Protección contra Tesorería Regional de Magallanes

Punta Arenas, veintisiete de mayo de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio 1, comparece don Robinson Andrés Quelin Álvarez, abogado, y deduce recurso de protección en representación de doña nombre reservado, dueña de casa, quien a su vez actúa a nombre de su hijo interdicto por demencia y de quien es su curadora definitiva, don nombre reservado, en contra de la Tesorería Regional de Magallanes, representada por doña nombre reservado

nombre reservado, y en contra del 1° Juzgado de Letras de Punta Arenas, representado por don nombre reservado, en razón del acto que señala como ilegal y arbitrario, consistente en la resolución judicial de fecha 8 de abril de 2026, notificada el 22 de abril de 2026, que decretó el remate del inmueble de propiedad del interdicto por deuda de contribuciones, vulnerando las garantías establecidas en el artículo 19 N°1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Señala que la recurrente es la curadora definitiva de su hijo, don nombre reservado, quien fue declarado interdicto por demencia mediante sentencia dictada el 11 de mayo de 2012.

Indica que el SERVIU de Magallanes, a través del subsidio DS 49 del año 2011, entregó a su hijo el beneficio fiscal referido respecto del inmueble ubicado en domicilio reservado, debidamente inscrito en el Conservador de Bienes Raíces.

Afirma que en la causa RIT C-544-2026 del 1° Juzgado de Letras de Punta Arenas se decretó, el 8 de abril de 2026, el remate del inmueble singularizado, por petición de la Tesorería Regional de Magallanes, para el día 2 de junio de 2026 a las 12:00 horas, por concepto de deuda de contribuciones, lo que fuera notificado por la recaudadora fiscal doña Karem del Carmen Fuentes con fecha 22 de abril de 2026.

Sostiene que la acción ilegal y arbitraria que reclama dice relación con dicha resolución judicial, toda vez que el inmueble que se pretende rematar no se encontraría afecto al impuesto territorial, por lo que no sería admisible que exista deuda de contribuciones, ni menos que el demandado haya sido notificado legalmente, en circunstancias que carece de capacidad de ejercicio como consecuencia de haberse declarado su interdicción por demencia a través de sentencia judicial firme y ejecutoriada.

Afirma que las recurridas habrían vulnerado la garantía de igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución, toda vez que se pretende rematar un inmueble de propiedad de una persona declarada judicialmente como interdicto por demencia, con un 100% de discapacidad física y mental, lo que le impide actuar por sí mismo. Añade que se además se vulnera el derecho de propiedad en cuanto la recurrente actúa como curadora general de bienes Indica, asimismo, que se ha vulnerado la garantía de integridad psíquica, pues la recurrente, producto del actuar ilegal y arbitrario de las recurridas, se encuentra atravesando un período de angustia y desasosiego permanente, incrementado a partir de la notificación del remate de la propiedad raíz por una deuda de contribuciones que desconoce y que entiende no se ajusta a derecho, por tratarse de una vivienda social otorgada por el SERVIU de Magallanes a una persona que no puede ejercer derecho alguno por su cuenta.

Por lo expuesto solicita que se acoja el recurso y se deje sin efecto la resolución judicial que ordenó el remate del inmueble; que se ordene dejar sin efecto el procedimiento administrativo seguido ante la Tesorería Regional de Magallanes; que se adopten todas las medidas necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho; y que se condene en costas a las recurridas en caso de oposición.

Informa el recurso doña nombre reservado, Directora Regional Tesorera de Magallanes y Antártica Chilena, abogada, en representación de la Tesorería Regional de Punta Arenas, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Sostiene que la acción resulta improcedente, toda vez que, conforme a la jurisprudencia reiterada de los tribunales superiores de justicia, el recurso de protección no procede en contra de resoluciones judiciales, como ocurre en la especie, en que el remate ha sido fijado mediante resolución dictada por tribunal competente.

Refiere que se trata de un procedimiento especial de cobro de obligaciones tributarias, regulado en los artículos 168 y siguientes del Código Tributario, y que el 29 de noviembre de 2024 se practicó la notificación y requerimiento de pago en la primera etapa del procedimiento, a través de persona adulta en el domicilio, en domicilio reservado, sin que la recurrente opusiera excepciones dentro del plazo legal de 10 días que contempla el artículo 177 del mismo Código, habiéndose tramitado el procedimiento conforme a derecho.

Agrega que la acción carece de objeto y causa de pedir, toda vez que la deuda que dio origen al procedimiento ha sido íntegramente pagada con posterioridad a la notificación de la resolución que fijó día y hora para el remate, importando dicho pago un reconocimiento de la existencia de la deuda y de la procedencia del cobro de contribuciones.

Afirma que la alegación relativa a la exención de contribuciones constituye una interpretación errónea de los antecedentes, pues si bien el certificado de dominio vigente de fecha 23 de diciembre de 2019 indica una situación de exención, dicho documento no se encuentra actualizado, no dando cuenta de que el avalúo fiscal de la propiedad aumentó a partir del primer semestre del año 2022, circunstancia que implicó que el inmueble dejara de encontrarse totalmente exento, según consta en el certificado de avalúo fiscal actualizado emitido por el Servicio de Impuestos Internos.

Agrega que la afirmación de que la propiedad no registra deuda resulta equívoca. Si bien actualmente no existe deuda pendiente, ello se debe exclusivamente al pago efectuado en línea el 24 de abril de 2026, es decir, con posterioridad a la notificación de la resolución que fijó el remate. Sin embargo, al momento de dictarse dicha resolución, la deuda se encontraba vigente y exigible.

Concluye que el Servicio de Tesorerías no ha incurrido en acto ilegal ni arbitrario alguno, sin vulneración a las garantías constitucionales del propietario del inmueble ni de los ocupantes, habiéndose practicado notificación válida tanto en la primera como en la segunda etapa de cobro de conformidad a los artículos 168 y siguientes del Código Tributario, solicitando, en definitiva, el rechazo del recurso, con costas.

Informa el recurso doña nombre reservado, Jueza subrogante del Primer Juzgado de Letras de Punta Arenas.

Señala que en la causa Rol C-544-2026, seguida ante ese tribunal, el 8 de abril del presente año se dio curso al remate de los inmuebles individualizados a folio 1, entre los que se encuentra el del Rol NUM000, indicando que la información entregada por Tesorería respecto de dicho rol da cuenta de que el deudor es nombre reservado y que en las notificaciones que rolan en la causa figura que fue notificado y que se entregó cédula a persona adulta, sin otra observación.

Indica que el 7 del presente mes y año, doña nombre reservado, en representación de su hijo interdicto, mediante escrito que rola en la causa civil, confirió patrocinio y poder al abogado Robinson Quelín Álvarez y acompañó documento que da cuenta de la inscripción de la interdicción, sin otra solicitud o incidente, escrito que se proveyó el día siguiente ordenando que debía ratificarse el patrocinio y poder en conformidad a la ley, lo que se encontraba pendiente al momento de evacuar el informe.

Afirma que no se ha realizado ninguna otra solicitud ni se ha presentado incidente alguno ante el tribunal, pudiendo informar que se ha dado tramitación a la causa ejecutiva en el procedimiento del Título V, Libro III del Código Tributario, respecto del Expediente NUM001 de la Tesorería Regional de Magallanes y Antártica Chilena, de acuerdo a la ley, sin que en el tribunal se haya alegado o dado cuenta de tramitación anómala alguna, ni se haya reclamado de la falta de notificación en forma legal o de cualquier otro incidente relativo a los deudores que figuran como morosos en la nómina respectiva.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido. Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar, que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en la Constitución y que puedan establecerse sumariamente.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) la existencia de la acción u omisión reprochada; b) que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) que de la misma se siga un atentado directo e inmediato a garantías constitucionales protegibles por esta vía; y d) que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida.

TERCERO: Que a través del presente recurso se reclama respecto de la resolución judicial de fecha 8 de abril de 2026, dictada en la causa RIT C-544-2026 del 1° Juzgado de Letras de Punta Arenas, que decretó el remate de un inmueble de propiedad de don nombre reservado, denunciando como vulneradas las garantías establecidas en el artículo 19 N°1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que la recurrida Tesorería Regional de la República solicitó el rechazo del recurso, conforme a los antecedentes reseñados en la parte expositiva.

QUINTO: Que el acto que se reprocha como ilegal y arbitrario consiste en la resolución de fecha 8 de abril de 2026, dictada por el 1° Juzgado de Letras de Punta Arenas en la causa RIT C-544-2026, que decretó el remate del inmueble de propiedad del interdicto don nombre reservado, Rol de Avalúo NUM002, fijado para el día 2 de junio de 2026, en el marco del procedimiento especial de cobro ejecutivo de obligaciones tributarias regulado en los artículos 168 y siguientes del Código Tributario, fundándose la recurrente en que el inmueble se encontraría exento del pago del impuesto territorial, que no registraría deuda vigente y que el propietario, atendida su interdicción por demencia, no habría podido ser legalmente notificado.

SEXTO: Que, la Tesorería Regional informó que se pagó en línea el 24 de abril de 2026, la deuda que originó la inclusión del contribuyente en la nómina de deudores morosos.

Asimismo acompañó a folio 19, escrito y resolución dictada en la mencionada causa Rol C-544-2026 del Primer Juzgado de Letras de Punta Arenas, donde consta que se ha excluido a nombre reservado del proceso de cobro, por deuda del predio Rol de Avalúo NUM002, atendido que se ha verificado el pago total de la deuda, petición a la que el tribunal accedió por resolución de 18 de mayo de 2026, ordenando excluir al contribuyente.

SÉPTIMO: Que, en consecuencia, del mérito de los antecedentes se aprecia que a la fecha se encuentra subsanado el requerimiento presentado por la recurrente, toda vez que el contribuyente ha sido excluido del proceso de cobro y, con ello, ha quedado sin efecto la amenaza de remate del inmueble que motivó la interposición del presente arbitrio, sin que se advierta la existencia de alguna medida urgente que pueda ser adoptada por este tribunal a través de esta vía cautelar.

OCTAVO: Que, conforme a lo razonado, el presente recurso de protección no se encuentra en condiciones de prosperar y necesariamente debe ser declarado sin lugar al no concurrir en la especie la exigencia contenida en la letra d) del considerando segundo, por haber perdido oportunidad.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en representación de doña nombre reservado y don nombre reservado, en contra de la Tesorería Regional de Magallanes y del Primer Juzgado de Letras de Punta Arenas, todos ya individualizados.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Dese cumplimiento a lo dispuesto el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Redacción a cargo del Ministro Marcos Kusanovic.

Se deja constancia que no firma el Fiscal Judicial Sr.

nombre reservado, por encontrarse en comisión de servicio.

ROL N°195-2026 PROTECCIÓN.