Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

nombre reservado, veintitrés de mayo de dos mil veintidós.

Vistos:

En rol 203-2022 del ingreso de protección de esta Corte, con fecha 2 de abril del presente año comparece nombre reservado, chilena, ingeniero en administración de empresas, con domicilio en domicilio reservado, nombre reservado, representada por Álvaro Muñoz Armijo, abogado, domiciliado en domicilio reservado de nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, representada por su Superintendente, doña Patricia Soto Altamirano, abogado, domiciliados en domicilio reservado.

Manifiesta que el acto contra el cual se recurre, es la Resolución Exenta NºR-01-F-24499-2022 de fecha 03 de marzo de 2022, dictada en Santiago por el Fiscal(S) de la Superintendencia de Seguridad Social que rechazó la solicitud de reconsideración formulada por su representada contra la Resolución Exenta Nº R-01-UJU-172717-2021 y que consecuencialmente, al disponer que a la fecha de la primera licencia la recurrente no tenía vínculo laboral hace utópico el pago de las 10 licencias posteriores otorgadas.

Que, en la especie, ha concurrido a solicitar el amparo constitucional por esta vía, en favor de doña nombre reservado, quien impugna la decisión pronunciada por la Superintendencia de Seguridad Social en orden a rechazar su licencia médica Nº3-55579402, con 21 días de reposo a contar del 9 de julio de 2021, por falta de vínculo laboral. La decisión impugnada, al rechazar la licencia en la forma que lo ha hecho, es ilegal, como expondremos y dicho acto administrativo ilegal, consecuencialmente, acarrea la ilegalidad del rechazo de todas la licencias posteriores que se le han otorgado a la Sra. nombre reservado, desde el día 30 de julio en adelante, en razón, que la SUCESO considera que al día 09 de julio de 2021 su representada no tenía un vínculo laboral vigente.

Manifiesta que con fecha 12 de julio de 2021 nombre reservado recibió en su domicilio, una carta enviada por su ex empleador Banco Itaú en el que le comunicaba el término de la relación laboral a contar del 9 de julio, de conformidad lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 161 del Código del trabajo, esto es, por desahucio.

Que en la liquidación de remuneraciones correspondiente al mes de julio de 2021, se señalan trabajados 9 días del mes, es decir, el día 9 de julio la relación laboral se encontraba vigente o en otras palabras, el empleador reconoce ese día como trabajado y ese día es pagado como trabajado.

En efecto la comunicación se encuentra fechada el 9 de julio (misma fecha que el empleador puso al finiquito, no obstante estar firmado muchos días después según consta de la autorización notarial), indicando que a contar de esa fecha cesaba en sus funciones.

Ese mismo día 9 de julio - y antes de la comunicación en la que se le desvincula del banco - se le otorgó licencia médica por enfermedad común, de tal forma que de conformidad al mismo artículo 161 del Código del Trabajo, inciso segundo, no era posible poner término a su contrato de trabajo.

Es decir, encontrándose con licencia médica se le notificó del despido, por lo que debe esperarse el término de las licencias médicas para que se haga efectivo el término de la relación laboral.

Hace presente que esa parte ha deducido la demanda respectiva por despido injustificado ante el Tribunal del Trabajo de esta ciudad bajo el RIT O-123-2021, caratulado nombre reservado/ITAUCORPBANCA S.A., en la cual se discute, el pago de indemnizaciones y prestaciones adeudadas, materias que no se vinculan a la presente acción, ni a la recurrida.

Por su parte, a licencia médica Nº3-55579402, rechazada por la recurrida, fue otorgada por el médico especialista oftalmólogo don nombre reservado, cuyo diagnóstico principal era “ORZUELO REPETICIÓN. INDICO TRATAMIENTO ORAL Y LOCAL H.105. BLEFAROCONJUNTIVITIS.”

Que dicho diagnóstico, no era sino una repetición de diagnósticos precedentes, y que habían afectado a su representada desde hace una larga data. En efecto, doña nombre reservado sufrió dos operaciones destinadas a extirpar orzuelos repetitivos que se generaban en sus párpados, el día 22 de enero de 2020 y el día 24 de abril de 2021. Asimismo, previa a la licencia de fecha 09 de julio de 2021, ya había le habían otorgado dos licencias médicas la Nº60512405 de fecha 04 de enero de 2021, por catorce días, y la licencia Nº3047589608-4, de fecha 14 de enero de 2021 por 14 días a contar del 15 de enero de 2021. Que lo expuesto, acredita desde luego, que la licencia del día 09 de julio de 2021, antes de su desvinculación, no era un hecho aislado, por el contrario, fruto de una enfermedad que se había tornado crónica y que tuvo su origen durante la relación laboral de la Sra. nombre reservado con el Banco Itaú.

En efecto el banco en que trabajaba como Agente, esto es, Gerente Regional, no cerró – como lo hicieron la mayoría delos establecimientos comerciales y públicos – y debió seguir funcionando para el estallido social y correspondiéndoles a la Sra. nombre reservado contener a todo su personal. Entonces y producto de la situación presento un chalacio –orzuelo- que le dificultaba la visión. Fue operada a fines del mes de enero de 2020.

Durante la pandemia siguió trabajando en forma presencial, tiene dos hijos y en julio de 2020 el banco le asignó teletrabajo por presentar una patología crónica (Hipotiroidismo). Ello significo una triple presencia: ayudar a sus hijos, hacerse cargo de la casa y trabajar en forma telemática. Resulto muy difícil trabajar con las limitaciones que conlleva que los clientes no manejaran bien las plataformas, problemas de señal, etc. En diciembre del 2020 casi todo el personal presento licencia y en enero y febrero trabajó sola.

Uno de esos días, mientras trabajaba, decidió tomar un café y mientras lo preparaba la llamo su jefatura, lo que le significó una reprimenda. Una de sus ejecutivas debió ser operada por un hemangioma hepático y estuvo dos meses en coma. La tensión permanente de la Sra. nombre reservado, con miedo a las llamadas telefónicas, porque pensaba que le iban a comunicar un nuevo problema. Generó un nuevo chalacio –orzuelo- el cual tuvo que ser intervenido en el mes de abril de 2021.

La lectura correcta y que en derecho corresponde de la carta de despido, implica que el día 09 de julio fue día laboral completo, es más, consta del finiquito, que se pagó ese día (09 de julio de 2021) como día trabajado. Entonces, el plazo del despido se cuenta a partir de día 10 de julio de 2021, por aplicación del inciso primero del artículo 48 del Código Civil, los días se entenderán completos y correrán hasta la media noche del último día del plazo.

Las cartas de despido laborales se encuentran tratadas de conformidad a las normas contenidas en el Código del Trabajo, por lo que sus interpretaciones deben efectuarse sujetas la normativa general contenidas en la legislación Civil.

En este caso el plazo de despido– de cesantía- por la causal desahucio que es la expresada en la carta respectiva del empleador, debe empezar a computarse necesariamente a contar del día 10 de julio de 2021 a las 00.00 horas, y la licencia Nº N°3-55579402 rechazada por la Suceso, bajo el argumento que no existía relación laboral, es de fecha 09 de julio de 2021, es un rechazo y argumento absolutamente falaz e ilegal pues la licencia fue otorgada durante la relación laboral.

Como consecuencia de la ilegalidad la Suceso, han sido rechazadas consecuencialmente – esto es – por no existir al tiempo de otorgarse vínculo laboral 10 licencias posteriores, que si bien hay cambio de diagnóstico, no obsta a su pago, por cuanto el vínculo laboral no ha concluido.

Que en las condiciones precedentemente descritas el actuar de la nombre reservado debe ser calificado de ilegal al resolver en el acto recurrido Resolución Exenta NºR-01-F-24499-2022 de fecha 03 de marzo de 2022 rechazar que la licencia médica Nº3-55579402 -9, con reposo a contar de ese mismo día, por estimar que fue presentada una vez terminada su relación laboral, agregando dicha resolución que, en virtud de los antecedentes expuestos y considerando que al inicio del periodo de reposo indicado en la licencia médica mencionada la trabajadora no contaba con vínculo laboral vigente, es decir, no tenía que justificar ausencia laboral ni remuneración que reemplazar a partir del 09 de julio de 2021, no corresponde la autorización de las licencias médicas emitidas con posterioridad a esa data.

La garantía constitucional conculcada es la del artículo 19 N°1 de la Carta Fundamental, porque al carecer de sustento y adolecer de ilegalidad evidente la actuación recurrida, afecta la integridad física y psíquica de la actora, quien no puede gozar del subsidio por incapacidad a consecuencia del rechazo de la licencia médica extendida por un profesional de la salud y las posteriores licencias ya indicadas -con especialidad en oftalmología y psiquiatría- que la ley considera habilitado para estos efectos, y asimismo se transgrede el N°24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, vale decir, el derecho a la propiedad, desde que el rechazo de las licencias importan la privación a un derecho a retribución monetaria contemplada expresamente por la ley, quebrantamiento que, adicionado a la ilegalidad señalada en forma precedente, llevan a concluir que la acción constitucional deducida debe ser acogida.

Solicita que se acoja, con costas, el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, y, en consecuencia se declara que, se deja sin efecto la Resolución Exenta Nº R-01-F-24499-2022 de fecha 03 de marzo de 2022, que confirma el rechazo de la licencia médica Nº3-55579402, debiendo en consecuencia ordenar a la Comisión De Medicina Preventiva E Invalidez De nombre reservado, cursar y pagar licencias médica Nº3-55579402; Nº356272852-K;· 57602770-2; 3 58875694-7; 3 601804484-0; 3 618382230-3; 3 63454575-1; 3 64727778-0; 3 647727860-4; 3 066539622-3 y 61132245, rechazadas a la beneficiaria doña nombre reservado.

Con fecha 6 de mayo de 2022 informa Sebastián De La Puente Hervé, abogado, en representación de la recurrida la Superintendencia De Seguridad Social.

Inicia planteando que la presente acción de protección ha sido interpuesta de forma extemporánea, ya que solo se ejerció el 2 de abril de 2022, esto es, cuando el plazo de 30 días corridos estaba con creces vencido, toda vez que la Sra. nombre reservado, ya tenía conocimiento cierto del rechazo de sus licencias dispuesta por su representada. En efecto, en virtud de la presentación de fecha 18 de septiembre de 2021, que realizó la recurrente ante su representada, se evidencia que hace más de 6 meses antes de la fecha de interposición de la presente acción, la Sra. nombre reservado ya tenía conocimiento del rechazo de sus licencias reclamadas.

Esto ha sido recogido por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 12 de diciembre de 2014, el recurso de protección interpuesto en contra de su representada por la Sra. nombre reservado, Rol Nº81.839-2014; por la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso, de fecha 7 abril de 2015, en causa rol 557-2015; por le Iltma. Corte de Apelaciones de Concepción, en el fallo pronunciado en los autos sobre Recurso de Protección interpuesto por don nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, Rol Nº1.354-2014; lo que se encuentra reforzado además, por el fallo de fecha 10 de septiembre de 2013, de la séptima sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, en causa Rol Nº7.991-2013, entre otros.

En subsidio alega improcedencia de la acción de protección en materia de seguridad social establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20 de la Carta Fundamental y, por lo tanto, no está amparado por esta especial acción cautelar.

La Acción de Protección es un procedimiento de urgencia de carácter excepcional y, por lo mismo, sólo procede su aplicación en aquellos casos relativos a determinadas materias, en las que una persona hubiera sido víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal, que le cause una privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados en la Constitución Política de la República.

Debido a dicho carácter, debe dársele una aplicación restringida únicamente para aquellos casos de violación flagrante de los derechos constitucionales, que por su naturaleza y características requieren un pronunciamiento judicial especialmente rápido, que ponga pronto remedio a “actos u omisiones arbitrarios o ilegales.”

Solicita se declare la improcedencia de ésta, en atención a que el asunto debatido se encuentra relacionado con una garantía constitucional que no se encuentra protegida por la acción interpuesta por la parte recurrente, con costas.

En subsidio de las alegaciones anteriores informa en cuanto al fondo refiriéndose al derecho a las licencias médicas, y el maro legal regulador, señalando que respecto de las incapacidades laborales temporales, es decir, aquellas que suspenden transitoriamente la capacidad de ganancia del trabajador, existe el beneficio denominado licencia médica, el que unido en la mayoría de los casos a un tratamiento médico farmacológico o de otro tipo, debe conducir a que el trabajador recupere su salud y quede en condiciones de reintegrarse a su trabajo.

La Superintendencia de Seguridad Social no pretende, determinar la existencia de una relación jurídica de orden laboral, simplemente lo que pretende es verificar, en uso de sus facultades constitucionales y legales, la concurrencia de los requisitos que exige nuestra legislación, en el ámbito de la seguridad social, para otorgar una licencia médica y obtener el correspondiente subsidio. En efecto, el primer requisito, que ha de cumplirse para ese fin, es el de tener la calidad de trabajador dependiente o independiente, siendo un dato de la causa, que la Sra. nombre reservado no tenía indubitablemente dicha condición a la luz de lo resuelto por su representada.

En efecto, no corresponde otorgar licencia médica a un trabajador cesante por cuanto éste no tiene que justificar ausencia laboral ni remuneración que reemplazar, salvo que la licencia se haya iniciado antes del término de la relación laboral, lo cual en el caso no aconteció.

Además, como se indicó: “…conforme a la carta de aviso de término contrato de trabajo tenida a la vista, es posible advertir que la Sra. nombre reservado se encuentra desvinculada laboralmente de su empleador "ITAU CORPBANCA S.A, RUT: RUT reservado", a contar del 09 de julio de 2021, y presentó la licencia médica N°3-55579402 con reposo a contar de ese mismo día, es decir, una vez terminada su relación laboral. Que, en virtud de los antecedentes expuestos, y considerando que al inicio del período de reposo indicado en la licencia médica mencionada la trabajadora no contaba con vínculo laboral vigente, es decir, no tenía que justificar ausencia laboral ni remuneración que reemplazar a partir del 9 de julio de 2021, no corresponde la autorización de las licencias médicas emitidas con posterioridad a esa data…”

Como se desprende de la relación de hechos que se ha realizado previamente en este escrito, la actuación de la Superintendencia de Seguridad Social, se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales y legales que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras, enumera la normativa aplicable.

Además, a partir de la entrada en vigencia de la Ley N°20.585, su representada debe cumplir las funciones asignadas por este cuerpo legal con miras a asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección del cotizante y beneficiario de una Institución de Salud Previsional (ISAPRE) y del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

Arguye ausencia de ilegalidad y arbitrariedad ya que los pronunciamientos que emite en materia de licencias médicas se hacen en su calidad de autoridad técnica de control de las instituciones de previsión, teniendo como funciones esenciales la de supervigilar y juzgar la gestión administrativa de las instituciones de previsión social y la de calificar la legalidad de los ingresos, así como la oportunidad y finalidad de los egresos e inversiones de los fondos de las instituciones de previsión y de los beneficios que se otorguen a los imponentes.

Indica que las instancias de impugnación y revisión fueron ejercidas por la recurrente en el caso que reclama, de tal forma que no puede esgrimir como argumento que en su caso no se cumplió con la legalidad y que fueron resueltas sus reclamaciones sin fundamento toda vez que el señalado oficio, objeto del recurso, fue consecuencia del acabado estudio de profesionales de esta Superintendencia.

Además, la interposición del presente recurso desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue creada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”.

En el caso de la Sra. nombre reservado, su derecho al subsidio por incapacidad laboral derivado de sus licencias médicas no reúne la condición de un derecho preexistente e indubitado, por el contrario, tras las sucesivas instancias de revisión y estudio se llegó a la conclusión que no era procedente su reclamo.

Así, lo ha reconocido la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago que en causa Rol Nº36.722-2018 de 4 de julio de 2018.

Tal como no existe acto ilegal o arbitrario, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la protección de la salud, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, como tampoco ningún otro derecho garantido por nuestra Carta Fundamental.

No existe como pretende la recurrente, algún derecho de propiedad sobre eventuales subsidios, pues como se indicó para ello es necesario, como punto de partida, contar con una licencia médica autorizada. En el caso de la recurrente, no existe un legítimo ejercicio del derecho de propiedad que deba ser objeto de tutela constitucional.

Si se considerara que basta la emisión de la licencia médica por parte del profesional de la salud, para que ésta surta todos sus efectos, haría impensable que el legislador hubiere contemplado causales de rechazo de las mismas, como las contempla en el DS. Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud, o haría imposible la aplicación de éstas por parte de las ISAPRE o por la COMPIN, pues de aplicarlas estarían efectivamente atentando contra el derecho de propiedad sobre el subsidio ya ingresado al patrimonio del trabajador. Esta conclusión es a todas luces inaceptable, lo anterior fue rescatado por un fallo de la Iltma. Corte de Valparaíso, de fecha 7 abril de 2015, en causa rol 557-2015.

Solicita, en subsidio de las anteriores peticiones y para el improbable evento que alguna de ellas no sea acogida, tener por evacuado el informe solicitado respecto de la acción de protección interpuesta por doña nombre reservado y con su mérito rechazarlo en todas sus partes, con costas.

Se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar, que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en la Constitución y que puedan establecerse sumariamente.

SEGUNDO: Que, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, el acto recurrido es la Resolución Exenta NºR-01-F-24499-2022 de fecha 03 de marzo de 2022, de la Superintendencia de Seguridad Social que confirma el rechazo de la licencia médica de la recurrente Nº3-55579402 -9, con reposo a contar desde ese mismo día, por estimar que fue presentada una vez terminada su relación laboral, expresando que, en virtud de los antecedentes expuestos y considerando que “al inicio del periodo de reposo indicado en la licencia médica mencionada la trabajadora no contaba con vínculo laboral vigente, es decir, no tenía que justificar ausencia laboral ni remuneración que reemplazar a partir del 09 de julio de 2021”, actuación que considera ilegal toda vez que según consta en la liquidación de remuneraciones correspondiente al mes de julio de 2021, y en el finiquito correspondiente, se señalan trabajados 9 días del mes, es decir, el empleador reconoce ese día como trabajado y ese día es pagado como trabajado, no obstante que simultáneamente dicho empleador fechó su carta de despido a la recurrente con fecha 9 de julio, la que le fue notificada el día 12 del mismo mes.

CUARTO: Que, en primer término, la recurrida alega la extemporaneidad en la interposición de esta acción constitucional porque la recurrente estaba en conocimiento del rechazo de su licencia médica por parte de la COMPIN en un plazo que supera con creces los 30 días para iniciar dicho arbitrio, alegación que tal como ha sido resuelto por esta Corte en fallos anteriores, debe ser desestimada por cuanto la circunstancia es que a través de la presente acción lo que se impugna es la resolución en virtud de la cual se ratifica el rechazo de la licencia médica objeto del recurso, siendo esta última de fecha 3 de marzo de 2022 y habiendo sido ingresado el libelo el día 2 de abril de 2022, fue interpuesto dentro del plazo de treinta días establecido en el Auto Acordado que regula la presente acción constitucional, por lo que no resulta extemporánea.

QUINTO: Que, tampoco se acogerá la alegación de improcedencia del recurso basada en que lo relativo a las licencias médicas sería una cuestión de Seguridad Social contemplada en la garantía del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política por lo que no estaría protegida constitucionalmente por esta acción, toda vez que en este caso concreto lo que la recurrente estima vulnerado por parte de la recurrida son las garantías constitucionales contempladas en los números 1 y 24 de la citada disposición constitucional, los cuales se encuentran debidamente protegidos por la acción entablada.

SEXTO: Que, se acompañó por la recurrente a estos autos la Liquidación de Remuneraciones emitida por el empleador Banco Itaú donde se expresa que a la recurrente se le paga por este concepto por 9 días trabajados, documento que permite colegir que es un hecho indubitado que el vínculo laboral de ésta con su empleador se encontraba vigente el 9 de julio de 2021, misma fecha de la licencia médica.

En este orden, y tal como lo indica en su informe la Superintendencia de Seguridad Social le corresponde verificar, en uso de sus facultades constitucionales y legales, la concurrencia de los requisitos que exige nuestra legislación, en el ámbito de la seguridad social, para otorgar una licencia médica y obtener el correspondiente subsidio, y que el primer requisito, que ha de cumplirse para ese fin, es el de tener el beneficiario la calidad de trabajador dependiente o independiente, hecho que no constató adecuadamente al resolver atendida la existencia del documento referido en el párrafo precedente, lo que torna en ilegal el acto recurrido, toda vez que a la fecha 9 de julio de 2021 la propia empleadora reconoce que la recurrente trabajó hasta ese día, lo que estaría afectando las garantía constitucionales que indica la actora.

En virtud de lo anterior, la Superintendencia de Seguridad Social teniendo en consideración el referido antecedente debe hacer un nuevo análisis del caso emitiendo un nuevo pronunciamiento al respecto.

Por estas consideraciones, y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo de esta clase de recursos, de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE ACOGE PARCIALMENTE el recurso de protección interpuesto por el abogado Álvaro Muñoz Armijo en representación de doña nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social solo en cuanto se dispone que la nombre reservado emita un nuevo pronunciamiento sobre el caso de que se trata.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Redactada por la Abogada Integrante Carmen González Mundaca.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Se deja constancia que no firma el Fiscal Judicial Sr. nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por encontrarse en comisión de servicio.

ROL N°203-2022 PROTECCIÓN.