendo la ambigua interpretación contenida en el dictamen mencionado, estimando que debía pagarse desde el ingreso a la Institución, conforme se transcribe: “…se declara que se acoge el recurso de protección interpuesto, disponiéndose que la Policía de Investigaciones de Chile a través de su Sección de Remuneraciones deberá proceder al pago al actor, de la ¿Asignación de Grado Efectivo? con la gratificación de zona, partir del periodo indicado en la consideración sexta precedente, previo descuento de los montos ya pagados, y según la liquidación que dispondrá a fin de dar cumplimiento a lo ordenado.” 11.- El actuar ilegal y arbitrario de la recurrida priva a mi representado del absoluto, exclusivo y perpetuo Derecho de Propiedad que posee sobre sus remuneraciones, de la que es parcialmente despojado, poniéndolo además en posición desventajosa y diversa frente a los demás destinatarios de la Ley, a quienes ella se le aplica conforme a Derecho. II.- EL DERECHO. De los antecedentes expuestos, la recurrida han hecho consistir el acto arbitrario e ilegal en privar al recurrente, sin expresión de causa legítima, del pago íntegro de la “Gratificación de Zona”, estipendio para cuyo cálculo no se aplicó conforme a la Ley la “Asignación de especialidad al grado efectivo”, el cual tiene el carácter de remuneración y como tal ingresó a su patrimonio, vulnerando así, las garantías constitucionales reconocidas en los Nos. 2 y 24, de la Constitución Política de la República. COMPETENCIA. Esta parte comparece ante esta Corte, por cuanto el hecho denunciado como ilegal y arbitrario tuvo lugar en la ciudad de Punta Arenas, mientras se desempeñaba como funcionario de Policía de Investigaciones, independiente de su actual domicilio fuera de la región. En tal sentido invoca pronunciamientos en causas Rol (protección) N° 121-2025, caratulada “nombre reservado/nombre reservado”, Rol (protección) N° 92-2025, caratulada “nombre reservado contra nombre reservado”. 2.- ACCIÓN U OMISIÓN ILEGAL O ARBITRARIA:

Un acto arbitrario o ilegal, es aquel carente de fundamento racional, esto es, uno en que sólo el capricho del agente ha motivado su voluntad. En lo pertinente, se debe puntualizar la necesaria concurrencia de que, el actuar de la recurrida sea ilegal o arbitrario, entendiendo ambas premisas como lo contrario a derecho, antijurídico y si bien ambas son especies del género antijuridicidad, o contraria a Derecho, la acepción ilegalidad resulta de una violación de los elementos de las potestades jurídicas conferidas a un sujeto, mientras que “arbitrariedad implica la carencia de razonabilidad en el actuar u omitir”. a) En cuanto a la ilegalidad: Se estima que un acto ilegal es aquel que contraviene formalmente el texto, que en el caso en marras implica o trae como consecuencia directa la vulneración de las garantías constitucionales establecidas en el Artículo 19 de la Constitución Política de la República. Dicha ilegalidad se manifiesta en el hecho de no procederse al pago de la remuneración íntegra del recurrente conforme a Derecho, esto es en tiempo y forma, convirtiendo el actuar de los recurridos en ilegal, y por atentatorio además al principio de la buena fe que especialmente obliga a los órganos de la Administración del Estado. Expresión de ella, es el requerimiento que la recurrida efectuó en su oportunidad como supra se expuso “se solicita al personal mantenerse a la espera, hasta que esta jefatura nacional reciba el referido pronunciamiento por parte de la Contraloría General de la República”. b) En cuanto a la arbitrariedad: El actuar de la recurrida resulta arbitrario, al no procederse al pago de la remuneración íntegra de mi representado conforme a Derecho, acto de ejecución continua que se extiende hasta la actualidad, siendo la omisión carente de razonabilidad, pues se tratan de una actuación administrativa a la que se encuentra claramente obligada conforme a la ley, y en cabal conocimiento de su obligatoriedad. c) En cuanto a la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de un derecho: Privar, implica despojar, quitar, impedir; perturbar significa trastornar el orden y concierto de las cosas; amenazar conlleva la idea de un peligro grave e inminente, dentro de un futuro cercano, de los derechos constitucionales del ejercitante. En el caso de marras, mediante la omisión administrativa ilegal y arbitraria se ha vulnerado el derecho fundamental a la igualdad ante la ley y el de la protección del derecho de propiedad, al impedir y perturbar hacer pago a mi representado de su remuneración de manera íntegra, hasta el día de hoy al ser un acto de ejecución continua. 3.- EL ACTO IMPUGNADO. El acto que por este medio se impugna es la omisión de pago en tiempo y forma de la remuneración íntegra de mi representado, desde el día de su ingreso a la institución hasta la fecha de la presentación de marras, a consecuencia de no incorporar la “Asignación de especialidad al grado efectivo” en la base de cálculo de la “gratificación de zona”, como lo mandata la Ley.

En suma, se acciona por la omisión de pago de las prestaciones que conformaría su remuneración, lo que se mantiene insoluto a la fecha, por lo que atendida la naturaleza de lo discutido, la omisión alegada produce sus efectos hasta la fecha de interposición de la acción, siendo tal plenamente procedente. 4.- DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS. A.- ARTÍCULO 19 N° 2 DE LA CONSTITUCIÓN: LA IGUALDAD ANTE LA LEY. El señalado artículo puntualiza en su inciso segundo que: “En Chile no hay persona ni grupo privilegiado (…) Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”. Pues bien, el actuar de los recurridos carece de fundamentos y motivaciones, y vulnera el artículo 19 N° 2 inciso segundo de la Constitución, en tanto dicha norma prohíbe a las autoridades del Estado practicar actos arbitrarios o carentes de razonabilidad y a su turno en contravención a lo mandatado por la Ley, la cual ha de ser de aplicación general a sus destinatarios, lo que en el caso de marras podemos constatar que no ha ocurrido, pues, se le priva de recibir sus remuneraciones de forma íntegra conforme a la Ley, poniendo a mi representado en posición desventajosa y diversa frente al restante de los destinatarios, a quien la Ley se le aplica conforme a Derecho, afectándosele día a día hasta esta fecha, pues como se ha indicado, la privación de la suma de dinero que comprende su remuneración le impide disponer de aquel, con la consecuente privación del reajuste del mismo. B.- ARTÍCULO 19 N°24 DE LA CONSTITUCIÓN: DEL DERECHO DE PROPIEDAD. El artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República asegura a todas las personas: “El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales” prescribiendo que “[...] Solo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental” y del mismo modo indicando que “[...] Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador”.

En relación con este derecho, se debe tener presente que en la medida que ha nacido para mi representado el derecho a percibir del Estado el dinero correspondiente a su remuneración, la omisión de pago íntegro por parte de la Administración del Estado conculca su legítimo derecho a disponer de aquel y su respectivo reajuste, lo que se encuentra debidamente garantizado por disposición del artículo 19, numeral 24, de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho de propiedad.

Resulta necesario enfatizar que el recurrente detenta un Derecho de Propiedad de carácter Absoluto, Exclusivo y Perpetuo respecto de sus remuneraciones, el que se encuentra protegido constitucionalmente, siendo un derecho indubitado.

5.- DERECHO DE PROPIEDAD SOBRE LAS REMUNERACIONES.

En sintonía con lo reseñado, este derecho de propiedad sobre sus remuneraciones que adquieren los funcionarios de la PDI en virtud del vínculo jurídico que los une, encuentra su fundamento en la normativa establecida en los artículos 97 y 98 del DFL 1 de 1980 del Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, como a continuación se detalla:

Artículo 97°: El personal tiene derecho, como retribución por sus servicios, a las remuneraciones y demás beneficios que determine la ley.

“Los funcionarios regidos por este Estatuto tendrán derecho a sus remuneraciones desde la fecha en que asuman su cargo. Si para hacerlo necesitaren trasladarse a un lugar distinto del de su residencia, las remuneraciones se devengarán desde el día en que emprendan el viaje”.

Artículo 98°: Las remuneraciones que percibe el personal son inembargables, salvo por resolución judicial ejecutoriada, decretada en juicio de alimentos.

“Queda prohibido deducir de las remuneraciones del personal otras cantidades que las correspondientes a pago de impuestos, cuotas o servicios de deudas de previsión y otros descuentos establecidos expresamente por las leyes. De las remuneraciones del personal, podrá deducirse, además, los descuentos provenientes de obligaciones que estos hayan contraído con organismos administrativos internos.” De lo anterior, se colige que el artículo 97° consagra el derecho a las remuneraciones por los servicios prestados y confirma esa calidad de derecho indubitado; por su parte, el artículo 98° establece el derecho a percibir la integridad de las remuneraciones”. Solicita tener por interpuesto en tiempo y forma recurso de protección en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, ya individualizada, y en específico: 1.- Admitir a tramitación el presente Recurso de Protección, y en definitiva acogerlo. 2.- Declarar ilegal y arbitraria la omisión de la recurrida en el pago íntegro, en tiempo y forma, de las sumas de dinero correspondientes a las remuneraciones del recurrente, por concepto de “Asignación de Zona”. 3.- Que, se ordene a la recurrida proceder a regularizar el pago de las sumas de dinero, debidamente reajustadas, por concepto de la “Asignación de Zona”, considerando en su base de cálculo la “asignación de especialidad al grado efectivo”, de los meses a los que ha tenido derecho conforme a la Ley, desde su ingreso a la institución hasta el 26 de abril del año 2021, o la que se disponga en justicia. 4.- Todo con expresa condenación en costas en caso de oposición.

Acompaña, Mandato Judicial reducido a escritura pública de fecha 31.Mar.2025, suscrito ante el Notario Público Ricardo Mauricio Salgado Sepúlveda, ingresada al Repertorio 1741-2025, con certificado de firma electrónica avanzada. Radiograma N° 225 de fecha 30 de mayo del año 2019 de la JENAPERS. Radiograma N°285 de fecha 02 de julio del año 2019 de la JENAPERS. Dictamen N° E98928/2021 emitido por la Contraloría General de la República. Liquidaciones de renta del recurrente, unidad Brigada de Investigación Criminal Chiguayante y Brigada de Investigación de Delitos Económicos Valdivia, emitidas por la Policía de Investigaciones de Chile. Resolución Nº 337 de fecha 20.Dic.2017 que destina al recurrente a la ciudad de Punta Arenas. Resolución Nº 335 de fecha 29.Ene.2014 que destina al recurrente a la ciudad de Valdivia. Resolución Nº 1272 de fecha 20.Ene.2019 que destina al recurrente a la ciudad de Chiguayante.

A folio 15 informa doña María Inés Wise Díaz de la Vega, abogado, en representación de don nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, quien se hace parte y al primer otrosí opone excepción de prescripción al decir: EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN. En primer término, el Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 15.May.980, del Ministerio de Defensa Nacional, que dicta el Estatuto del Personal de Investigaciones de Chile, ni el Decreto 135 de 17.SEP.009, del Ministerio de Defensa Nacional, que aprueba el Reglamento de Asignaciones, Sobresueldos, Gratificaciones Especiales y otros Derechos Económicos del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, consagran un plazo de prescripción para el derecho al cobro de las asignaciones establecidas en aquellos cuerpos normativos, razón por la cual, supletoriamente, debe aplicarse lo dispuesto en la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo.

En ese orden de ideas, conforme la legislación vigente tanto el pago de la asignación de zona constituye un derecho funcionario, razón por la que a esta remuneración le son aplicables las reglas de prescripción contenidas en el artículo 99 de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, que dispone “El derecho al cobro de las asignaciones que establece el artículo anterior, prescribirá en el plazo de seis meses contado desde la fecha en que se hicieron exigibles”.

Sabido es que las asignaciones a que se refiere el artículo 99 del Estatuto Administrativo se hacen exigibles desde el momento en que se devengan, esto es, desde que se han verificado las condiciones que establece la ley para el pago de las mismas, pues, en ese instante, nace el derecho a percibir las sumas respectivas.

Así las cosas, conforme la Contraloría General de la Republica –cuyos dictámenes y pronunciamientos son obligatorios para los Órganos de la Administración del Estado-, ha señalado que, para que opere la prescripción se requiere: a) que haya una obligación pendiente, b) que transcurra un determinado lapso; y c) que haya inactividad por parte del acreedor, conforme los dictámenes N°s 1.347, de 1993 y 60.042, de 2009.

En este entendido, resulta necesario tener presente, tal como se informó en el dictamen N° 31.752, de 2011, del mismo Órgano Fiscalizador, estableció que la prescripción constituye una sanción a la inactividad de los titulares de un derecho que sólo puede terminar en virtud de actos que suponen una reclamación personal de los afectados.

En efecto, el plazo de prescripción de seis meses previsto en el artículo 99 se cuenta según el principio general establecido en el artículo 2.514, inciso segundo, del Código Civil, desde que estas se hicieron exigibles, lo que tratándose del derecho al pago de remuneraciones periódicas, acontece desde que estas se devengan.

En cuanto a la interrupción del cómputo del plazo de prescripción, el mismo Órgano Contralor ha señalado, que el derecho al cobro de las asignaciones de su artículo 98, prescribe en el plazo de seis meses, contados desde que se hicieron exigibles, conforme a lo señalado en el artículo 99 de dicha ley, término que se interrumpen por el reclamo formal ante el pertinente organismo o esta entidad fiscalizadora, de acuerdo a los dictámenes N°s 21.838, de 2013 y 62.712, de 2014.

Por otra parte, en relación con el pago retroactivo de la bonificación en estudio, es menester recordar que el artículo 99 de la ley N° 18.834 dispone que el derecho al cobro de las asignaciones contempladas en leyes especiales -tal como ocurre con el bono en comento-, prescribirá en el plazo de seis meses contado desde la fecha en que se hicieron exigibles.

A mayor abundamiento, la génesis del reclamo del recurrente se funda en el Radiograma N° 225 de 30.MAY.019, mediante la cual, informó que por error se encontraba pagando de forma incompleta la remuneración en un ítem que debía cancelarse de acuerdo con la asignación de zona. Sin embargo, debemos tener en consideración que la Contraloría General de la República, a través de su jurisprudencia administrativa contenida en los dictámenes N°s 33.924, de 2008; 47.598, de 2012; 47.562, de 2013, entre otros, ha señalado que el plazo de prescripción de seis meses es aplicable al cobro de diferencias producidas por estipendios pagados parcialmente, tanto por un error en su cálculo o en la interpretación de la normativa aplicable, cuanto por la inadvertencia de la Administración de la concurrencia de un supuesto que permitía al interesado la percepción del estipendio en un monto mayor, como acontece, por ejemplo, con la asignación de antigüedad por el cumplimiento de un nuevo bienio o trienio.

Es decir, que tanto la interpretación errónea de la ley como el error de hecho por parte de la Administración no impiden la aplicación de las normas de prescripción, institución que tiene por objeto brindar certeza a las situaciones jurídicas, sancionando a quienes no ejerzan sus derechos en la oportunidad que señala la ley.

A mayor abundamiento, la Contraloría General de la República, recientemente, ha ratificado lo expuesto precedentemente, a través de la Resolución Exenta N° E4997/2025, de 11.Mar.025, que en lo pertinente, luego de analizar las normas jurídicas aplicables a la especie, ha señalado que “Que, por su parte, acorde a la remisión establecida en las normas legales antes precitadas, corresponde señalar que el artículo 99 de la ley N° 18.834 dispone que el derecho a cobro de las asignaciones que establece el artículo 98 del mismo cuerpo legal, entre las que se encuentran las contempladas en leyes especiales -como ocurre en la especie-, prescribirá en el plazo de 6 meses contado desde la fecha en que se hicieron exigibles, lapso que se interrumpe por vía administrativa en el momento que se solicita el reconocimiento del emolumento de que se trate, al servicio respectivo o ante esta Contraloría General, según el criterio expresado en el oficio N° 26.158, de 2019, de este origen.”.

Enfatiza en el referido acto administrativo, expresando que “Que, conforme a lo señalado precedentemente, respecto de la pertinencia del pago de las cantidades que pudieran adeudarse al señor nombre reservado, por concepto de recálculo de asignación de zona, debe observarse necesariamente el plazo de prescripción de seis meses previamente aludido. (lo subrayado es nuestro). Por lo tanto, siendo la misma cuestión litigiosa, necesariamente se debe considerar que el plazo para exigir el pago que eventualmente se adeuda, se encuentra prescrito.

Mención aparte, y a mayor abundamiento, debemos recordar que los dictámenes de la Contraloría General de la Republica, son obligatorios y vinculantes para los servicios sometidos a su fiscalización, razón por lo cual, es esta parte recurrida se encuentra en el imperativo de cumplir con lo dispuesto en cada uno de sus pronunciamientos, así lo ha señalado el dictamen N° 50.931, de 2005: “…los informes jurídicos emitidos por este Organismo de Control son obligatorios para los entes sometidos a su fiscalización, razón por la cual su falta de acatamiento por parte de éstos implica una transgresión de lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 9° de la Constitución Política, y 1°, 5°, 6°, 16 inciso segundo y 19 de la citada Ley N° 10.336, y el incumplimiento de deberes que compromete las responsabilidades subsecuentes”.

En consecuencia, habiendo transcurrido con creces el plazo de prescripción consagrado en el ordenamiento jurídico para el cobro de las asignaciones contempladas en leyes especiales, consagrado en el Estatuto Administrativo, la acción de protección intentada no puede prosperar, debiendo ser rechazado con expresa condenación en costas.

Al segundo otrosí, alega la extemporaneidad del recurso de protección, en atención a las siguientes consideraciones: El recurrente refiere que tomó conocimiento del “acto ilegal y arbitrario”, el 08.ABR.025, por la comunicación que realizó otro funcionario del contenido de la sentencia de causa en la cual fue recurrente, rol N° 99-2025 de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Punta Arenas, sin embargo, no se acredita de manera clara y fehacientemente a través de un medio idóneo y objetivo, que dé cuenta de aquella afirmación; o bien, algún otro mecanismo legítimo que permita determinar de manera fidedigna el inicio del cómputo del plazo. Al ser un asunto litigioso de público conocimiento dentro de la población policial, circunstancia que se inició con la dictación de la sentencia de 15.DIC.022, por parte de la Excelentísima Corte Suprema, en la causa Rol N°12.008-2022, ratificado por la dictación de la sentencia en causa Rol N° 147.027-2023, el 05.DIC.023, de la misma Corte, resulta a lo menos llamativo que el recurrente haya tomado conocimiento la fecha que indicó en su libelo. Por otra parte, las comunicaciones generales que entrega el mando institucional se puede materializar de diversas formas. Así las cosas, conforme al Reglamento de Documentación y Archivo de la Policía de Investigaciones de Chile, dispone que “Las comunicaciones oficiales de carácter urgente se cursarán por vía telefónica, fax o cualquiera otra vía que se disponga. Los documentos transmitidos se denominarán como: radiogramas, u otros, los cuales podrán tener uno o más destinatarios y, en este último caso adquirirán la calidad de circulares, sin perjuicio de la remisión del documento original a las unidades o reparticiones que correspondan.” A su vez, la misma norma reglamentaria define un Radiogramas, como “Es un mensaje institucional o extra institucional confeccionado en un formulario especial, mediante el cual se transmite o se recibe información de cualquier radio estación o unidad del país”. Tal como lo explica el recurrente, la Jefatura Nacional de Administración y nombre reservado, emitió el Radiograma N° 225, de 30.MAY.019 a “circular general” (es decir, a toda la población institucional), en la cual informa que se modificará la base de cálculo de la gratificación de zona. Por ello, el recurrente tenía cabal conocimiento, desde la emisión de aquel acto administrativo, que se modificaría el estipendio en cuestión. Lo mismo ocurre en el caso del Radiograma N° 285 de 02.JUL.019.

En ese orden de ideas, el plazo para presentar el recurso de protección se debe contar desde que se pudo deducir la acción constitucional, ya que lo contrario vendría a significar que la acción en comento jamás caduca, por cuanto el efecto podría no cesar jamás, lo que en caso alguno resulta admisible.

Como bien se sabe, uno de los presupuestos procesales para la interposición de un recurso de protección es que aquel sea deducido ante el tribunal competente “dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de estos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”.

En tal caso, no consta en el expediente la efectividad de la fecha en que se tuvo conocimiento o notificación del presunto acto ilegal o arbitrario no siendo suficiente la mera declaración del recurrente-, por lo cual no se cumplen con los requisitos establecidos en el auto acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales.

Así las cosas, que, del relato de los hechos que expone el recurrente en su presentación, se desprende que el acto que reprocha de ilegal y arbitrario data de una fecha que excede con creces el plazo previsto por el legislador para efectos de impetrar la presente acción, pues el periodo circunscrito al acto reclamado comprende desde el año 1994 hasta el año 2021, no siendo óbice para efectos de su rechazo la circunstancia de haber tomado conocimiento el 08 de abril del año en curso, sobre una acción de protección que resultó favorable, impetrada por otro recurrente, pues es claro que el no pago en su caso fue conocido en su momento, por lo que no cabe sino concluir que la acción constitucional entablada, ha sido presentada transcurrido el plazo fatal de treinta días corridos previsto en el transcrito numeral 1° del Auto Acordado que regula la materia, contados desde el conocimiento del acto recurrido, por cuanto desde la fecha de notificación de los hechos fundantes del recurso, hasta la interposición del mismo, transcurrió en exceso el término previsto para accionar de protección.

En consecuencia, la acción de autos es extemporánea, por cuanto, no existe certeza que el peticionario haya tomado conocimiento en la fecha indicada, así como también, el fundamento temporal de su petición ocurrió hace más de dos años.

Concluye solicitando declarar la extemporaneidad de la acción de protección.

Al tercer otrosí evacúa el informe requerido en los siguientes términos: I. ACERCA DE LA PRESUNTA ACCIÓN U OMISIÓN ILEGAL O ARBITRARIA Luego de definir que es una acción u omisión ilegal o arbitraria, el recurrente señala actuar de la recurrida resulta arbitrario al no procederse al pago de la remuneración íntegra situación que se extiende hasta la actualidad.

En primer término, es preciso señalar que recientemente la Excelentísima Corte Suprema, en recientes resoluciones dictadas, de fecha 28.Abr.025, 02.May.025, 09.May.025, 30.May.025, 06.Jun.025, en causas ROL N° 8.897-2025, N° 14.117-2025, N° 14.438-2025, N° 17.441-2025, N° 19.777-2025, respectivamente, han confirmado las sentencias definitivas que rechazan acciones de protección, por los mismos hechos ventilados en autos, circunstancia que debe ser considerada por S.S.I. para el rechazo del recurso de autos.

En efecto, las referidas resoluciones, que se acompañan en el cuarto otrosí de esta presentación, hacen un análisis de los hitos relacionados con el objeto de la acción pretendida.

Así las cosas, el razonamiento del Excelentísimo Tribunal, en su considerando 5to refiere “Que, como se puede apreciar, la pretensión desarrollada en el libelo dice relación con el pago retroactivo de remuneraciones a funcionarios de la PDI, más allá de abril de 2021, asunto que, por su naturaleza, debe ser objeto de pronunciamiento en la instancia judicial declarativa que corresponda.

En efecto, un primer asunto que impide el éxito de la presente acción constitucional cautelar consiste en que el derecho de un determinado funcionario a percibir la gratificación de zona exige la acreditación su presupuesto de hecho esencial: el desempeño de una función pública en un lugar del territorio nacional sujeto a este beneficio. Se trata de un requisito contenido en normas estatutarias que, como tales, son de orden público e indisponibles para las partes. Así, su concurrencia debe ser verificada por el órgano jurisdiccional de instancia competente, a través del procedimiento de lato conocimiento que al interesado franquea el ordenamiento jurídico.

Por otro lado, la época en que se habría producido la exigibilidad del derecho que se reclama podría ameritar la discusión acerca de la prescripción de la acción para exigirlo, aspecto que depende de un proceso y un pronunciamiento eminentemente declarativos.”

A mayor abundamiento, el considerando 6to, manifiesta “Que, por lo explicado en el motivo que antecede, el recurso no podrá prosperar por no asistir un derecho indubitado susceptible de ser tutelado a través de esta vía, sin perjuicio de las acciones que se puedan ejercer en la instancia declarativa respectiva.”

Lo anterior da cuenta, que el máximo Tribunal, en sentencias recientes referidas a los mismos hechos, ha rechazado las acciones de protección respecto de los mismos hechos, circunstancia que deber ser considerado para el rechazo de la acción de autos.

Asimismo, el Recurso de Protección es una acción cautelar de emergencia establecida para asegurar el respeto y vigencia de derechos fundamentales, reglamentado en forma especial, nacido de las peculiares circunstancias y necesidades existentes al momento de su creación. Así las cosas, intentar una acción de tal naturaleza, para perseguir el cobro de estipendios remuneraciones no reclamados en su oportunidad, no constituye la vía idónea en consideración que el recurso de protección de garantías constitucionales tiene por objeto proteger el legítimo ejercicio de derechos siempre que estén indubitados, y no de aquellos otros que se encuentren en discusión, como ocurre en la especie, o que constituyan una mera expectativa, de tal manera que la acción constitucional deducida no está en condiciones de prosperar.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

También, es cuestionable que el recurrente haya intentado una acción excepcionalísima, sin antes agotar la vía administrativa, tendiente a exigir a su juicio el cobro de estipendios pagados de forma incompleta, desvirtuando la naturaleza cautelar y excepcionalísima del recurso de protección.

Finalmente, solicita que esta institución recurrida proceda con las operaciones financieras destinadas al pago de las sumas adeudadas al actor, con los reajustes correspondientes, como también la reliquidación de sus pensiones y desahucios, sin señalar montos de dinero específicos, ni proponiendo una operación aritmética de cómo determinar la cuantía de los presuntos dineros adeudados, no habiendo petición concreta a S.S.I. en ese sentido, razón por la que, de acogerse el recurso, se incurriría en el vicio de ultra petita.

Enseguida, lo que se pretende en virtud de la presente acción es crear una nueva instancia, solicitando en “restablecimiento del imperio del derecho” por los montos pagados de forma incompleta, sin embargo, el objetivo real de la acción intentada es exigir el cobro del estipendio reclamado, desvirtuando el fondo de la acción.

A mayor abundamiento, el recurrente pretende la regularización del pago de la gratificación de zona, desde su ingreso a la institución haya el año 2021, sin embargo, debemos tener presente que conforme del Decreto Supremo N° 135, de 2009, del Ministerio de Defensa Nacional, que aprobó el Reglamento de asignaciones, sobresueldos, gratificaciones especiales y otros derechos económicos del personal de la Policía de Investigaciones de Chile, rige plenamente desde el año 2009, por lo cual malamente se podría extender la vigencia de aquella normativa a situaciones anteriores a su publicación.

Del mismo modo, si bien es cierto esta Institución efectuó un mal cálculo en el pago de la gratificación de zona, es necesario enfatizar que el cobro de diferencias producidas por estipendios pagados parcialmente, tanto por un error en su cálculo o en la interpretación de la normativa aplicable esta sujetas al plazo de prescripción contenida en el Estatuto Administrativo. A mayor abundamiento, los dictámenes N°s. 38.810, de 1998, 48.264, de 2008, 2.510, de 2010 y 47.598, de 2012, de la Contraloría General de la República, han concluido que aun tratándose de beneficios que deben concederse de oficio, como acontece en la especie, los interesados tienen la obligación de ser diligentes en su cobro con el fin de obtenerlos dentro del plazo establecido para tal fin, circunstancia que no puede obviarse en la especie.

II. EN CUANTO AL PAGO EFECTUADO AL RECURRENTE: Conforme lo informado por la Jefatura Nacional de Administración y nombre reservado, de la Policía de Investigaciones de Chile, esta institución policial no procedió con el pago al recurrente, (atendiendo a la fecha del dictamen, esto es, el 26.ABR.021), por cuanto, los montos que se pretenden cobrar, se encuentras prescritos, conforme se explicó anteriormente.

En efecto, tal como se señaló que los dictámenes de la Contraloría General de la República, son obligatorios para la Administración del Estado, dicho Órgano, a través de su jurisprudencia administrativa contenida en los dictámenes N°s 33.924, de 2008; 47.598, de 2012; 47.562, de 2013, entre otros, ha señalado que el plazo de prescripción de seis meses es aplicable al cobro de diferencias producidas por estipendios pagados parcialmente, tanto por un error en su cálculo o en la interpretación de la normativa aplicable.

III. GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESUMIBLEMENTE CONCULCADAS: De los antecedentes expuestos, no cabe duda que no ha existido algún actuar ilegal o arbitrario de la Policía de Investigaciones de Chile; en efecto, se ha procedido conforme lo señala la Contraloría General de la República, cuyas decisiones son vinculantes para todos los órganos de la Administración del Estado.

Lo anterior está en consonancia con el artículo 3, inciso final, de la Ley N°19.880, que dispone que “Los actos administrativos gozan de una presunción de legalidad, de imperio y de exigibilidad frente a sus destinatarios, desde su entrada en vigencia, autorizando su ejecución de oficio por la autoridad administrativa, salvo que mediare una orden de suspensión dispuesta por la autoridad administrativa dentro del procedimiento impugnatorio o por el juez, conociendo por la vía jurisdiccional”.

Por otra parte, no es posible establecer que existe una vulneración a las garantías constituciones presuntamente conculcadas, toda vez que durante el servicio activo del recurrente fueron solucionadas sus remuneraciones, así como también, el -presunto- pago de la asignación de zona que le correspondía durante su estadía en la Institución, fueron determinadas de conformidad a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico de aquella época, de esta forma no se posible sostener que esta arte recurrida ha incurrido en un acto legal y arbitrario, que vulnere derechos fundamentales.

Por lo tanto, conforme lo expuesto a lo largo del presente instrumento, no es posible establecer que existe un acto ilegal y arbitrario, y por consiguiente una presunta vulneración de derechos fundamentales, por cuanto la pretensión de pago retroactivo de remuneraciones debe ser objeto de pronunciamiento en la instancia judicial declarativa correspondiente, ya que exige la acreditación del presupuesto de hecho esencial del desempeño de funciones en lugares sujetos al beneficio, requisito que debe ser verificado en un procedimiento de lato conocimiento. Así como también, el recurso de protección no constituye una instancia de declaración de derechos individuales, sino de protección de aquellos que siendo preexistentes e indubitados se encuentren afectados, no siendo la vía idónea para perseguir el cobro de estipendios remuneracionales no reclamados oportunamente.

Concluye que en atención a los antecedentes señalados y argumentos vertidos, se hace presente tal como se ha expuesto a lo largo del presente instrumento, queda de manifiesto que no ha existido ningún acto ilegal o arbitrario que atente contra los derechos fundamentales del recurrente, puesto que la Policía de Investigaciones de Chile, ha realizado todas las actuaciones que le competen para satisfacer el pago a los funcionarios, a los cuales les asiste la asignación de especialidad al grado efectivo considerada en la base de cálculo de la gratificación de zona del personal.

Además, tal como se expuso a lo largo del presente acto, en aquellos casos que las diferencias producidas por estipendios pagados parcialmente, tanto por un error en su cálculo o en la interpretación de la normativa aplicable –como lo que ocurre en la especie- tal como lo ha señalado la Contraloría General, es aplicable el plazo de prescripción establecido en el Ordenamiento Jurídico. Y por último, la acción de protección, no constituye una instancia de declaración de derechos individuales, sino de protección de aquellos que siendo preexistentes e indubitados se encuentren afectados, no siendo la vía idónea para perseguir el cobro de estipendios remuneracionales no reclamados oportunamente, lo cual debe ser objeto de pronunciamiento en la instancia judicial declarativa correspondiente, ya que exige la acreditación del presupuesto de hecho esencial del desempeño de funciones en lugares sujetos al beneficio.

Acompaña, Copia de la Resolución Exenta N° E4997/2025, de 11.MAR.025, de la Contraloría General de la República. Copia Dictamen N° 47.562, de 26.JUL.013 de la Contraloría General de la República. Copia simple del Decreto Supremo N° 138, de 20.MAR.024, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que designa a don nombre reservado como Director General de la Policía de Investigaciones de Chile. Mandato judicial de 28.ENE.025, otorgado ante el Notario Público Interino de Santiago don nombre reservado, conferido por don nombre reservado, Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, a doña María Inés Wise Díaz de la Vega, abogada. Sentencia de fecha 28.Abr.025, en causa ROL N° 8.897-2025, dictada por la Excelentísima Corte Suprema. Sentencia de fecha 02.May.025, en causa Rol N° 14.117-2025, dictada por la Excelentísima Corte Suprema. Sentencia de fecha 09.May.025, en causa Rol N° 14.438-2025, dictada por la Excelentísima Corte Suprema. Sentencia de fecha 30.May.025, en causa Rol N° 17.441-2025, dictada por la Excelentísima Corte Suprema. Sentencia de fecha 06.Jun.025, en causa Rol N° 19.777-2025, dictada por la Excelentísima Corte Suprema.

Se trajeron los autos en relación CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, el acto estimado ilegal y arbitrario alegado por los recurrentes lo hacen consistir en la omisión de pago de los saldos remuneratorios adeudados de la "asignación de grado efectivo", que es una remuneración adeudada desde el desde el 02 de enero de 1991 y hasta el 01 de noviembre de 2021, lo que afecta el derecho de propiedad contenido en el art. 19 N°24 de nuestra Constitución, sobre las remuneraciones de los recurrentes quienes recibieron el pago incompletamente.

Además, la conducta pasiva del recurrido en regular sus deberes como empleador público conculca el derecho y garantía constitucional del art. 19 N°2, debido a que la PDI hace distinción arbitraria en perjuicio del recurrente quien es discriminado respecto de otros exfuncionarios a los que sí se ha pagado de forma íntegra aquellos montos insolutos por el mismo período alegado en autos.

CUARTO: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad formulada, el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, en su numeral 1º, señala que su interposición debe efectuarse dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos. En la especie el recurrente acciona por la omisión de pago de las prestaciones que conformaría su remuneración, lo que alega se mantiene insoluto a la fecha; por lo que esta Corte entiende que, atendida la naturaleza de lo discutido, la omisión alegada produce sus efectos hasta la fecha de interposición de la acción, lo que impide considerarla como extemporánea.

QUINTO: Que, sobre la materia han existido distintos pronunciamientos de los tribunales superiores, y la Excma. Corte Suprema atendida la imperiosa necesidad de uniformar la jurisprudencia sobre lo planteado, ha estimado oportuno efectuar un nuevo y acabado análisis del punto objeto de la controversia.

Al efecto en el fallo dictado en recurso de protección sustanciado en el rol Nº8668-2025 ha señalado, en relación con la normativa que rige la materia, lo siguiente:

“Tercero: Que la adecuada resolución de la contienda exige recordar los siguientes hitos relacionados con su objeto:

a. El 11 de mayo de 1980 se publicó en el Diario Oficial el Decreto con Fuerza de Ley N°1, del Ministerio de Defensa Nacional, que aprobó el Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile. En su artículo 101, este cuerpo normativo, indica: “El personal afecto al presente Estatuto continuará asimilado a la Escala de Sueldos y al Sistema de remuneraciones actualmente existentes para Carabineros de Chile, o que se establezcan en el futuro…”;

b. El artículo 46 del Decreto con Fuerza de Ley N°2 de 1968, del Ministerio de Defensa Nacional, que aprobó el Estatuto del Personal de Carabineros (aplicable a la PDI por la remisión transcrita en el literal anterior), expresa: “El personal de Carabineros gozará, además del sueldo y mayores sueldos asignados a su grado, de los siguientes beneficios y derechos, en la forma que lo establezca el reglamento respectivo: …d) Asignación por Cambio de Residencia y Gratificación de Zona: …3) La gratificación de zona se calculará sobre el total de las remuneraciones, salvo las asignaciones de rancho y familiar y las otras excepciones legales…”;

c. El 2 de enero de 1981 se publicó en el Diario Oficial el Decreto Ley N°3.551, que fijó normas sobre remuneraciones y personal para el sector público. En su artículo 41 se estatuyó: “Concédese para el personal en servicio activo de las Fuerzas Armadas, de Carabineros de Chile y de Investigaciones de Chile… una asignación mensual no imponible denominada de ‘especialidad al grado efectivo’ cuyos montos, serán los siguientes y que se percibirá de acuerdo con el grado jerárquico o de encasillamiento respectivo…”;

d. El 2 de febrero de 1981 se publicó en el Diario Oficial el Decreto Ley N°3.628, que, en lo pertinente, introdujo el inciso final del artículo 41 del Decreto Ley N°3.551, que ordena: “La asignación que concede este artículo [especialidad al grado efectivo] no se considerará para los efectos de la asignación de zona”;

e. El 12 de marzo de 1998 se publicó en una edición restringida del Diario Oficial (atendido su carácter secreto inicial) el Decreto con Fuerza de Ley N°1, que modificó el Estatuto del Personal de Carabineros de Chile reseñado en el literal b., que precede. En lo atingente al recurso en análisis, el artículo 46 de este último cuerpo normativo fue sustituido por el siguiente enunciado: “El personal de Carabineros gozará, además del sueldo y mayores sueldos asignados a su grado, de los siguientes beneficios y derechos, en la forma que lo establezca el reglamento respectivo: …r) Asignación de Especialidad al Grado Efectivo: El personal percibirá una asignación mensual denominada de especialidad al grado efectivo, cuyo monto se fijará de acuerdo con el grado jerárquico o de encasillamiento respectivo, en conformidad al Decreto Ley N°3.551, de 1980, y sus modificaciones… Esta asignación tendrá el carácter de imponible a partir de los veinte años de servicios efectivos aludidos en el artículo 83º, fecha a contar de la cual este personal gozará de una bonificación compensatoria no imponible ascendente al 13,5% de la respectiva asignación en conformidad a la Ley N°18.870.

Esta bonificación no constituirá remuneración ni servirá de base para el cálculo de ningún beneficio económico…”;

f. El 31 de mayo de 2019, la PDI, que hasta ese momento había calculado la gratificación de zona de su personal excluyendo de su base de cálculo la “asignación de especialidad al grado efectivo”, emitió un radiograma interno del siguiente tenor: “se modifica la base de cálculo de la gratificación de zona, para los trabajadores de la Policía de Investigaciones de Chile, que cumplan funciones en aquellas unidades con derecho al pago de este estipendio económico, conforme a revisión del departamento de auditoría interna y a informe técnico jurídico”;

g. El 2 de julio de 2019, la PDI emitió un segundo radiograma interno, comunicando a su personal que, como consecuencia de “consultas efectuadas tanto a instancias institucionales como extrainstitucionales respecto de la nueva base de cálculo utilizada para el pago de la gratificación de zona y los efectos que ésta generaría en las remuneraciones, esta jefatura nacional ha solicitado un pronunciamiento a la Contraloría General de la República, con el objeto de aclarar la pertinencia de este procedimiento”;

h. El 26 de junio de 2021, respondiendo a la consulta efectuada por el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, la Contraloría General de la República emitió el dictamen N°E98928, que señaló que la creación de la nueva “asignación de especialidad al grado efectivo” para el personal de Carabineros y de Investigaciones (por el Decreto con Fuerza de Ley N°1 de 1998) implicó la derogación tácita del estipendio de igual denominación originalmente establecido en el artículo 41 del Decreto Ley N°3.551 de 1980, con excepción de la regulación contenida en su artículo 41 en lo relativo a los montos. En lo relevante al punto que aquí se debate, el órgano de control dictaminó: “que los artículos 2° de los citados decretos Nos. N°87, de 1999 y 135, de 2019, ambos del Ministerio de Defensa Nacional, definen remuneración como cualquier contraprestación en dinero que el personal tiene derecho a percibir en razón de su empleo o función, tales como, sueldo base, asignaciones, sobresueldos, gratificaciones, bonificaciones y otros estipendios, naturaleza jurídica que posee la asignación de especialidad al grado efectivo, lo que implica que deba ser considerada en la base de cálculo de la gratificación de zona, acorde con lo establecido en el aludido artículo 46, letra d), numeral 3), del reseñado texto estatutario”, por lo que la asignación de especialidad al grado efectivo que actualmente recibe el personal de la PDI, “debe ser considerada en la base de cálculo de la gratificación de zona del personal que tenga derecho a este último beneficio”;

i. A partir de noviembre de 2022, la PDI incluyó la “asignación de especialidad al grado efectivo” en la base de cálculo de la gratificación de zona de su personal, ordenando el pago retroactivo de la diferencia desde abril de 2021, época en el que la Controlaría General de la República emitió el dictamen N°E98928; y, j. Ante las diversas Cortes de Apelaciones del país, funcionarios de la PDI, tanto activos como en retiro, han incoado recursos de protección instando por el pago retroactivo de la diferencia generada con ocasión de la nueva fórmula de cálculo de la gratificación de zona, más allá de abril de 2021.”

SEXTO: Que, como se ha resuelto reiteradamente por esta Corte, para acoger la acción constitucional debe constatarse el carácter preexistente e indubitado del derecho afectado, condición que se estima, no se verifica en la especie, porque los derechos cuya protección se persigue por esta vía, cautelar y de emergencia, no tienen el carácter de indiscutidos; considerando que esta sede en ningún caso, constituye una instancia de declaración de derechos sino que de protección de aquellos que, como se dijo, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria.

Para arribar a dicha conclusión se ha tenido presente, con un mejor estudio de los antecedentes, que la pretensión del recurrente dice relación con el pago retroactivo de remuneraciones a funcionarios de Policía de Investigaciones, desde el 02 de enero de 1991 y hasta el 01 de noviembre de 2021, asunto que, por su naturaleza, debe ser objeto de pronunciamiento en la instancia judicial declarativa que corresponda.

Así como lo resolvió la Exma. Corte Suprema en el fallo citado “En efecto, un primer asunto que impide el éxito de la presente acción constitucional cautelar consiste en que el derecho de un determinado funcionario a percibir la gratificación de zona exige la acreditación su presupuesto de hecho esencial: el desempeño de una función pública en un lugar del territorio nacional sujeto a este beneficio. Se trata de un requisito contenido en normas estatutarias que, como tales, son de orden público e indisponibles para las partes. Así, su concurrencia debe ser verificada por el órgano jurisdiccional de instancia competente, a través del procedimiento de lato conocimiento que al interesado franquea el ordenamiento jurídico.

Por otro lado, la época en que se habría producido la exigibilidad del derecho que se reclama podría ameritar la discusión acerca de la prescripción de la acción para exigirlo, aspecto que depende de un proceso y un pronunciamiento eminentemente declarativos.”

En el mismo sentido se han dictado diversos fallos por el Máximo Tribunal, a saber, Rol Nº5.030-2025, 8896-2025, 236-2025, 8671-2025, 6269-2025, 5041-2025, 8877-2025, 6268- 2025, 13.567-2025, entre otros.

SEPTIMO: Que, corrobora dicha argumentación, la circunstancia que la recurrida, debidamente emplazada ha impetrado la excepción de prescripción, en la especie, la que dicen relación con la correspondiente acción de cobro de las prestaciones que presuntamente se adeudan, cuya resolución excede el marco de la acción interpuesta.

OCTAVO: Que, conforme a lo razonado, la acción impetrada no puede prosperar por no asistir al recurrente un derecho indubitado susceptible de ser tutelado a través de esta vía, sin perjuicio de las acciones que se puedan ejercer en la instancia declarativa respectiva.

Por estas consideraciones, y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo de esta clase de recursos, de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones se resuelve que:

I. Se RECHAZA la alegación de extemporaneidad promovida por la recurrida.

II. Se RECHAZA el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, RUN RUT reservado, en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, todos ya individualizados.

III. No se condena en costas al recurrente por haber tenido motivo plausible para interponer el presente recurso.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante Sr. Dagoberto Arias Díaz.

Rol N°205-2025.Protección.