MINERA INVIERNO SA con DIRECCIÓN NACIONAL DEL TRABAJO

nombre reservado, diecisiete de abril de dos mil dieciocho.

VISTOS:

En los autos Rol 188-2018-recurso de protección, Producción y Servicios Mineros Ltda. Equipos Mineros Río Grande Limitada; Rentas y Construcciones Fitz Roy Ltda. Portuaria Otway Ltda. Mina Invierno S.A. y Minera Invierno S.A. representados por don nombre reservado, domiciliados, para estos efectos, en domicilio reservado, nombre reservado, deducen recurso de protección, contra la Dirección Nacional del Trabajo, representada por su Director Nacional, don Christian Melis Valencia, domiciliados en domicilio reservado, por actos arbitrarios e ilegales que le atribuyen haber cometido al dictar el Ordinario Nº 548/008, de 30 de enero del año en curso. Solicita se deje sin efecto en todas sus partes el acto impugnado, con costas.

Explican los recurrentes que la Dirección Nacional del Trabajo, por medio de su Director, emitió dicho Ordinario puesto en su conocimiento con fecha 07 de febrero pasado por medio de las organizaciones sindicales que entienden promovieron dicha consulta ante la Dirección Regional del Trabajo: Sindicato de Trabajadores Nº 2 de Empresa Producción y Servicios Mineros. Esta organización, en conjunto con dos dirigentes del Sindicato de Empresa Equipos Mineros Río Grande Limitada, se reunieron con el Jefe de Gestión de Personas durante la jornada de 08 de enero de 2018 (sic), momento en que se hizo entrega de copia del aludido Ordinario.

Manifiestan que el objeto del citado Ordinario evacuado por la Dirección Nacional del Trabajo, fue responder a las consultas específicas remitidas por la Dirección Regional de Magallanes referidas a los "efectos de la declaración de empleador único para el caso que indica". El cual versa sobre la sentencia dictada en autos RIT 0-79-2016, de 23 de marzo de 2017, que declaró a las recurrentes como "empleador único" o "empleador común" de conformidad a lo dispuesto en el artículo 3 incisos 4° y siguientes del Código del Trabajo. A partir del fallo judicial indicado, la jefatura regional mencionada, formula concretamente las siguientes consultas:

1.-Si se debe exigir un solo reglamento interno de orden, higiene y seguridad, respecto de las cinco empresas consideradas empleador único.

2.-Si se debe exigir la descripción de cargos y funciones, conforme al artículo 154 Nº 6 del Código del Trabajo.

3.-Si debe existir un único comité paritario.

4.-Situación de las normas sobre equidad de las remuneraciones.

5.-Si las referidas empresas conforman una gran empresa para fines sancionatorios.

6.-Si se debe exigir un único departamento de prevención de riesgos.

7.-Si se debe exigir un único comité bipartito de capacitación.

Es decir, se solicitó a la recurrida abocarse a interpretar los efectos de una sentencia judicial firme y ejecutoriada, y lo que es aún más sorprendente, a tratar, analizar y determinar efectos respecto de asuntos y materias expresamente incluidos dentro de las pretensiones de los sindicatos demandantes en ese juicio pero desestimados por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad, al dictar su sentencia. Si bien las consideraciones y premisas utilizadas por el Director Nacional a lo largo del Ordinario en cuestión se centraron principalmente en lo relativo a la exigibilidad del Reglamento Interno único, finalmente concluye que todas las obligaciones en materia de institucionalidad respecto de higiene y seguridad y capacitación deben ser exigibles a todas ellas como un todo: como una sola gran empresa, exceptuando de su pronunciamiento lo relativo al Comité Paritario.

La lectura del Ordinario devela un tema de relevancia, en orden a alterar el régimen de seguridad jurídica al desatenderse conceptos definidos por el propio Código del Trabajo, como corresponde a la definición de empresa y empleador. A partir de esa deliberada confusión, homologa dos conceptos tratados como si fueran sólo uno. Esa homologación no es baladí, toda vez que el Código del Trabajo impone determinadas obligaciones en atención al número de trabajadores presentes por empresa, cuestiones que no trascienden al concepto de empleador. Así, tanto respecto de los requisitos asociados al cumplimiento de un Reglamento Interno, la existencia de un Comité Bipartita de Capacitación, y, aún más grave, el régimen de gradación de sanciones que se disponen en el Código del Trabajo, todos ellos aluden al concepto empresa y no al de “empleador", siendo esta última el único efecto que se pretendió con la declaración de empresas "multi--RUT" a partir de la entrada en vigencia de la Ley 20.760 de 2014.

Afirma que los hechos relatados constituyen vulneración de las garantías constitucionales contempladas en los numerales 3 inciso quinto, 21 y 24 de la Carta Fundamental.

En este sentido, la Dirección del Trabajo se constituye en comisión especial en base a dos premisas: (i) al interpretar los efectos de una sentencia firme y ejecutoriada, cuestión que le está vedada por lo dispuesto en el artículo 7° de la Constitución y según se refuerza en lo prescrito por la Ley Orgánica sobre Bases de la Administración del Estado; y (ii) porque la declaración de "empleador común" o "multi-RUT" y los efectos que de esa declaración dimanaren, tal como prescribe el artículo 3° del Código del Trabajo -en relación al artículo 420 letra a) del mismo texto- es exclusiva y excluyente de los Tribunales de Justicia con competencia en lo laboral. La recurrida no sólo se abocó a interpretar los efectos de una sentencia, sino que además se pronunció sobre materias que fueron desestimadas por el Tribunal al conocer de la causa RIT 0-79-2016, y, por tanto, desechadas como parte del petitorio de la demanda al momento de emitir resolución. Así, de los párrafos de la demanda, se advierte con claridad que una de las partes del petitorio pretendido por los sindicatos actuantes era conseguir mediante la declaración judicial de único empleador que se obligare a las recurrentes a ser consideradas como una sola empresa, generándose las obligaciones legales en materia de incluir en sus Reglamentos Internos de Orden, Higiene y Seguridad la descripción de todos los cargos presentes en cada una de las empresas, considerando lo dispuesto en el artículo 154 N° 6 del Código del Trabajo; esto, en definitiva, supone la idea de contar con un reglamento único para todas las recurrentes, advirtiéndose la idea de unificarlas en una sola empresa: tal como lo hace el Ordinario objeto de la presente acción. No obstante, la sentencia dictada, al pronunciarse sobre las diferentes peticiones del Sindicato, acogiendo la demanda y declarando que todas las empresas recurrentes constituyen un solo empleador para efectos laborales y previsionales, dispuso en lo resolutivo: “I.- Que, se ACOGE la demanda interpuesta por nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, en representación del “Sindicato de Empresa Producción y Servicios Mineros Limitada”, y nombre reservado, en representación del “sindicato de Empresa Equipos Mineros Río Grande Limitada”, en contra de Mina Invierno S.A., Minera Invierno S.A., Rentas y Construcción Fitz Roy Limitada, Productos y Servicios Mineros Limitada, Portuaria Otway Limitada, Equipos Mineros Río Grande Limitada, Minera Geleen S.A., Compañía Minera Invierno S.A., Inversiones Laguna Blanca S.A., Eléctrica Río Pérez Ltda. y Forestal y Ganadera Estancia Invierno S.A., todas ellas representadas legalmente por don nombre reservado, solo en cuanto se declara que las empresas Mina S.A., Minera Invierno S.A., Rentas y Construcción Fitz Roy Limitada, Productos y Servicios Mineros Limitada, Portuaria Otway Limitada y Equipos Mineros Rio Grande Limitada, constituyen un solo empleador para efectos laborales y previsionales conforme lo previene el artículo 3 inciso 4 del Código del Trabajo. II.- Que, a consecuencia de la declaración antedicha, las empresas respecto de las cuales se ha acogido el libelo en lo sucesivo serán solidariamente responsables de las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores, los cuales además quedan habilitadas para obrar conforme lo indica el inciso octavo del articulo 3 del Código del Trabajo, es decir, aquellos contratados por cualquiera de las razones sociales en comento, pueden conformar en conjunto y cumpliendo los demás requisitos legales un sindicato de empresa; y además los sindicatos ya constituidos en cualquiera de estas razones sociales pueden afiliar a trabajadores contratados por cualquiera de ellas, indistintamente. III.-Que se RECHAZA en lo demás la demanda. IV.-Que no se condena en costas por no haber sido totalmente vencido.”. La declaración de empleador único en los términos señalados por la sentencia ha advertido como únicos efectos aquellos definidos en el N° II, en relación al ejercicio de derechos colectivos, siguiendo a su respecto el tenor de la ley, sin perjuicio de las obligaciones que a cada empresa le correspondería como responsables solidarios en relación a las obligaciones laborales y previsionales, sin alterar la individualidad de estas últimas ni generar un conglomerado que respondiere como una empresa unificada. Conforme a ello y como reza el numeral III de la sentencia, todas las demás peticiones (y pretensiones sindicales), entre ellas que se considerase a todas las empresas demandadas y condenadas como una sola “gran empresa" para efectos laborales y a partir de ahí obligar a la generación de un descriptor de cargos conforme lo dispuesto en el artículo 154 N° 6 del Código del Trabajo, fueron todas expresamente rechazadas por la sentenciadora, por ser improcedentes. Luego, considerando que la sentencia se encuentra firme y ejecutoriada, pretender crear mayores efectos a lo expresamente declarado por el sentenciador, vulnera lo dispuesto en el artículo 76 inciso primero de la Carta Fundamental.

Por otra parte, la recurrida, mediante el acto administrativo, ha definido que todas las recurrentes constituirían una gran empresa, desconociéndose y limitándose la libertad de empresa y la configuración de un grupo societario en distintas entidades, todas ellas debidamente constituidas al amparo de la normativa nacional. La declaración de empleador único no dispone como efecto que todas las empresas condenadas pasen a conformar una sola y gran empresa para efectos laborales (ni para ningún otro efecto), sino únicamente atañe a la ficción legal de considerarlas como un solo empleador y, con esto, atribuir efectos en el ámbito individual del trabajo (responsabilidad solidaria en el cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales) y en el ejercicio de derechos colectivos respecto al ejercicio de la afiliación y la negociación colectiva, sin perjuicio de la posibilidad de reclamar la existencia de subterfugio laboral. Así las cosas, el Director Nacional del Trabajo al dictar el Ordinario objeto del presente recurso, ha determinado en el numeral 6° de su resuelvo que: "Las referidas empresas, por tratarse de un solo empleador, conforman una gran empresa", alterando de esa forma la definición legal e interpretando la ley más allá de su tenor literal e intención. Finalmente, y conforme a las conclusiones vertidas en el Ordinario, al considerarla todas como "una gran empresa" impone no sólo gravámenes especiales considerando el cumplimiento de obligaciones legales de orden laboral, sino que la expone, en caso de aplicación de sanciones, a las máximas contempladas por ley, las que incluso podrían ser triplicadas al aplicar sanciones, considerando la gradación que refiere el artículo 506 del Código del Trabajo, amenazando efectivamente el ámbito de protección otorgado por el derecho de propiedad garantizado por el artículo 19 Nº 24 de la Constitución.

La abogada doña Viviana Ampuero Santana informa por la recurrida. Solicita el rechazo del recurso interpuesto, con costas, debido a la extemporaneidad de la acción, por cuanto ésta se entabla el 06 de marzo de año en curso, esto es, a 35 días de emitido el acto administrativo supuestamente arbitrario e ilegal.

Sin perjuicio de lo anterior, manifiesta la improcedencia de la acción entablada, fundada en que carece de un requisito esencial, cual es, la excepcionalidad y urgencia que requiere frente a un acto u omisión arbitrario e ilegal que cause privación, perturbación o amenaza, y en el caso de autos, sólo se ha emitido un Dictamen-Ordinario, mediante el cual se manifiesta la opinión del Servicio en dicha materia, por ende, carece de fuerza obligatoria suficiente o necesaria para configurar una supuesta vulneración de las garantías constitucionales aludidas. La acción cautelar sólo está prevista para casos que merezcan tutela urgente para adoptar las providencias o medidas que se requieran, pero no resulta procedente para analizar la doctrina del Servicio, tema de lato conocimiento cuyo cuestionamiento está radicado en los tribunales del trabajo, sin perjuicio de señalar desde ya, que no puede ser calificada de arbitraria e ilegal una facultad establecida por ley.

En efecto, el acto recurrido es el dictamen Nº 0584/008, de 30 de enero 2018, emitido por el Departamento de Dictámenes de la Dirección del Trabajo, y tiene su origen en una solicitud de la Dirección Regional de Magallanes y Antártica Chilena, mediante Ord. Nº 502 de 24 de noviembre 2017, de pronunciamiento referente a la ley Nº 20.760, a raíz de una presentación efectuada por dos organizaciones: Sindicato de Empresa Producción y Servicios Mineros Ltda. y Sindicato de Empresa Equipos Mineros Río Grande Ltda. Por tanto, se trata del ejercicio de una facultad interpretativa que el ordenamiento jurídico otorga a la Dirección del Trabajo y a su Jefatura Superior, consagrada en su Ley Orgánica DFL Nº 2 de 1967 y en el mismo Código del Trabajo, artículo 505. Sin perjuicio de la legalidad del acto, éste además cumple con los requisitos formales: consta por escrito; enumerado; se señala la materia de la resolución; contiene el detalle de los antecedentes de su emisión; define si trata una petición de parte o se emite de oficio; expone la consulta extendida pronunciando opinión técnica fundada del servicio; y contiene la firma del Director del Trabajo. Asimismo, la presentación efectuada por las dos organizaciones sindicales, el 20 de noviembre de 2017, contiene una serie de consultas y requerimientos, y a raíz de esto, se deriva por la Dirección Regional de Magallanes la solicitud de pronunciamiento al Departamento Jurídico, vale decir, el acto de respuesta motivada en los hechos como en el derecho, cumple una obligación legal del Servicio por lo que no puede calificarse de arbitrario. Por último, no existe sanción ni resolución alguna en contra de los recurrentes.

El dictamen recurrido obedece a dar respuesta en relación a los efectos laborales de la declaración de multi Rut. Útil es destacar que la resolutiva de la sentencia 0-79-2016 del Juzgado de Letras del Trabajo de nombre reservado, es categórica en establecer dos decisiones concretas: Primero, determina que las empresas aludidas constituyen un único empleador para materias laborales y previsionales; y segundo, que esas empresas, en lo sucesivo, serán solidariamente responsables de las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores. El dictamen responde determinadas consultas derivadas de dicha declaración, lo cual no puede interpretarse, como señala el recurrente, en la interpretación de la sentencia firme y ejecutoriada.

En cuanto a la garantía constitucional invocada como infringida por el recurrente, esto es, aquella contemplada el artículo 19 Nº 3 de la Constitución Política de la República, afirma que de la lectura del Dictamen, de la sentencia y lo esgrimido por el recurrente no se aprecia en qué acápite el Director del Trabajo se habría constituido en una comisión especial o habría interpretado la sentencia, esto, en circunstancias que la interpretación que le da el recurrente a la sentencia es artificiosa, señala que las peticiones esgrimidas por los sindicatos fueron desestimados por el tribunal y reproduce la sentencia en algunos de sus considerados. Aquí no existe una comisión especial, de la simple lectura de la sentencia, su tenor es claro y expreso, por tanto, mal podría el Director darle un sentido distinto, se declaró que las empresas constituyen un solo empleador para efectos laborales y previsionales conforme al artículo 3°, por tanto, no se ha ejercido labores jurisdiccionales. El Director se ha limitado a ejercer una facultad legal, la cual es dar respuesta a peticiones requerimiento mediante dictámenes u ordinarios; la consulta formulada por las organizaciones y la Dirección Regional dicen relación a las consecuencias que conlleva dicha declaración en el ámbito administrativo.

Por último, advierte que el recurrente no explica de qué modo el Dictamen amenaza o perturba las garantías constitucionales de los numerales 21 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, ya que en ningún momento se ordena o instruye un cambio societario o de escrituras a fin de configurar un solo empleador, el recurrente olvida que se construye una ficción legal: "se considerará como un solo empleador"- Tampoco se aplica una sanción o multa que amenace, prive o perturbe su derecho de propiedad, sólo establece supuestos, y que de configurarse son susceptibles de reclamarse por la vía judicial que contempla el Código del Trabajo, artículos 503 y 511.

Se trajeron los autos en relación.

En sus alegatos los abogados reiteraron sus argumentos.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1°) Que el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

2°) Que el objetivo del recurso es verificar si el Ordinario Nº 548/008, de fecha 30 de enero del año en curso es arbitrario e ilegal.

3°) Que en forma previa, se hará cargo la Corte del alegato de extemporaneidad para desestimarlo, toda vez que es obvio y así quedó aclarado en el alegato de la parte recurrente, que ha transcrito el año de la fecha de la reunión en que tomó conocimiento del mismo en forma errónea. Además, consideramos que el planteamiento es insubstancial puesto que no explica cómo podría contarse el plazo desde un acto interno del servicio sin siquiera mencionar, menos acreditar de qué forma y cuando le habría sido dado a conocer, cuanto más, si, tras la defensa, se entiende no estar dirigido a dichas personas.

4°) Que, son hechos de la causa, que el acto recurrido -dictamen Nº 0584/008, de 30 de enero 2018, emitido por el Departamento de Dictámenes de la Dirección del Trabajo- tiene su origen en una solicitud de la Dirección Regional de Magallanes y Antártica Chilena, mediante Ord. Nº 502 de 24 de noviembre 2017, de pronunciamiento referente a la ley Nº 20.760. Y que a su vez ésta se origina en una presentación efectuada por dos organizaciones: Sindicato de Empresa Producción y Servicios Mineros Ltda. y Sindicato de Empresa Equipos Mineros Río Grande Ltda.

5°) que, estos hechos determinan la improcedencia de la acción de protección pues no invoca la alteración arbitraria e ilegal de ninguna situación de la cual emane un derecho indubitado al menos aparentemente, que se deba prevenir, preservar o restablecer mediante una reacción de cautela urgente que hagan necesaria la adopción de providencias o medidas correctoras.

En derecho, en tales circunstancias, ciertamente no resulta procedente analizar la doctrina del Servicio, tema de lato conocimiento radicado en los tribunales del trabajo si es del caso.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo de Recursos de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA el presentado por Producción y Servicios Mineros Ltda. Equipos Mineros Río Grande Limitada; Rentas y Construcciones Fitz Roy Ltda. Portuaria Otway Ltda. Mina Invierno S.A. y Minera Invierno S.A. representados por don nombre reservado, contra de la Dirección Nacional del Trabajo, representada por su Director Nacional, don Christian Melis Valencia.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la ministra Sra. Pinto.

Se deja constancia que no firma la Ministra Sra. Pinto, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por encontrarse haciendo de licencia médica.

Rol Protección N° 188-2018.