Protección contra Sección De Remuneraciones de la Policía de Investigaciones de Chile

Punta Arenas, diez de junio de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Comparece ante esta Corte de Apelaciones Gonzalo Patricio Arancibia Goldsworthy, abogado e interpone acción constitucional de protección en favor de nombre reservado, Cédula de Identidad N°RUT reservado, chileno, casado, pensionado, domiciliado en domicilio reservado en contra de la Sección De Remuneraciones de la Policía de Investigaciones de Chile, en adelante PDI, RUT NºRUT reservado, departamento que se encuentra bajo la jerarquía administrativa del Prefecto General doña nombre reservado, Run NºRUT reservado, Jefe de la Jefatura Nacional de Administración y nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, por la omisión de pago de los saldos remuneratorios adeudados de la “asignación de grado efectivo”, código H0050 que es una remuneración pagada parcialmente desde el período del ingreso a la institución al 26 de abril de 2021, siendo la omisión de pago conculcadora del derecho indubitado contenido en el art. 19 N°24 de nuestra constitución y la distinción arbitraria que hace respecto de otros funcionarios que en semejante circunstancias han recibido el pago respectivo de lo reclamado, conculcando el derecho y garantía constitucional del art. 19 N°2.

Explica que recurrente ingresó a la institución el día 01 de octubre del año 2007, constituyéndose su retiro efectivo de la institución en fecha 19 de octubre del año 2021, cuando contaba con el grado de Inspector.

Da cuenta de la naturaleza de la asignación de grado efectivo y de la asignación debida al recurrente para referir la cronología del pago de aquella y mencionar que la PDI nunca transparentó la posibilidad de este pago por concepto de asignación de grado efectivo, y sólo a través de excompañeros de trabajo es que su representado toma conocimiento de este hecho.

Solicita, se acoja la acción, y se regularice el pago por los montos adeudados de la asignación, por el período que ha fijado la Excma. Corte Suprema para el asunto debatido, esto es desde el ingreso de su representado a la institución, hasta la fecha de su retiro efectivo, esto hasta el mes de octubre del año 2021.

Acompaña; 1) Mandato Judicial Repertorio N° 1034- 2025, realizado ante Notario de ciudad de Punta Arenas don nombre reservado, en fecha 03 de abril del año 2025; 2) Declaración Jurada de nombre reservado, de fecha 02 de abril del año 2025, que da cuenta que en fecha 27 de marzo del mismo año 2025, le hace entrega de esa noticia y antecedentes al recurrente; 3) Certificado de destinaciones 61987.- de don nombre reservado, emitido por departamento de Archivo y Registro de la Policía de Investigaciones de Chile; 4) Sentencia de la Excma. Corte Suprema en causa Rol N°147.027 – 2023, de fecha 05 de diciembre de 2023; 5)Escrito de Cumplimiento Presentado por la PDI a Folio 44 en Causa Rol N° 44 - 2023 de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Coyhaique, en donde certifican el pago de la asignación de grado efectivo, en período anterior al 26 de abril de 2021; 6)Sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelación de Coyhaique, en de causa 181-2024, que acoge demanda del recurrente nombre reservado: 7)Radiograma N° 225 del 30.MAY.2019 de JENAPERS de la PDI, que expresó que habría un mejoramiento del cálculo de la gratificación de zona a quienes tengan derecho de percibirlo; 8) Radiograma N° 285 del 02.JUL.2019 de JENAPERS que aclaraba que el pago efectuado por el radio anterior había sido sometido al pronunciamiento del órgano contralor; 9)Dictamen N° E98928/ 2021 de fecha 26.ABR.2021, donde se dictaminó que la asignación de especialidad al grado efectivo que actualmente recibe la Policía de Investigaciones de Chile debe ser considerada en la base de cálculo de la gratificación de zona del personal que tenga derecho a este último beneficio; 10)Sentencia de fecha 21 de febrero del año 2025, causa ROL N° Protección-7030-2024, seguida ante la Ilustre Corte de Apelaciones de Valparaíso; 11)Sentencia de fecha 07 de marzo del año 2025, en causa ROL N° Protección-7233-2024, seguida ante la Ilustre Corte de Apelaciones de Valparaíso.

Informa por la recurrida, la abogada María Inés Wise Díaz de la Vega, solicitando el rechazo de la acción.

Alega la prescripción de la deuda, toda vez que el Estatuto de personal no consagra plazo, debe aplicarse supletoriamente la Ley Nº18.834 sobre Estatuto Administrativo, cuyo artículo 99 establece que el derecho al cobro de las asignaciones que establece el artículo anterior prescribirá en 6 meses desde la fecha que se hicieron exigibles. Contraloría en distintos dictámenes, se ha pronunciado sobre la prescripción en el sentido antes indicado, lo que ha ratificado a través de la Resolución Exenta N°E4997/2025, de 11.MAR.025, que en lo pertinente, señala “Que, por su parte, acorde a la remisión establecida en las normas legales antes precitadas, corresponde señalar que el artículo 99 de la ley N°18.834 dispone que el derecho a cobro de las asignaciones que establece el artículo 98 del mismo cuerpo legal, entre las que se encuentran las contempladas en leyes especiales -como ocurre en la especie-, prescribirá en el plazo de 6 meses contado desde la fecha en que se hicieron exigibles, lapso que se interrumpe por vía administrativa en el momento que se solicita el reconocimiento del emolumento de que se trate, al servicio respectivo o ante esta Contraloría General, según el criterio expresado en el oficio N°26.158, de 2019, de este origen.”

Hace presente que los dictámenes de Contraloría son vinculantes para los servicios sometidos a su fiscalización, y habiendo transcurrido con creces el plazo de prescripción consagrado en el ordenamiento jurídico para el cobro de las asignaciones contempladas en leyes especiales -en el Estatuto Administrativo- la acción de protección intentada no puede prosperar, debiendo ser rechazado con expresa condenación en costas.

En subsidio, alega la extemporaneidad de la acción, toda vez que el actor aduce que tomó conocimiento del acto ilegal el 27 de marzo del año en curso, por una comunicación realizada por otro funcionario, lo que se ha alegado en diversos recursos en distintas Cortes de Apelaciones, lo que pone en duda la situación por absurda. En su libelo reconocen que se comunicó el mejoramiento de las remuneraciones en 2019, fecha desde la cual tenían cabal conocimiento. Por ello el plazo para presentar el recurso de protección debe computarse desde que se pudo deducir la acción, sino de contrario significaría que la acción jamás caduca, por cuanto el efecto no podría cesar jamás. No se cumplen los requisitos establecidos en el Auto Acordado sobre tramitación y fallo de recursos de protección de garantías constitucionales.

En cuanto al fondo del recurso señala que la asignación de especialidad al grado efectivo hace presente que el Decreto con Fuerza de Ley Nº2, de 1968, en su texto original, no contemplaba dicho beneficio. Sin embargo, el artículo 41 del Decreto Ley Nº3.551, de 1980, publicado el 02 de enero de 1981 lo estableció en favor del personal que indica, cuyos montos serían los que allí se expresan, añadiendo en su inciso final, que el reseñado estipendio no debía ser considerado para los efectos de la asignación de zona.

Destaca que, a través del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 1998 del Ministerio de Defensa Nacional, se sustituyó el artículo 46 del citado Decreto con Fuerza de Ley N°2, de 1968, Estatuto del Personal de Carabineros, estableciéndose un nuevo beneficio, también denominado “asignación de especialidad al grado efectivo”, lo que, de acuerdo al criterio sostenido por el ente contralor, importó, respecto de dichos servidores, la derogación tácita del estipendio de similar denominación concedido originalmente por el artículo 41 del citado decreto ley N°3.551, de 1980.

Refiere que, en abril de 2021, y tras los cambios normativos antes descritos, la Contraloría General de la República se pronunció sobre la incorporación de la citada asignación de especialidad en la base de cálculo de la gratificación de zona, lo que dio lugar a diferencias en las sumas enteradas al personal con derecho a la mencionada gratificación.

Alude que en sentencias recientes la Excma. Corte Suprema, se ha pronunciado confirmando fallos que rechazan acciones de protección por los mismos hechos ventilados en autos, en los cuales se hace un análisis de los hitos relacionados con el objeto de la acción pretendida.

Aduce que atendida la naturaleza cautelar de emergencia del recurso de protección, no constituye la vía idónea para perseguir el cobro de estipendios remuneraciones no reclamados en su oportunidad, toda vez que tiene por objeto proteger el legítimo ejercicio de derechos siempre que estén indubitados, y no de aquellos otros que se encuentren en discusión, como ocurre en la especie, o que constituyan una mera expectativa, de tal manera que la acción constitucional deducida no está en condiciones de prosperar.

Cuestiona que el recurrente haya intentado una acción excepcionalísima, sin antes agotar la vía administrativa, tendiente a exigir a su juicio el cobro de estipendios pagados de forma incompleta, desvirtuando la naturaleza cautelar y excepcionalísima del recurso de protección. Y de igual modo que se pretenda obtener el pago de sumas adeudadas sin señalar montos específicos de dinero ni proponiendo una operación aritmética de como determinar su cuantía.

Conforme a lo expresado, manifiesta que no ha incurrido en algún acto ilegal o arbitrario que atente contra los derechos fundamentales esgrimidos por el recurrente, se ha procedido conforme a lo resuelto por la Contraloría General de la República en el referido dictamen, decisiones que son vinculantes para todos los órganos de la Administración del Estado.

Asegura que en el caso del recurrente no se ha procedido a efectuar pago alguno, toda vez que, (atendiendo a la fecha del dictamen, esto es, el 26.ABR.021), los montos que se pretenden cobrar, se encuentras prescritos.

Se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, el acto estimado ilegal y arbitrario alegado por el recurrente lo hace consistir en la privación sin expresión de causa del pago íntegro de la “Asignación de especialidad al grado efectivo”, estipendio que debía aplicarse el cálculo de la “Gratificación de Zona”, el cual tiene el carácter de remuneración y como tal ingresó a su patrimonio mientras se encontraban en servicio activo; lo que vulnera las garantías constitucionales que invocan.

TERCERO: Que, al evacuar informe la recurrida insta por el rechazo del recurso en virtud de lo expuesto en la parte expositiva.

CUARTO: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad formulada, el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, en su numeral 1º, señala que su interposición debe efectuarse dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos. En la especie el recurrente acciona por la omisión de pago de las prestaciones que conformaría su remuneración, lo que alega se mantiene insoluto a la fecha; por lo que esta Corte entiende que, atendida la naturaleza de lo discutido, la omisión alegada produce sus efectos hasta la fecha de interposición de la acción, lo que impide considerarla como extemporánea.

QUINTO: Que, sobre la materia han existido distintos pronunciamientos de los tribunales superiores, y la Excma. Corte Suprema atendida la imperiosa necesidad de uniformar la jurisprudencia sobre lo planteado, ha estimado oportuno efectuar un nuevo y acabado análisis del punto objeto de la controversia.

Al efecto en el fallo dictado en recurso de protección sustanciado en el rol Nº8668-2025 ha señalado, en relación con la normativa que rige la materia, lo siguiente:

“Tercero: Que la adecuada resolución de la contienda exige recordar los siguientes hitos relacionados con su objeto:

a. El 11 de mayo de 1980 se publicó en el Diario Oficial el Decreto con Fuerza de Ley N°1, del Ministerio de Defensa Nacional, que aprobó el Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile. En su artículo 101, este cuerpo normativo, indica: “El personal afecto al presente Estatuto continuará asimilado a la Escala de Sueldos y al Sistema de remuneraciones actualmente existentes para Carabineros de Chile, o que se establezcan en el futuro…”;

b. El artículo 46 del Decreto con Fuerza de Ley N°2 de 1968, del Ministerio de Defensa Nacional, que aprobó el Estatuto del Personal de Carabineros (aplicable a la PDI por la remisión transcrita en el literal anterior), expresa: “El personal de Carabineros gozará, además del sueldo y mayores sueldos asignados a su grado, de los siguientes beneficios y derechos, en la forma que lo establezca el reglamento respectivo: …d) Asignación por Cambio de Residencia y Gratificación de Zona: …3) La gratificación de zona se calculará sobre el total de las remuneraciones, salvo las asignaciones de rancho y familiar y las otras excepciones legales…”;

c. El 2 de enero de 1981 se publicó en el Diario Oficial el Decreto Ley N°3.551, que fijó normas sobre remuneraciones y personal para el sector público. En su artículo 41 se estatuyó: “Concédese para el personal en servicio activo de las Fuerzas Armadas, de Carabineros de Chile y de Investigaciones de Chile… una asignación mensual no imponible denominada de ‘especialidad al grado efectivo’ cuyos montos, serán los siguientes y que se percibirá de acuerdo con el grado jerárquico o de encasillamiento respectivo…”;

d. El 2 de febrero de 1981 se publicó en el Diario Oficial el Decreto Ley N°3.628, que, en lo pertinente, introdujo el inciso final del artículo 41 del Decreto Ley N°3.551, que ordena: “La asignación que concede este artículo [especialidad al grado efectivo] no se considerará para los efectos de la asignación de zona”;

e. El 12 de marzo de 1998 se publicó en una edición restringida del Diario Oficial (atendido su carácter secreto inicial) el Decreto con Fuerza de Ley N°1, que modificó el Estatuto del Personal de Carabineros de Chile reseñado en el literal b., que precede. En lo atingente al recurso en análisis, el artículo 46 de este último cuerpo normativo fue sustituido por el siguiente enunciado: “El personal de Carabineros gozará, además del sueldo y mayores sueldos asignados a su grado, de los siguientes beneficios y derechos, en la forma que lo establezca el reglamento respectivo: …r) Asignación de Especialidad al Grado Efectivo: El personal percibirá una asignación mensual denominada de especialidad al grado efectivo, cuyo monto se fijará de acuerdo con el grado jerárquico o de encasillamiento respectivo, en conformidad al Decreto Ley N°3.551, de 1980, y sus modificaciones… Esta asignación tendrá el carácter de imponible a partir de los veinte años de servicios efectivos aludidos en el artículo 83º, fecha a contar de la cual este personal gozará de una bonificación compensatoria no imponible ascendente al 13,5% de la respectiva asignación en conformidad a la Ley N°18.870.

Esta bonificación no constituirá remuneración ni servirá de base para el cálculo de ningún beneficio económico…”;

f. El 31 de mayo de 2019, la PDI, que hasta ese momento había calculado la gratificación de zona de su personal excluyendo de su base de cálculo la “asignación de especialidad al grado efectivo”, emitió un radiograma interno del siguiente tenor: “se modifica la base de cálculo de la gratificación de zona, para los trabajadores de la Policía de Investigaciones de Chile, que cumplan funciones en aquellas unidades con derecho al pago de este estipendio económico, conforme a revisión del departamento de auditoría interna y a informe técnico jurídico”;

g. El 2 de julio de 2019, la PDI emitió un segundo radiograma interno, comunicando a su personal que, como consecuencia de “consultas efectuadas tanto a instancias institucionales como extrainstitucionales respecto de la nueva base de cálculo utilizada para el pago de la gratificación de zona y los efectos que ésta generaría en las remuneraciones, esta jefatura nacional ha solicitado un pronunciamiento a la Contraloría General de la República, con el objeto de aclarar la pertinencia de este procedimiento”;

h. El 26 de junio de 2021, respondiendo a la consulta efectuada por el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, la Contraloría General de la República emitió el dictamen N°E98928, que señaló que la creación de la nueva “asignación de especialidad al grado efectivo” para el personal de Carabineros y de Investigaciones (por el Decreto con Fuerza de Ley N°1 de 1998) implicó la derogación tácita del estipendio de igual denominación originalmente establecido en el artículo 41 del Decreto Ley N°3.551 de 1980, con excepción de la regulación contenida en su artículo 41 en lo relativo a los montos. En lo relevante al punto que aquí se debate, el órgano de control dictaminó: “que los artículos 2° de los citados decretos Nos. N°87, de 1999 y 135, de 2019, ambos del Ministerio de Defensa Nacional, definen remuneración como cualquier contraprestación en dinero que el personal tiene derecho a percibir en razón de su empleo o función, tales como, sueldo base, asignaciones, sobresueldos, gratificaciones, bonificaciones y otros estipendios, naturaleza jurídica que posee la asignación de especialidad al grado efectivo, lo que implica que deba ser considerada en la base de cálculo de la gratificación de zona, acorde con lo establecido en el aludido artículo 46, letra d), numeral 3), del reseñado texto estatutario”, por lo que la asignación de especialidad al grado efectivo que actualmente recibe el personal de la PDI, “debe ser considerada en la base de cálculo de la gratificación de zona del personal que tenga derecho a este último beneficio”;

i. A partir de noviembre de 2022, la PDI incluyó la “asignación de especialidad al grado efectivo” en la base de cálculo de la gratificación de zona de su personal, ordenando el pago retroactivo de la diferencia desde abril de 2021, época en el que la Controlaría General de la República emitió el dictamen N°E98928; y, j. Ante las diversas Cortes de Apelaciones del país, funcionarios de la PDI, tanto activos como en retiro, han incoado recursos de protección instando por el pago retroactivo de la diferencia generada con ocasión de la nueva fórmula de cálculo de la gratificación de zona, más allá de abril de 2021.”

SEXTO: Que, como se ha resuelto reiteradamente por esta Corte, para acoger la acción constitucional debe constatarse el carácter preexistente e indubitado del derecho afectado, condición que se estima, no se verifica en la especie, porque los derechos cuya protección se persigue por esta vía, cautelar y de emergencia, no tienen el carácter de indiscutidos; considerando que esta sede en ningún caso, constituye una instancia de declaración de derechos sino que de protección de aquellos que, como se dijo, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria.

Para arribar a dicha conclusión se ha tenido presente, con un mejor estudio de los antecedentes, que la pretensión del recurrente dice relación con el pago retroactivo de remuneraciones a funcionarios de Policía de Investigaciones, más allá de abril de 2021, asunto que, por su naturaleza, debe ser objeto de pronunciamiento en la instancia judicial declarativa que corresponda.

Así como lo resolvió la Excma. Corte Suprema en el fallo citado “En efecto, un primer asunto que impide el éxito de la presente acción constitucional cautelar consiste en que el derecho de un determinado funcionario a percibir la gratificación de zona exige la acreditación su presupuesto de hecho esencial: el desempeño de una función pública en un lugar del territorio nacional sujeto a este beneficio. Se trata de un requisito contenido en normas estatutarias que, como tales, son de orden público e indisponibles para las partes. Así, su concurrencia debe ser verificada por el órgano jurisdiccional de instancia competente, a través del procedimiento de lato conocimiento que al interesado franquea el ordenamiento jurídico.

Por otro lado, la época en que se habría producido la exigibilidad del derecho que se reclama podría ameritar la discusión acerca de la prescripción de la acción para exigirlo, aspecto que depende de un proceso y un pronunciamiento eminentemente declarativos.”

En el mismo sentido se han dictado diversos fallos por el Máximo Tribunal, a saber, Rol Nº5.030-2025, 8896-2025, 236-2025, 8671-2025, 6269-2025, 5041-2025, 8877-2025, 6268-2025, 13.567-2025, entre otros.

SEPTIMO: Que, corrobora dicha argumentación, la circunstancia que la recurrida, debidamente emplazada ha impetrado la excepción de prescripción, en la especie, la que dicen relación con la correspondiente acción de cobro de las prestaciones que presuntamente se adeudan, cuya resolución excede el marco de la acción interpuesta.

OCTAVO: Que, conforme a lo razonado, la acción impetrada no puede prosperar por no asistir al recurrente un derecho indubitado susceptible de ser tutelado a través de esta vía, sin perjuicio de las acciones que se puedan ejercer en la instancia declarativa respectiva.

Por estas consideraciones, y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo de esta clase de recursos, de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones se resuelve que:

I. Se RECHAZA la alegación de extemporaneidad promovida por la recurrida.

II. Se RECHAZA el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado contra de Policía de Investigaciones de Chile, todos ya individualizados.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

ROL N°194-2025. PROTECCIÓN.