Protección contra Gobierno Regional de Magallanes

nombre reservado, ocho de junio de dos mil veintitrés.

VISTOS:

Comparece ante esta Corte de Apelaciones nombre reservado, RUT: RUT reservado, abogado, chileno, domiciliado en domicilio reservado de nombre reservado e interpone acción de protección en contra del Gobierno Regional de Magallanes, rut: RUT reservado, representado legalmente por nombre reservado, rut: RUT reservado, médico cirujano de profesión, chileno, ambos con domicilio en domicilio reservado de nombre reservado, la Delegación Presidencial Regional Magallanes, rut: RUT reservado, representada legalmente por nombre reservado, rut: RUT reservado, psicóloga, chilena, con domicilio en domicilio reservado de nombre reservado, la I. Municipalidad de nombre reservado, rut: RUT reservado, representada por Claudio Andrés Radonich Jiménez, RUT: RUT reservado, abogado de profesión, chileno, ambos con domicilio en domicilio reservado de nombre reservado, la Seremi de Salud de Magallanes, rut:RUT reservado, representada por nombre reservado, rut: RUT reservado, médico cirujano de profesión, chilena, ambos con domicilio en domicilio reservado, de la comuna de nombre reservado y el Servicio de Salud Magallanes, rut: RUT reservado, representada por verónica nombre reservado, rut: RUT reservado, Kenesióloga de profesión, chilena, ambas con domicilio en domicilio reservado de nombre reservado.

Expone que es residente en la ciudad de nombre reservado, y su domicilio particular se encuentra cercano al Ex Hospital Regional de Punta Arenas. Agrega que es un hecho público y notorio el estado de abandono del referido ex centro asistencial desde la fecha en que comienza en funciones el actual Hospital Clínico de Magallanes, infraestructura que ha sido reiteradamente incendiada, destruía por las condiciones climáticas y de terceros, sumado a las plagas de ratones y otros.

Tiene conocimiento, por ser hechos públicos y notorios que, en el ex hospital de nombre reservado, se han registrado una serie de hechos con caracteres de delitos, que han sido conocidos profusamente por los medios de comunicación local y regionales. Así, a través de estos medios se han informado una serie de acciones que las recurridas habrían adoptado en atención a sus facultades y obligaciones legales, sin embargo, a la fecha de esta presentación, ninguna de las recurridas ha tomado acciones concretas que sean necesarias para la efectiva tutela en los derechos que se denuncian conculcados, y/o vulnerados de la forma como lo establece la carta fundamental.

Sostiene que las recurridas estando en cabal conocimiento de todos los hechos denunciados y con su conducta negligente y pasiva han incumplido las obligaciones legales, nada han realizado para evitar acciones como las señaladas.

En el caso de la recurrida SEREMI DE SALUD, no ha realizado acción concreta alguna para calificar la insalubridad del edificio y sus construcciones aledañas, tampoco ha realizado acciones sanitarias para evitar la propagación de plagas de ratones, de palomas, de insectos, ni ha ordenado el inicio de sumarios sanitarios, post incendios recurrentes, o por procedimientos policiales, todos hechos públicos y notorios.

Por su parte el Gobierno Regional no ha adoptado ningún tipo de acción concreta para evitar que se continúen desarrollando actos vandálicos, destrucción del inmueble y edificios aledaños, tampoco respecto de la seguridad de los vecinos y ciudadanía, con personas idóneas para vigilar las ruinas.

En relación a la recurrida I. Municipalidad de nombre reservado, entiende no ha realizado gestión alguna para fiscalizar y dar cumplimiento con la ordenanza ni la ley general de urbanismo y construcciones, lo que deviene en actos arbitrarios e ilegales, que consecuencialmente atentan contra los derechos fundamentales.

Además, la recurrida Delegación Presidencial de Magallanes no ha realizado acción alguna que sirva de base para la protección de los derechos fundamentales, no adoptando medidas de seguridad alguna para velar por la protección de los residentes.

Y, finalmente el Servicio de Salud, quien sabe, es el propietario del referido inmueble, no ha asumido ninguna acción desde la fecha de cese de funciones del establecimiento a la fecha, o hasta la fecha en qué fue titular del dominio del inmueble referido, lo que vulnera los derechos fundamentales, con su inacción.

Concluye que en virtud de esta serie de actos arbitrarios e ilegales expuestos, las recurridas están obligadas a evitar que ocurran, y si hubiesen cumplido sus obligaciones legales, no se desencadenarían incendios, principios de incendios, delitos de lesiones graves, inseguridad en la ciudadanía, ocurrencia de asaltos y/o robos con intimidación, vandalismo, peligro de derrumbe, voladura de techumbres a consecuencia del viento imperante en la ciudad gran parte del año, entre otros hechos que las recurridas no han evitado de manera alguna.

Entiende que se han vulnerado los derechos consagrados en el artículo 19 N° 1, 2 Nº 8, 19 N° 24 y 20, de la Constitución Política de la República.

Solicita se acoja la presente acción y se resuelva:

1.- Que declare ilegal y arbitrario el acto de las recurridas, en los términos indicados en el cuerpo de esta presentación.

2.- Que se ordene la adopción de todas las medidas necesarias conducentes a la protección y efectiva tutela de las garantías constitucionales lesionadas o amenazadas en su ejercicio por el acto ilegal y arbitrario reclamado en autos, conducentes a restablecer el imperio del derecho en la situación fáctica alegada. Entre estas medidas, se incluyen las siguientes:

§ Ordenar a las recurridas que se realicen todas y cada una de las medidas que sean oportunas, y una adecuada coordinación de las acciones presentes y futuras, y evitar así que, se continúen vulnerando los derechos fundamentales amagados y/o conculcados.

§ Ordenar a la I. MUNICIPALIDAD DE nombre reservado, la demolición de las construcciones que constituyan peligro de derrumbes, e infrinjan la ley, además, ordenar cumplir a cabalidad con lo que prescriben los artículos 148 y pertinentes de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, además, de ordenar que se realicen todas las acciones que dentro de sus obligaciones legales le competan.

§ Ordenar a la SEREMI DE SALUD MAGALLANES, para que realice los sumarios sanitarios correspondientes, y declare la insalubridad del edificio, adoptando todas y cada una de las medidas necesarias para evitar la propagación de plagas y otras enfermedades contagiosas e infecciosas, además, de ordenar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones legales.

§ Ordenar al GOBIERNO REGIONAL adoptar todas las medidas necesarias para la protección del inmueble, dentro del ámbito de sus competencias y cumplir cabalmente con sus obligaciones y deberes legales e institucionales, especialmente disponer del personal suficiente de seguridad para evitar el ingreso de personas en “situación de calle” y/o de cualquier tercero que pretenda ingresar al inmueble.

§ Ordenar a la DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL adoptar todas las medidas necesarias para la protección del inmueble, dentro del ámbito de sus competencias, y cumplir cabalmente con sus obligaciones y deberes legales e institucionales, especialmente disponer del personal suficiente de seguridad para evitar el ingreso de personas en “situación de calle” y/o de cualquier tercero que pretenda ingresar al inmueble.

§ Ordenar a la DIRECCIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE MAGALLANES, adoptar todas las medidas necesarias para la protección del inmueble, dentro del ámbito de sus competencias, y cumplir cabalmente con sus obligaciones y deberes legales e institucionales, especialmente disponer del personal suficiente de seguridad para evitar el ingreso de personas en “situación de calle” y/o de cualquier tercero que pretenda ingresar al inmueble.

3.- Que se condena a la recurrida al pago de las costas de la causa.

Acompaña link de las publicaciones en medios de comunicaciones referidas en su acción.

Informando Sebastián Andrés Vera Meneses, abogado por el Servicio de Salud de Magallanes, solicita el rechazo del recuso por falta de legitimación pasiva, toda vez que el antiguo nosocomio de nombre reservado pertenece desde el año 2013 al Gobierno Regional de Magallanes y Antártica chilena y no al SSM. Lo anterior de conformidad a dación en pago inscrita en el Conservador de Bienes Raíces de nombre reservado a fojas 313, N° 552, del Registro de Propiedad año 2013 y hace presente, además, que el Servicio al cual representa goza de privilegio de pobreza.

Acompaña en su informe Escritura pública Dación en Pago del SSM al GORE Magallanes y Antártica chilena, 21.12.2012; Rectificación Dación en Pago del SSM al GORE Magallanes y Antártica chilena, 31.01.2013; Certificado de dominio de 25.02.2013, CBR nombre reservado y Resolución Afecta N° 15, 25.01.2013, GORE Magallanes y Antártica chilena, que a prueba transferencia a título de dación en pago del SSM al Gore Magallanes y Antártica chilena.

Informa nombre reservado, Secretaria Regional Ministerial de Salud de Magallanes y de la Antártica nombre reservado, solicitando el rechazo de la presente acción, con costas.

Otorga en su informe, los antecedentes que se encuentran en su poder y las gestiones ejecutadas por la secretaría regional ministerial de salud de Magallanes y de la Antártica chilena desde el año 2018.

Entiende, en virtud de lo expuesto, que ha actuado con estricto apego a la normativa vigente, efectuando las correspondientes visitas inspectivas al lugar que se expone en el recurso, como respuesta a las solicitudes efectuadas, levantando las respectivas actas de fiscalización, constatando hechos y dirigiendo la solicitud de adoptar las medidas correctivas a la Intendencia en reiteradas ocasiones, clarificando que dentro del ámbito de competencias de la autoridad sanitaria no se encuentra el de efectuar la limpieza, sanitización, desratización, aseo y/u ornato, u otro similares en lugares públicos o privados, canalizando la información a las entidades correspondientes para que ejecuten las accionen que estimen adecuadas y convenientes según el mérito de los antecedentes puestos en su conocimiento.

Cree que resulta absolutamente improcedente acusar a esta Autoridad Sanitaria de actuar ilegal o aribtrariamente y mucho menos de un actuar “pasivo y/u omisivo”, ya que se respalda todas y cada una de las acciones desplegadas con la finalidad de que se otorgue la debida solución a la problemática expuesta a través de estos autos.

Solicita se desestime en todas sus partes, el recurso de protección deducido en estos autos, por cuanto estimamos no se dan los presupuestos para ello, con costas.

Acompaña en su informe Ordinario N°386/2018 de fecha 05.04.2018, acta de Inspección N°27829 de fecha 28.03.2018, Ordinario N°1302/2018 de fecha 12.11.2018, Ordinario N°1135 de fecha 29.10.2018, Ordinario N°1303 de fecha 12.11.2018, Ordinario 648/2020 de fecha 08.09.2020 y Acta de Inspección N°355 de fecha 01.09.2020 Informa Cristian Navarro Kaman, abogado, por la Ilustre Municipalidad de nombre reservado, solicitando el rechazo del recurso.

Sostiene que que la I. Municipalidad de nombre reservado ha actuado en todo momento con arreglo a derecho, respetando la Constitución y las leyes.

En relación a la ley General de urbanismo y Construcciones, establece en sus artículos 81 y 148 dos condiciones de actuación de las Municipalidades respecto de inmuebles, por lo que en virtud de aquello con fecha 30 de septiembre de 2019, se emite el Decreto Alcaldicio N° 2875, el cual solicita al propietario del inmueble, el Servicio de Gobierno Regional de Magallanes, la demolición total a su costa, del inmueble ubicado en domicilio reservado, ex hospital Lautaro Navarro, otorgándose un plazo de 180 días corridos, desde la fecha de notificación, para proceder a la demolición total del inmueble, con objeto de eliminar los riesgos de seguridad originados por desplome o efectos estructurales, así como también los focos de inseguridad por desprendimientos de revestimientos, e insalubridad por ocupación de personas en situación de calle.

De acuerdo a Boleta de inspección Municipal N°71679 de fecha 1 de octubre de 2019, se notificó al Servicio de Gobierno Regional de Magallanes y Antártica nombre reservado el Decreto Alcaldicio Municipal N°2875 de fecha 30 de septiembre de 2019.

Posterior a lo indicado, el Servicio de Gobierno Regional de Magallanes y Antártica nombre reservado a través de oficio Ord. N°1473 de fecha 20 de noviembre de 2019, del Jefe de división de Presupuesto e inversión regional, dirigido al Alcalde de la I. Municipalidad de nombre reservado, solicita ampliación de plazo para la ejecución del decreto de demolición notificado, ya que debido a los cuantiosos recursos a desembolsar para materializar lo decretado, le era imposible para el Servicio en el plazo otorgado, ya que no contaban con un proceso administrativo y operativo dentro de la Ley de Presupuesto del sector público, para realizar el proceso de demolición. Por lo que mediante Decreto Alcaldicio N°3812 de fecha 13 de diciembre de 2019, se procede a realizar modificación del Decreto Alcaldicio N°2875, en el sentido de ampliar en 6 meses más el plazo de demolición total.

Así, de acuerdo a lo señalado, la Ilustre Municipalidad de nombre reservado, no ha realizado acciones u omisiones que puedan constituir en caso alguno un acto arbitrario, ni ilegal, que pueda conculcar las garantías constitucionales del recurrente, debiendo en este caso, tal como se indicó, el Servicio de Gobierno Regional de Magallanes y Antártica nombre reservado, ejecutar lo decretado por el Municipio, lo que a la fecha no ha ocurrido.

Acompaña en su informe, Informe Técnico N°05/2019, realizado por la Dirección de Obra Municipales, de fecha 25 de septiembre del año 2019, realizado al inmueble del antiguo Hospital Regional Lautaro Navarro, Decreto Alcaldicio N°2875 de fecha 30 de septiembre del año 2019, en el cual se decreta la demolición total, del inmueble ubicado en domicilio reservado a costa del propietarios Servicio de Gobierno Regional de Magallanes y Antártica nombre reservado, Decreto Alcaldicio N°3812 de fecha 13 de diciembre del año 2019, el cual modifica el Decreto Alcaldicio N°2875 de fecha 30 de septiembre de 2019, en el sentido de ampliar el plazo de ejecución en seis meses, Oficio Ord. N°1473 de fecha 20 de noviembre de 2019, del Jefe de división de Presupuesto e inversión regional, dirigido al Alcalde de l i. Municipalidad de nombre reservado, en el cual solicita ampliación de plazo para la ejecución del decreto de demolición notificado y Boleta de inspección Municipal N°71679 de fecha 1 de octubre de 2019, en la cual se notifico al Servicio de Gobierno Regional de Magallanes y Antártica nombre reservado Decreto Alcaldicio Municipal N°2875 de fecha 30 de septiembre de 2019, sobre la demolición total, del inmueble ubicado en domicilio reservado.

Informa nombre reservado, por la Delegación Presidencial Regional de Magallanes, solicitando el rechazo de la acción, con costas.

Manifiesta que el recurrente no señala cual es exactamente la cercanía que mantiene con el edificio que indica y como esa cercanía genera la supuesta afectación que indica, en el mismo sentido, si bien hace referencia a las personas que rodean el recinto, no señala a nombre de qué vecinos, asociaciones o agrupaciones representa o a qué título.

Refiere que el ex Hospital Regional es un inmueble que pertenece al Gobierno Regional según consta en la inscripción en el repertorio de instrumentos públicos N°3951 de 2012, no siendo en consecuencia un bien nacional de uso público o perteneciendo a algún servicio de la administración central.

En este sentido, el rol del servicio corresponde a la coordinación de las policías y servicios para la prevención del delito en la región y su persecución en caso que sean cometidos. Como consta en el informe emitido por Carabineros la mayoría de las denuncias o llamados que se realizan en el sector, responden a hechos que no tienen relación entorno al antiguo hospital regional, sino que poseen otra dinámica delictual ligadas mayoritariamente a accidentes o infracciones a la ley de tránsito.

Por otro lado, expone que desde septiembre del año 2022 el delegado del cuadrante N°3 perteneciente a la Oficina de Integración Comunaria MICC de la 1ra. Comisaria nombre reservado, realiza patrullaje preventivos ingresando al recinto realizando recorridos en su interior y realizando las entrevistas correspondientes al encargado de seguridad del antiguo Hospital Regional. En conclusión, no existe en torno a la seguridad una acción u omisión ilegal y arbitraria que algún sentido amenace, vulnere o transgreda las garantías fundamentales del recurrente.

Entiende que el servicio ha adoptado las medidas de seguridad tanto preventiva como reactiva en el perímetro indicado, por lo que no puede advertirse acción u omisión ilegal o arbitraria. En el mismo sentido no da cuenta el recurrente de cómo se afecta alguno de los derechos que se limita a enunciar sin dotar de contenido ni relación causal alguna, por lo que no sabe más que rechazar la acción de protección presentada.

Finalmente, hace presente que la acción de protección busca ser un mecanismo de cautela de garantías y en ningún caso un medio para discutir políticas o proyectos públicos.

Acompaña informe de Carabineros sobre los hechos delictivos ocurridos en el perímetro del ex hospital regional en el periodo que indica.

Informa Marcos Alejandro Loaiza Miranda, abogado, por el Gobernador Regional de Magallanes.

Reconoce que el Servicio de Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica nombre reservado es dueño del inmueble que corresponde a la instalaciones y edificaciones en las que funcionara el antiguo hospital regional de nombre reservado, ubicado en la calle Angamos número ciento ochenta dando cuenta cómo se adquirió el dominio.

Entiende que la acción no puede prosperar porque no existen omisiones que endilgar a su representada, y si no existen tales omisiones, no puede seguirse de ellas, pretendidos amagos en el legítimo ejercicio de derechos. Sin perjuicio de que podamos subsidiar las carencias de la acción deducida por el abogado Quelín Bustamante don nombre reservado, mal podríamos llegar a una utopía. No existen supuestas omisiones. No puede reclamarse protección amparado en la ignorancia. Es la Ley 20.285 la que asegura al ciudadano Quelín Bustamante el acceso a la información que le era necesaria para evitarnos esta discusión.

Da cuenta de las acciones emprendidas por el gobierno regional en instalaciones del ex hospital regional Lautaro nombre reservado, entre las que cuentan: contratación de Servicio de guardias, desratización, limpieza y extracción de malezas, producto de las denuncias de vecinos del sector, y ocurrencia de presuntos ilícitos que merecen investigación penal, se realizaron reuniones de coordinación y comunicaciones formales de los mismos ante las autoridades policiales y obras cierre perimetral.

Expone que desde el año 2015 a la fecha el Gobierno Regional de Magallanes ha efectuado acciones de resguardo de las instalaciones del Ex Hospital Regional de manera ininterrumpida y hasta la fecha mayo de 2023.

Por lo que entiende se ha cumplido a cabalidad con el mandato que le impone la Ley Orgánica de Gobierno y Administración Regional en relación con la coordinación con los Servicios de presencia Regional para la consecución de los objetivos que les son propios.

Acompaña, Resolución Exenta (DAF) N° 69/2020, Aprueba contrato denominado “Servicio de Vigilancia Ex Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro” de fecha 29 de mayo de 2020, Resolución Exenta (DAF) N°66/2021, Autoriza Trato directo para la contratación del servicio denominado “Servicio de vigilancia Ex Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria” de fecha 31 de agosto de 2021, Resolución Exenta (DAF) N° 26/2022, Aprueba contrato denominado “Servicio de Vigilancia Ex Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro” de fecha 16 de febrero de 2022, Resolución Exenta (DAF)N° 181/2022, Autoriza prórroga de “Servicio de Vigilancia Ex Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria” de fecha 27 de diciembre de 2021, Resolución Exenta (DAF)N° 48/2023, Adjudica Licitación pública entre 100 y 1000 UTM ID 1609-6-LP23 denominado “Servicio de Personal de Seguridad para recinto Ex Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria”, de fecha 4 de mayo de 2023, Resolución exenta (DAF) Nº 50/2023, Aprueba Contrato “Servicio De Personal De Seguridad Para Recinto Ex Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria” de fecha 9 de mayo del 2022, Resolución Ex. N°142/2015, siete de agosto de dos mil quince que aprobó contrato de “Desratización, control de palomas, limpieza, retiro de basura, escombros, corte y eliminación de maleza en las dependencias del ex Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria”6 de diciembre de 2022, Resolución exenta (DAF) N°78, “Aprueba contrato Servicio de limpieza y desratización, en las dependencias del Ex Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria, bodega ubicada en 21 de mayo 1499 y desratización del Edificio Magallanes, perteneciente al Servicio de Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica nombre reservado” de fecha 15 de abril de 2019, Resolución Exenta (DAF) N° 142/2022, Aprueba Bases Administrativas, Técnicas y sus anexos y autoriza licitación pública entre 100 y 1000 UTM denominado “Servicio de desratización, control de plagas y limpieza exterior de las dependencias del ex hospital regional Dr. Lautaro nombre reservado, Desratización control de plagas en otras dependencias pertenecientes al Servicio de Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica nombre reservado.” de fecha 2 de diciembre de 2022, Cadena de comunicaciones vía correo institucional entre el Departamento de Servicios Generales del Servicio de Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica nombre reservado y Servicio Mejor Niñez de fecha 31 de enero de 2022, Cadena de comunicaciones vía correo institucional entre el Departamento de Servicios Generales del Servicio de Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica nombre reservado y empresa prestadora de servicios de vigilancia del recinto Ex Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de fecha 1 de febrero de 2022, Of. Ord. N°1007 de fecha 16 de agosto de 2022, de Gobernador Regional de Magallanes y de la Antártica nombre reservado a Jefe XII Zona de Carabineros General nombre reservado. Remite minuta de reunión y solicita autorización, Of. Ord. N° 491 de fecha 14 de abril de 2023, Solicita Apoyo Policial. Gobernador Regional de Magallanes y de la Antártica nombre reservado a Jefe XII Zona de Carabineros General nombre reservado, Informe de Evaluación 1609-3-LQ23, División de Infraestructura y Transportes, Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica nombre reservado, de fecha 23 de marzo de 2023, Ord. (DIT) N° 24/2022 de fecha 3 de mayo de 2022, de Jefe División de Infraestructura y Transportes Servicio de Gobierno Regional de Magallanes y Antártica nombre reservado al Señor Secretario Regional Ministerial de Educación de Magallanes, don nombre reservado, solicita aprobación de intervenciones proyectadas en fachadas de Escuela Arturo Prat de Punta Arenas, Ord. N° 309 de Seremi Educación Magallanes a Jefe División de Infraestructura y Transportes Servicio de Gobierno Regional de Magallanes y Antártica nombre reservado, otorga visación a obras proyectadas en Escuela Arturo Prat, Especificaciones Técnicas Generales Conservación Cierros Perimetrales Ex Hospital y Fachada Esc. Arturo Prat, nombre reservado, Resolución Ex. (GR) N° 150/2023, de fecha 23 de marzo de 2023, Aprueba adjudicación de la Licitación “Conservación Cierros perimetrales Ex Hospital y fachadas escuela Arturo Prat”, Ejecución Obras Civiles, Código BIP RUT reservado, Resolución Ex. (GR) N° 203/2023, Aprueba contrato denominado “Conservación Cierros perimetrales Ex Hospital y fachadas escuela Arturo Prat”, Ejecución Obras Civiles, Código BIP RUT reservado y Copia mandato judicial del señor Gobernador Regional de Magallanes y de la Antártica nombre reservado, Don Jorge Flies Añon al suscrito.

Entrándose la causa en estado, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

SEGUNDO: Que, además de lo anterior tiene el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a patentes vulneraciones a derechos fundamentales exhaustivamente señalados en el artículo 20 de la Constitución; además que la situación fáctica que se somete al conocimiento de esta I. Corte, pueda dejarse pacíficamente establecida;

TERCERO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

QUINTO: Que, el hecho vulneratorio calificado como ilegal y arbitrario Específicamente son los siguientes:

Con respecto a la recurrida SEREMI DE SALUD, el no haber realizado acción concreta alguna con respecto a la insalubridad del edificio y sus construcciones aledañas, tampoco ha realizado acciones sanitarias para evitar la propagación de plagas de ratones, palomas, insectos ni ha tomado otras medidas concretas a fin de dar una solución en obras concretas tendientes al mejoramiento de las condiciones antes expuestas;

Con respecto al Gobierno Regional no ha adoptado ningún tipo de acción para evitar que se continúen desarrollando actos vandálicos, destrucción del inmueble y edificios aledaños, tampoco respecto de la seguridad de los vecinos y ciudadanía, con personas idóneas para vigilar las ruinas.

Al respecto de la recurrida I. Municipalidad de nombre reservado, no ha realizado gestión alguna para fiscalizar y dar cumplimiento con la ordenanza ni la ley general de urbanismo y construcciones, lo que deviene en actos arbitrarios e ilegales, que consecuencialmente atentan contra los derechos fundamentales.

A su vez señala que la recurrida Delegación Presidencial de Magallanes no ha realizado acción alguna que sirva de base para la protección de los derechos fundamentales, no adoptando medidas de seguridad alguna para velar por la protección de los residentes.

Con respecto al Servicio de Salud, que es el propietario del referido inmueble, por lo que ninguna acción ha asumido desde la fecha de cese de funciones del establecimiento a la fecha, o hasta la fecha en qué fue titular del dominio del inmueble referido, lo que vulnera los derechos fundamentales, con su inacción.

CUARTO: Que, previo a todo a la procedencia o no de éste recurso, es necesario señalar la situación fáctica que ha quedado establecida en el devenir del recurso con la información aportada por el recurrente, como asimismo, y aplicando estos sentenciadores el conocimiento sobre hechos públicos y notorios, ha quedado demostrado:

1).- Que en la ciudad de nombre reservado, se ubica un edificio de grandes dimensiones que en marzo de 1953 fue inaugurado como nuevo Hospital Base de Magallanes, con el nombre de Dr. Lautaro nombre reservado; que este edificio estaba clasificado como Tipo 2, y fue el Hospital Base de la región. Asimismo que en abril de 1982 se anexo una nueva construcción de cinco pisos, que albergó la Unidad de Emergencia, el Consultorio de Especialidades y algunos Servicios Clínicos y Unidades de Apoyo, de manera que la superficie construida fue mayor a la original;

2).- Que este establecimiento estuvo cumpliendo sus funciones, hasta el año 2010 en que se construye el nuevo Hospital Clínico de Magallanes y Antártica nombre reservado, ubicado a 5 kilómetros del centro de la ciudad (km 0).

3).- Que dicho edificio, (ex Hospital Regional) que se ubica en una zona esencialmente residencial, quedó abandonado sin uso para otros fines de conveniencia pública Asimismo actualmente se encuentra en un deplorable estado arquitectónico. En el entorno del mismo se encuentran barrios populosamente habitados, colegios, Iglesias de variadas creencias, centros comerciales como avenidas principales que unen distintos sector de la ciudad;

4).- Que desde esa época el ahora edificio del antiguo Hospital quedó primero sin un uso específico, como se explicó, y después de variados anuncios sobre su destinación, que se han mantenido en el tiempo, en un estado de total abandono. Estos anuncios de solución lo ha sido por los diversos organismos públicos y gubernativos, especialmente aquellos que aparecen aquí como recurridas;

5).- Que la infraestructura ha sido reiteradamente incendiada, destruía por las condiciones climáticas y de terceros, sumado a las plagas de roedores y otra gama de situaciones de insalubridad;

6).- Que desde la época en que fue abandonado el inmueble referido, vecinos del sector han sufrido graves afectaciones en el desarrollo normal e íntegro de sus vidas, toda vez que han existido una serie de hechos disonantes con una convivencia pacífica y tranquila de quienes habitan en el sector;

7).- Que el edificio en ruinas se ha convertido en un lugar desprovisto de toda protección externa lo que ha permitido el ingreso de terceras personas, asimismo que a su interior ha sido foco de situaciones luctuosas que han generado tal nivel de desmejoramiento en las condiciones de vida, provocando un alto grado de inseguridad entre quienes habitan en el lugar y una objetiva pérdida en su calidad de vida;

9).- Que tratándose de barrios antiguos los que rodean el edificio, parte importante de quienes habitan en sus alrededores son personas de la tercera y cuarta edad, quienes han visto amagados su legítima posibilidad de vivir en un entorno seguro y tranquilo. Además el coexistir cercano a un lugar en que suele ser el cobijo de acciones complejas que incluso podrían colocar en riesgo la integridad psíquica e incluso física de los vecinos del sector, produce como lo indican las máximas de la experiencia, a lo menos una afectación a la salud mental de quien habita cercano a este lugar;

10).- Que con fecha 30 de septiembre de 2019, se emite el Decreto Alcaldicio N° 2875, el cual solicita al propietario del inmueble, el Servicio de Gobierno Regional de Magallanes, la demolición total a su costa, del inmueble ubicado en domicilio reservado, ex hospital Lautaro Navarro, otorgándose un plazo de 180 días corridos, desde la fecha de notificación, para proceder a la demolición total del inmueble, con objeto de eliminar los riesgos de seguridad originados por desplome o efectos estructurales, así como también los focos de inseguridad por desprendimientos de revestimientos, e insalubridad por ocupación de personas en situación de calle.

11).- Que de acuerdo a Boleta de inspección Municipal N°71679 de fecha 1 de octubre de 2019, se notificó al Servicio de Gobierno Regional de Magallanes y Antártica nombre reservado el Decreto Alcaldicio Municipal N°2875 de fecha 30 de septiembre de 2019.

12).- Que posterior a lo indicado, el Servicio de Gobierno Regional de Magallanes y Antártica nombre reservado a través de oficio Ord. N°1473 de fecha 20 de noviembre de 2019, del Jefe de división de Presupuesto e inversión regional, dirigido al Alcalde de la I. Municipalidad de nombre reservado, solicita ampliación de plazo para la ejecución del decreto de demolición notificado debido a los cuantiosos recursos a desembolsar para materializar lo decretado;

13).- Que mediante Decreto Alcaldicio N°3812 de fecha 13 de diciembre de 2019, se procede a realizar modificación del Decreto Alcaldicio N°2875, en el sentido de ampliar en 6 meses más el plazo de demolición total;

14).- Que al tiempo de conocer este recurso, y sin perjuicio de los informes de los recurridos, en concreto el problema de insalubridad, peligrosidad y deterioro ambiental que produce el lugar se mantiene.

QUINTO: Que, EN EL CAPITULO DE INFORMES AL RECURSO, contamos con lo siguiente:

a).- el SERVICIO DE SALUD DE MAGALLANES, manifiesta que en su parecer no ha podido incurrir en la omisión ilegal o arbitraria que se le imputa debido a que el antiguo hospital de nombre reservado pertenece desde el año 2013 al Gobierno Regional de Magallanes y Antártica chilena y no a la recurrida en conformidad a la dación en pago inscrita en el Conservador de Bienes Raíces de nombre reservado a fojas 313, N° 552, del Registro de Propiedad año 2013.

b).- la SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA nombre reservado, considera que ha cumplido con sus obligaciones legales, en este caso de efectuando las visitas con la finalidad de inspeccionar el lugar.

Es llamativo que este repartición pública, señala que lo anterior es como respuesta a las solicitudes efectuadas y levantando las respectivas actas de fiscalización, constatando hechos y dirigiendo la solicitud de adoptar las medidas correctivas a la Intendencia en reiteradas ocasiones.

c).- la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE nombre reservado, da cuenta (hecho tenido por establecido) que a partir del 30 de septiembre de año 2019, época en la cual se emite el Decreto Alcaldicio N° 2875, mediante el cual se solicita al propietario del inmueble, el Servicio de Gobierno Regional de Magallanes, la demolición total a su costa, del inmueble ubicado en domicilio reservado. Asimismo informo de la dictación del Decreto Alcaldicio N°3812 de fecha 13 de diciembre de 2019, en el que se procede a realizar modificación del Decreto Alcaldicio N°2875, ampliando en 6 meses más el plazo de demolición total.

d).- la DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE MAGALLANES, del mismo modo considera que ha dado cumplimiento de las considera sus obligaciones legales. E ya que le corresponde al mismo la coordinación de las policías y servicios para la prevención del delito en la región y su persecución en caso que sean cometidos, realizando desde septiembre del año 2022 el delegado del cuadrante N°3 perteneciente a la Oficina de Integración Comunaria MICC de la 1ra. Comisaria nombre reservado, patrullaje preventivos ingresando al recinto realizando recorridos en su interior y realizando las entrevistas correspondientes al encargado de seguridad del antiguo Hospital Regional.

e).- la GOBERNACIÓN REGIONAL DE MAGALLANES, propietaria del inmueble, se refiere a acciones tales como que desde el mismo año 2015, existieron contratación de servicio de guardias, desratización, limpieza y extracción de malezas. Del mismo dice que como en respuesta (debe entenderse) a las denuncias de vecinos del sector; luego refiere que por, y esto es literal, la “ocurrencia de presuntos ilícitos”, que sin perjuicio de ello considera “merecen” (sic) investigación penal, ha realizado reuniones de coordinación y comunicaciones formales de los mismos ante las autoridades policiales. También refiere la existencia de cierres perimetrales.

Por lo que considera cumplido a cabalidad con el mandato que le impone la Ley Orgánica de Gobierno y Administración Regional en relación con la “coordinación” (sic) con los Servicios de presencia Regional para la consecución de los objetivos que les son propios.

SEXTO: Que, y sin perjuicio de lo que se resolverá, teniendo clara la situación fáctica, se hace necesario recordar ciertas normas jurídicas y constitucionales, que en virtud de las cuales, es al Estado al que le corresponde actuar de manera pronta, efectiva, y diligente para solucionar este problema que se prolonga por más de una década.

En efecto, no puede el propio Estado excusarse al considerar que al encontrándose organizado en distintas reparticiones, éstas dependencias, sin perjuicio de sus fines propios e incluso autonomía en el ejercicio de sus facultades, pueda excusarse unos con otros, resultando de esto una falta de decisiones idóneas y concretas para la satisfacción del bien común de los vecinos del sector.

Baste recordar que una de los recurridos, refiere acciones o reuniones de “coordinación”, pues bien después de 12 años desde que el problema existe al día 2 de junio de 2023, en que esta magistratura toma conocimiento formal y acabado de la situación fáctica del ex Hospital Regional, en concreto no se ha superado la situación denunciada, lo que provoca una grave vulneración a la calidad de vida de quienes realizan su vida y actividades en el sector y como efecto mediato, un desmejoramiento de parte de la ciudad; por cierto que aquí cuando se habla de vulneración en la calidad de vida, se encuentran garantía individuales de esas personas como la salud;

SÉPTIMO: Que en los informes las recurridas hacen un análisis de algo que es de pleno conocimiento de esta magistratura, y es que el recurso de protección no es una acción popular. Ahora bien, esto no puede ser para el Poder Judicial, como órgano del propio Estado, una excusa legal para no dejare por establecido, a lo menos constatado, los hechos que le han sido expuestos dentro de la esfera de su competencia, máxime cuando a materia de garantías constitucionales se nos llama a resolver;

OCTAVO: Que en el moderno derecho constitucional el concepto anterior se puede considerar que se va en un claro retroceso, a lo menos en un cuestionamiento, puesto que aplicado a todo evento, podría producirse una situación de regresión o derechamente de vulneración de garantías constitucionales por la ineficiencia del Estado como un todo.

En este sentido nos encontramos con la reforma constitucional mexicana del año 2011, y a guisa del estudio del concepto “pro persona”, que se introduce a la constitución, nos encontramos con el texto de nombre reservado, que trata sobre la enseñanza del concepto “pro persona”.

“La reforma constitucional en materia de derechos humanos que entró en vigor en junio de 2011 colocó en el centro de la actuación del Estado mexicano la protección y garantía de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por éste. Por ello, se trata de una reforma que impacta de manera sustantiva en la labor de todas las autoridades del país, toda vez que deben hacer efectiva la aplicación de la totalidad de las obligaciones reconocidas constitucionalmente.

Las instituciones a cargo de la elaboración de la Metodología para la Enseñanza de la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, Reforma DH, reiteran su posición en el sentido de que todas las autoridades sin excepción se encuentran obligadas a asumir una responsabilidad de Estado en la implementación de esta compleja transformación constitucional; y, en especial, reconocen aquella que enfrentan las y los operadores de justicia, particularmente quienes tienen en sus manos la impartición de justicia o funciones asociadas con la defensa –tanto jurisdiccional como no jurisdiccional– de los derechos humanos, para desarrollar todas sus acciones desde el nuevo paradigma que supone la incorporación de una perspectiva de derechos humanos.

Lo anterior implica, entre otras cuestiones, el replanteamiento de estructuras y categorías de pensamiento utilizadas tradicionalmente por las y los juristas, además del desarrollo de una profunda reflexión sobre el papel de la impartición de justicia en un Estado democrático y constitucional de derecho”.

NOVENO: Que este también llamado “vitalismo constitucionalista” nos dice que la acción de la justicia en un Estado democrático se encuentra enfrentada a realidades sociales nuevas e incluso inéditas que exigen un pronunciamiento con respecto a la posible vulneración de derechos y/o garantías constitucionales, en conformidad a este concepto “pro persona”.

La Constitución Política de la República de Chile, contiene una norma de esa misma naturaleza en un enunciado programático que señala:

“El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece”.

DÉCIMO: Que, encontramos aquí precisamente el numen de la situación fáctica que nos convoca, puesto que ha sido el Estado, el que aparece en su unidad, como el responsable de promover el bien común, el que no ha logrado crear aquellas especificas condiciones sociales para cada miembro de la colectividad aledaña al edificio ya singularizado, puede tener un mínimo estándar en su calidad de vida.

Por lo tanto los órganos del Estado en que se divide sus funciones, no pueden unos a otros ir desplazando la solución de un hecho, como el actual, estableciendo deslindes de competencias, facultades y responsabilidades. Es el sistema estatal el que ha fallado en una solución concreta a las materias relativas a este recurso. Es decir, es el Estado tardío o directamente fallido en el cumplimiento de sus políticas pública;

DÉCIMO PRIMERO: Que, y agregando otro concepto, podemos compartir que “…(el…principio) pro persona, en tanto criterio hermenéutico fundamental para la protección efectiva de las personas… contiene una serie de mandatos específicos que, dirigidos a todas las autoridades, han de entenderse en vinculación con todas las normas nacionales e internacionales que constituyen...(el) ordenamiento jurídico. Entre dichos mandatos destaca la incorporación del principio pro persona….”.

Es decir, estamos ante una nueva hermenéutica que se va instalando frente al desarrollo técnico y científico de la sociedad. Así el Estado de Chile dotó a la región de Magallanes de un nuevo y moderno Hospital Clínico, empero la administración abandonó el edificio, y no ha existido la capacidad técnica para o bien haber dado al edificio un nuevo destino o bien demolerlo para destinar el suelo, a otros fines;

DÉCIMO SEGUNDO: Podemos ver de esa conceptualización que en nuestro ordenamiento jurídico, tanto la Constitución como determinadas Leyes Orgánicas Constitucionales establecen de manera prístina e indiscutible deberes de los órganos, reparticiones y funcionarios del Estado para con el cumplimiento y especialmente ejecución, de sus políticas en conformidad al principio de encontrarse la administración toda, y los Poderes del Estado al servicio de la persona humana y la promoción del bien común de cada uno de los miembros de la sociedad. Así encontramos la siguiente normativa a modo de ejemplo:

1).- La Ley Orgánica Constitucional de las Bases Generales del Estado que en su Artículo 3º consagra lo que bien podemos entender como una institucionalización de la administración Estatal, concepto que nos demuestra la unicidad orgánica del Estado al momento de cumplir aquel fin esencial de estar al servicio de la persona humana y la promoción del bien común, señala la norma:

“La Administración del Estado está al servicio de la persona humana; su finalidad es promover el bien común atendiendo las necesidades públicas en forma continua y permanente y fomentando el desarrollo del país a través del ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución y la ley, y de la aprobación, ejecución y control de políticas, planes, programas y acciones de alcance nacional, regional y comunal.

La Administración del Estado deberá observar los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, coordinación, impulsión de oficio del procedimiento, impugnabilidad de los actos administrativos, control, probidad, transparencia y publicidad administrativas, y garantizará la debida autonomía de los grupos intermedios de la sociedad para cumplir sus propios fines específicos, respetando el derecho de las personas para realizar cualquier actividad económica, en conformidad con la Constitución Política y las leyes.

2).- La Constitución Política del Estado, que en el capítulo del “Gobierno y administración interior del Estado" en su reformado artículo 111, en su inciso 1º: “La administración superior de cada región reside en un gobierno regional, que tendrá por objeto el desarrollo social, cultural y económico de la región.

Y en su inciso 2º. “El gobernador regional será el órgano ejecutivo del gobierno regional, correspondiéndole presidir el consejo y ejercer las funciones y atribuciones que la ley orgánica constitucional determine, en coordinación con los demás órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa. Asimismo, le corresponderá la coordinación, supervigilancia o fiscalización de los servicios públicos que dependan o se relacionen con el gobierno regional”.

3).- Que asimismo se crea el cargo de Delegado Presidencial, en que se encuentra establecido en el nuevo artículo 115 bis, y en lo pertinente, expresa: “En cada región existirá una delegación presidencial regional, a cargo de un delegado presidencial regional, el que ejercerá las funciones y atribuciones del Presidente de la República en la región…será el representante natural e inmediato, en el territorio de su jurisdicción, del Presidente de la República…”.

“Al delegado presidencial regional le corresponderá la coordinación, supervigilancia o fiscalización de los servicios públicos creados por ley para el cumplimiento de las funciones administrativas que operen en la región que dependan o se relacionen con el Presidente de la República a través de un Ministerio.".

4).- La ley nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades que en el inciso 2º del artículo 1º señala: “Las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público…cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas”;

DÉCIMO TERCERO: Que resulta del todo evidente que en la especie se ha producido una vulneración de derechos y en especial un detrimento a la calidad de vida de quienes viven en el sector. Es lo se denomina el “Índice de Calidad de Vida Urbana”, este consiste en un “…índice sintético que mide y compara en términos relativos la calidad de vida urbana de comunas y ciudades en Chile, a partir de un conjunto de variables referidas a seis dimensiones que expresan el estado de situación en la provisión de bienes y servicios públicos y privados a la población residente y sus correspondientes impactos socio territoriales, tanto a escala de ciudades intermedias como aquellas de escala metropolitana…el objetivo principal del I.C.V.U., es aportar al diseño de políticas públicas y a la focalización de recursos destinados a mejorar las condiciones de vida de las personas que habitan en diversas comunas del país”.

Una de esas seis dimensiones que miden la calidad de vida de las personas que habitan las urbes, es el de “Vivienda y entorno”. nombre reservado, el año 2021 marcó un 46% que es un nivel alto, lo que claramente contrasta con el “entorno” de quienes habitan en el sector del ex Hospital Regional como emana de hechos públicos y notorios, como también de los antecedentes allegados al recurso;

DÉCIMO CUARTO: Que, como es dable, concluir de todo lo expuesto, la situación fáctica del edificio del ex Hospital Regional, que se ha mantenido hasta esta época, aparece que los organismos del Estado o dependientes del Estado, especie no han dado solución al problema;

Entonces, siendo parte esta Magistratura de uno de los Poderes del Estado, debe dejar en evidencia la realidad que se le ha demostrado en estrados, y como le es propio, si efectivamente ha existido vulneración a garantías constitucionales, no pudiendo eludir esa responsabilidad en lo que a la vista y lectura de la comunidad puede aparecer como un tecnicismo. En este caso en particular los organismos estatales y municipales recurridos, no han desarrollado más de allá de una serie de coordinaciones, señalamientos de responsabilidades, soluciones a un problema que afecta a la calidad de vida de ciudadanos de la ciudad, es decir, al bien común de la polis, que bien podemos considerar como la primera ratio del Estado.

DÉCIMO QUINTO: Que, y con todo, no habiendo demostrado el recurrente con precisión de cómo esta situación lo afecta en su calidad de morador de un inmueble cercano al edificio tantas veces singularizado, no se encuentra probada o establecida su titularidad para recurrir de protección, puesto que esta acción no popular, para ser eficiente requiera que quien la interpone haya sido efectivamente amagado o vulnerado en una de sus garantías constitucionales, cuestión que no se presenta en la especie de manera inequivoca;

DÉCIMO SEXTO: Que, y en todo caso habiéndose establecido los hechos denunciados por el recurrente, el presente arbitrio será rechazo, puesto que no es una acción de carácter popular y careciendo esta Magistratura de facultades de fiscalización o de poder intervenir materias de políticas públicas ya sean generales o sectoriales, al haber ha tomado conocimiento de los hechos antes señalado, y siendo un Poder del Estado, considera que la complejidad del tema no ha podido soslayar el dar cuenta de los hechos, en la búsqueda de una pronta y real solución.

Por estas consideraciones y visto, además lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta Fundamental y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado Robinson Quelin Álvarez en contra del gobierno regional de Magallanes, la delegación presidencial regional Magallanes, la I. Municipalidad de nombre reservado, la Seremi de salud de Magallanes y el Servicio de Salud de las región de Magallanes y Antártica , todos ya individualizados.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Ministro Suplente Sr. Luis Álvarez Valdés.

Se deja constancia que no firma el Fiscal Judicial Sr. nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por encontrarse en comisión de servicio.

ROL Nº 180-2023 PROTECCIÓN.

� � Trabajo conjunto del “Núcleo de Investigación sobre Gobernanza y Ordenamiento Territorial NUGOT “.

� También se puede consultar el Informe C.N.D.U., “SISTEMA DE INDICADORES Y ESTÁNDARES DE CALIDAD DE VIDA Y nombre reservado Consejo Nacional de Desarrollo Urbano”� , en que se trata in extenso las políticas públicas a que se compromete dicha repartición en el sentido de lograr un mejor y mayor estándar en la calidad de la vida de todos quienes habitan en sectores urbanos o metropolitanos y aquellas políticas públicas a que se compromete;

� Con actual orden de demolición.