FTA SERVICIOS SPA con DIRECCIÓN DEL TRABAJO REGIÓN DE MAGALLANES

Punta Arenas, veintisiete de mayo de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece don Ricardo Javier Cárdenas Vera, abogado, y deduce recurso de protección en representación de FTA SERVICIOS SPA, representada legalmente por don nombre reservado, en contra de la Dirección del Trabajo Región de Magallanes y la Antártica Chilena, representada legalmente por su director regional don Carlo Gorziglia Sain, ambos domiciliados en domicilio reservado, en razón del acto que señala como ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de los recursos de reposición y jerárquico interpuestos el 3 de diciembre de 2025 y la consecuente declaración de firmeza de las multas, sin notificación, sin fundamentación escrita y sin derecho a oposición o defensa, vulnerando con ello las garantías establecidas en el artículo 19 N°2 y 3 de la Constitución Política de la República.

Señala que, por Resolución N°1977/25/29 de 23 de julio de 2025, se aplicó a su representada una multa administrativa por diversas infracciones, ascendente a la suma total de $4.135.380, correspondiente a 60 Unidades Tributarias Mensuales.

Indica que, el 8 de agosto de 2025, su representada presentó solicitud de sustitución de la multa por programa de capacitación, conforme al artículo 506 ter del Código del Trabajo, la que fue declarada inadmisible por Resolución Exenta N°1203-28067/2025, de 6 de octubre de 2025, fundada en que la infracción derivaba de un accidente del trabajo grave, sin emitirse pronunciamiento sobre el fondo, notificándose dicha resolución el 15 de octubre de 2025.

Refiere que, habiéndose declarado inadmisible la sustitución de multa, el 4 de noviembre de 2025 presentó recurso de reconsideración de conformidad con el artículo 511 del Código del Trabajo, el que fue declarado inadmisible por extemporáneo mediante Ordinario N°1203-65478/2025, de 21 de noviembre de 2025, dictado por el Inspector Jefe Provincial de Tierra del Fuego, por estimarse vencido el plazo el 10 de septiembre de 2025.

Destaca que ello resulta improcedente, pues mientras la solicitud de sustitución se encontró bajo conocimiento de la propia administración, entre el 8 de agosto y el 9 de octubre de 2025, no existía certeza jurídica para deducir la reconsideración ya que había una solicitud pendiente sobre la misma materia y sin resolver por la propia administración.

Añade que el fiscalizador señaló que el plazo para presentar la reconsideración conforme al artículo 511 del Código del Trabajo venció el 10 de septiembre de 2025, es decir 30 días antes de obtener una resolución y sin saber que se rechazaría la solicitud de sustitución de multa.

Sostiene que, en virtud de lo anterior, el 3 de diciembre de 2025 interpuso los recursos de reposición y en subsidio jerárquico de conformidad con el artículo 59 de la Ley N°19.880 y, en subsidio, jerárquico, en conformidad al artículo 59 de la Ley N°19.880 en contra de la resolución contenida en el ordinario N°1203-65478/2025 dictado el 21 de noviembre de 2025, los que fueron admitidos a tramitación el 4 de diciembre de 2025. Afirma que, no obstante, a la fecha de interposición del recurso, la recurrida no ha resuelto dichos recursos administrativos ni ha dictado acto alguno, pese a la solicitud de su representada.

Señala que lo más grave es que, pese a existir recursos administrativos pendientes, sin que su representada pudiera oponerse y actuando sin informarle, se procedió a dar por ejecutoriada y firme la multa, comunicando una supuesta deuda tanto a la Tesorería General de la República como a los distintos boletines comerciales y bancarios, de lo cual su representada solo pudo informarse el 06 de abril de 2026, al realizar trámites de declaración de impuestos y bancarios, todo lo cual demuestra que la recurrida procedió a rechazar los recursos presentados.

Sostiene que el actuar de la recurrida es manifiestamente ilegal, pues infringe el artículo 8° inciso 2° de la Constitución Política y los artículos 11, 16, 41, 23, 45 y 59 de la Ley N°19.880, por cuanto al proceder a rechazar los recursos administrativos sin expresar razones de su decisión en un documento escrito y notificado debidamente a su representado.

Agrega que también infringe el artículo 512 del Código del Trabajo, pues al mantener firmes las multas sin resolución escrita ni notificada, impide a su representada ejercer el derecho a reclamar ante el Juez del Trabajo.

Indica que el actuar de la recurrida es además arbitrario y vulnera la garantía de igualdad ante la ley, pues toda persona sometida a un procedimiento administrativo tiene derecho a que se le apliquen las reglas de la Ley N°19.880, a conocer los fundamentos de las decisiones, a acceder a un documento escrito, a que la decisión le sea notificada y a que sus recursos sean resueltos dentro de plazo; y porque, además, se le privó del derecho contemplado en el artículo 512 del Código del Trabajo de recurrir ante el Juez del Trabajo para reclamar de la decisión adoptada en caso de la reconsideración de multa por el Director del Trabajo, citando jurisprudencia.

Sostiene asimismo que se infringe el debido proceso consagrado en el artículo 19 N°3 de la Constitución, pues la recurrida, al rechazar los recursos administrativos omitiendo el cumplimiento de las formalidades legales y disponer el carácter firme de las multas, transgrede las reglas básicas de un procedimiento racional y justo, adoptando además, la posición de una comisión especial.

Por lo expuesto solicita, que se deje sin efecto la decisión que dispuso el rechazo de los recursos administrativos presentados el 03 de diciembre de 2025, disponiendo que sean acogidos en forma expresa y que en virtud de lo anterior, que se ordene resolver sobre el fondo, por el Director del Trabajo, el recurso de reconsideración presentado el 4 de noviembre de 2025, declarado inadmisible; que se declare que la Resolución Exenta N°1977/2025/29 no se encuentra firme; con condena en costas.

Informa el recurso doña Viviana Ampuero Santana, abogada, en representación de la Inspección Provincial del Trabajo de Tierra del Fuego, pidiendo que el recurso sea rechazado en todas sus partes y declarado inadmisible, con costas.

Señala que la empresa dedujo el recurso por estimar arbitraria e ilegal la resolución de multa N°1977.2025.29, de 23 de julio de 2025, alegando la vulneración de los numerales 2 y 3 del artículo 19 de la Constitución.

Indica que la multa tuvo su origen en la denuncia de un accidente fatal ocurrido el 05 de abril de 2025 en las instalaciones de la empresa Marine Gel Antartic, en que perdieron la vida dos personas y otra persona quedó en estado grave, activándose un procedimiento de fiscalización que detectó seis infracciones.

Sostiene que la acción debe rechazarse por el solo hecho de existir un medio de impugnación especial para atacar el fondo de las multas, contenido en el artículo 503 del Código del Trabajo, que franquea la reclamación ante el Juez de Letras del Trabajo dentro de quince días hábiles contados desde su notificación. Afirma que el recurso de protección no puede ser utilizado como un sustituto procesal ni reemplazar los procedimientos especiales que contempla la ley, conforme a reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema, y que la empresa, hizo uso de recursos administrativos que le franquea la ley, los cuales fueron rechazados y pretende por esta vía revivir plazos fenecidos.

En cuanto al plazo para la interposición del recurso, el recurrente argumenta que tomó conocimiento el 06 de abril de 2026 de que la multas se encontraba cargada a la tesorería, sin embargo, estas se encontraban informadas desde el 24 de octubre de 2025, y adjunta copia de un boletín comercial y bancario de la empresa al 17 de marzo de 2026, esto quiere decir, que en marzo ya tenía conocimiento y el recurso se interpuso recién el 22 de abril de 2026, por lo que habría sido deducido en forma extemporánea.

Refiere que la empresa hizo uso, respecto de la multa cursada, del recurso del artículo 506 ter del Código del Trabajo, es decir, sustitución por capacitación o asistencia a un programa de cumplimiento, el cual fue declarado inadmisible porque existen instrucciones expresas contenidas en la Circular N°4, de 17 de enero de 2022, conforme a la cual, “cuando por responsabilidad del empleador éstas hayan producido muerte del trabajador o se trate de un accidente clasificado como grave, todas las sanciones asociadas a la comisión que investigó el accidente deben mantenerse”.

Indica que, posteriormente, el 4 de noviembre pasado, la empresa presentó un recurso de reconsideración administrativa regulado en los artículos 511 y 512, el que fue rechazado por extemporáneo, toda vez que la multa fue notificada el 29 de julio de 2025 y el plazo de treinta días venció el 10 de septiembre de 2025, presentándose el recurso recién el 04 de noviembre de 2025, sin que los plazos se suspendan como pretende el recurrente. Destaca asimismo que el artículo 511, señala que tal medio de impugnación procede, cuando el afectado no hubiere recurrido de conformidad al artículo 503 y no hubiere solicitado la sustitución de multa del artículo 506 ter del Código del Trabajo.

Respecto del recurso de reposición y jerárquico, señala que el Servicio no lo ha rechazado, sino que se encuentra pendiente de resolver debido a la sobrecarga de trabajo de la Unidad Jurídica regional. Afirma que la carga de las multas a la Tesorería General de la República no obedece a un acto deliberado, sino que constituye una carga automática que se efectúa los días lunes una vez notificadas las multas y transcurridos ciertos plazos, en general 30 días hábiles si el empleador no ejerció los recursos administrativos ni judiciales. Agrega que conforme a la Orden de Servicio N°2, del año 2016, los recursos de la Ley N°19.880 no paralizan el cobro el cobro ejecutivo de las multas, salvo petición expresa del interesado, la que en este caso no se formuló en el recurso de reposición y jerárquico.

Finalmente si bien se encuentra pendiente de resolver la presentación de 4 de diciembre de 2025, el servicio ha señalado en el mismo instrumento que no proceden respecto de las resoluciones objeto de esa instrucción los recursos de reposición y jerárquico, por cuanto el legislado ha contemplado medios específicos de impugnación contenidos en los artículos 503, 506, 511 y 512 del Código del Trabajo.

Sostiene que la Inspección Provincial del Trabajo no incurrió en ningún acto u omisión arbitrario o ilegal y que tampoco existe agravio a las garantías constitucionales, porque la multa fue cargada en forma automática y porque la empresa no solicito expresamente la paralización del cobro.

Por lo expuesto solicito el rechazo del recurso con costas.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido. Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar, que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en la Constitución y que puedan establecerse sumariamente.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) la existencia de la acción u omisión reprochada; b) que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) que de la misma se siga un atentado directo e inmediato a garantías constitucionales protegibles por esta vía; y d) que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida.

TERCERO: Que a través del presente recurso se reclama respecto del rechazo de los recursos de reposición y jerárquico interpuestos por la recurrente el 03 de diciembre de 2025 en contra del Ordinario N°1203-65478/2025, y de la consecuente declaración de firmeza de las multas impuestas por la Resolución Exenta N°1977/2025/29, sin que mediara resolución escrita, fundada ni notificada, procediéndose además a comunicar la deuda a la Tesorería General de la República y a los registros comerciales y bancarios; actuación que la recurrente estima ilegal y arbitraria, alegando vulneración a las garantías establecidas en el artículo 19 N°2 y 3 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que la recurrida solicitó el rechazo del recurso, conforme a los antecedentes reseñados en la parte expositiva.

QUINTO: Que, en primer término, la recurrida alega haberse deducido el recurso de protección en forma extemporánea, en atención a que el recurrente tenía conocimiento de que las multas se encontraban informadas en los sistemas respectivos, al menos al 17 de marzo pasado, conforme al boletín de infracciones laborales y previsionales inserto en el recurso y acompañado a folio 1.

Que el numeral primero del Auto Acordado N°94-2015, dispone que: “El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”.

Que la circunstancia de que el recurrente acompañara un boletín comercial, no permite tener por desvirtuada la alegación de que tomó conocimiento cierto de la actuación reprochada el 6 de abril de 2026 al realizar trámites a propósito del pago de impuestos, de manera que habiéndose deducido la acción el 22 de abril de 2026, ha sido interpuesta dentro del plazo fijado por el mencionado Auto Acordado, razón por la cual la alegación de extemporaneidad será desestimada.

SEXTO: Que, el recurrente sostiene que la recurrida habría rechazado los recursos de reposición y jerárquico interpuestos el 3 de diciembre de 2025, infiriendo dicho rechazo de la circunstancia de encontrarse las multas cargadas en la Tesorería General de la República, pidiendo que se deje sin efecto tal decisión y en virtud de lo anterior se ordene resolver sobre el fondo el recurso de reconsideración presentado el 4 de noviembre de 2025 y se determine que la resolución exenta Nº1977/2025/29 no se encuentra firme.

Que lo señalado es coincidente con lo pedido en los mencionados recursos de reposición y jerárquico.

Que a su vez, la recurrida informó que dichos recursos no han sido rechazados, sino que se encuentran pendientes de resolución.

SÉPTIMO: Que, de lo expuesto aparece, por un lado, que no es posible tener por concurrente el presupuesto fáctico sobre el que se construye la acción, ya que, a diferencia de lo inferido por el actor, no existe acto administrativo alguno que se haya pronunciado sobre los recursos de reposición y jerárquicos deducidos, por lo que mal puede reprochársele a la Dirección del Trabajo una decisión de rechazo que no ha sido adoptada.

Por otra parte, aparece que el comportamiento objetado en autos, dice relación con un procedimiento administrativo aún no concluido, sin que se haya dictado una decisión terminal que tenga la aptitud necesaria para conculcar cualquier garantía constitucional.

OCTAVO: Que, en consecuencia, y en mérito de lo expuesto en los motivos precedentes, únicamente cabe desestimar el recurso interpuesto, según se dirá a continuación.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por FTA Servicios SPA en contra de la Dirección del Trabajo Región de Magallanes y la Antártica Chilena, todos ya individualizados.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Dese cumplimiento a lo dispuesto el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Redacción a cargo del Ministro Marcos Kusanovic.

Se deja constancia que no firma el Fiscal Judicial Sr. nombre reservado, por encontrarse en comisión de servicio.

ROL N°192-2026 PROTECCIÓN.