nombre reservado CONTRA nombre reservado

Punta Arenas, once de mayo del año dos mil diecisiete.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, con fecha 10 de marzo de 2017, comparece doña nombre reservado, cédula de identidad Nº RUT reservado, matrona, y don nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, contador auditor, respectivamente Presidente y Secretario Ejecutivo del Comité de Bienestar del Servicio de Bienestar de los Funcionarios de Atención Primaria de Salud Municipal, domiciliados en domicilio reservado, por sí y a nombre de todos los trabajadores de Atención Primaria de Salud afiliados al mencionado Servicio, que individualizan, deducen recurso de protección, en contra de doña nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado de esta ciudad, por el acto que se consideran arbitrario e ilegal consistente embargar, sin orden judicial que le autorizara, los $131.892.443 depositados en la cuenta corriente N° [cuenta reservada] del Banco de Crédito e Inversiones, perteneciente al Bienestar de los Trabajadores de la Atención Primaria de Salud Municipal y exclusiva para los aportes de Seguridad Social.

Explican que los dineros referidos, fueron embargados por la recurrida, con fecha 23 y 24 de febrero del presente, en las causas RIT C-25-2016 y C-30-2016 del Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional, seguidas en contra de la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención al Menor de Punta Arenas –CORMUPA-, en las que los recurrentes no son parte; sin perjuicio de lo cual la receptora judicial procedió temerariamente, sin mediar petición de la ejecutante ni resolución judicial que la autorizara, abrogándose potestades jurisdiccionales, y asilándose únicamente en las respectivas resoluciones que ordenaron requerir de pago en cada una de las causas, según indica en sus propios certificados. Agregan que esta actuación no es respaldada por la ejecutante, quien a diferencia de lo ocurrido con la cuenta corriente en comento, previamente sí solicitó embargo o retención de los dineros existentes en otras cuentas de la ejecutada, lo que fue concedido por el tribunal.

Expresan que los dineros existentes en la cuenta embargada no corresponden a la ejecutada, sino a los trabajadores recurrentes, los que se conforman por las cotizaciones mensuales aportadas individualmente por los afiliados activos y jubilados, y complementadas con un aporte con el que obligatoriamente contribuye la Municipalidad por disposición de la Ley N° 20.647 que modifica la Ley N° 19.754, último que pasa a formar parte del patrimonio colectivo de los afiliados, según establece el artículo 14 del Reglamento del Servicio de Bienestar de los funcionarios de Atención Primaria de Salud de la Municipalidad de Punta Arenas; y que se encuentran depositados en esta cuenta que pertenece al Servicio de Bienestar, la que fue abierta previa autorización de su Comité Directivo, para su uso exclusivo, dando poder de firma a su Presidente y Secretario, según consta del Acta de Reunión de Constitución de fecha 6 de junio de 2014.

Afirman que estos dineros están destinados a sus afiliados, a quienes mediante bonificaciones, principalmente de salud, se les reembolsan diversos ítems, además de bonos por nacimiento de hijos o fallecimiento de beneficiarios afiliados, entre otros; beneficios de carácter legal, indiscutido e indubitado, y que por su naturaleza de derechos de seguridad social, y por lo tanto, de orden público, no corresponde que se hagan valer a través de una tercería en un juicio ejecutivo, destinadas a salvaguardar derechos civiles discutidos.

Hace presente que esta actuación ha paralizado el goce de los derechos sociales de los afiliados, viéndose conculcado su derechos a los fondos, con cuyo apoyo contaban, por ejemplo para sobrellevar una enfermedad, existiendo incluso beneficiarios que han debido financiar con préstamos o sobregiros los traslados para recibir prestaciones de salud en otros puntos del país, sin poder recibir reembolsos.

Estima que la actuación de la recurrida, conculca el derecho de propiedad de los afiliados, establecido en el artículo 19 N° 24 de la Constitución, porque les priva de la legítima percepción de un beneficio pecuniario que ha debido incorporarse a su patrimonio, máxime cuando una parte significativa de los dineros han sido aportados por los propios trabajadores, quienes se han visto privados de su derecho o al menos amenazados de serlo.

Asimismo, considera que estos hechos afectan el Derecho a la Protección de la Salud de los afiliados, previsto en el artículo 19 N° 9 de la Constitución Política de la República, al perturbar el derecho de atenderse en forma oportuna de sus problemas de salud, por no poder contar con el apoyo solidario de su Servicio de Bienestar, para enfrentar su costo.

Por estas razones, solicita se disponga el alzamiento del embargo de los fondos de la cuenta referida, oficiándose al efecto, al Banco de Crédito e Inversiones y al Juzgado Laboral de Punta Arenas.

SEGUNDO: Que, informando la recurrida, señala que no es efectivo que no existiera una orden judicial que decretara el embargo sobre la cuenta corriente señalada; sino que lo hizo en cumplimiento de las resoluciones de fecha 02 de noviembre de 2016 y 15 de noviembre de 2016, dictadas en las causas RIT C-25-2016 y C-30-2016, que ordenaban requerir de pago a la ejecutada Corporación Municipal de Educación y Atención al Menor por la suma de $435.742.269 y $894.304.336, respectivamente, para que pague en el acto o dentro de quinto día, agregando que “En caso contrario, en la oportunidad procesal correspondiente, se embargaran bienes suficientes para responder a la presente ejecución.”.

Indica que, en consecuencia, en ambos casos existen resoluciones judiciales que ordenan el embargo de bienes de la ejecutada, y que a petición del abogado patrocinante de los demandantes de ambas causas don Javier Lagos Troncoso, procedió a trabar embargo sobre las cuentas corrientes que al momento de la traba le fueron indicadas por el ejecutante, por lo que no es efectivo que el ejecutante no haya señalado los números de cuenta sobre los que efectuar la actuación, según lo dispuesto en el artículo 447 del Código de Procedimiento Civil y 471 del Código del Trabajo, que establecen que “Puede el acreedor concurrir al embargo y designar, si el mandamiento no lo hace, los bienes del deudor que hayan de embargarse, con tal que no excedan de los necesarios para responder a la demanda, haciéndose esta apreciación por el ministro de fe encargado de la diligencia, sin perjuicio de lo que resuelva el tribunal a solicitud de parte interesada” y que “Si no se ha pagado dentro del plazo señalado para ello en el inciso tercero del artículo 486, sin perjuicio de los señalado en el artículo 468, el ministro de fe designado por el tribunal procederá a trabar embargo sobre bienes muebles o inmuebles suficientes para el cumplimiento íntegro de la ejecución y sus costas, tasando prudencialmente los mismos, consignándolo así en el acta de la diligencia, todo ello, sin que sea necesaria orden previa del tribunal”; razón por la cual no existe ilegalidad o arbitrariedad en su actuar.

Agrega que el 23 de febrero concurrió al Banco de Crédito e Inversiones con el abogado Daniel Cárdenas Galli y el 24 de febrero, con la abogado Carla Pérez Schwarzenberg; oportunidad en que notifica del embargo al encargado del banco, indicándole los números de cuenta sobre los que recaía, quien en cada caso comprobó que correspondieran al ejecutado, sin indicarle que no lo fueran.

Finalmente, hace presente que el día 16 de marzo de 2017, el Juzgado de Cobranza, rechazó los incidentes de nulidad promovidos en las causas referidas, fundados en la misma alegación, relativa a la falta de orden previa del tribunal.

TERCERO: Que, con fecha 27 de febrero de 2017, comparece el abogado Javier Lagos Troncoso, domiciliado en domicilio reservado, en representación de 17 docentes de su mismo domicilio, individualizados como nombre reservado, nombre reservado, Feliciana nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y Yadro nombre reservado; todos éstos ejecutantes en causa RIT C-30-2016 del Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Punta Arenas, haciéndose parte, en calidad de terceros independientes.

CUARTO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en la Constitución y que puedan establecerse sumariamente.

Conforme a su naturaleza y claro objetivo, no genera, en sentido técnico, un juicio y tampoco se persigue a través de su interposición establecer la responsabilidad civil, penal o administrativa del ofensor.

QUINTO: Que, acto arbitrario es aquel producto del mero capricho de quien incurre en él que provoque algunas de las situaciones o efectos de privación, perturbación o amenaza, afectando a una o más de las garantías preexistentes-protegidas; es aquello producto del mero capricho de quien incurre en él (Corte Suprema Rol N°764/2011); es la no existencia de razones que justifiquen una actuación (Corte Suprema 4734/2003) o voluntad no gobernada por la razón (Corte Apelaciones de Santiago 1249/1994): Vulneración del uso razonable con que los elementos discrecionales de un poder jurídico han de ser ejercidos (Corte de Apelaciones de Santiago 50/2004), o bien, acciones u omisiones que “pugnan con la lógica y la recta razón contradiciendo el normal comportamiento, sea de la autoridad o de los seres humanos en particular, que se rige por los principios de racionalidad, mesura y meditación previa a la toma de decisiones y no por el mero capricho o veleidad (Corte de Apelaciones de Coyhaique 37/2000).

SEXTO: Que, acto ilegal es aquel contrario al ordenamiento jurídico (en particular los poderes públicos).

Antijurídica. Contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil (Corte Suprema Rol N° 764/2011) y la privación es despojo o desconocimiento del derecho, la perturbación es dificultad o limites no aceptables para su ejercicio y amenaza la representación cierta que el derecho será privado o perturbado.

SÉPTIMO: Que, como se ha reseñado más arriba, el hecho que la recurrente califica de arbitrario e ilegal, lo hace consistir en el embargo de una cuenta corriente que no corresponde al ejecutado, sino a ella, de donde colige que dicha actuación habría sido realizada sin solicitud ni orden previa del tribunal que lo autorizara. Sin embargo, la naturaleza de la materia que se pretende someter al conocimiento de este tribunal no es de aquellas que sea procedente resolver empleando este arbitrio constitucional, puesto que el asunto de que se trata debe ser conocido en el procedimiento pertinente, en consecuencia, esta vía cautelar no es la idónea para dilucidar el problema planteado, por lo que la acción intentada no puede prosperar.

OCTAVO: Que, a mayor abundamiento, tampoco se aprecia algún acto arbitrario e ilegal de la recurrida, al embargar la suma de $131.892.443 depositados en la cuenta corriente N° [cuenta reservada] del Banco de Crédito e Inversiones, toda vez que del documento consistente en respuesta al Oficio N° 805 de 10 de abril del 2017, de esta Ilustrísima Corte de Apelaciones extendido por el Jefe de Plataforma Punta Arenas nombre reservado Lagos, por el Jefe de la oficina de esta ciudad de dicha institución financiera, fluye que el titular de la citada cuenta corriente N° [cuenta reservada] del Banco de Crédito e Inversiones es la Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al Menor N° 70.931.900-0 y no el Bienestar de los Trabajadores de la Atención Primaria de Salud Municipal y exclusiva para los aportes de Seguridad Social como lo pretenden los recurrentes y el embargo en cuestión, fue decretado en cumplimiento de las resoluciones judiciales de 02 de noviembre de 2016 y 15 de noviembre de 2016, dictadas en las causas Rol único de Causa N° 15-4-RUT reservado, RIT C-25-2016 y Rol único de Causa N° 14-4-RUT reservado, C-30-2016, ambas del Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de esta ciudad, que ordenaban requerir de pago a la ejecutada Corporación Municipal de Educación y Atención al Menor por la suma de $435.742.269 y $894.304.336 respectivamente, como informa la recurrida y consta en el sistema de interconexión del Poder Judicial SITLA.

Y visto además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo de los recursos de protección, se rechaza, el interpuesto por doña nombre reservado y don nombre reservado, Presidenta y Secretario Ejecutivo del Comité de Bienestar del Servicio de Bienestar de los Funcionarios de Atención Primaria de Salud Municipal, por sí y a nombre de todos los trabajadores de Atención Primaria de Salud afiliados al mencionado Servicio, en contra de doña nombre reservado, sin costas.

Redacción del Fiscal Judicial señor nombre reservado.

No firma el señor nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por haber cesado su suplencia.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, comuníquese y archívese, si no se apelare.

Rol Nº 198-2017. Protección.