CROSUR LIMITADA con ADM. DE FONDOS DE CESANTIA CHILE II S.A.

nombre reservado, tres de febrero de dos mil veintiuno.

VISTOS:

Comparece ante esta Corte de Apelaciones don Mauricio Iván Sandoval Romero, abogado, con domicilio en domicilio reservado de esta ciudad, en representación convencional de la sociedad Comercial e Inversiones Crosur Limitada, persona jurídica comercial, Rut RUT reservado, también conocida como CROSUR, para este solo efecto, de su mismo domicilio quien recurre de protección en contra de la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., AFC Chile, representada por el Jefe de la Sucursal en nombre reservado don nombre reservado y en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de nombre reservado, representada por su Inspectora Provincial Karenn Ulloa Heinsohn, ambos domiciliados en domicilio reservado, denunciando actos y omisiones que configuran una privación, perturbación y amenaza al derecho a la integridad psíquica consagrado en el artículo 19 Nº 1 y al derecho de propiedad del Nº 24 del mismo artículo, ambos de la Constitución Política de la República.

Especifica que este recurso lo interpone a favor de las siguientes trabajadoras de la sociedad COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LIMITADA: nombre reservado, nombre reservado; nombre reservado, nombre reservado; nombre reservado, nombre reservado; nombre reservado, nombre reservado; nombre reservado, nombre reservado; nombre reservado, nombre reservado; nombre reservado, nombre reservado; nombre reservado, nombre reservado; nombre reservado, nombre reservado; nombre reservado, nombre reservado; nombre reservado, nombre reservado; nombre reservado, nombre reservado; nombre reservado, nombre reservado; nombre reservado , nombre reservado; LA nombre reservado, nombre reservado; nombre reservado , nombre reservado; nombre reservado, nombre reservado; nombre reservado, nombre reservado; nombre reservado, nombre reservado; nombre reservado, nombre reservado; nombre reservado, nombre reservado; nombre reservado, nombre reservado; nombre reservado, nombre reservado; nombre reservado, nombre reservado; nombre reservado, nombre reservado; nombre reservado, nombre reservado; nombre reservado, nombre reservado; nombre reservado, nombre reservado; nombre reservado, nombre reservado; nombre reservado, nombre reservado; nombre reservado, nombre reservado; nombre reservado, nombre reservado; nombre reservado, nombre reservado; nombre reservado, nombre reservado; nombre reservado, nombre reservado; nombre reservado, nombre reservado; nombre reservado, nombre reservado; nombre reservado, nombre reservado; nombre reservado, nombre reservado; nombre reservado, nombre reservado; nombre reservado, nombre reservado; nombre reservado, nombre reservado; nombre reservado, nombre reservado; nombre reservado Y nombre reservado, nombre reservado.

Refiere que los trabajadores de CROSUR se acogieron a la ley 21.227, que faculta el acceso a las prestaciones del seguro de desempleo de la ley 19.728.

Dado que existió un acto de autoridad que estableció medidas sanitarias, como la cuarentena, que implicaron la paralización de actividades en el mes de abril al 7 de mayo de 2020, los trabajadores afiliados al seguro de desempleo tuvieron derecho a las prestaciones que establecen los artículos 15 y 25 de la ley 19.728.

Indica que la duración del periodo de cuarentena decretado por acto de autoridad se anuncia cada semana, de modo que a fines del mes de abril de 2020 no les era posible saber si durante el mes de mayo el acto o declaración de la autoridad competente que estableciera medidas sanitarias o de seguridad interior para el control de la emergencia, que impliquen la paralización de actividades en todo o parte del territorio del país y que impida o prohíba totalmente la prestación de los servicios contratados, se decretaría o no por la autoridad.

En ese contexto, es que se suscribió con fecha 30 de abril de 2020 un pacto de reducción de jornada con cada uno de los trabajadores recurrentes, a fin de acogerse a la ley 21.227, con duración de un mes.

Sin embargo, el acto o declaración de autoridad vio extendido sus efectos durante la primera semana de mayo de 2020, hasta el día 7 de ese mes. En tal caso, a partir del día 8 de mayo de 2020, los trabajadores de Crosur de este recurso se encontraban amparados con los pactos de reducción temporal de jornada de trabajo, regulados en los artículos 7 y siguientes de la ley 21.227. Esta modalidad permite que los empleadores puedan acordar con sus trabajadores, de manera individual, como fue en este caso, la reducción de hasta el 50% de la duración de su jornada de trabajo. El pacto produce los siguientes efectos:

a) El empleador debe pagar la remuneración de acuerdo a las horas trabajadas y las cotizaciones previsionales proporcionales a la jornada. Obligación que fue cumplida por la sociedad empleadora;

b) El trabajador recibe un complemento adicional a su sueldo de hasta un 25% con cargo al Seguro de Cesantía. Este complemento no se ha pagado por la AFC;

c) Se mantienen los beneficios tales como aguinaldos, asignaciones, bonos y otros conceptos excepcionales o esporádicos.

Explica que, durante la vigencia del pacto, los trabajadores tienen derecho a un complemento con cargo a los recursos de su Cuenta Individual de Cesantía (CIS), y, cuando estos se agoten, se financiarán con cargo al Fondo de Cesantía Solidario (FCS). En caso de que la jornada de trabajo se reduzca en un 50%, este complemento ascenderá al 25% del promedio de la remuneración imponible del trabajador, devengada en los últimos tres meses anteriores al inicio del pacto. Si la reducción es inferior al 50%, el complemento se determinará proporcionalmente, como es el caso de los trabajadores indicados. Con todo, el complemento tendrá un límite máximo mensual de $225.000.

Asienta que el acto ilegal y arbitrario recurrido, es que respecto de los trabajadores en cuyo favor se recurre, no han recibido el pago del complemento referido, aun cuando cumplen los requisitos para ello, esgrimiendo la AFC mediante carta de fecha 7 de diciembre de 2020, comunicada por correo electrónico con fecha 9 del mismo mes (el acto ilegal y arbitrario recurrido), las siguientes causas y su modo de resolución: “Con relación al rechazo de solicitudes por la causal: “fecha inicio pacto no puede ser previa a la fecha de fin del pacto anterior”, esto se debió a que al momento de ingresar un pacto no puede existir otro con una fecha de inicio anterior al término de otro pacto ya suscrito, para resolver esta situación es necesario revisar (en el archivo adjunto) la fecha del pacto celebrado anteriormente, y declarar fecha de inicio del nuevo pacto una posterior a esa”.

Entonces, los pactos de reducción de jornada suscritos con los trabajadores no tienen fecha de inicio del pacto anterior, ya que no existe tal pacto anterior, sino más bien un acto de autoridad que impidió la prestación de servicios.

Además, a la fecha de suscripción de los pactos de reducción de jornada, era imposible saber o conocer si la autoridad mantendría vigente su decisión de prohibir el trabajo.

Esta circunstancia, unida al hecho de que la ley 21.227 señala que la duración de los pactos de reducción de jornada debe ser de un mes, y al hecho de que antes de la modificación introducida por la ley 21.232, el artículo 10 de la ley 21.227 impedía a los trabajadores y al empleador pactar la ejecución diferida de la reducción temporal de la jornada de trabajo, y que todos sus efectos debían ejecutarse a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de celebración del pacto respectivo, se imponía como consecuencia que los pactos de reducción de jornada se suscribieran el 30 de abril de 2020, y por disposición legal comenzarán regir el día 1 del mes siguiente, sin embargo, al mantenerse la cuarentena la primera semana de mayo de 2020, el pacto de reducción suscrito con los trabajadores vio suspendido sus efectos hasta el fin de la cuarentena, es decir, sus efectos comienzan a contar del 8 de mayo de 2020.

Aclara que no se pretende por los trabajadores ni por la empresa un beneficio ilegítimo, consistente en el pago con cargo al fondo de cesantía por los días 1 al 7 de mayo de 2020, ya que durante ese lapso los efectos del pacto de reducción de jornada no operan, solo se pretende el pago en virtud del pacto de reducción de jornada, de la remuneración de los trabajadores por el lapso comprendido entre el 8 y el 31 de mayo de 2020.

2. Respecto de las solicitudes rechazadas por “Tipo de cuenta no corresponde a modalidad de pago 20”, esto se debe a que, al seleccionar la modalidad de pago opción 20, usted debe indicar el tipo de cuenta de cada uno de sus trabajadores, código del banco y número de cuenta, esto según los códigos indicados en el instructivo proporcionado.

Esta información fue proporcionada correctamente por la empresa y los trabajadores a la Inspección del Trabajo recurrida, de modo que la razón para obstaculizar el pago se encuentra en una conducta no atribuible a los trabajadores ni al empleador, sino más bien a la recurrida Inspección Provincial del Trabajo, según se desprende del claro tenor de la carta emitida por la AFC.

3. Con relación al rechazo de la solicitud por “renta promedio no viene informada para pacto” se debe a que en la información remitida por la Dirección del Trabajo no venía informada la renta promedio del trabajador con la cual se calcula el monto los giros correspondientes a cada pacto, es por lo que se rechaza dicha solicitud.

También esta información fue proporcionada correctamente por la empresa y los trabajadores a la Inspección del Trabajo, de modo que la razón para obstaculizar el pago se encuentra en una conducta no atribuible a los trabajadores ni al empleador, sino más bien a la recurrida Inspección Provincial del Trabajo, según se desprende del claro tenor de la carta emitida por la AFC.

4. Por último, cuando la causal de rechazo indica “Relación laboral con pacto vigente”, es necesario para suscribir un nuevo pacto, la revocación del anterior y posteriormente solicitar la suscripción de uno nuevo.

Tal como se explicó, no hay propiamente un pacto vigente previo al pacto de reducción de jornada de trabajo suscrito con los trabajadores el día 30 de abril de 2020. Por otra parte, la exigencia de suscribir un nuevo pacto y revocar el anterior es arbitraria, ya que con una adecuada interpretación de la ley 21.227 se debe obtener el mismo resultado (el pago de las remuneraciones por los días 8 al 31 de mayo), sin obligar a los trabajadores y al empleador a suscribir nuevos pactos.

Indica que, durante el mes de junio de 2020, los trabajadores no solicitaron los beneficios de la ley 21.227.

Además, de la ilegalidad y arbitrariedad denunciada, es arbitrario porque los pactos suscritos con los trabajadores en cuyo favor se recurre, cumplen con los requisitos impuestos por la normativa vigente, a saber, señalan los nombres de los trabajadores, se señala el tipo de cuenta, su número y el Banco, expresa la renta promedio y señala su fecha y el lapso de vigencia. El problema se produce, en parte, por un error en la información que la Inspección del Trabajo proporciona a la AFC (según se infiere del tenor de la carta que contiene el acto recurrido), cuestión que es del todo ajena a mi representada.

En cuanto a las garantías vulneradas, se señala en primer lugar la del N° 1 del artículo 19, por cuanto esto ha generado una constante molestia por parte de los trabajadores que aún no reciben el pago de sus remuneraciones, que con el transcurso del tiempo se ha transformado en un factor generador de tensión agobiante.

También se ha afectado el derecho de propiedad, con la negativa a cumplir con la normativa de la ley 21.227 por parte de la AFC, que, al día de hoy, mantiene a todos los trabajadores sin el pago de las remuneraciones que les corresponden por el periodo comprendido entre el 8 y el 31 de mayo de 2020, no obstante tener respecto de ellas un derecho de propiedad protegido por la ley y la Constitución. Cabe hacer presente a que la remuneración por ese mismo periodo, en cuanto de cargo de CROSUR LIMITADA, fue pagada.

Finaliza pidiendo tener por deducido el presente recurso de protección, acogerlo a tramitación y con su mérito restablecer el imperio del derecho, ordenando el cese de los actos ilegales y arbitrarios descritos, y en consecuencia ordenar el pago de las prestaciones remuneratorias de los trabajadores individualizados.

Comparece el recurrido AFC Chile e informa.

Según dispone la ley Nº 21.227, cuando el empleador se encuentre en alguna de las situaciones descritas en el artículo 8 del mismo, puede acordar con el trabajador -individual o colectivamente- la reducción de su jornada de trabajo hasta en un cincuenta por ciento, caso en el cual el trabajador tendrá derecho a percibir una remuneración de cargo del empleador equivalente a la jornada reducida, y un complemento con cargo a su cuenta individual por cesantía y, una vez agotado el saldo de ésta, con cargo al Fondo de Cesantía Solidario, al que se refiere la Ley N°19.728, según los términos y condiciones que establece la Ley.

El artículo 12 de la Ley establece que el pacto de reducción temporal de la jornada de trabajo "deberá suscribirse, preferentemente, de forma electrónica, o través de lo plataforma que habilite la Dirección del Trabajo, para esos efectos..." (Énfasis agregado). Además, el citado artículo establece que el referido organismo informará por medios electrónicos y al menos mensualmente a la sociedad Administradora de Fondos de Cesantía, la individualización de los trabajadores y empleadores que celebren los referidos pactos y su contenido.” Esto último, para efectos de proceder con el pago del complemento que corresponda.

En el caso del presente recurso, con fechas 30 de abril y 5 de junio de 2020, el Recurrente presentó en esta Sociedad Administradora las solicitudes de suspensión de contrato de trabajo N° 10139373 y 1-0243533, respectivamente, que involucra a los 45 trabajadores que individualiza en su recurso. Luego, con fecha 29 de mayo de2o2o, la Dirección del Trabajo envió a esta sociedad Administradora una nómina con la información de los pactos de reducción temporal de lo jornada de trabajo entre la Recurrente y los referidos trabajadores.

En la mayoría de los casos, los períodos que abarca la suspensión de lo relación laboral -fechas de inicio y término ingresadas por el Recurrente en el sistema informático de su representado- coincide total o parcialmente con aquellos períodos comprendidos en los pactos de reducción de jornada laboral que informó la DT a esta Sociedad Administradora.

Explica que los trabajadores involucrados en el presente recurso se encontraban percibiendo el beneficio señalado en el numerando 4 de este informe, cuyo supuesto de hecho (acto de autoridad) tiene como efecto jurídico la suspensión de los efectos del contrato individual de trabajo y, por consiguiente, el cese temporal de la obligación de prestar servicios por parte del trabajador y de la obligación de pagar la remuneración y demás asignaciones por parte del empleador. En cambio, los supuestos de hecho que establece la Ley para el beneficio de la jornada reducida no ocasionan el referido cese temporal, sino muy por el contrario, el contrato de trabajo produce plenos efectos jurídicos para las partes, pudiendo el trabajador en tales casos percibir la remuneración y complemento de que trata este informe.

Por lo tanto, los supuestos de hecho y beneficios que establecen los artículos 1 y 2 de la Ley, artículos 7 y 8 del citado cuerpo legal, esto es, suspensión de los efectos del contrato individual de trabajo y jornada reducida, respectivamente, son de naturaleza diversa e incompatibles, no pudiendo, en consecuencia, esta Sociedad Administradora proceder con el pago de los pactos referidos en los numerando 5 y 6 de este informe, dado que a esa fecha los trabajadores involucrados se encontraban percibiendo los beneficios con ocasión de la suspensión de la relación laboral que les afectaba.

El detalle de cada uno de los pactos de reducción de jornada rechazados, las causales de rechazo y las explicaciones sobre cómo resolver los referidos inconvenientes, se informó al Recurrente mediante carta, de fecha 7 de diciembre de 2020. Una copia de la referida carta fue acompañada por el Recurrente en su presentación.

Por otra parte, en el caso de los señores nombre reservado, cédula de identidad N"RUT reservado, nombre reservado, cédula de identidad N"RUT reservado, nombre reservado, cédula de identidad N.RUT reservado, nombre reservado, cédula de identidad N"t2.7L6.473-8, nombre reservado, cédula de identidad N"RUT reservado, nombre reservado, cédula de identidad N'RUT reservado y nombre reservado

Cárdenas, cédula de identidad N"RUT reservado, se pudo determinar que en el caso de cada uno de ellos, no se presenta la situación señalada en el numerando anterior y por lo tanto, tratándose de pactos rezagados, se realizará un reproceso de ellos y se pagarán de forma retroactiva en las fechas más próximas.

Finalmente, comparece la Inspección del Trabajo de Magallanes.

Parte analizando la naturaleza del recurso de protección y afirmando la inexistencia de un derecho indubitado. Indica que la norma en que se funda el presente recurso, es la Ley 21.227, que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la ley Nº 19.728, en circunstancias excepcionales, emanada del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, la cual tiene por propósito facultar el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la Ley N° 19.728 a los trabajadores dependientes cuyos empleadores hayan paralizado sus actividades por causa del Covid-19 o coronavirus, ya sea por mutuo acuerdo o a consecuencia de un acto o declaración de autoridad o que hayan pactado la continuidad de la prestación de los servicios, en el periodo comprendido entre el 18 de marzo de 2020 con la declaración de Estado de Catástrofe, por calamidad pública, en virtud del decreto supremo N° 104, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. La Ley 21.227, es un cuerpo legal que contiene normas de previsión y seguridad social, y en virtud de la cual el recurrente estima, por actos de la Administradora de Fondos Cesantía, vulnerado los derechos fundamentales de quienes en su nombre recurre. Que conforme lo señala el artículo 420, del Código del Trabajo, el cual en sus letras c) y d) resulta que el recurrente debió hacer valer su pretensión ante el Juzgado de Letras del Trabajo, toda vez que, se trata de una cuestión derivada de la aplicación de las normas de previsión o de seguridad social, como lo es la ley 21.227 y a su turno la ley 19.728. Por lo anterior la naturaleza de los hechos denunciados por la recurrente no es propia de aquéllos que corresponda conocer por la vía de la presente acción cautelar pues, existe la vía laboral para aquello, en la que debe necesariamente efectuarse la sustanciación del presente conflicto.

Expresa además que no existe en el caso concreto un derecho indubitado que proteger en favor de los recurrentes. El el recurso de protección no puede sustituir el proceso idóneo para obtener una declaración de derechos. Así las cosas, la finalidad del recurso de protección está lejana de ser una instancia de declaración de derechos. Así lo ha establecido la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, en causa Rol N° 35.656, de 28 de diciembre de 2017. Requiere asimismo, para ser acogido, de la constatación de un derecho afectado en carácter de preexistente e indubitado.

En cuanto a la normativa aplicable al caso, hace referencia al artículo 8 de la LEY 21.227 que FACULTA EL ACCESO A PRESTACIONES DEL SEGURO DE DESEMPLEO DE LA LEY Nº 19.728, EN CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES, y el artículo el 12, de la LEY 21.227. En razón de lo anterior, mediante la Circular N°38 de fecha 11 de mayo 2020, imparte instrucciones sobre procedimiento administrativo de recepción, revisión, registro y envío de pactos de reducción temporal de jornada, establecidos en Ley N°21.227 y, considerando que la referida normativa establece deberes y atribuciones a la Dirección del Trabajo, específicamente en materia de los denominados Pactos de Reducción Temporal de Jornadas de Trabajo, establecidos en el Titulo II, artículos 7 y siguientes, es que se hizo necesario dictar el presente marco institucional, a efectos de ordenar y sistematizar el procedimiento administrativo interno que deberá gestionarse, para los efectos que dispone la norma. La referida circular establece la forma en que se deberá gestionar el trámite encomendado por ley a este Servicio. Las etapas, en resumen, son:

1.- El procedimiento administrativo, se inicia con la recepción del pacto que deposita el empleador, en la respectiva Inspección Provincial del Trabajo, para este caso, la Inspección Provincial del Trabajo de Magallanes, a la cual se le asigna número de pacto (1201/2020/49) y número de kardex, para este caso en concreto el pacto fue recepcionado con fecha 09.07.2020.

2.- A partir de aquello, se revisa por parte de los funcionarios de este servicio que dicha documentación se ampare en lo indicado por el Artículo 8 de la LEY 21.227, ello en concordancia con lo dispuesto en la circular 38 y 39 del año 2020, es decir, que el motivo del pacto reducción se encuentre contemplado en una de las letras del precitado artículo.

3.- A su turno también corresponde analizar lo referido en el Artículo 12 de la LEY 21.227, Es decir Ss., corresponde verificar la individualización de las partes; forma de pago por trabajador es decir si es efectivo, banco, número de cuenta; promedio de la remuneración imponible; porcentaje de reducción; declaración jurada simple del empleador; y que el pacto este firmado por cada uno de los trabajadores involucrados. Todo lo anterior de acuerdo a Circular N°38 de este Servicio.

4.- Luego de aquello, si hay observaciones, este Servicio remite un oficio al empleador, tal como ocurrió en éste caso, mediante Ord. N°652 de fecha 29.07.2020, donde indica las observaciones que debía corregir el empleador, documento que, se acompaña en otrosí y que no se reproduce por razones de economía procesal y toda vez que el empleador subsanó dichas observaciones oportunamente.

5.- En efecto según se dijo habiendo el empleador corregido dichas observaciones, se revisa si cumple con lo observado. De ocurrir aquello se remite un ordinario indicándole que se remitirán los pactos al nivel central para continuar con el proceso. Tal como ocurrió en el presente caso mediante Ord. N°672 de fecha 06.08.2020.

6.- Posteriormente la planilla con los datos de los pactos de reducción de jornada es enviada a la Dirección Regional, lo cual se hizo con fecha 06.08.2020, según da cuenta el correo electrónico que acompaño en un otrosí.

7.- Acto seguido, luego de revisar que la planilla contenga todos los datos exigidos por ley y la circular, esta se envía al Departamento de Estudios, lo cual se hizo con fecha 06.08.2020, según da cuenta el correo electrónico que acompañó en un otrosí.

8.- Luego de aquello, El Departamento de Estudios valida la información y lo deriva al Departamento de Tecnologías, si hay nuevas observaciones devuelve los pactos a la Dirección Regional, si no hay observaciones lo envía a la AFC, y es en este punto donde concluye la tramitación de este servicio. Cabe indicar que dichos Pactos fueron enviados a la AFC con fecha 12.08.2020 según se puede apreciar en los pantallazos del reporte que se adjuntan. Conviene indicar que de faltar algún documento o requisito, no se efectúa el envió a la AFC.

El Servicio, por expreso mandato legal, únicamente se limita a revisar los aspectos formarles de los pactos de reducción de jornada, según lo indicado en los artículos 8 y 12 de la Ley 21.227, es decir, se revisa que este cumpla con los requisitos del Artículo 8, ósea que, efectivamente, el pacto se encuentra amparado en una de las 5 causales, además, se revisa que dicho pacto contenga los requisitos del artículo 12 de la Ley 21.227, que corresponde a la individualización de las partes; forma de pago por trabajador es decir si es efectivo, banco, número de cuenta; promedio de la remuneración imponible; porcentaje de reducción; declaración jurada simple del empleador; y que el pacto este firmado por cada uno de los trabajadores involucrados, además de lo indicado por las circulares referidas en relación a la individualización del empleador, datos del pacto (fecha de suscripción, fecha de depósito del pacto, fecha de entrada en vigencia del pacto, duración del pacto, número total de trabajadores, motivo del pacto).

Como fundamentos del rechazo, hace presente que el acto ilegal y arbitrario por el cual se está recurriendo, dice relación con que los trabajadores, no han recibido el pago del complemento referido, aun cuando cumplen los requisitos para ello, y quien les comunica la negativa a dicho pago es la Administradora de Fondos de Cesantía (en adelante la “AFC”), quienes comunicaron lo anterior mediante carta de fecha 7 de diciembre de 2020.

El servicio no tiene injerencia alguna en la decisión respecto del pago y los fundamentos que esgrime la AFC para no efectuarlo, ello en razón de que solo se limita a constatar los aspectos formales de los pactos de reducción, y no los efectos que pueda generar este pacto de reducción en contraposición con un pacto de suspensión según se explicará.

Refiere que el artículo 23 de la Ley 21.227, establece que: “La Superintendencia de Pensiones estará facultada para dictar una norma de carácter general que regule la solicitud, registro, giro, cobro, pago, orden y sucesión de las prestaciones de los artículos 15 y 25 de ley N° 19.728, así como también todas aquellas materias relacionadas con éstas.”

A su turno la Superintendencia de Pensiones ha indicado que si se trata de un pacto de reducción temporal de jornadas de trabajo, la AFC deberá: Elaborar la descripción del beneficio, realizar el correcto intercambio electrónico de información con la Dirección del Trabajo, verificar el cumplimiento de los requisitos, entregar y difundir la información necesaria para efectuar el pago de los beneficios, verificar la duración del pacto, determinar el beneficio e informar y verificar la extinción del beneficio.

Por lo tanto, la AFC nuevamente verifica el cumplimiento de los requisitos, y a partir de ello, toma la determinación de otorgar el beneficio. Hace presente que lo que ha informado la AFC al empleador, no se condice con los registros de dicho servicio, por lo que estima que la acción protección debió dirigirse únicamente a la AFC.

Lo alegado por la recurrente, en cuanto al error, Tipo de cuenta no corresponde a modalidad de pago 20, corresponde a una observación efectuada por a AFC.

El servicio que representa sí informó la renta promedio del trabajador con la cual se calcula el monto los giros correspondientes a cada pacto.

Refuerza esta idea el hecho de que la AFC al evacuar el informe de este recurso, solamente indica que el motivo del rechazo es por existir un pacto de suspensión vigente por parte del empleador.

Extrae del informe evacuado por la AFC, que el motivo del rechazo de la solicitud por parte del empleador, es en razón de los artículos 1y 2 de la Ley 21.227, y artículos 7 y 8 del citado cuerpo legal, en efecto, dice, la AFC: “suspensión de los efectos del contrato individual de trabajo y jornada reducida, respectivamente, son de naturaleza diversa e incompatibles, no pudiendo, en consecuencia, esta Sociedad Administradora proceder con el pago de los pactos referidos en los numerando 5 y 6 de este informe, dado que a esa fecha los trabajadores involucrados se encontraban percibiendo los beneficios con ocasión de la suspensión de la relación laboral que les afectaba”

Afirma entonces que, el hecho de que la AFC estime que la suspensión de los efectos del contrato individual de trabajo y jornada reducida, respectivamente, son de naturaleza diversa e incompatibles, con los pactos de reducción de jornada, y en consecuencia determinar no proceder con el pago de estos, dado que, a esa fecha los trabajadores involucrados se encontraban percibiendo los beneficios con ocasión de la suspensión de la relación laboral que les afectaba, y los efectos que dicha interpretación produce por cierto, no es responsabilidad de su parte por cuanto, carece de competencias en lo que respecta a los pactos de suspensión de contrato de trabajo, con la salvedad de la fiscalización del cumplimiento de este, y solo en cuanto a la revisión de los aspectos formales, en lo que respecta a los pactos de reducción de jornada, ello por expreso mandato legal.

Conforme lo anterior corresponde el rechazo del recurso por falta de legitimidad pasiva, pues la consecuencia jurídica que el recurrente atribuye a este Servicio no corresponde toda vez que corresponde a un acto emanado exclusivamente de la AFC.

En consecuencia, se debe rechazar el recurso de protección, atendido que la Inspección del Trabajo no es legitimada pasiva de esta acción, por cuanto no ha cometido acto alguno que en lo específico vulnere garantías constitucionales de la parte recurrente.

Finaliza pidiendo el rechazo el recurso de protección de autos por las razones expuestas, o que no existe una acción arbitraria ni ilegal, ni se ha vulnerado las garantías contempladas en el artículo 19 N° 1 y 19 N° 24, por parte de este Servicio, con expresa condenación en costas.

Encontrándose la causa en estado, se dispuso traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar, que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en la Constitución y que puedan establecerse sumariamente.

SEGUNDO: Que, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos:

a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, el hecho vulneratorio calificado como ilegal y arbitrario por el recurrente es que respecto de los trabajadores en cuyo favor se recurre, no han recibido el pago del complemento de remuneradores referido, aun cuando cumplen los requisitos para ello, incurriendo entonces en acciones y omisiones, que afectan las garantías constitucionales del modo que se ha dicho en lo expositivo.

CUARTO: Que, en cuanto a la legitimidad pasiva alegada por la Inspección del trabajo, preciso es establecer que se le imputan -al tenor de carta de diciembre de AFC Chile- el no informar las cuentas de los trabajadores y la renta promedio de los mismo, para materializar el pago del complemento reclamado. En ese orden de cosas, la Inspección da cuenta de haber remitido toda la información a AFC Chile, y éste, funda su decisión de no dar curso al complemento, según se asienta en su informe, no en la omisión denunciada, sino que alega incompatibilidad entre la suspensión del contrato de trabajo y los pactos de reducción de jornada.

Por otra parte, de las alegaciones efectuadas en estrados, el recurrente expresamente reconoce que la Inspección del Trabajo habría dado cumplimiento a las obligaciones que le impone la ley, de manera que no existiría acto ilegal o arbitrario por parte de esta, por lo que se desestimará la acción de protección incoada en su contra.

QUINTO: Que no se ha podido demostrar con un mínimo de certeza que el recurrido AFC Chile, hubiere incurrido en alguna acción concreta y determinada que obstaculice a los recurrentes acceder al pago del complemento de remuneración en los términos que autoriza la ley N° 21.227, en virtud de la celebración de un pacto de reducción de jornada de trabajo suscritos por trabador y empleador.

En efecto, en el fondo del recurso, se vislumbra la existencia de una discrepancia en la interpretación de normas legales, en la especie los artículo 1 y 2 y los artículos 7 y 8 de la citada ley, específicamente la procedencia, incompatibilidad o plazo de duración entre la figura de la suspensión de relación laboral por acto de autoridad y los pactos de reducción de jornada de trabajo, optando en este caso, la recurrida, por aquella que dice que, vigente una suspensión de relación laboral, no procede el pago del complemento a que tiene derecho el trabajador que acuerda una reducción de su régimen laboral; conclusión no compartida por el recurrente.

Por lo anterior es posible concluir que, en la especie, no concurre el requisito signado con la letra a), en el considerando segundo de este fallo, para la procedencia del recurso entablado, consistente en que se compruebe la existencia de la acción reprochada, esto es, que efectivamente la parte recurrida habría realizado el acto que se le atribuye, motivo por el cual la acción de protección interpuesta en su contra, deberá ser desestimada.

SEXTO: Que, conforme a lo anterior, y así mirado el debate, en la presente causa cada una de las partes asume la existencia de una interpretación normativa, alegando que ellas son las correctas y ajustadas al mérito de la propia ley y su espíritu, de modo que en este caso, frente a la manifestación de interpretaciones normativas, en las que las partes manifiestan oposición, el debate de fondo se ha transformado en uno que no es propio de la acción constitucional entablada, teniendo presente que por medio de esta última no es posible perseguir la declaración o reconocimiento de un derecho, lo que es propio de una controversia que ha de resolverse necesariamente un juicio lato conocimiento que permita su establecimiento en un debate extendido con una base de certeza fáctica en que se fundamenten las pretensiones de las partes como asimismo en el derecho que les asiste para obtener una declaración como la que se pretende, todo lo que no resulta posible establecer en un procedimiento como el que nos convoca que –como se adelantó- conlleva la necesidad de la urgencia dada su naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito para la rápida protección de un derecho indubitado, lo que desaparece cuando dicha declaración no puede ser obtenida por esta vía.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo de Recursos de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por don Mauricio Iván Sandoval Romero, en representación de de la sociedad Comercial e Inversiones Crosur Limitada y en favor de 45 de sus trabajadores, intentado en contra de Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., AFC Chile, representada por el Jefe de la Sucursal en nombre reservado don nombre reservado y en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de nombre reservado, representada por su Inspectora Provincial Karenn Ulloa Heinsohn, todos ya individualizados.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Redactado por la Ministra Suplente, Sra. Paola Oltra Schüler.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N° 1838-2020-PROTECCION.-