nombre reservado CONTRA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RÍO VERDE

Foja: 47 Cuarenta y Siete nombre reservado, veinticinco de junio de dos mil catorce.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que a fojas 14 comparece nombre reservado, Técnico Paramédico, titular planta de la Posta de salud rural de la comuna de nombre reservado, C.I N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Alcaldesa de la Ilustre Municipalidad de nombre reservado, doña Silvia Tatiana Vásquez Barrientos, casada, abogada, domiciliada en domicilio reservado de la Comuna de nombre reservado.

Argumenta que desde diciembre de 2005 a agosto de 2006, fue contratado en calidad de honorarios para desempeñarse como técnico paramédico en la posta de salud rural de nombre reservado; que desde 19 de agosto de 2006 al 31 de diciembre de 2007, fue contratado para desempeñar igual función a contrata; que el 2009, se llamó a concurso público para proveer en calidad de titular el cargo de personal de técnico paramédico para el establecimiento de atención primaria de salud municipal de la comuna de nombre reservado, al cual postuló y ganó, de modo que, desde agosto del 2009 es funcionario de planta en dicho cargo.

SEGUNDO: Que, añade el recurrente que el 26 de mayo de 2014, fue vejado, amedrentado y obligado por el Sr. nombre reservado, Coordinador del Servicio incorporado de Salud y por orden de la Alcaldesa de la comuna de nombre reservado, a firmar su carta de renuncia para poner su cargo a disposición, actuación que califica de arbitraria e ilegal.

Expresa que es arbitraria, por cuanto la decisión de poner término a su planta, en forma antojadiza e injustificada legalmente, toda vez que ha sido calificado en lista N°1 en el desempeño de sus funciones y no se encuentra sometido a sumario administrativo alguno y que siguió el conducto regular para obtener ese puesto de trabajo, postulando a un concurso que ganó y no corresponde a un procedimiento regular y legal, separar a un funcionario de su cargo, considerando que fue obligado a firmar su renuncia, producto de amedrentamientos que le hicieron sentir temor y una sensación de infinita inferioridad respecto de quien le ordenó firmar dicho documento.

Hace presente que al día siguiente que se produjeron estos hechos, fue a la Contraloría General de la República, para saber que procedimiento adoptar, señalándosele que debía presentar una "Carta de desistimiento" la que ingresó a la oficina de partes del municipio con fecha 27 de mayo, sin embargo, fue rechazada por la autoridad.

TERCERO: Que, en cuanto al derecho, indica que se han vulnerado las garantías señaladas en el artículo 19 números 1, 2, 16 y 24 de la Constitución Política.

En cuanto a la primera señala, que fue despojado de su trabajo obligadamente y consecuencialmente de la casa fiscal en Isla Riesco, que se le asignó para vivir y que se encuentra con licencia médica psiquiátrica.

Sobre el artículo 19 N° 2, explica que al momento de ocurrir el episodio en que le obligan a firmar la renuncia, se encontraba en las mismas o mejores condiciones que otros funcionarios, en cuanto a calificaciones e inexistencia de sumarios administrativos; que jamás se ha cuestionado su capacidad, idoneidad ni la forma en que realiza su trabajo, por lo tanto, es arbitraria la decisión de poner fin a su contrato. Invoca al efecto el principio de la transparencia y la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (Artículo 13).

Agrega que se ha vulnerado esta garantía, pues la autoridad recurrida comunica y efectúa el inicio de los trámites para el término del vínculo, sin comunicar motivos, razones o circunstancias que sustentan su decisión, volviendo arbitrario su actuar en comparación a otros funcionarios que continúan prestando sus funciones.

En relación al derecho de propiedad, señala que se ha afectado la propiedad que detenta respecto de su cargo el que obtuvo por concurso público, citando al efecto el artículo 583 del Código Civil y los artículos 16 y 48 del Estatuto de Atención de Salud Municipal, Ley N°19.378; y que aun cuando la renuncia no fue voluntaria ni existió acuerdo de las partes, se tramitó y se hizo efectiva al día siguiente en que lo obligaron a firmar, vulnerándose por la decisión de la Autoridad recurrida los siguientes derechos que consagra dicho estatuto: a) Derecho al descanso compensatorio (artículo 17 y 18) ya que no pudo hacer uso de dos días administrativos y 20 días de vacaciones que tengo para este año; Derecho a las remuneraciones (artículos 23-30) ya que en la última liquidación de remuneraciones de mayo le descontaron 5 días debido a que fue tramitado el decreto al día siguiente; Derecho a la Carrera Funcionaria (artículo 31 y 32).

Finalmente en cuanto a la libertad de trabajo, indica que la Constitución ha querido proteger no sólo el acceso al trabajo, sino también la permanencia en el mismo y que no tendría sentido amparar la forma de ingresar a un cargo y empleo sin hacer lo mismo con la permanencia de este.

CUARTO: Que el recurrente termina solicitando tener por presentado recurso de protección en contra de la Alcaldesa de la Ilustre Municipalidad de nombre reservado, doña Silvia Tatiana Vásquez Barrientos, acogerlo a tramitación y darle curso legal ordenando que la recurrida informe en el plazo perentorio que esta Corte determine, y en definitiva, declarar que la actuación de la recurrida, es ilegal y arbitraria; se disponga que la recurrida deje sin efecto las amenazas de terminación de su planta, el decreto o resolución que ponen término a mis servicios, y se le mantenga en el cargo ejercido, respetando el goce de todas las prerrogativas que conforme a derecho a su cargo corresponden es decir, se ordenen todas las medidas necesarias para restablecer los derechos vulnerados y asegurar su protección.

QUINTO: Que a fojas 34 informa doña Silvia Tatiana Vásquez Barrientos, abogada, por si y en representación de la Municipalidad de nombre reservado, explicando que el día sábado 24 de mayo, cerca de las 21:00 hrs., la llamó al celular de servicios, la vecina de la Estancia María Olvido de la comuna de nombre reservado, señora nombre reservado, muy ofuscada dándole cuenta de una situación y poniendo en tela de juicio a funcionarios de la Posta del Municipio, lo que inmediatamente puso en conocimiento del Coordinador del Servicio Incorporado de Salud, nombre reservado manifestándole que era necesario efectuar una investigación sumaria y que pusiera al corriente a los funcionarios de dicha decisión, lo que fue informado a los tres funcionarios que se encontraban en la Posta y dentro de los cuales estaba el recurrente; que con fecha 25 de mayo del corriente recibió por escrito, vía correo electrónico, una denuncia de la vecina nombre reservado, que daba cuenta de acciones cuestionables efectuadas, presumiblemente por algún funcionario del Servicio Incorporado de Salud, toda vez que en dicho fin de semana estaban laborando en la Posta de Río Verde y en la Municipalidad, funcionarios de dicha repartición; que el día lunes 26 de mayo el recurrente se presentó ante el Coordinador del Servicio Incorporado de Salud, para comunicar su decisión de renunciar asumiendo alguna participación, que no es del caso precisar en este estadio, en los hechos denunciados por la afectada nombre reservado, ante lo cual se llamó al Secretario Municipal para efectos que se formalizara dicha renuncia ante él y se comunicó a la suscrita la situación, razón por la cual dispuso por medio del competente acto administrativo, que no se instruyera la investigación ordenada, señalando los pasos a seguir con la denuncia presentada, todo mediante los Oficios Internos 6 y 7 de 26 de mayo del corriente, dictándose el Decreto 35 de 26 de mayo del año en curso, que aceptó la renuncia del recurrente, despachándose posteriormente dicho acto administrativo a Contraloría.

En consecuencia, no existió amedrentamiento, amenaza o presión alguna al funcionario y su acto de renuncia fue refrendada con el atestado del secretario Municipal que recibió la carta firmada de puño y letra del recurrente.

SEXTO: Que, la recurrida alega la improcedencia de la acción de protección, pues no existe amenaza, presión o amedrentamiento alguno ni acto ilegal o arbitrario de la autoridad que informa, pues la única acción que se ejecutó fue cursar la renuncia voluntaria de un funcionario de planta, por tanto, niega expresamente haber emitido orden alguna al Coordinador de los Servicios de Salud para amedrentar, hostigar o violentar al recurrente para obtener su renuncia, la que fue voluntaria y de conocimiento de diversos funcionarios municipales, entre ellos el Secretario Municipal y su jefe directo.

SÉPTIMO: Que en cuanto a las referencias del recurrente respecto a una separación de su cargo o a una eliminación de su planta, éstas no se condicen con la realidad, pues el actor renunció, además, no existe acto administrativo emitido por la Municipalidad que dé cuenta de una situación distinta a la renuncia libre del recurrente, distinto es que posterior a su renuncia se haya desistido, cuestión que no autoriza una acción constitucional de protección, sino que otros procedimientos de carácter administrativo.

En definitiva, solicita se rechace el recurso de protección por no existir los hechos que relata y por no ejecutar la recurrida acto alguno que revista el carácter de ilegal o arbitrario, pues dar curso a una renuncia voluntaria no es ilegal ni mucho menos arbitrario.

OCTAVO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se han de aplicar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe el ejercicio de tales derechos” (Sentencia Corte Suprema, Rol 1.206/2011).

Esta acción se creó con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado, por ello cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para perseguir su amparo cuando crea que sus derechos son amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, y la Corte de Apelaciones competente deberá adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado” (SCS Rol 397/2010).

NOVENO: Que acto arbitrario es aquel producto del mero capricho de quien incurre en él que provoque algunas de las situaciones o efectos de privación, perturbación o amenaza, afectando a una o más de las garantías preexistentes-protegidas; es aquello producto del mero capricho de quien incurre en él (Corte Suprema Rol N° 764/2011); es la no existencia de razones que justifiquen una actuación (Corte Suprema 4734/2003) o voluntad no gobernada por la razón (Corte Apelaciones de Santiago 1249/1994): Vulneración del uso razonable con que los elementos discrecionales de un poder jurídico han de ser ejercidos (Corte de Apelaciones de Santiago 50/2004), o bien, acciones u omisiones que “pugnan con la lógica y la recta razón contradiciendo el normal comportamiento, sea de la autoridad o de los seres humanos en particular, que se rige por los principios de racionalidad, mesura y meditación previa a la toma de decisiones y no por el mero capricho o veleidad (Corte de Apelaciones de Coyhaique 37/2000).

DÉCIMO: Que acto ilegal es aquel contrario al ordenamiento jurídico (en particular los poderes públicos). Antijurídica. Contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil (Corte Suprema Rol N° 764/2011) y la privación es despojo o desconocimiento del derecho, la perturbación es dificultad o limites no aceptables para su ejercicio y amenaza la representación cierta que el derecho será privado o perturbado.

UNDÉCIMO: Que, de esta manera, corresponde primero reflexionar si la acción deducida por el recurrente es arbitraria o ilegal como lo sostiene éste.

Pues bien, del concepto de arbitrario reseñado en el motivo precedente, se desprende que la actuación de la recurrida no tiene el carácter de tal, toda vez que ella no emanó de un mero capricho de la autoridad edilicia. Tampoco pugna con la lógica, ni con la recta razón. Por el contrario, existían razones que la justificaban, ya que el Decreto Alcaldicio se fundó en la renuncia voluntaria al cargo de planta en la Posta Rural de Río Verde presentada por nombre reservado, de 26 de mayo del 2014, que rola a fojas 25, de cuyo tenor fluye que el recurrente comunicó oficialmente su decisión a la alcaldesa “por razones de personal” y a contar de la misma fecha. La citada renuncia le fue informada a la recurrida por Of. Int.: N°16 de 26 de mayo, del Coordinador del Servicio Incorporado de Salud de la Comuna de nombre reservado nombre reservado, a través del cual le refirió que ésta fue presentada en presencia del Secretario Municipal, hecho que consta a fojas 27. Acto seguido, la alcaldesa Tatiana Vásquez Barrientos expidió el Decreto respectivo, el que lleva el N°35, del mismo 26 de mayo, que obra a fojas 26, aceptando la renuncia, en donde se deja expresa constancia que el recurrente no se encontraba sujeto a sumario administrativo alguno al momento de ser aceptada su renuncia, a pesar de la instrucción en tal sentido que fue dada en forma verbal el domingo 25 de mayo y que se dejó sin efecto por resolución del mismo 26 de mayo, como consta a fojas 31, decreto alcaldicio que le fue comunicado el día 27 de mayo último por Of. Ord. : 219, de fojas 29.

DUEDÉCIMO: Que, en segundo término, incumbe cavilar si el acto impugnado es ilegal. La respuesta debe ser negativa, toda vez que, como se ha dicho, acto ilegal es aquel contrario al ordenamiento jurídico y el artículo 144 de la Ley N°18.883, denominada Estatuto Administrativo para Empleados Municipales, refiere que el funcionario cesará en el cargo por: a) Aceptación de renuncia. A continuación, el artículo 145 del mismo Estatuto expresa que “la renuncia es el acto en virtud del cual el funcionario manifiesta al alcalde la voluntad de hacer dejación de su cargo” y que ésta debe presentarse por escrito y no produce efecto alguno sino desde la fecha que se indique en el decreto que la acepte. Además, dicho precepto añade que la renuncia sólo puede ser retenida por el alcalde cuando el funcionario se encuentre sometido a sumario administrativo del cual emanen antecedentes serios de que pueda ser alejado de la municipalidad por aplicación de medida disciplinaria de destitución. En este caso, la aceptación de la renuncia no puede retenerse por un lapso superior a treinta días contados, desde su presentación, aun cuando no se hubiere resuelto sobre la aplicación de la medida disciplinaria de destitución. Si se encuentra en tramitación un sumario administrativo en el que estuviere involucrado un funcionario, y éste cesare en sus funciones, el procedimiento deberá continuarse hasta su normal término, anotándose en su hoja de vida la sanción que el mérito del sumario determine”.

Luego bien, tal como se refiere en el motivo anterior, está acreditado que el actor presentó su renuncia voluntaria el día 26 de mayo ante el Secretario Municipal y el Coordinador del Servicio Incorporado de Salud de la Comuna de nombre reservado , que no estaba sujeto a investigación sumaria alguna, porque aquel sumario que se dispuso verbalmente el domingo 25 de mayo, fue dejado sin efecto a primera hora del día siguiente sin que se hubiere iniciado aun y que la autoridad edilicia expidió ese mismo día el decreto de aceptación de la renuncia del recurrente, apegada estrictamente a la legalidad vigente, en especial, al citado artículo 145 de la Ley N°18.883, por ende, su acto no ha sido ilegal.

DÉCIMO TERCERO: Que, en nada alteran las conclusiones anteriores los documentos acompañados por el recurrente a fojas 3 y 4 de 27 de mayo, a través de los cuales solicita se retire la carta de renuncia voluntaria y, en consecuencia, no se acreditó por éste amedrentamiento, amenaza o presión alguna hacia el recurrente y su acto de renuncia fue refrendado con el atestado del secretario Municipal que recibió la carta firmada de puño y letra del recurrente, resultando improcedente analizar las razones de fondo que motivaron esta acción cautelar.

Por estas consideraciones y, visto además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo de los Recursos de Protección, de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos, se declara que SE RECHAZA el recurso intentado a fojas 14 y siguientes por nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de nombre reservado, representada legalmente por su alcaldesa Tatiana Vásquez Barrientos.

Acordada con el voto en contra del Ministro Señor Padilla quien fue de la opinión de acoger el recurso de protección, teniendo presente que en su concepto el sumario administrativo en contra del recurrente ya había sido incoado a la época de dictarse el decreto alcaldicio que aceptó la renuncia voluntaria de éste y, tal como lo señala el artículo 144 del Estatuto Administrativo para Empleados Municipales, si éste ya estaba en tramitación y el funcionario cesa en sus funciones, el procedimiento debe continuar hasta su normal término, anotándose en su hoja de vida la sanción que el mérito del sumario determine, de tal suerte que acto de la autoridad alcaldicia fue ilegal de momento que se expidió cuando aún estaba pendiente el referido sumario y conculcó la garantía fundamental del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República de la igualdad ante la ley, al establecer diferencias arbitrarias en el procedimiento adoptado para obligarlo a firmar su renuncia voluntaria y tomar la decisión de poner término a su contrato, al encontrarse nombre reservado en iguales o mejores condiciones que otros funcionarios del citado municipio, en lo que dice relación con sus calificaciones e inexistencia de sumarios administrativos, como lo acreditan los documentos de fojas 6, 9, 10, 11 y 12 respectivamente.

Redactada por el Fiscal Judicial don nombre reservado y el voto en contra por su autor.

Regístrese, notifíquese y archívese. En su oportunidad dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del citado Auto Acordado.

Rol Protección Nº25-2014.

Pronunciada por la Corte de Apelaciones de nombre reservado integrada por la Ministro señorita María Isabel San Martín Morales, señor nombre reservado y el Fiscal Judicial señor nombre reservado. Autoriza el Secretario Ad-Hoc don nombre reservado.

En nombre reservado, veinticinco de junio del dos mil catorce, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.

cincuenta y seis………………………….56 nombre reservado, veinticinco de junio de dos mil catorce.

Habiéndose incurrido en un error de transcripción al consignar el número de rol en la sentencia dictada con esta misma fecha, señalándose que era el N°25-2014 en circunstancia que es el N°186-2014, rectifíquese en tal sentido.

Téngase la presente resolución como parte integrante de la que se rectifica.

Rol Protección N° 186-2014