SINDICATO N°2 DE TRABAJADORES ASISTENTES DE LA EDUCACION DE EMPRESA CORPORACION MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION, SALUD Y ATENCION AL MENOR con INSPECTORA PROVINCIAL DEL TRABAJO Y OTRA

nombre reservado, veinte de enero de dos mil veintiuno.

VISTOS:

Comparecen ante esta Corte de Apelaciones HERMES HEIN BOZIC, abogado, con domicilio en domicilio reservado de la ciudad de nombre reservado, e interpone recurso de protección en favor del Sindicato Nº 2 de Trabajadores Asistentes de la Educación de Empresa Corporación Municipal de Punta Arenas, Para la Educación, Salud y Atención al Menor, organización sindical, presidida por don nombre reservado, e igualmente en favor de su directiva constituida por don nombre reservado, Presidente, nombre reservado; nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y de nombre reservado y en contra de las siguientes funcionarias públicas de la Inspección Provincial del Trabajo de Magallanes, nombre reservado, Encargada de Relaciones Laborales y de doña nombre reservado, Inspectora Provincial del Trabajo, ambas domiciliadas para estos efectos en el Edificio Institucional de la Inspección del Trabajo de nombre reservado, domicilio reservado, respectivamente.

Expone que en el año 2018, surge entre los trabajadores Asistentes de la Educación, dependientes de la Corporación Municipal de Punta Arenas, para la Educación, Salud y Atención al Menor, la inquietud por formar un nuevo sindicato, como consecuencia de profundas discrepancias en el sindicato preexistente acerca de cómo debía constituirse la directiva y la representatividad que debía tener la mujer trabajadora en la directiva con derecho a fuero, fue así como se propuso un estatuto que en forma inédita consagra entre sus disposiciones el principio de paridad de género en su directiva.

Dado que ya existía un sindicato que a esa fecha tenía 649 trabajadores se consultó a la Inspección Provincial del Trabajo, cuál era el quorum que debían cumplir, indicándoseles que debían reunir un quórum de 218 trabajadores, en relación a todos los trabajadores de la empresa, con exclusión de los que pertenecen a la Administración Central de la Corporación Municipal y los que son del área de la Salud, esto significaba exigirles un 40% de los trabajadores que son Asistentes de Educación.

Esta errónea apreciación de la funcionaria recurrida constituyó un primer obstáculo para la constitución del sindicato que les obligó a recurrir al Tribunal del Trabajo, donde se resolvió por sentencia recaída en los autos I-35-2018 que dicho criterio era improcedente, pues sólo correspondía considerar a quienes conforme a la ley 19.464, tienen la calidad de Asistentes de Educación, lo que obviamente reduce los quorum para la constitución del sindicato y favorece la libre afiliación, desde allí se percibió por los trabajadores la mala disposición de la funcionaria encargada de las relaciones laborales y sindicales Sra. nombre reservado, quien claramente se apartó de su obligación de fomentar e incentivar la sindicalización como lo establece el Manual de Procedimientos Administrativos de la Dirección del Trabajo en Organizaciones Sindicales y Asociaciones Gremiales, fue así como la sentencia recaída en los autos I-35-2018 no se cumplió oportunamente por la Inspección del Trabajo, nunca se contó con la asesoría que correspondía, con la diligencia y prontitud que debía observar pues no hubo definición previa a la constitución del sindicato de cuál era el quorum que los trabajadores debían cumplir. A pesar de todo, el Sindicato Nº 2 se constituyó el 27 de marzo de 2019, de acuerdo a la posibilidad que les brindó la sentencia del Tribunal del Trabajo, en que se señala con precisión que el quórum para la constitución del Sindicato debe ser extraído de los que son, en propiedad, Asistentes de Educación conforme a la ley 19.464 y que cumplan funciones de tal en los establecimientos educacionales, sentencia que fue dictada el 30 de diciembre de 2018. A esa fecha, no tenían los trabajadores un conocimiento cierto del número total de trabajadores y se rigieron por su apreciación en relación al registro de socios del sindicato existente y el reconocimiento que tenían de si mismos por las funciones que realizan en los distintos estamentos. A su vez, la Inspección del Trabajo no tenía un número exacto que resultara exigible, fue así como en el acta de constitución no se observó de ningún vicio de legalidad o impedimento para constituir el sindicato.

Todo a pesar que, el Manual de Procedimientos ya referidos, expresamente indica en su página 74, lo siguiente.

CRITERIOS PARA LAS SITUACIONES ESPECIALES: INCUMPLIMIENTO QUÓRUM MÍNIMO. En caso de votaciones que requieren quórum mínimo, como por ejemplo la modificación de los estatutos, la censura y la afiliación o desafiliación, y el ministro de fe advierta que éste no se cumplirá, hará presente al órgano electoral esa eventualidad así como los efectos legales que su inobservancia provoca. Con todo, la misma se llevará a cabo, lo que deberá reflejar en el respectivo certificado, al igual que el desistimiento de los interesados, si así ocurriese. Ciertamente esta es la oportunidad inicial en que se existir la posibilidad de incumplimiento de la normativa laboral aplicable se debía observar, bajo apercibimiento legal.

Nada se les informó en el acto de constitución, no se contó oportunamente con la asesoría de la Inspección del Trabajo, señalándoles el quórum que les resultaba exigible y cuáles serían las consecuencias en el evento de incumplimiento. Esta falta de aplicación se hace evidente si se considera que se hizo la consulta previa y existía sentencia judicial, a pesar de lo cual no hubo una definición previa a la constitución del sindicato acerca de cuál debía ser el quorum, como era obligación de la Inspección del Trabajo, pues en su calidad de Ministro de fe esta era su obligación, sin que corresponda a los trabajadores verificar quienes cumplían los requisitos de la ley 19.464.

Luego, conforme al ejercicio de su libertad sindical y del derecho de afiliación se avocaron a la tarea de fortalecer el Sindicato inscribiéndolo en el Servicio de Impuestos Internos con fecha 01 de abril de 2019 adquiriendo el Rol Único Tributario Número 65179624-5, incrementando el Número de socios que hoy tiene en su libro de registro a 85 socias y socios.

Con posterioridad a la constitución del sindicato, el 27 de mayo del año 2019 el sindicato fue notificado con observaciones de legalidad a la constitución del Sindicato pues no se había cumplido el quorum suficiente para su constitución, dado que con posterioridad a su constitución se estableció que la Corporación Municipal de Punta Arenas, para la Educación, Salud y Atención al Menor, tenía más de ochocientos trabajadores que en concepto de la Inspección del Trabajo, tenían la calidad de asistentes de la educación, descansando para establecer dicho número sólo en el informe del empleador, que obviamente no facilitaba la constitución del sindicato. Conforme a este razonamiento sería esta la primera corporación en Chile, que tendría más asistentes de la educación que profesores.

Por cierto, dicha observación constituye una facultad que posee la Inspección del Trabajo, que sólo puede ejercer en las condiciones que expresamente establece el Código del Trabajo, en su artículo: 223. Dichas observaciones constituyen un reparo en el evento de existir contravención a las disposiciones legales vigentes, acto que debe ser motivado, informado y notificado a la organización a efecto que ella ejerza la opción de adecuarse a lo observado o de reclamar judicialmente de ello.

Explica que ante tales circunstancias, interpuso reclamación en el Tribunal del Trabajo en los autos rit I-25-2019, la cual fue rechazada “por encontrarse en proceso la investigación y fiscalización pendiente de la Inspección del trabajo”, este informe fue entregado fuera de los 60 días de plazo, el 04 de Septiembre de 2019, sin las fiscalizaciones exigidas por la sentencia, de visitas en las Escuelas y Liceos de la Corporación Municipal para constatar en terreno quienes cumplen con la función de asistentes de la educación, sólo se limitaron nuevamente a captar el informe del empleador y su director de Recursos Humanos, esto demuestra claramente la falta de fiscalización y la negligencia del servicio, pues ciertamente sólo se puede dar fe de aquello que se conoce y no de una estimación que surge del empleador, pues cabe inferir que éste no es el interesado en promover la fiscalización. A pesar de lo cual nuevamente hubo discrepancias en el número de trabajadores que debían constituir el quorum necesario para constituir sindicato.

Los efectos de la interposición de la reclamación ante el tribunal del trabajo, se señalan en el artículo 223 del Código del Trabajo, inciso tercero.

No se contempla en el artículo 223 inciso 3º del Código del Trabajo, una sanción para el evento que el reclamo sea desestimado, sino que debe estarse al contenido y al mérito de la sentencia. En la especie, nada se dice en relación al vicio invocado por la Inspección del Trabajo, lisa y llanamente el reclamo se desestimó sin un pronunciamiento de fondo, dado que a la fecha de la sentencia en los autos Rit_ I-25-2019, aún no se había cumplido con la nueva fiscalización ordenada por el mismo Tribunal del Trabajo y éste no podía emitir pronunciamiento, este es el único sentido que cabe atribuir a dicha sentencia, sin que se pueda inferir de su contenido que se caduca la personalidad jurídica del sindicato. Tanto es así, que hasta la fecha la propia Dirección del Trabajo, certifica que su personalidad jurídica se encuentra vigente y que la directiva con derecho a fuero es la que se indica en el Certificado respectivo. Luego, no puede la Inspección del Trabajo, cancelar, mediante una certificación realizada en la Inspección Provincial del Trabajo de nombre reservado, ordenar la caducidad de la personalidad jurídica, mediante un simple acto administrativo de certificación extendida a nivel local que desconoce el mérito de la Inscripción en el Registro de Organizaciones Sindicales.

Explica que los actos impugnados son los siguientes.

Notificación de pérdida de personalidad jurídica. 1º correo electrónico de nombre reservado al sr. presidente del sindicato N 2 de trabajadores asistentes de la educación, que reza “Estimados: Por medio del presente se cita a ustedes para mañana 10 de noviembre de 2020, a las 11:00 horas., con el fin de notificarles el Certificado de Perdida de Personalidad Jurídica del Sindicato dos de Trabajadores Asistentes de Educación de Empresa Corporación Municipal de Punta Arenas, para la Educación, Salud y Atención al Menor, RSU: 12.01.0378.

El segundo, “Estimado, junto con saludar, le informo que la citación de la funcionaria no es errónea, sino que se funda en la sentencia de la causa RIT: I – 25 – 2019, causa originada por demanda presentada por ustedes en contra de la observaciones a su constitución realizadas por este servicio en su oportunidad.

Además de lo anterior, le informo que nuestro sistema ya se encuentra actualizado; por lo anterior, los esperamos el día de hoy para notificarlos oficialmente.”

Como se entiende claramente del tenor literal de la primera de estas actuaciones administrativas la pretensión de la funcionaria recurrida nombre reservado, es certificar a nivel local y al margen del mérito del Registro de Organizaciones Sindicales de la Dirección del Trabajo, la pérdida de la personalidad jurídica. Esta resolución no contiene motivación alguna, no se invoca el procedimiento judicial ni las facultades legales que le confieren dicha facultad, pues su calidad de Ministro de Fe, se encontraba claramente limitada a la asamblea de constitución del sindicato, no tiene atribuciones para certificar y eliminar del Registro de Organizaciones Sindicales, a un sindicato válidamente constituido, pues lo contrario importa atribuirse facultades jurisdiccionales para interpretar la ley e ir más allá del mérito de la sentencia del Juzgado del Trabajo y de los dispuesto en el artículo 223 del Código del Trabajo.

El Certificado Nº 1201/2020/329, de fecha 06 de diciembre de 2020, que conforme al Registro de Organizaciones Sindicales, expresamente indica que la personalidad jurídica del Sindicato Nº 2 de Trabajadores Asistentes de la Educación, se encuentra vigente e indica cuál es su directiva con derecho a fuero.

En la especie, el supuesto incumplimiento a los requisitos de constitución se habría constatado como consecuencia del fallo en los autos I-25-2019. O sea, con posterioridad a la constitución del sindicato. Luego, si la intención de la Inspección Provincial del Trabajo, es fiscalizar y solicitar la disolución del sindicato debe abocarse al procedimiento que establece el artículo 297 del Código del Trabajo, que deja a salvo el derecho de la organización al debido proceso, dado que puede presentar sus descargos y pruebas ante el Juzgado del Trabajo, competente, no puede inferirse la pérdida de la personalidad jurídica del fallo recaído en los autos Rit: I-25-2019, porque éste no lo declara expresamente y sus efectos no pueden ser materia de un acto administrativo de certificación.

En la especie, no ha existido un acto formal de fiscalización al empleador, actualizado al 09 de diciembre de 2020, no se han revisado los registros, acciones y la vida interna del sindicato que permanentemente ha sesionado inclusive en tiempos de pandemia, encontrándose en plena negociación colectiva. Por lo tanto, no se justifica un –acto de certificación- , contrario a la evidencia que se registra en la Inspección del Trabajo en que aparece que la personalidad jurídica de nuestro sindicato se encuentra vigente.

Luego, no puede funcionario alguno atribuirse facultades para perturbar a sus dirigentes permitiendo se cuestione su fuero sindical, o su derecho a la negociación colectiva o a que su sindicato tenga personalidad jurídica, pues ello indudablemente perturba gravemente su derecho a la libertad sindical.

Este hostigamiento y la forma en que se perjudica a los dirigentes aforados constan entre otras actitudes del empleador que ha dispuesto de información que debe tener el carácter de reservada, de los autos Rit: C-46-2020, en que la empleadora solicita se certifique e informe por la Inspectora Provincial del Trabajo, sobre la vigencia y/o caducidad del Sindicato de Trabajadores Nº 2 de Trabajadores Asistentes de la Educación, donde la Secretaria del Sindicato es demandante y reclama el pago de sus bienios adeudados. Por cierto, la persona a quien se solicita la certificación referida es la funcionaria recurrida en este recurso de protección, Inspectora Provincial del Trabajo, nombre reservado.

Se han vulnerado las siguientes garantías constitucionales conculcadas.

I.- ARTICULO. 19 Nº 3 INCISO 5º DE LA CONSTITUCION. Entendemos que transcurrido más de un año desde la constitución del Sindicato Nº 2 y desde el fallo en los autos I-25-2019, resulta del todo extemporáneo se pretenda mediante un acto de certificación privar de la personalidad jurídica a una organización sindical, pues ello no puede inferirse del mérito de la sentencia judicial invocada, por lo que el razonamiento de las recurridas no deja de ser una mera especulación en perjuicio en los trabajadores, sin fundamento legal, que perturban gravemente a sus dirigentes en su estabilidad laboral, pues consecuencia de dicho acto administrativo sería la privación del fuero sindical a que tienen derecho.

II. VULNERACION AL ARTICULO 19 Nª 16, en lo concerniente a la Libertad de trabajo y su protección.

En la especie, en el contexto de una negociación colectiva o de un conflicto laboral, cuando el empleador invoca y se sirve del contexto de incertidumbre que han generado las recurridas esto evidencia que ha existido colusión o al menos falta de templanza y moderación en las recurridas, pues a sabiendas que existe una negociación colectiva pendiente cuestionan la personería y el fuero de quienes integran la Comisión Negociadora Sindical, lo que ciertamente pone en riesgo el fuero sindical y por vía de consecuencia su estabilidad laboral y la protección del empleo a que tienen derecho.

III. VULNERACION AL ARTICULO 19 N 19 DE LA CONSTITUCION.

Luego, el procedimiento implementado por la Inspección Provincial del Trabajo, de citar a la dirigencia sindical para notificarle de un procedimiento administrativo espurio, es una práctica administrativa arbitraria e ilegal, pues importa exigirles de un nuevo acto de constitución o de registro que crea una situación análoga a la experiencia de autorización previa para constituir sindicato, invocando el mérito de una sentencia que no declaró la caducidad o pérdida de la personalidad jurídica ni validó el acto de fiscalización realizado por ésta con mucha posterioridad a la constitución del sindicato.

IV. VULNERACION AL DERECHO DE PROPIEDAD ARTICULO 19 Nº 24 DE LA CONSTITUCION.

Finalmente, US. Ilustrísima, al conculcar o al menos perturbar gravemente la existencia misma del sindicato y comprometer el fuero sindical de sus dirigentes, en un sindicato en negociación colectiva, suspendida sólo por el estado de pandemia, se ha comprometido también el derecho de propiedad de los recurrentes, pues se les amenaza o anuncia un procedimiento administrativo conducente a privarlos de la personalidad jurídica, que no es sino el reconocimiento mismo del sindicato de empresa para actuar con capacidad suficiente en la defensa de sus socios, para contraer obligaciones y realizar todo el cúmulo de actividades que generan responsabilidad jurídica, frente a sí mismo y frente a terceros, como lo es la administración del patrimonio sindical y de su cuenta corriente institucional. Por lo que igualmente, lo obrado por las recurridas genera consecuencias patrimoniales no deseadas sobre el conjunto del patrimonio sindical, por lo que igualmente se conculca el derecho de propiedad de los recurrentes.

Finaliza pidiendo que se acceda al recurso y que se declare:

1º Que las recurridas han actuado arbitrariamente al atribuirse facultades jurisdiccionales, constituyéndose en Comisión Ad-Hoc, al avocarse a la revisión e interpretación de la sentencia judicial recaída en los autos I-25-2019, procedimiento judicial ya fenecido que no declaró la caducidad de la personalidad jurídica del sindicato recurrente, ni la pérdida del fuero laboral de sus dirigentes, actuación que vulnera o al menos perturba gravemente la garantías de los recurrentes que establece el artículo 19 Nº 3 de la Constitución.

2º Que las recurridas han actuado en forma arbitraria e ilegal, en perjuicio de los dirigentes sindicales recurrentes, en relación al derecho que les asiste al fuero sindical, vulnerando con ello su libertad de trabajo y la protección a que tienen derecho, conforme al artículo 19 Nº 16 de la Constitución.

3º Que las recurridas han actuado arbitrariamente al establecer un procedimiento administrativo ad-hoc que obligaría al sindicato recurrente y sus dirigentes a una situación análoga a la experiencia de autorización previa, lo que significa en realidad las privación de su derecho a la autonomía sindical, a crear una organización sindical, y negociar colectivamente con dirigentes aforados, lo que infringe la garantía que establece en su favor el artículo 19 Nº 19 de la Constitución.

4º Que en todo caso, las actuaciones administrativas impugnadas vulneran o al menos perturban gravemente, las garantías constitucionales referidas y fundadas en este recurso de protección, inclusive su derecho de propiedad, al pretender eliminarlas arbitrariamente del Registro de Organizaciones, y provocar la disolución del sindicato con toda la afectación patrimonial que ello implica.

4º Consecuencialmente, se solicita a esta Ilustrísima Corte de Apelaciones, ordene se deje sin efecto los actos impugnados y descritos en lo principal de este libelo, notificándose a las recurridas que se encuentran impedidas de efectuar toda citación, llamado o trámite administrativo que tenga como finalidad provocar la caducidad, disolución o suspensión administrativa de la organización sindical recurrente.

5º Todo con expresa condenación en costas.

Comparecen las recurridas e informan:

Previa exposición de los antecedentes de hecho y de contexto de la situación de la recurrente, el presente informe se hará cargo de los siguientes puntos expuestos en el recurso de protección demostrando claramente lo siguiente:

1. Que el recurso de protección es improcedente, por cuanto las pretensiones de la recurrente exceden las causales establecidas para su interposición.

2. Que, el recurso de protección incoado es improcedente, por la naturaleza del acto impugnado y en cuanto existe una clara falta de legitimación pasiva respecto de la Inspección del Trabajo.

3. Que, tal como ya ha sido resuelto en reiteradas ocasiones por esta Iltma Corte y la Excl. Corte Suprema, la vía cautelar de protección es improcedente para los efectos que busca el recurrente, no siendo la vía idónea para resolver lo pedido, ello, por cuanto la parte recurrente no detenta indubitadamente los derechos que invoca según se verá en el desarrollo de esta presentación.

4. Que, los actos recurridos son del todo legales y emanan de la competencia de este Servicio.

5. Que, el actuar del Servicio ha sido razonable y no arbitrario.

6. Que el actuar de las funcionarias del Servicio no privan, perturban o amenazan las garantías constitucionales invocadas en el recurso.

Respecto de la causa I-35-2018 del Juzgado de Letras del Trabajo de nombre reservado: Mediante presentación de fecha 27 de noviembre de 2018, y previo, como se verá, a la formación del sindicato, don nombre reservado, solicitó a este Servicio, específicamente a la Unidad Jurídica, definir el mínimo de trabajadores para efectos de dar cumplimiento al quorum establecido en el artículo 227 del Código del Trabajo, para constituir un sindicato de asistentes de la educación de la Corporación Municipal de Punta Arenas, regidos por la Ley 19.464.

Así, con fecha 10 de diciembre del año 2018, el Director Regional del Trabajo de la época, mediante Ord. N° 569, da respuesta a dicha solicitud, estableciendo que el quorum a verificarse ante la eventual formación de un sindicato, en ese momento determinado, sería de 218 trabajadores, los cuales representarían, a la fecha, el 10% del número de trabajadores que se ajustaría a la dotación de ese estamento y periodo de la Corporación Municipal de Punta Arenas, excluido el personal del área de salud. De esta forma, inconformes con el criterio adoptado para el cálculo del quorum mínimo allí contenido, el 12 de diciembre del año 2018, el Sr. nombre reservado interpone una reclamación judicial en contra del Ord. N° 569, ello, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 504 del Código del Trabajo.

Así las cosas, con fecha 07 de enero de 2019 se realiza la audiencia única, ante la cual el Servicio no comparece y, por tanto, se tuvo por contestada dicha reclamación en rebeldía de esta parte.

Luego, el 10 de enero del año 2019, el Tribunal del Trabajo dicta sentencia y como era de esperarse, al no haber existido oposición, decide acoger la reclamación judicial interpuesta y ordena al Servicio efectuar una nueva fiscalización.

De esta manera, tras realizarse diversas fiscalizaciones y ante la permanente inconformidad de la recurrente, quien claramente necesitaba la determinación de un quorum alejado de la realidad, se apertura la causa de Cobranza Laboral C-5-2020 del Juzgado de Letras del Trabajo, en la que finalmente, el Servicio da cumplimiento a lo resuelto en la mentada causa I-35-2018, mediante informe de fecha 13 de febrero de 2020 que determina que dicha corporación cuenta con un total de 785 trabajadores asistentes de la educación, consecuencia de lo que para su constitución se requerían al momento de la fiscalización 79 trabajadores. De esta forma, dicho cumplimiento se tuvo presente por Resolución de fecha 24 de septiembre del año 2020, que tiene por cumplido lo ordenado, quedando así, afinada dicha causa judicial.

Entonces, resulta indispensable comprender que esta sentencia culmina con la reclamación interpuesta contra el Ord. N° 569, el cual es previo a la constitución de la Organización Sindical, aceptando el tribunal que, en ese momento, el monto de trabajadores para dar cumplimiento al quorum establecido en el artículo 227 del Código del Trabajo era de 79 trabajadores.

Respecto de la Causa I-25-2019 del Juzgado de Letras del Trabajo de nombre reservado:

El día 13 de marzo del año 2019, el Sr. nombre reservado, solicitó la presencia de un Ministro de Fe para la constitución de una organización sindical de trabajadores asistentes de la educación de la Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al Menor.

Posteriormente, con fecha 27 de marzo de 2019, pendiente aún el cumplimiento de la sentencia de la causa I-35-2018, procedimiento que recién describimos, con tan solo 68 trabajadores y ante Ministro de Fe de este Servicio, se constituyó el Sindicato Dos de Trabajadores Asistentes de Educación de Empresa Corporación Municipal de Punta Arenas, para la Educación, Salud y Atención al Menor, y mediante Certificado N° 12, la Inspectora Provincial del Trabajo de Magallanes, certificó que con dicha fecha se constituyó la mentada organización sindical, quedando inscrita en el RSU N° 1201.0378.

Luego, los estatutos fueron depositados en la Inspección Provincial del Trabajo de Magallanes con fecha 28 de marzo de 2019, a objeto de su análisis.

Así las cosas, ya adoptado el criterio recién analizado respecto del estatuto jurídico aplicable en el caso concreto, se verificó, mediante el procedimiento de fiscalización individualizado más arriba, que aquellos trabajadores pertenecientes al estamento de asistentes de la educación al 27 de marzo de 2019, ascendían a la suma de 826, por lo que el quorum exigible para su constitución era a la fecha de constitución de 83 trabajadores, y dicho sindicato se constituyó solo con 68.

De esta manera, ya determinado el quorum requerido, tal y como lo establece el procedimiento de acuerdo a nuestro manual, se derivaron los antecedentes a la dirección Regional del Trabajo de Magallanes y Antártica Chilena para su revisión, a raíz de la cual, mediante Ord. N° 240 de fecha 22 de mayo de 2019, se remite el expediente de vuelta a la Inspección Provincial del Trabajo de Magallanes, ello, con observaciones de legalidad, las cuales debían ser notificadas, en esa fecha, dirigentes sindicales.

Así, dicho oficio consigna en resumidas cuentas lo siguiente: 1.- Que el Sindicato de marras se habría constituido con fecha 27 de marzo de 2019, con solo 68 trabajadores y que los estatutos fueron depositados a la Inspección Provincial del Trabajo con fecha 28 de marzo de 2019.

2.- Posteriormente, que con fecha 02 de abril de 2019, la Inspección dispuso la realización de la fiscalización N° 1201/2019/248, a objeto de verificar el número de trabajadores en caso de constitución de sindicato de empresa.

3.- Que, por su parte, el Código del Trabajo dispone en su artículo 227 que: “La constitución de un sindicato en una empresa que tenga más de cincuenta trabajadores, requerirá de un mínimo de veinticinco trabajadores que representen, a lo menos, el diez por ciento del total de los que presten servicios en ella.”

4.- Conforme a lo expuesto, y a la revisión del expediente revisado por la Dirección Regional con fecha 22 de abril de 2019, se constata que la Corporación Municipal, a la fecha de la constitución, contaba con un total de 826 trabajadores pertenecientes al estamento de asistentes de la educación.

5.- Sobre este punto, cabe consignar que la regulación de esta materia fue judicializada y fallada mediante sentencia en la causa Rit. I-35-2018, determinándose que se requería un 10% correspondiente al respectivo estamento, esto en alusión a que, la Ley N° 19.464, se remite en materia de asociación funcionara a la Ley N° 19.296, específicamente a su artículo 13.

6.- Que, amén de todo lo expuesto, este Servicio detectó un vicio insanable al momento de la constitución de la organización sindical, por no cumplir con el quorum mínimo establecido, esto es, el 10% del estamento, ya que el monto de la constitución requería 83 asistentes de la educación, constituyéndose solamente con 68 trabajadores.

De esta forma, se informó que este vicio de legalidad, sólo puede ser reparado mediante una nueva constitución que reúna los quorum establecidos por el legislador, por lo que no se efectúa la revisión de los estatutos. Las observaciones de legalidad efectuadas por la Dirección Regional del Trabajo, fueron notificadas personalmente el 27 de mayo de 2019, lo que fue debidamente extraído del proceso de fiscalización individualizado previamente.

Luego, con fecha 17 de julio de 2019, la directiva del Sindicato, no conforme con dichas observaciones al acto de constitución, interpone una nueva reclamación judicial en contra de las observaciones de legalidad efectuadas por la Inspectora Provincial del Trabajo de Magallanes, ello, conforme a las reglas del procedimiento monitorio, en aplicación de los artículos 504, en relación con los artículos 500 y siguientes.

De esta forma, tras argumentar su visión, solicitan que se tengan por impugnadas las observaciones de legalidad formuladas por este Servicio, sobre la constitución del Sindicato dos de Trabajadores Asistentes de la Educación de Empresa Corporación Municipal de Punta Arenas, para la Educación, Salud y Atención al Menor, solicitando que se declare que dicho sindicato dependiente de la CORMUPA se ajusta a derecho, y ha cumplido con el quórum que establece el Código del Trabajo, para su constitución, con costas.

El 17 de agosto de 2019, el tribunal, haciendo uso de la facultad dispuesta en el artículo 500, resuelve derechamente la demanda y dicta una resolución, declarando “no ha lugar a lo solicitado por la parte reclamante en su presentación de fecha 17 de julio de 2019.” (La presentación de fecha 17 de julio de 2019 fue la reclamación judicial).

Dicha resolución tiene el carácter de sentencia de término, postura entendida también por el representante del sindicato, que con fecha 20 de agosto de 2019, interpone Recurso de Nulidad en contra de aquella, remitiéndose los antecedentes a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de nombre reservado. Cabe destacar que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 477 del Código del Trabajo, este sólo procede en contra de sentencias definitivas.

Como consecuencia de aquello, se apertura la causa Rol Cobranza Nº 95 -2019 de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de nombre reservado, cuya sentencia, de fecha 30 de noviembre del año 2019, rechaza el recurso y confirma lo resuelto por el Tribunal Ad Quo en su resolución de fecha 17 de agosto, es decir, se rechaza la demanda.

Luego, el día 23 de diciembre del año 2019, la Corte dicta el correspondiente cúmplase, el cual figura con dicha fecha en la causa Rit. I-25-2019, para luego, finalmente con fecha 09 de octubre de 2020, el Tribunal del Trabajo certifica que la sentencia se encuentra firme y ejecutoriada, cumpliéndose así el presupuesto fáctico establecido en el artículo 223 inciso final, por cuanto el Tribunal rechazó totalmente la reclamación judicial siendo aquello refrendado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones, siendo la consecuencia inmediata la caducidad de la personalidad jurídica por tratarse de un vicio insalvable.

De acuerdo a aquello, la Inspección Provincial del Trabajo de Magallanes tiene el deber sólo de comunicar la caducidad de la personalidad jurídica de la organización sindical, ello a contar de la fecha de certificación de ejecutoria correspondiente, lo que aconteció de pleno derecho y por el solo ministerio de la ley por un incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 227 del Código del Trabajo.

En la acción constitucional intentada, se ha recurrido de protección en contra de doña nombre reservado en su calidad de Inspectora Provincial del Trabajo de Magallanes y doña nombre reservado, encargada de Relaciones Laborales de la Inspección Provincial del Trabajo de Magallanes, específicamente en el desarrollo de dos actos. El primero de ellos corresponde a un correo electrónico enviado por doña nombre reservado y dirigido al presidente de la organización sindical recurrente, de fecha 09 de noviembre de 2020 y, a su vez, un segundo correo electrónico dirigido al mismo destinatario, pero que emanó de la Inspectora Provincial del Trabajo de Magallanes con fecha 10 de noviembre de 2020.

En efecto, el primer correo electrónico, dice relación con la citación efectuada por la funcionaria antes mencionada, con el objeto de efectuar la notificación de la perdida de la personalidad jurídica del sindicato, mediante el certificado correspondiente, ello a raíz de la certificación de ejecutoria de la sentencia que rechaza la reclamación interpuesta en los autos I-25-2019 en contra de las observaciones de legalidad notificadas por este Servicio a esa organización, las cuales, tal y como se puede apreciar en los párrafos previos, apuntaban a la falta del quorum legal exigido para constituir un sindicato, de conformidad a lo dispuesto en el ya citado artículo 227 del Código del Trabajo.

Con respecto al segundo acto recurrido, dice relación directa con lo anterior, pues tras dicha citación, el presidente del sindicato se dirige por correo electrónico el día 09 de noviembre de 2020, a la Inspectora Provincial del Trabajo de Magallanes consultado por tales hechos.

En este orden de cosas, la Inspectora Provincial del Trabajo de Magallanes y Antártica Chilena responde con fecha 10 de noviembre de 2020:

“Estimado, junto con saludar, le informo que la citación de la funcionaria no es errónea, sino que se funda en la sentencia de la causa RIT: I-25-2019, causa originada por demanda presentada por ustedes en contra de las observaciones a su constitución realizadas por este servicio en su oportunidad.

Además de lo anterior, le informo que nuestro sistema ya se encuentra actualizado; por lo anterior, los esperamos el día de hoy para notificarlos oficialmente.”

Entonces, cabe señalar que la gestión que hace el Servicio, es notificar la pérdida de la personalidad jurídica, pero no es un acto del Servicio el que generó esta situación, sino que ello ocurre de pleno derecho con la sentencia ejecutoriada que rechazó el reclamo interpuesto por el sindicato en contra de las observaciones de legalidad efectuadas por este Servicio por falta de quorum.

Sin perjuicio de lo expuesto, inconforme nuevamente con este criterio, se interpone el presente recurso de protección en contra de estas actuaciones, entendiendo esta parte que existe un claro ánimo de cuestionar todos los actos que emanan de este Servicio, en atención a que, desde un inicio, hemos sostenido que dicha organización no da cumplimiento a los requisitos legales para su nacimiento, lo que ha sido refrendado por diversas fiscalizaciones y por el Tribunal del Trabajo.

Luego expone que el recurso de protección es improcedente, por cuanto las pretensiones de la recurrente exceden las causales establecidas para su interposición.

Menester resulta aclarar que el recurso de protección es un procedimiento excepcional y que no sirve para la defensa de cualquier interés, claro por asentada jurisprudencia, que este sirve solo para defender y garantizar frente a acciones y omisiones ilegales o arbitrarias que afecten derechos fundamentales. Es decir se aplica solo cuando existe una amenaza, perturbación o privación del legítimo ejercicio de un derecho esencial producida por una acción u omisión arbitraria o ilegal de un tercero, sea este público o privado, existiendo una manifestación de dicha actuación que no requiere de un proceso de prueba complejo, la afectación del derecho indubitado, tal y como se verá, debe ser relativamente claro o evidente. En caso contrario, debe utilizarse el procedimiento ordinario o sumario correspondiente.

De lo anterior, claramente existen errores en el recurso interpuesto por la supuesta organización sindical de marras, pues, en primer término, para entender que un derecho ha sido vulnerado, quien recurre debe ser titular de ese derecho, es decir, no debe estar pendiente su existencia o en discusión; y, en segundo término, si bien, el recurso no sustituye otras acciones futuras, en la especie, resulta que la acción que busca sea resuelta por VS. Iltma, ya ha sido debatida en un procedimiento de lato conocimiento, tal y como ha quedado en evidencia en las consideraciones previas.

Lo anterior, claramente, de acogerse el recurso, vulneraría el principio de cosa juzgada, pues la sentencia de protección no puede alterar lo ya resuelto por la resolución que se encuentra firme y ejecutoriada, tal y como ocurre según se dirá en los párrafos venideros, sobre todo, si se toma en consideración que dichas acciones cuentan con sus fases recursivas independiente.

Corresponde el rechazo del recurso por falta de legitimidad pasiva.

Tal y como se advierte de la simple lectura del recurso, se recurre contra dos correos electrónicos emanados de funcionarias de este Servicio, dirigidos ambos a la directiva del sindicato que recurre. En efecto, el primero de ellos cita a dichos dirigentes a comparecer a la Inspección Provincial del Trabajo de Magallanes para comunicar la caducidad de su personalidad jurídica, por el sólo ministerio de la ley, y el segundo correo, remitido por la Inspectora Provincial del Trabajo de Magallanes que reafirma que dicha citación tiene un sustento jurídico.

Entonces, la consecuencia jurídica que el recurrente atribuye a estos dos actos es, tal y como se expresa en el libelo, la perturbación o amenaza de los derechos constitucionales recién citados, producto de que se atribuye al Servicio, en definitiva, la pérdida de la personalidad jurídica de la organización sindical, con todas y cada una de las consecuencias que lo anterior conlleva.

Corresponde el rechazo del recurso, pues no existe en el caso concreto un derecho indubitado que proteger en favor de los recurrentes.

Como ya se dijo, el recurso de protección no puede sustituir el proceso idóneo para obtener una declaración de derechos. Así las cosas, la finalidad del recurso de protección está lejana de ser una instancia de declaración de derechos.

Corresponde el rechazo del recurso, pues los actos recurridos son del todo legales y emanan de la competencia de este Servicio. En este sentido, tal y como se ha mencionado latamente a lo largo de esta presentación, los actos recurridos versan sobre dos correos electrónicos remitidos por las funcionarias nombre reservado, quien envía una citación para notificar la certificación de la pérdida de la personalidad jurídica de la organización sindical, dirigida a sus dirigentes, ambos recurrentes, ello, como consecuencia del rechazo de la reclamación judicial interpuesta por dicha organización, en contra de las observaciones de legalidad efectuadas por este Servicio, derivada de la falta de quorum.

Corresponde el rechazo del recurso, pues el actuar del Servicio ha sido razonable y no arbitrario.

En el recurso se alega que el actuar de las funcionarias habría sido arbitrario, calificación que, tras lo señalado es evidentemente errónea, pues como se extrae del presente informe, específicamente del acápite anterior, las razones legales para efectos de fundamentar el proceder de las funcionarias tienen un importante sustento, suficiente para afirmar que dichos actos se ajustan al ordenamiento jurídico en su conjunto, siendo actividades que se realizan permanentemente por este Servicio ante situaciones similares y de la misma naturaleza.

Corresponde el rechazo del recurso, dado que el actuar de las funcionarias del Servicio no priva, perturban o amenazan las garantías constitucionales invocadas en el recurso.

Luego de manifestar su disconformidad con las actuaciones emanadas de las funcionarias de este Servicio y recurridas en este proceso, el recurrente intenta buscar alguna garantía constitucional que ampare su acción. Cabe reiterar en este punto toda la argumentación referida a que este recurso sólo procede respecto de quienes ostentan derechos indubitados, lo que, en caso de marras, tal y como se ha indicado, no ocurre.

Por lo reseñado no se han vulnerado las garantías que se indican en el recurso, y termina pidiendo el rechazo del recurso con costas.

Se dispuso traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar, las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias, que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Se trata de, una acción constitucional de naturaleza cautelar, que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional para ser ejercitada en un procedimiento de urgencia, informal, inquisitivo, unilateral, breve y concentrado con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

Conforme a su naturaleza y claro objetivo, no genera, en sentido técnico, un juicio ni se persigue con su interposición establecer la responsabilidad civil, penal, infraccional o administrativa del ofensor. Por tanto, no se concibe respecto de una contienda civil entre partes ni da origen a un proceso penal o administrativo, es decir, no se aplica para discutir cuestiones de lato conocimiento respecto de las cuales el legislador ha establecido los procedimientos idóneos para que sean debatidas y resueltas.

SEGUNDO: Que, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos:

a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, acto arbitrario es aquel producto del mero capricho de quien incurre en él que provoque algunas de las situaciones o efectos de privación, perturbación o amenaza, afectando a una o más de las garantías preexistentes-protegidas; es aquello producto del mero capricho de quien incurre en él (Corte Suprema Rol N°764/2011); es la no existencia de razones que justifiquen una actuación (Corte Suprema 4734/2003) o voluntad no gobernada por la razón (Corte Apelaciones de Santiago 1249/1994): Vulneración del uso razonable con que los elementos discrecionales de un poder jurídico han de ser ejercidos (Corte de Apelaciones de Santiago 50/2004), o bien, acciones u omisiones que “pugnan con la lógica y la recta razón contradiciendo el normal comportamiento, sea de la autoridad o de los seres humanos en particular, que se rige por los principios de racionalidad, mesura y meditación previa a la toma de decisiones y no por el mero capricho o veleidad (Corte de Apelaciones de Coyhaique 37/2000).

CUARTO: Que, acto ilegal es aquel contrario al ordenamiento jurídico (en particular los poderes públicos). Antijurídica. Contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil (Corte Suprema Rol N° 764/2011) y la privación es despojo o desconocimiento del derecho, la perturbación es dificultad o limites no aceptables para su ejercicio y amenaza la representación cierta que el derecho será privado o perturbado.

QUINTO: Que, en este recurso los actos vulneratorios de las garantías constitucionales señaladas en el mismo, se ha indicado que consisten en los actos recurridos que versan sobre dos correos electrónicos remitidos por las funcionarias nombre reservado, quien envía una citación para notificar la certificación de la pérdida de la personalidad jurídica de la organización sindical, dirigida a sus dirigentes, ambos recurrentes, y, a su vez, un segundo correo electrónico dirigido al mismo destinatario, pero que emanado de la Inspectora Provincial del Trabajo de Magallanes doña nombre reservado, con fecha 10 de noviembre de 2020.

SEXTO: Que, La doctrina y la jurisprudencia han sido contestes, desde la entrada en vigencia de la normativa que regula el recurso de protección, en que uno de los requisitos formales para su procedencia es la existencia de un derecho indubitado, indiscutido, cuyo amparo se solicite. Así, la Excelentísima Corte Suprema ha sostenido: "Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. Segundo: Que para acoger la presente acción debe constatarse el carácter preexistente e indiscutido de un derecho afectado, condición que no se verifica en la especie porque el derecho cuya protección se busca por esta vía no tiene el carácter de indubitado." (Causa Rol N° 7122-2014), en este mismo sentido, ver sentencias: Corte Apelaciones Santiago rol 11584-2019, Corte de Apelaciones de Concepción rol 9826-2018 y 15357-2020, Corte Suprema Roles: 26.127-2018, 26.449-2019 y 35656-2017 entre otras. En el caso de autos, no se vislumbra un derecho indubitado que asista a los recurrentes, radicando precisamente la controversia entre las partes en los derechos de los que serían titulares los actores, con motivo de la determinación del quórum para constituir su sindicato, cuestión ampliamente debatida (rol I-35- 2018, I-25-2019, y Cobranza Nº95-2019 de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de nombre reservado) aún no resuelta para los recurrentes, pues a través de este recurso se pretende que se ordene finalmente, que no se emita cualquier acto administrativo, por parte de la inspección del trabajo con el fin de provocar la caducidad de la personalidad jurídica de la organización sindical, cuestión de fondo que se ha seguido debatiendo incluso por este medio, no siendo la vía idónea para ello.

SEPTIMO: Que, no se aprecia que las funcionarias de la Inspección del trabajo hayan procedido de manera ilegal y arbitraria, al haber enviado los correos electrónicos respecto de los cuales se recurre. Pues, en ningún momento actuaron de manera ilegal, en contra de una norma jurídica vigente, lo hicieron conforme a las normas del código del trabajo y del Manual de procedimiento administrativo de la Dirección del trabajo en organizaciones sindicales y asociaciones de funcionarios. Es así, que el artículo 223 inciso 2 del Código del Trabajo dispone: “…La Inspección del Trabajo podrá, dentro del plazo de noventa días corridos contados desde la fecha del depósito del acta, formular observaciones a la constitución del sindicato si faltare cumplir algún requisito para constituirlo o si los estatutos no se ajustaren a lo prescrito por este Código.

El sindicato deberá subsanar los defectos de constitución o conformar sus estatutos a las observaciones formuladas por la Inspección del Trabajo dentro del plazo de sesenta días contados desde su notificación o, dentro del mismo plazo, reclamar de esas observaciones ante el Juzgado de Letras del Trabajo correspondiente…”. De acuerdo a la norma anterior, la inspección del trabajo formuló objeciones de legalidad, de las que reclamaron posteriormente, los dirigentes sindicales recurrentes, dando lugar a la causa I-25-2019, que rechazó la reclamación interpuesta, de la que a su vez recurrieron de nulidad la que también fue rechazada por esta Corte. Asimismo, el manual de procedimiento administrativo de la dirección del trabajo en organizaciones sindicales y asociaciones de funcionarios, en su página 114 señala: “POR EL SOLO MINISTERIO DE LA LEY O CADUCIDAD DE PERSONALIDAD JURÍDICA. Se encuentran en esta situación aquellas organizaciones que no subsanaron los defectos de constitución, que no dieron cumplimiento a requisitos esenciales para su constitución, o no conformaron sus estatutos a las observaciones formuladas por la Inspección del Trabajo respectiva o no reclamaron de ellas ante el Juez de Letras del Trabajo dentro del plazo legal.

También se encuentran en este escenario aquellas organizaciones cuyo reclamo judicial de las observaciones ha sido rechazado y que no han dado cumplimiento a las observaciones dentro del plazo otorgado por el tribunal. Se encuentran, además, en esta situación de caducidad aquellos sindicatos que no completaron, dentro del plazo de un año contado desde su constitución, el quórum exigido por el artículo 227, inciso 1º del Código del Trabajo. Hecho que deben acreditar mediante la exhibición del respectivo registro de socios ante la Inspección del Trabajo donde se encuentran registrados.61 Producida la caducidad de la personalidad jurídica de una entidad sindical por la causal señalada precedentemente, la Inspección del Trabajo respectiva deberá extender un certificado en que conste dicha circunstancia, el cual podrá ser entregado en forma personal o enviado por carta certificada a la organización; ingresar tal hecho en el registro informático de organizaciones sindicales e iniciar los trámites correspondientes a la liquidación…”. En virtud de las normas de este manual, es que procedieron las funcionarias a enviar los correos de los cuales se recurre. Es por ello, que su actuar no se entiende ni ilegal ni arbitrario. No constituyéndose dichas funcionarias en comisión ad-hoc, por lo que no se vulneró la garantía del artículo 19 n°3 inciso 5 de la Constitución Política, ni ninguna otra denunciada por los recurrentes.

OCTAVO: Que, a mayor abundamiento, el recurso de protección no es una manera de impugnar, el efecto de cosa juzgada que produce una sentencia ejecutoriada, en este caso, el hecho que genera ese efecto, es la dictación de una sentencia, que rechaza la reclamación de las objeciones de legalidad notificadas a la organización sindical por ese Servicio, en donde se efectúa un reproche referente al quorum que requería el sindicato para su constitución. No pudiendo volver a discutirse entre las mismas partes, lo referente a dichas objeciones de ilegalidad, respecto de la constitución del sindicato.

Por estas consideraciones y visto, además lo prevenido en el artículo 20 de la Carta Fundamental y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA, el recurso de protección intentado por Hermes Hein Bozic, abogado, en favor del Sindicato Nº 2 de Trabajadores Asistentes de la Educación de Empresa Corporación Municipal de Punta Arenas, Para la Educación, Salud y Atención al Menor, organización sindical, presidida por don nombre reservado, e igualmente en favor de su directiva constituida por don nombre reservado, Presidente, nombre reservado; nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y de nombre reservado, y en contra de nombre reservado, Encargada de Relaciones laborales y de doña nombre reservado, Inspectora Provincial del Trabajo.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Fallo redactado por abogada integrante Sonia Zuvanich Hirmas.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

ROL Nº 1829-2020. PROTECCIÓN.