Protección contra Superintendencia de Seguridad Social —en adelante SUSESO—

nombre reservado, uno de junio de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece nombre reservado, cédula de identidad N°NUM000, domiciliado en domicilio reservado, nombre reservado, trabajador de Aguas Magallanes S.A., quien interpone recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social —en adelante SUSESO—, representada por la abogada Catalina Osses Obando, y en contra de la COMPIN Región de Magallanes y de la Antártica Chilena —en adelante COMPIN—, por el acto que estima arbitrario e ilegal, consistente en la confirmación del rechazo de las licencias médicas N°s NUM001, NUM002 y NUM003.

Relata que padece cefalea hemicránea continua derecha, correspondiente a una cefalea trigémino-autonómica de curso crónico, progresivo y refractario, diagnosticada con código CIE-10 G44.0, en tratamiento neurológico continuo desde agosto de 2024 a cargo del neurólogo Dr. nombre reservado.

Describe que su cuadro se caracteriza por dolor cefálico permanente de intensidad significativa —con dolor basal EVA 6 a 7/10— y exacerbaciones frecuentes, con impacto severo en su funcionalidad diaria y laboral. Señala que el manejo clínico ha incluido tratamiento farmacológico permanente con gabapentina, verapamilo, melatonina, indometacina y otros medicamentos de rescate, así como múltiples procedimientos neurológicos invasivos —bloqueos del ganglio esfenopalatino, radiofrecuencia del mismo y bloqueo occipital—, todos con resultados parciales o transitorios.

Agrega que con fecha 13 de noviembre de 2025 se indicó, como terapia de rescate frente a la refractariedad del cuadro, tratamiento mediante bomba de infusión de ketamina en el Hospital Clínico de Magallanes, el que fue ejecutado recién el 4 de marzo de 2026, obteniéndose una respuesta mínima y transitoria, sin impacto clínico sostenido. Hace presente, además, que se encuentra en control permanente con el psiquiatra Dr. nombre reservado, quien le diagnosticó trastorno del ánimo y ansiedad secundaria a dolor crónico persistente, y que con fecha 12 de marzo de 2026 su neurólogo tratante indicó expresamente el inicio del trámite de invalidez, dando cuenta del fracaso terapéutico global.

Sostiene que a la fecha de las resoluciones impugnadas su cuadro clínico no se encontraba estabilizado ni resuelto, sino en plena etapa de tratamiento activo, con terapias farmacológicas e intervencionales en curso y procedimientos de alta complejidad cuya respuesta aún estaba siendo evaluada. Afirma que la SUSESO incurrió en un actuar ilegal y arbitrario al confirmar el rechazo de las tres licencias médicas, omitiendo la debida ponderación de los antecedentes clínicos actualizados aportados por los especialistas tratantes del sistema público de salud y sustituyendo indebidamente el criterio médico por una apreciación meramente administrativa.

Agrega que, como consecuencia directa de dicho rechazo, se encuentra sin percepción de subsidio por incapacidad laboral desde septiembre de 2025, lo que ha impedido el acceso regular a sus medicamentos, la continuidad del tratamiento farmacológico y psiquiátrico, y la cobertura de sus necesidades básicas de subsistencia, agravando significativamente su estado de salud.

Añade que la licencia médica folio N°NUM004, debidamente autorizada por la COMPIN en el contexto del inicio del trámite de invalidez, no ha sido pagada por la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, al fundar dicha negativa en las licencias anteriores rechazadas por la SUSESO, configurándose así un círculo de indefensión que mantiene al recurrente privado de ingresos y de cobertura efectiva de su tratamiento.

Estima que el actuar de la recurrida vulnera las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República, relativa al derecho a la vida e integridad física y psíquica; en el artículo 19 N°9, referida al derecho a la protección de la salud; y en el artículo 19 N°24, en cuanto al derecho de propiedad sobre el subsidio por incapacidad laboral.

Agrega que la derivación al inicio de un proceso de evaluación de invalidez no implica, por sí sola, la improcedencia de licencias médicas vigentes, especialmente cuando existe tratamiento activo en curso y etapas terapéuticas aún pendientes.

En virtud de lo expuesto, solicita a esta Ilustrísima Corte: declarar ilegales y arbitrarias las resoluciones impugnadas; dejar sin efecto el rechazo de las licencias médicas N°s NUM001, NUM002 y NUM003; ordenar su reevaluación conforme a antecedentes médicos completos; y disponer el pago íntegro y oportuno del subsidio por incapacidad laboral adeudado, incluyendo el correspondiente a la licencia médica folio N°NUM004 ya autorizada por la COMPIN, ordenando su pago a la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, todo ello con expresa condena en costas.

Evacuó informe la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, representada por la abogada Catalina Osses Obando, quien, en lo principal, alega la improcedencia de la acción, por recaer sobre materias de seguridad social contempladas en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, garantía no amparada por el artículo 20 del mismo texto. En subsidio, informa el fondo del asunto, señalando que su actuación se ajustó rigurosamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que establecen sus atribuciones, y que el rechazo de las licencias médicas se fundó en que el recurrente contaba con 354 a 402 días de reposo autorizado por la misma patología, que las afecciones son de curso crónico y que el reposo ya no contribuye a la recuperación ni al reintegro laboral, correspondiendo en cambio evaluar la situación por la vía del trámite de pensión de invalidez.

Evacuó informe la recurrida SEREMI de Salud de Magallanes y de la Antártica Chilena, a través del Secretario nombre reservado, quien señala que la COMPIN no ha actuado de forma ilegal o arbitraria, sino de manera coherente con lo prescrito en el Decreto N°3/1984, destacando que la licencia médica tiene por objeto la recuperación del trabajador para su reincorporación laboral y no constituye una herramienta para prolongar indefinidamente el reposo, para lo cual el ordenamiento contempla el proceso de declaración de invalidez. Hace presente que la última licencia médica del recurrente, con inicio de reposo el 12 de marzo de 2026, se encuentra autorizada en virtud de la presentación del certificado de primer trámite de invalidez.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar que posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo frente a un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que el hecho que el recurrente califica como arbitrario e ilegal lo hace consistir en la confirmación del rechazo de las licencias médicas N°s NUM001, NUM002 y NUM003, por concepto de reposo no justificado, rechazo originalmente dispuesto por la COMPIN Región de Magallanes y de la Antártica Chilena y posteriormente confirmado en sucesivas instancias de apelación y reconsideración mediante resoluciones dictadas por la SUSESO.

Que, a su turno, las recurridas instan por el rechazo del recurso conforme lo señalado en lo expositivo.

CUARTO: Que, en primer lugar, corresponde pronunciarse sobre la alegación de improcedencia planteada por la SUSESO.

Dicha institución sostiene que la materia sobre la que versa la presente acción dice relación con el derecho a la seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, garantía que no se encuentra comprendida en la enumeración taxativa del artículo 20 de la misma Carta Fundamental.

En efecto, la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica, las reconsideraciones y apelaciones deducidas respecto de las resoluciones de los organismos administradores del sistema —COMPIN e ISAPRES— y el pago del subsidio por incapacidad laboral son materias que pertenecen al campo de la seguridad social, expresamente excluidas del ámbito de la acción de protección por el propio constituyente.

QUINTO: Que, sin perjuicio de lo anterior, el recurrente ha invocado también las garantías consagradas en los numerales 1° (derecho a la vida e integridad física y psíquica) y 24° (derecho de propiedad) del artículo 19 constitucional, las que sí se encuentran comprendidas en el catálogo del artículo 20.

En consecuencia, la acción no es, en abstracto, del todo improcedente, ya que resulta jurídicamente posible examinar si el acto de las recurridas ha perturbado o amenazado el ejercicio legítimo de esas garantías. Por estas razones, esta Corte desestimará la alegación de improcedencia y procederá a pronunciarse sobre el fondo.

SEXTO: Que, en cuanto al fondo, es necesario tener presente el marco normativo que regula la materia. La licencia médica es el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo durante un determinado período, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, autorizada por la COMPIN o la ISAPRE correspondiente, y durante cuya vigencia puede gozar del subsidio por incapacidad laboral, regulado en el D.F.L. N°44 de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Conforme a la definición contenida en el artículo 1° del Decreto Supremo N°3 de 1984 del Ministerio de Salud, la licencia médica es un beneficio de carácter esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad transitoria a recuperar su salud y reincorporarse a sus funciones laborales.

Que, en este contexto normativo, la SUSESO actúa como autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, de conformidad con el artículo 3° de la Ley N°16.395, y le corresponde revisar lo actuado por la COMPIN en materia de licencias médicas, pudiendo confirmar o revocar los rechazos dispuestos por dicho organismo. Sus resoluciones son adoptadas previo estudio de los antecedentes médicos disponibles, dentro del ámbito de sus atribuciones legales.

SÉPTIMO: Que, de los antecedentes que obran en autos y que han sido acompañados por las propias recurridas, consta que la SUSESO estudió en diversas oportunidades el caso del recurrente. Así, respecto de las licencias N°s NUM001 y NUM002, existió una primera revisión que culminó con la Resolución Exenta N°NUM005 de 23 de febrero de 2026, y una segunda —en virtud del recurso de reconsideración interpuesto — que concluyó con la Resolución Exenta N°NUM006 de 14 de abril de 2026. Respecto de la licencia N°NUM003, la revisión se efectuó mediante la Resolución Exenta N°NUM007 de 15 de abril de 2026.

Que, en todas las instancias referidas, la SUSESO concluyó, sobre la base del análisis de los antecedentes médicos disponibles —incluyendo los informes de los especialistas tratantes, la ficha clínica y la evaluación efectuada por los médicos de la propia institución—, que el reposo prescrito por las licencias reclamadas no se encontraba justificado.

Dicha conclusión se fundó en que el recurrente acumulaba entre 354 y 402 días de reposo autorizado por la misma patología, que las afecciones que presenta son de curso crónico y que, por el tiempo transcurrido y su persistencia a pesar del tratamiento, le han producido algún grado de incapacidad que no es modificable con el reposo, razón por la cual este ya no contribuye a la recuperación ni orienta el reintegro laboral del paciente, correspondiendo en cambio evaluar su situación por la vía del trámite de pensión de invalidez.

OCTAVO: Que, en este escenario, no es posible calificar las resoluciones impugnadas como ilegales o arbitrarias, en los términos que exige el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

En efecto, para que un acto sea ilegal debe contravenir el ordenamiento jurídico vigente, y para que sea arbitrario debe responder al mero capricho o voluntad de quien lo emite, sin fundamento o raciocinio alguno. Ninguno de esos requisitos concurre en la especie.

Que la SUSESO se limitó a ejercer las facultades que la ley le confiere, pronunciándose sobre las reclamaciones deducidas por el propio recurrente dentro del procedimiento especial establecido al efecto, y sus resoluciones contienen debida fundamentación técnica y jurídica, coherente con los antecedentes que constan en los respectivos expedientes administrativos.

El hecho de que el criterio de los organismos administradores difiera del de los médicos tratantes del recurrente no convierte a las resoluciones en arbitrarias, pues la SUSESO actuó dentro del ámbito de sus competencias técnicas y con los antecedentes disponibles al momento de resolver.

Por lo razonado, no concurre en la especie la exigencia contenida en la letra b) del considerando segundo.

NOVENO: Que, en consecuencia, tampoco se configura vulneración alguna a las garantías constitucionales invocadas por el recurrente. En lo que respecta al derecho a la vida e integridad física y psíquica garantizado por el artículo 19 N°1 de la Constitución, la SUSESO no ha causado las afecciones que padece el recurrente ni ha impedido que consulte a sus médicos tratantes o continúe con los tratamientos indicados, los que puede realizar de acuerdo con la cobertura de salud a la que tiene derecho. Su única intervención fue pronunciarse, dentro del marco de sus atribuciones legales, respecto de las reclamaciones deducidas en contra del rechazo de las licencias médicas.

Que, en lo relativo al derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N°24, la mera emisión de una licencia médica por parte de un profesional de la salud no incorpora al patrimonio del trabajador el derecho al subsidio por incapacidad laboral correspondiente, toda vez que, de conformidad con el D.S. N°3, de 1984, y el D.F.L. N°44, de 1978, dicho subsidio requiere, como presupuesto esencial, contar con una licencia médica debidamente autorizada por el organismo competente.

No existiendo licencias médicas autorizadas respecto de los períodos reclamados —sino rechazadas—, no hay derecho de propiedad constituido sobre el subsidio que deba ser objeto de tutela constitucional. Esta conclusión es consistente con la circunstancia de que el propio legislador ha contemplado causales de rechazo de licencias médicas, cuya aplicación no puede implicar per se una vulneración del derecho de propiedad.

DÉCIMO: Que, por último, como se señaló, la materia debatida en autos incide en el ámbito del derecho a la seguridad social establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, y que el recurrente dispone de las vías procedimentales especialmente establecidas por el legislador para estos casos, las que, según consta en los antecedentes, no fueron completamente agotadas respecto de la licencia N°NUM003, respecto de la cual no se interpuso el recurso de reposición que el propio acto administrativo indicaba como disponible. El recurso de protección, por su naturaleza excepcional y cautelar, no está llamado a suplir o reemplazar los mecanismos específicos de revisión contemplados en el ordenamiento para materias de seguridad social.

Por estas consideraciones, y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado, y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo de Recursos de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Comuníquese, Regístrese y archívese oportunamente.

Redacción a cargo del Ministro Marcos Kusanovic.

Rol N°204-2026. Protección.-