nombre reservado con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION REGIONAL

Punta Arenas, veintiuno de diciembre de dos mil veinte.

VISTOS:

Comparece ante esta Corte de Apelaciones la abogada Lorena Andrea Mena Valdebenito, abogado, quien deduce recurso de protección en favor de don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, y en contra del Servicio de Impuestos Internos, representado legalmente por su Directora Regional Ana María Vargas o quien ejerza dicha función, ambos con domicilio en domicilio reservado, solicitando se acoja el recurso interpuesto, ordenando a la recurrida regularice y actualice el estado de la carpeta tributaria del actor, con costas.

Refiere que su representado es empresario de turismo. El 03 de septiembre del año 2020, postuló al programa denominado "Reactívate Turismo Fogape con Banco Estado de la Región de Magallanes" y el 15 de octubre postuló al programa especial denominado “Reactívate Pyme”, ambos otorgados por SERCOTEC; los que buscaban apoyar la actividad turística y en especial a los pequeños empresarios, por cuanto a raíz del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública decretado el 18 de marzo del presente año en todo el territorio de Chile a causa de la propagación del COVID-19, generó una impacto negativo en la economía, siendo la del sector turismo una de las más vulnerables y afectadas.

Para dicha postulación a subsidios estatales, debió adjuntar una serie de antecedentes, dentro de los cuales se encontraba la carpeta tributaria de su empresa, documento que según las bases de los programas señalados debía adjuntarse al día, encontrándose con la sorpresa que dicho documento tributario se encontraba desactualizado, reflejaba deudas en los meses de enero, febrero, mayo, julio y agosto, siendo que se encontraban pagadas desde el 27 de agosto del año en curso, no figurando con deuda alguna.

Rectifica luego su libelo señalando que los impuestos adeudados corresponden a los meses de abril, junio, julio y diciembre de 2019, además de enero de 2020.

Ante ello, acudió al Servicio de Impuestos Internos de la ciudad de Puerto Natales para solicitar se aclarara y actualizara la información que contenía su Carpeta Tributaria, por el reducido plazo para reunir los antecedentes. Se le señaló que debía solucionar el problema en la oficina provincial de la Tesorería General de la República, dirigiéndose a dicha institución, donde se le indicó que el problema que lo aquejaba era de responsabilidad del Servicio recurrido y que no tenían competencia alguna. Mismo recorrido efectuó en 3 ocasiones, con las dificultades propias de la emergencia sanitaria y de tratarse de una persona en situación de discapacidad, la respuesta fue que debía esperar que el sistema se actualizara.

Al no obtener respuesta favorable, efectuó las postulaciones a ambos programas, adjuntando los comprobantes de pago de los impuestos correspondientes a enero, febrero, mayo, julio y agosto. Sin perjuicio de ello, formulo los requerimientos ante el Servicio recurrido, a Tesorería General de República, mediante sus páginas web y ante Contraloría General de la República, sin obtener respuesta concreta a la fecha.

Finalmente el 27 de octubre y 02 de noviembre del año en curso, fue notificado por SERCOTEC, del rechazo de sus postulaciones debido a que no cumplió en ambas oportunidades con el requisito de Declaración de Impuestos establecido en las bases de esta convocatoria, por cuanto al revisar la carpeta tributaria enviada por el recurrente, se verificó que no tenía registrados en el Servicio de Impuestos Internos todos los Formularios 29 de los meses requeridos, tanto para el cálculo del nivel de ventas anual, como para el cálculo de disminución de las mismas. Tampoco se visualizó el o los Formulario(s) 29 por existir uno o más meses no declarados, viéndose injustamente afectado, sin que las entidades responsables hayan otorgado respuesta eficiente a un problema de tal envergadura.

Considera que resulta evidente que la ilegalidad y arbitrariedad que ha descrito, vulnera las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 numeral 2 y 3 inciso 5° de la Constitución Política de la República. Así el recurrente, se ha visto imposibilitado para actuar y postular a subsidios estatales, en términos igualitarios en sus derechos como contribuyente y la información tributaria que al servicio le corresponde entregar actualizada, para ser presentada en los procesos de postulación de SERCOTEC, convirtiéndose así en mero espectador, pese a que la igualdad ante la ley es un derecho constitucional. Añade que en consideración a la situación de discapacidad de su representado, el deber de los órganos del Estado se ve intensificado por la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas con discapacidad, por la que los Estados Partes deben adoptar medidas para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, eliminando de obstáculos y barreras de acceso, siendo imperativo tomar en cuenta las diferencias sustantivas a las que se ven afectos las personas con discapacidad, y realizar las acciones necesarias para garantizar sus derechos. La desactualización de la carpeta tributaria del recurrente de autos trajo como consecuencia que el actor no cumpliera, con los requisitos exigidos por las bases de los programas especiales para acceder a los subsidios otorgados por el Estado que buscan apoyar a los emprendedores del sector turístico, causándole un grave menoscabo y perjuicio, circunstancia que sería diferente si la parte recurrida hubiera dado estricto cumplimiento al deber que le imponen la ley de mantener al día los documentos tributarios de su competencia, situación que se agrava aún más al no haber adoptado todas las medidas necesarias para corregir el error, una vez que tomó conocimiento de la situación que afectaba al recurrente.

Igualmente se afecta su derecho a la igual protección ante la ley en el ejercicio de sus derechos, dejándolo en un estado de indefensión, principio que igualmente rige en sede administrativa, Acompaña a su libelo su credencial de discapacidad, las Bases de ambos programas de subsidios a los que postuló, comprobantes de postulación, la carpeta tributaria, correos electrónicos donde se comunica el rechazo de ambas postulaciones, correo electrónico remitido a Contraloría General de la República y certificado de no deuda de la Tesorería General de la República.

Informa por el Servicio de Impuestos Internos, Ana María Vargas Cárdenas, Directora de la XII Dirección Regional de Punta Arenas, solicitando el rechazo del recurso incoado, con costas.

Explica que según aparece en el Sistema de Información de Cumplimiento Tributario, el recurrente inició actividades el día 01 de febrero de 2017, informando un giro que luego extendió: Actividades De Residenciales Para Estudiantes Y Trabajadores, además de Compra, Venta Y Alquiler (excepto Amoblados) De Inmuebles; por el desarrollo de estas actividades figura afecto a los Impuestos al Valor Agregado (IVA) y a la Renta de Primera Categoría.

Como contribuyente de IVA y por expresa disposición del artículo 64 del D.L. N° 825 de 1974, se encuentra obligado a presentar mensualmente una declaración jurada sobre las operaciones desarrolladas en el período, la que se materializa a través del Formulario 29; sin embargo, el actor no declaró ni pagó dentro de plazo los impuestos de los períodos de abril, junio, julio y diciembre del año 2019, y de enero del 2020, situación que se regularizó en agosto de 2020, para lo cual debió emitirse órdenes de ingreso o giro a través del Formulario 21.

El recurrente el día 09 de septiembre les informó a través de la página web, había postulado en tres ocasiones a los programas de beneficios de SERCOTEC y que no había podido acceder a ellos, ya que en su carpeta tributaria no figuraban todos los pagos efectuados a esa fecha. Por ello, el día 17 siguiente, fue contactado por un funcionario de la Unidad de Puerto Natales, quien le informó que la carpeta tributaria sólo contenía la información relativa a los Formularios 29 pagados dentro de plazo, y que aquello afectaba a todos los contribuyentes que se encontraban en la misma situación.

Destaca que paralelamente a la presente acción, el contribuyente efectuó un reclamo ante la Contraloría General de la República, cuestionando la acción de este Servicio y de la Tesorería General de la República, el cual fue desestimado, en atención a que no era posible establecer que la situación alegada por el contribuyente, relativa a la carpeta tributaria, le haya impedido acceder al subsidio otorgado por SERCOTEC.

Alega que la acción deducida es extemporánea, toda vez que se interpuso el día 16 de noviembre del año en curso, por una supuesta desactualización de su carpeta tributaria; sin embargo, el actor tenía conocimiento cierto de que es lo que constaba en dicha carpeta, con fecha 17 de septiembre de 2020, oportunidad en que se le informó, por un funcionario de la Unidad de Puerto Natales, que los Formularios 29, de Declaración Mensual y Pago Simultáneo de Impuestos presentados fuera de plazo, no aparecían en ella; de este modo a la fecha de interposición de la acción cautelar, el plazo de 30 días se encontraba latamente vencido.

Niega la existencia de ilegalidad o arbitrariedad en su actuar, toda vez que ha sometido su conducta a la Constitución y a las Leyes. Precisa que al Servicio recurrido de conformidad a su Ley Orgánica, le corresponde “la aplicación y fiscalización de todos los impuestos internos actualmente establecidos o que se establecieren, fiscales o de otro carácter en que tenga interés el Fisco y cuyo control no esté especialmente encomendado por la ley a una autoridad diferente”; dentro de los cuales se encuentra la Ley sobre Impuestos a las Ventas y Servicios, norma que establece la obligación de los contribuyentes afectos a pagar dicho gravamen hasta el día 12 de cada mes y los impuestos devengados el anterior, presentando una declaración jurada del monto total de las operaciones realizadas, obligación que subsiste aun cuando el contribuyente no realice operaciones gravadas.

Aclara que en la práctica, los contribuyentes del Impuesto a las Ventas y Servicios, dan cumplimiento a esta obligación mediante la presentación mensual del Formulario 29 sobre Declaración y Pago Simultáneo de Impuestos. Respecto de aquellos contribuyentes que no presentaren esta declaración, dentro de los plazos previstos en la Ley, la Circular Nº 48, de 30 de septiembre de 2004, indica que, podrán realizar el pago del impuesto directamente a través de internet, o bien, podrán solicitar la emisión de un giro en las oficinas del Servicio de Impuestos Internos; habiendo implementado múltiples herramientas informáticas a las que se pueden acceder gratuitamente; entre las que se encuentra la Carpeta Tributaria Electrónica, la que surge, a contar del año 2016, con el propósito de facilitar la obtención de créditos en Instituciones Financieras, especialmente para las Empresas de Menor Tamaño, permitiéndole a éstas autorizar a una o más instituciones financieras para descargar información básica de carácter tributario que esta repartición maneja, sobre sus utilidades, bienes raíces y declaraciones de IVA o Renta, entre otros.

En caso que se estime que existen errores u omisiones en esta carpeta, se podrá efectuar un requerimiento en tal sentido, a fin de que éstos se corrijan o enmienden mediante la plataforma virtual o por vía telefónica.

Existen diversos tipos de Carpetas Tributarias Electrónicas, siendo de relevancia para el caso en análisis, aquella que se utiliza para otorgar créditos, que está compuesta por la siguiente información por los datos del contribuyente (fecha Inicio de Actividades, actividad económica, categoría tributaria, domicilio, sucursales, últimos documentos timbrados y observaciones tributarias); datos proporcionados por el contribuyente para fines tributarios (representante legal, conformación de la sociedad, participación en sociedades o sociedades relacionadas); datos de propiedades y bienes raíces (comuna, rol, dirección, destino, avalúo fiscal, cuotas vencidas por pagar, cuotas vigentes por pagar, condición: exento o afecto); resumen boletas de honorarios electrónicas, emitidas en los últimos 12 meses; declaraciones de IVA (F29) de los últimos 24 períodos mensuales (formulario compacto); declaraciones de Renta (F22) de los últimos 3 períodos anuales (formulario compacto).

Precisa que en ella se incluyen sólo los Formularios 29 que han sido presentados dentro del plazo legal; por cuanto, los impuestos de los períodos no declarados dentro de plazo, son pagados mediante el Formulario 21, es decir, por medio de un Giro de impuestos y/o intereses y multas, que emite y notifica el Servicio al contribuyente; no encontrándose comprendido éste dentro de los antecedentes que se incorporan al compilado. Lo anterior, sin perjuicio que los contribuyentes siempre tendrá derecho a requerir directamente la información existente, en poder de la institución, que diga relación con su cumplimiento tributario.

En cuanto a la alegación de la contraria de no mantener actualizada su carpeta tributaria, éstas solo contienen información relativa a los Formularios 29 presentados y pagados dentro de plazo; los antecedentes derivados de un pago fuera de plazo mediante Formulario 21 no se incluye en la información; de lo que deviene que no hay información que actualizar y por ende no hay actuación ilegal ni arbitraria.

Agrega que el supuesto perjuicio alegado no es tal, toda vez que revisados los documentos que debía acompañar al postular a los dos subsidios, el actor debía adjuntar la carpeta tributaria para solicitar créditos completos, debiendo poner especial atención en que el documento contenga todos los formularios 29 de los períodos requeridos para efectos del cálculo, tanto del nivel de ventas, como para la disminución de éstas, siendo obligatorio para todas las empresas postulantes, no aceptándose una carpeta tributaria distinta a la requerida, declarándose inadmisible la postulación, siendo válida si el RUT emisor es el mismo que el RUT de la empresa postulante. En caso de que la carpeta tributaria de la empresa postulante no registre declaración del IVA, en uno o más meses, por no haberse declarado dentro del plazo establecido para estos efectos, el postulante podrá adjuntar el o los documentos correspondientes en el formulario de postulación de la convocatoria.

Concluye de lo anterior, por una parte, que SERCOTEC está en conocimiento que la Carpeta Tributaria que genera el Servicio, solo incluye información respecto de los Formularios 29, declarados y pagados dentro de plazo legal; y por otra, que establece un procedimiento especial para que los postulantes, que por cualquier motivo no se encuentran en esa situación, puedan adjuntar directamente los formularios que no se contengan en esa carpeta, por haber sido pagados fuera del plazo legal, situación que el actor reconoce, quien pudo acompañar los documentos que acreditaban el pago atrasado de impuestos.

En consecuencia, el hecho de que su solicitud fuera rechazada por el SERCOTEC, no dice relación alguna con el contenido de la Carpeta Tributaria, o con alguna actuación de esta repartición; lo que también ha sido declarado así por la Contraloría General de la República, mediante en el Ord. Nº 52246, de 18 de noviembre de 2020.

Adiciona que no existe afectación de las garantías constitucionales invocadas por el actor, al no haber incurrido en un actuar ilegal ni arbitrario, y a mayor abundamiento la situación que se reclama, encuentra su origen en la propia conducta del contribuyente quien incumplió las normas relativas al plazo de declaración y pago de impuesto.

Yerra igualmente el actor, al estimar la existencia de un trato desigual, por cuanto no ha citado o demostrado otros casos, en que bajo las mismas condiciones el Servicio haya incluido en la carpeta tributaria, declaraciones efectuadas por los contribuyentes fuera de plazo. Si la postulación efectuada fue desestimada no es una situación que pueda imputarse al Servicio.

Descarta una vulneración a su derecho al debido proceso, en atención a que dicha garantía no se encuentra dentro de los derechos amparados por la acción cautelar, y tampoco divisa la forma en que se podría haber producido, cuando no ha existido ningún proceso respecto del recurrente, ni menos una resolución o acto del servicio que lo haya privado de su derecho a defensa.

Encontrándose la causa en estado de ser vista, se dispuso traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

Conforme a su naturaleza y claro objetivo, no genera, en sentido técnico, un juicio ni se persigue con su interposición establecer la responsabilidad civil, penal, infraccional o administrativa del ofensor. Por tanto, no se concibe respecto de una contienda civil entre partes ni da origen a un proceso penal o administrativo, es decir, no se aplica para discutir cuestiones de lato conocimiento respecto de las cuales el legislador ha establecido los procedimientos idóneos para que sean debatidas y resueltas.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos:

a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, el hecho vulneratorio calificado como ilegal y arbitrario por el recurrente, lo hace consistir en la omisión de la recurrida de actualizar la carpeta tributaria para obtención de créditos del actor, por cuanto no consignó el pago de los impuestos fuera de plazo legal, situación que le ocasiona perjuicios, por cuanto la falta de dichos antecedentes le impiden acceder a beneficios estatales, como lo es la entrega de subsidios por parte de SERCOTEC, situación que vulnera las garantías constitucionales que invoca.

CUARTO: Que, la parte recurrida, solicita el rechazo del recurso, aludiendo –luego de alegar la extemporaneidad del recurso- que no han incurrido en acto ilegal o arbitrario alguno, limitándose a dar aplicación a la normativa legal y reglamentaria que los rige, por lo que en caso alguno ha vulnerado las garantías constitucionales del actor; según se consigna en lo expositivo de la presente sentencia.

QUINTO: Que, del análisis de los documentos acompañados y de lo manifestado por las partes en el proceso, es posible tener por acreditados los siguientes hechos:

1º El actor es contribuyente de impuesto al valor agregado y a la renta de primera categoría, de acuerdo al giro que ejerce. Además cuenta con credencial de discapacidad, que acredita un grado de discapacidad física del 33,30%.

2º Postuló a dos beneficios entregados por el Estado a través de SERCOTEC, “Reactívate Turismo FOGAPE con Banco Estado Región de Magallanes” y “Reactívate PYME”, el 03 de septiembre y 15 de octubre del año en curso, respectivamente.

3º De acuerdo a las bases de ambos procesos, el postulante debía adjuntar su carpeta tributaria para solicitar créditos completa, disponible en www.sii.cl. Se deberá poner especial atención en que el documento contenga todos los formularios 29 de los períodos requeridos para efectos del cálculo, tanto del nivel de ventas como para la disminución de éstas. Este documento es obligatorio para todas las empresas postulantes. En una nota al pie, el mencionado documento destaca que “el formulario 29 de un determinado mes se encontrará disponible en la carpeta tributaria siempre y cuando se haya realizado la declaración y el pago correspondiente. Lo mismo ocurrirá para quienes se hayan acogido al beneficio de postergación del pago del IVA”.

A continuación agrega el instrumento que “en caso de que la carpeta tributaria de la empresa postulante no registre declaración del IVA en uno o más meses, por no haberse declarado dentro de plazo establecido, para estos efectos el postulante, podrá adjuntar el o los documentos correspondientes en el formulario de postulación de la convocatoria.”

4º En la carpeta tributaria del actor, acompañada a su libelo, no se registra declaración de impuesto en el período de abril, junio, julio y diciembre de 2019, y enero de 2020.

5º A la postulación agregó el postulante y recurrente comprobantes de pago de impuesto correspondiente a los períodos insolutos, mediante formulario 21 y un comprobante de no registrar deuda, emitido por Tesorería General de la República.

6º Ambas postulaciones a subsidios estatales no fueron seleccionadas por SERCOTEC, aludiendo al efecto que “no cumple el requisito de declaración de impuesto establecido en las bases de la convocatoria. Al revisar la carpeta tributaria enviada se verificó que no tiene registrados en el Servicio de Impuestos Internos todos los Formularios 29 de los meses requeridos, tanto para el cálculo del nivel de ventas anual como para el cálculo de disminución de las mismas. Tampoco se visualizó el o los formularios 29 en el caso de existir uno o más meses no declarados”.

SEXTO: Que, el artículo 64 del Decreto Ley 825 sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, establece “Los contribuyentes afectos a la presente ley deberán pagar en la Tesorería Comunal respectiva, o en las Oficinas Bancarias autorizadas por el servicio de Tesorerías, hasta el día 12 de cada mes, los impuestos devengados en el mes anterior.

En el mismo acto deberán presentar una declaración jurada del monto total de las operaciones realizadas en el mes anterior, incluso las exentas de impuesto”.

SEPTIMO: Que, conforme a lo expresado, es posible concluir que no existe en la especie un acto ilegal o arbitrario de parte de la recurrida.

Se descarta la ilegalidad del acto impugnado, por cuanto la recurrida ha compilado en la carpeta tributaria la información que ha brindado el propio recurrente. No se encuentra discutido de los impuestos correspondientes a las ventas de los meses de abril, junio, julio, diciembre de 2019 y enero de 2020, no fueron declarados ni pagados oportunamente, circunstancia por la cual no se generó el formulario 29 por los períodos impagos. Dicha circunstancia es consecuencia inmediata y directa de la conducta del actor, la omisión en la declaración y pago del gravamen respectivo, y en ningún caso se ha producido por una conducta omisiva de la recurrida, cuya labor se limita a registrar la información que los contribuyentes aportan; situación que permite desvirtuar igualmente la arbitrariedad y consecuencialmente, impide acoger la acción impetrada.

Por estas consideraciones, y teniendo presente lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política del Estado, y por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo de esta clase de recursos, de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA, el recurso de protección interpuesto por la abogada Lorena Andrea Mena Valdebenito en favor de don nombre reservado y en contra del Servicio de Impuestos Internos, representado legalmente por su Directora Regional doña Ana María Vargas; todos ya individualizados.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la Fiscal Judicial Subrogante Srta. nombre reservado.

Se deja constancia que no firma la Fiscal Judicial Subrogante Srta. nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por encontrarse con permiso de acuerdo al artículo 478 del Código Orgánico de Tribunales.

Rol Nº 1806-2020. Protección.