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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 1833-202012 ene 2021

nombre reservado con SERVICIO DE COOPERACION TECNICA SERCOTEC

Fecha
12 de enero de 2021
Corte
Corte de Apelaciones de Punta Arenas
Sala
Primera
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Rol N° 1833-2020, sentencia de 12 de enero de 2021

Resumen

Se rechaza la protección contra SERCOTEC por extemporánea: el recurso se presentó vencido el plazo de 30 días desde el rechazo de las postulaciones. Además, el postulante solo tenía una mera expectativa, no un derecho indubitado.

Texto íntegro

Punta Arenas, doce de enero de dos mil veintiuno VISTOS:

Comparece ante esta Corte de Apelaciones doña Lorena Andrea Mena Valdebenito, abogado, quien deduce recurso de protección en favor de don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, y en contra del Servicio de Cooperación Técnica SERCOTEC, representado legalmente por su Directora Regional doña María Soledad Solo de Zaldívar Estefó o quien ejerza dicha función, ambos con domicilio en domicilio reservado, solicitando se acoja el recurso interpuesto, ordenando a la recurrida retrotraer los procesos de postulación a los programas denominados "Reactívate Turismo Fogape con Banco Estado de la Región de Magallanes" y “Reactívate Pyme”, ambos otorgados por la recurrida, respecto de la postulación del actor, con costas.

Refiere que su representado es empresario de turismo. Con fecha 03 de septiembre del año 2020, postuló al programa denominado "Reactívate Turismo Fogape con Banco Estado de la Región de Magallanes" y con fecha 15 de octubre postuló al programa especial denominado “Reactívate Pyme”, ambos otorgados por SERCOTEC; los que buscaban apoyar la actividad turística y en especial a los pequeños empresarios, por cuanto a raíz del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública decretado con fecha 18 de marzo del presente año en todo el territorio de Chile a causa de la propagación del COVID-19, generó un impacto negativo en la economía, siendo la del sector turismo una de las más vulnerables y afectadas.

Por la terrible situación en que se encontraba, postuló a los subsidios estatales, para lo cual debía adjuntar una serie de antecedentes, dentro de los cuales se encontraba la carpeta tributaria de su empresa, documento que según las bases de los programas debía estar al día, para su sorpresa el documento tributario se encontraba desactualizado, reflejaba deudas en los meses de abril, junio, julio y diciembre de 2019, además de enero de 2020, siendo que el pago se había efectuado el 27 de agosto de 2020, no figurando con deuda alguna.

Ante ello, acudió al Servicio de Impuestos Internos de la ciudad de Puerto Natales para solicitar se aclarara y actualizara la información que contenía su Carpeta Tributaria, por el reducido plazo para reunir los antecedentes. Se le señaló que debía solucionar el problema en la oficina provincial de la Tesorería General de la República, dirigiéndose a dicha institución, donde se le indicó que el problema que lo aquejaba era de responsabilidad del primero de los Servicios y que no tenían competencia alguna. Mismo recorrido efectuó en 3 ocasiones, con las dificultades propias de la emergencia sanitaria y de tratarse de una persona en situación de discapacidad, la respuesta fue que debía esperar que el sistema se actualizara.

Al no obtener respuesta favorable, efectuó las postulaciones a ambos programas, adjuntando los comprobantes de pago de los impuestos correspondientes a abril, junio, julio y diciembre de 2019 y enero de 2020. Reconoce que las bases señalaban que cada empresa postulante debía adjuntar “su carpeta tributaria para solicitar créditos completa, disponible en www.sii.cl. Se deberá poner especial atención en que el documento contenga todos los formularios 29 de los periodos requeridos para efectos del cálculo, tanto del nivel de ventas, como para la disminución de estas”. Agrega en su párrafo siguiente que “no se aceptará una carpeta tributaria distinta a la carpeta tributaria para solicitar créditos que se genera en la página web del SII (formato PDF). En caso de adjuntar una carpeta distinta a la antes señalada, la empresa postulante será declarada inadmisible”. Añade que “En caso de que la carpeta tributaria de la empresa postulante no registre declaración del IVA, en uno o más meses, por no haberse declarado dentro del plazo establecido para estos efectos, el postulante podrá adjuntar el o los documentos correspondientes en el formulario de postulación de la convocatoria”, añadiendo la ruta por medio de los cuales se pueden obtener los formularios 29. Sin perjuicio de ello, formuló los requerimientos ante el Servicio recurrido, a Tesorería General de la República, mediante sus páginas web y ante Contraloría General de la República.

Finalmente el 27 de octubre y 02 de noviembre del año recién pasado, fue notificado por SERCOTEC, del rechazo de sus postulaciones debido a que no cumplió en ambas oportunidades con el requisito de Declaración de Impuestos establecido en las bases de esta convocatoria, por cuanto al revisar la carpeta tributaria enviada por el recurrente, se verificó que no tenía registrados en el Servicio de Impuestos Internos todos los Formularios 29 de los meses requeridos, tanto para el cálculo del nivel de ventas anual, como para el cálculo de disminución de las mismas. Tampoco se visualizó el o los Formulario(s) 29 por existir uno o más meses no declarados, viéndose injustamente afectado, por cuanto adjuntó la información como se había solicitado en las bases, es decir, Carpeta tributaria desde mayo 2019 a julio 2020, en ella también se incluyeron los anexos de pago de los 4 meses que correspondía hacer, junio, julio y diciembre 2019 y enero 2020, por estar dentro del período solicitado de acuerdo a los criterios de SERCOTEC, sin que exista causal de rechazo de ambas postulaciones.

Los hechos denunciados conculcan la garantía constitucional prevista en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución, por cuanto el recurrente, se ha visto imposibilitado de ser beneficiario de subsidios estatales, en términos igualitarios en sus derechos como emprendedor del área turismo en los procesos de postulación de SERCOTEC, pese a que la igualdad ante la ley, implica que toda persona debe recibir de la autoridad el mismo tratamiento que ha dado a otra, u otras, que se encuentren en situación de igualdad, excluyendo la Constitución todo tipo de discriminaciones, prohibiendo diferencias arbitrarias. En consideración a la situación de discapacidad de su representado, el deber de los órganos del Estado se ve intensificado por la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas con Discapacidad, ratificada por Chile, en la que los Estados Partes se obligan a adoptar medidas para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, realizando las acciones necesarias para garantizar sus derechos.

En consecuencia, la causal de rechazo esgrimida, carece de veracidad, y trajo como consecuencia que el actor no fuera beneficiado por alguno de dichos subsidios estatales, siendo que cumplía con los requisitos exigidos para ello, causándole un grave menoscabo y perjuicio, por cuanto se desconoce como SERCOTEC validó la postulación y sobre todo si el funcionario que revisó la postulación sabía que debía bajar los archivos de respaldo que correspondían a los F29 que no estaban en la carpeta tributaria, siendo que los archivos se subieron correctamente y en la forma en que se solicitó en las bases, ya que en el caso de que no se haya cumplido, el formulario habría indicado en el respectivo mes que no habían antecedentes de respaldo, lo cual no es el caso del recurrente de autos, enviando el respaldo complementario a la carpeta.

Igualmente se afecta la garantía consagrada en el numeral 3 del artículo 19 citado, referido a la igual protección ante la ley en el ejercicio de sus derechos, haciendo presente que existe prácticamente unánime consenso en el hecho de que el derecho a un debido proceso también alcanza a las personas sometidas a procedimientos administrativos sancionatorios.

Informa por la recurrida Servicio de Cooperación Técnica SERCOTEC, su Directora Regional, doña María Soledad Solo de Zaldívar Estefó, solicitando el rechazo del recurso, con expresa condenación en costas.

Alega, en primer término la extemporaneidad del recurso, toda vez que las notificaciones sobre la inadmisibilidad de su postulación fueron hechas al recurrente Sr. nombre reservado el día 27 de octubre de 2020 respecto del Programa Reactívate Turismo FOGAPE con Banco Estado y el día 02 de noviembre del año recién pasado, del Programa Reactívate PYME y el libelo fue presentado el día 11 de diciembre 2020, habiendo trascurrido más de 30 días corridos contados desde la ocurrencia de los hechos que fundan la acción constitucional, entendiendo, al tenor de lo dispuesto en el numero 1º del Auto Acordado que regula la materia, que el recurso debió ser declarado inadmisible.

En cuanto al fondo del recurso, refiere que el Servicio de Cooperación Técnica, SERCOTEC, tiene como misión mejorar las capacidades y oportunidades de emprendedores/as y empresas de menor tamaño para iniciar y aumentar sosteniblemente el valor de sus negocios, acompañando sus esfuerzos y evaluando el impacto de su acción. Este servicio, a pesar de ser dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo es una Corporación de Derecho Privado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, por así disponerlo expresamente sus Estatutos y se encuentra regido por las normas de sus propios estatutos y por las normas del Título XXXIII del Libro 1, del Código Civil, de modo que no es un servicio público, ni un órgano del Estado de carácter público, ni una empresa, corporación o fundación que sea parte integrante de la Administración del Estado, lo que ha sido ratificado por Contraloría General de la República en reiteradas oportunidades por diferentes dictámenes.

De lo indicado se colige que el accionar del Servicio de Cooperación Técnica se encuentra determinado, entre otras, por las decisiones de su Directorio, las que se verifican a través de resoluciones de orden interno que reglamentan el quehacer institucional. En ese sentido en Sesión Ordinaria N° 666, de fecha 10 de enero de 2020, el Directorio en uso de sus facultades sancionó la Oferta Programática del Servicio para el presente año 2020. Asimismo, SERCOTEC, dentro de sus Programas ejecuta instrumentos productivos de carácter especiales y/o Programas de Emergencias, cuyo objetivo es "focalizar recursos, ya sea en un grupo objetivo de clientes, en un sector económico productivo, en un territorio determinado, o en una temática de interés, para dar solución a problemáticas particulares de las MIPEs y emprendedores/as a nivel regional o territorial", encontrándose en dicha línea de acción el Programa "Reactívate Pyme" definido como "un programa que busca apoyar a las micro y pequeñas empresas de cualquier sector económico, que tengan inicio de actividades en primera categoría hasta el 30 de abril de 2019 ante el Servicio de Impuestos Internos; con ventas netas iguales o mayores a 200 UF e inferiores a 25.000 UF al año, que hayan visto afectadas sus ventas en al menos un 30%, producto de la emergencia sanitaria, otorgando un subsidio que les permita adquirir activos fijos, capital de trabajo, financiar arriendos, sueldos, pago de servicios básicos, cuotas de créditos, habilitación de infraestructura y gastos en promoción y publicidad. Además, se podrá financiar la adquisición de materiales necesarios para implementar protocolos sanitarios ante el Covid-19"; y el Programa Reactívate Turismo FOGAPE con Banco Estado, en el cual se expresa que "es un programa que busca apoyar a las micro y pequeñas empresas del sector turismo, que tengan inicio de actividades en primera categoría hasta el 28 de febrero de 2019 ante el Servicio de Impuestos Internos; con ventas netas mayores o iguales a 200 UF e inferiores o iguales a 25.000 UF al año, que hayan visto afectadas sus ventas en al menos un 30%, producto de la emergencia sanitaria".

De lo expresado se desprende que es un denominador común de ambos programas un parámetro objetivo de admisibilidad, posterior evaluación y selección, la determinación del nivel de ventas de la empresa postulante.

Ambos programas consignaban en sus bases, en lo pertinente a las postulaciones, que para postular se debía acompañar por cada postulante “su carpeta tributaria para solicitar créditos completa, disponible en www.sii.cl. Se deberá poner especial atención en que el documento contenga todos los formularios 29 de los períodos requeridos para efectos del cálculo, tanto del nivel de ventas, como para la disminución de éstas. Este documento es obligatorio para todas las empresas postulantes. Cabe mencionar que NO se aceptará una carpeta tributaria distinta a la "carpeta tributaria para solicitar créditos" que se genera en la página web del SII (Formato PDF). En caso de adjuntar una carpeta tributaria distinta a la antes señalada, la empresa postulante será declarada inadmisible. Por su parte, la carpeta tributaria sólo será válida, si el RUT emisor es el mismo que el RUT de la empresa postulante. En caso de que la carpeta tributaria de la empresa postulante no registre declaración del IVA, en uno o más meses, por no haberse declarado dentro del plazo establecido para estos efectos, el postulante podrá adjuntar el o los documentos correspondientes en el formulario de postulación de la convocatoria”, indicándose a continuación los pasos para obtener dichos documentos en la página web del Servicio de Impuestos Internos, generándose automáticamente los formularios 29 en formato PDF.

Agrega que cabe hacer presente que el recurrente en ambas convocatorias acompaña información incompleta, toda vez que la carpeta tributaria adjunta a su postulación no contiene todos los formularios F29 con el detalle de las declaraciones de IVA exigidas, ya que su carpeta tributaria para solicitar crédito, no contiene los formularios 29 de los meses, junio, julio y diciembre de 2019, y tampoco contiene el formulario 29 del mes de enero de 2020, adjunta los comprobantes de pago de impuesto de los meses faltantes.

Aclara que las declaraciones de inadmisibilidad dictadas por SERCOTEC a los Programas postulados ocurrieron con fecha 27 de octubre del 2020 y 02 de noviembre del 2020, lo que reconoce el actor en su libelo, reiterando su alegación de extemporaneidad. Destaca que el reclamo administrativo deducido ante la Contraloría General de República de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena singularizado con el folio Nº 025606 año 2020, se interpuso por el recurrente con fecha 09 de septiembre de 2020, data anterior a la declaración de inadmisibilidad de ambas postulaciones, y por tanto, más bien se interpone en contra del Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería General de la República por la falta de actualización de sus sistemas, circunstancia ajena al Servicio de Cooperación Técnica.

Agrega que, las Convocatorias, postulaciones y evaluaciones de ambos Programas se desarrollaron con absoluto apego a la reglamentación interna que sustenta la oferta programática de SERCOTEC para el año 2020.

Estima contradictoria la acción constitucional deducida, ya que se funda en la declaración de inadmisibilidad a los Programas postulados, estando el actor en conocimiento de las bases de convocatoria de cada programa, reconociendo un hecho ineludible, cual es la presentación incompleta de las carpetas tributarias requeridas, en especial los formularios F29 y el reemplazo fuera de regla -conforme lo expresan las bases- pretendiendo hacer valer los comprobantes de pago de IVA acompañados en su postulación. La convocatoria destacó la necesidad de poner especial atención a acompañar todos los formularios 29 de los períodos requeridos para efectos del cálculo, tanto del nivel de ventas, como para la disminución de éstas.

Así, los documentos acompañados por el recurrente, tanto en su postulación como en el recurso deducido, no corresponde a lo exigido en bases, circunstancia suficiente para declarar su inadmisibilidad a los procesos postulados, así también el presente recurso. Además el fundamento de la decisión se apoya en elementos objetivos ya que, respecto de los meses junio, julio y diciembre de 2019, y enero 2020 los comprobantes de pago de IVA adjuntados no poseen el nivel de detalles dispuesto en los Formularios 29 y por lo tanto carecen de la suficiencia para evaluar el nivel de ventas. En consecuencia, considerando que los comprobantes de pago sólo muestran el monto girado, es decir, lo que se paga finalmente como impuesto (valor antes de reajustes, intereses y multas que también se incluyen en el comprobante de pago), no se puede determinar cuánto es el total débitos (código 538), las ventas exentas (código 142) y las ventas por exportaciones (código 020) del respectivo mes y realizar el cálculo de nivel de ventas. Según lo indicado en las bases, no corresponde su sustitución por los comprobantes de pago, cuando en ellas se disponen de medios alternativos de cumplimiento de tal exigencia.

La mencionada obligación no es antojadiza, ante la disposición de recursos limitados se deben contener reglas de selección para los beneficiarios a los programas. En ambas convocatorias reclamadas por el recurrente se pone énfasis en la disminución de las ventas en un período acotado de tiempo, señalándose los medios idóneos de medición de estos. En ese sentido, la decisión se opone a cualquier atisbo de arbitrariedad, ya que la facultad se encuentra contenida en las bases de ambos programas, señalando esta última que dicha decisión se determinará según lo determine SERCOTEC, circunstancia comunicada a los postulantes. A mayor abundamiento en el Programa Reactívate Pyme se recibieron 741 postulaciones, declarándose inadmisibles por falta de entrega de los antecedentes dispuestos en bases la cantidad de 397, admisibles 344, finalmente fueron seleccionados y beneficiarios un número de 99, igual cosa en el Programa Reactívate Turismo FOGAPE Banco Estado, en el cual se recibieron 246 postulaciones, declarándose admisibles 106, inadmisibles 140 y siendo finalmente beneficiarios la cantidad de 84.

Aduce que la exclusión de la parte recurrente, consideró los aspectos contenidos en bases, no existiendo de modo alguno un afán arbitrario o discriminación respecto de éste, sino que por el contrario apego irrestricto a las bases de los programas en cuestionamiento.

Niega la existencia de una infracción al debido proceso, toda vez que se trata de dos procesos concursables para la asignación de subsidios no reembolsables, distanciándose de los caracteres de un Derecho a la "Tutela Judicial", y careciendo el órgano recurrido de potestades jurisdiccionales, no obstante, aquello, en lo que pudiera comprenderse dentro del actuar de SERCOTEC, por derivación del “principio de igual protección a la ley", hace presente que tampoco se trata de una decisión administrativa ubicada dentro de la categoría de potestades administrativas sancionadoras, ya que como se indicara no es un órgano de la Administración del Estado, como asimismo, si lo fuera, la materia o hechos en que se funda la acción constitucional que se analiza no corresponden a vulneración de la garantía aludida. Con todo, huelga decir, a pesar de lo señalado que la declaración de inadmisibilidad se funda en reglas preestablecidas, objetivas y aplicables a todos los postulantes a los programas en cuestión.

Encontrándose la causa en estado de ser vista, se dispuso traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

Conforme a su naturaleza y claro objetivo, no genera, en sentido técnico, un juicio ni se persigue con su interposición establecer la responsabilidad civil, penal, infraccional o administrativa del ofensor. Por tanto, no se concibe respecto de una contienda civil entre partes ni da origen a un proceso penal o administrativo, es decir, no se aplica para discutir cuestiones de lato conocimiento respecto de las cuales el legislador ha establecido los procedimientos idóneos para que sean debatidas y resueltas.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos:

a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, el hecho vulneratorio calificado como ilegal y arbitrario por el recurrente, lo hace consistir en la declaración de inadmisibilidad efectuada por la recurrida a las postulaciones del actor a dos subsidios estatales entregados por dicho servicio, en razón de no acompañar su carpeta tributaria para obtención de créditos actualizada, al omitir formularios de pago de impuesto mensual Nº 29, correspondiente a los meses de abril, junio, julio y diciembre de 2019 y enero de 2020, pese a que a la misma postulación adjuntó los comprobantes de pago de los impuestos adeudados, situación que vulnera las garantías constitucionales que invoca.

CUARTO: Que, la parte recurrida, solicita el rechazo del recurso, aludiendo –luego de alegar la extemporaneidad del recurso- que no han incurrido en acto ilegal o arbitrario alguno, limitándose a dar estricta aplicación a las bases de los programas, conocidas por el actor, por lo que en caso alguno ha vulnerado las garantías constitucionales del actor; según se consigna en lo expositivo de la presente sentencia.

QUINTO: Que, del análisis de los documentos acompañados y de lo manifestado por las partes en el proceso, es posible tener por acreditados los siguientes hechos:

1º El actor es contribuyente de impuesto al valor agregado, de acuerdo al giro que ejerce. Además cuenta con credencial de discapacidad, que acredita un grado de discapacidad física del 33,30%.

2º Postuló a dos beneficios entregados por el Estado a través de SERCOTEC, “Reactívate Turismo FOGAPE con Banco Estado Región de Magallanes” y “Reactívate PYME”, el 03 de septiembre y 15 de octubre del año 2020, respectivamente.

3º De acuerdo a las bases de ambos procesos, el postulante debía adjuntar su carpeta tributaria para solicitar créditos completa, disponible en www.sii.cl. Se deberá poner especial atención en que el documento contenga todos los formularios 29 de los periodos requeridos para efectos del cálculo, tanto del nivel de ventas como para la disminución de éstas. Este documento es obligatorio para todas las empresas postulantes. En una nota al pie, el mencionado documento destaca que “el formulario 29 de un determinado mes se encontrará disponible en la carpeta tributaria siempre y cuando se haya realizado la declaración y el pago correspondiente. Lo mismo ocurrirá para quienes se hayan acogido al beneficio de postergación del pago del IVA”. A continuación agrega el instrumento que “en caso de que la carpeta tributaria de la empresa postulante no registre declaración del IVA en uno o más meses, por no haberse declarado dentro de plazo establecido, para estos efectos el postulante podrá adjuntar el o los documentos correspondientes en el formulario de postulación de la convocatoria.”

4º En la carpeta tributaria del actor, acompañada a su libelo, no se registra declaración de impuesto en el periodo de abril, junio, julio y diciembre de 2019, y enero de 2020.

5º A la postulación agregó el recurrente comprobantes de pago de impuesto correspondiente a los periodos insolutos, mediante formulario 21 y un comprobante de no registrar deuda, emitido por Tesorería General de la República.

6º Ambas postulaciones a subsidios estatales fueron declaradas inadmisibles por SERCOTEC, comunicándose ello vía correo electrónico del día 27 de octubre de 2020 el rechazo al “Programa Reactívate Turismo FOGAPE con Banco Estado Región de Magallanes” y el 02 de noviembre del año recién pasado, respecto del subsidio “Reactívate Pyme”; aludiendo al efecto que “no cumple el requisito de declaración de impuesto establecido en las bases de la convocatoria. Al revisar la carpeta tributaria enviada se verificó que no tiene registrados en el Servicio de Impuestos Internos todos los Formularios 29 de los meses requeridos, tanto para el cálculo del nivel de ventas anual como para el cálculo de disminución de las mismas. Tampoco se visualizó el o los formularios 29 en el caso de existir uno o más meses no declarados”.

SEXTO: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad formulada, el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, en su numeral 1º, señala “El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”.

SEPTIMO: Que, de acuerdo a lo expresado, el recurrente tomó conocimiento del rechazo de sus postulaciones a los mencionados programas de SERCOTEC, por inadmisible, el 27 de octubre y 02 de noviembre, ambos de 2020. Por lo que conforme a la norma transcrita, disponía el recurrente de 30 días corridos contados desde tales fechas para interponer la acción, situación que en la especie no se verifica, ya que el recurso se dedujo recién el 11 de diciembre del año 2020, por lo que el mismo fue presentado ya largamente vencido el plazo para ello, de lo que deviene el rechazo de la acción.

OCTAVO: Que, a mayor abundamiento, para acoger la acción constitucional debe constatarse el carácter preexistente e indubitado del derecho afectado, condición que, estima esta Corte, no se verifica en la especie, porque el derecho cuya protección se persigue por esta vía -cautelar y de emergencia- no tiene el carácter de indiscutido.

Se tiene presente para ello, que al tratarse de un proceso de postulación a un subsidio estatal, aquél conlleva etapas de análisis y revisión de antecedentes, los cuales no siempre desembocan en la selección del postulante; circunstancia que se opone a la existencia de un derecho adquirido, el recurrente sólo cuenta con una mera expectativa dentro del proceso en cuestión. Así, lo solicitado excede el marco de la acción interpuesta, ya que ésta, en ningún caso, constituye una instancia de declaración de derechos sino que de protección de aquellos que, como se dijo, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria.

Por estas consideraciones, y teniendo presente lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política del Estado, y por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo de esta clase de recursos, de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA, el recurso de protección interpuesto por doña Lorena Andrea Mena Valdebenito en favor de don nombre reservado y en contra del Servicio de Cooperación Técnica SERCOTEC, representado legalmente por su Directora Regional doña María Soledad Solo de Zaldívar Estefó; todos ya individualizados.

Redacción Ministro Srta. San Martín.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Nº 1833-2020. Protección.