nombre reservado con EJERCITO DE CHILE

Punta Arenas, siete de enero de dos mil veintiuno.

VISTOS:

Comparecen ante esta Corte de Apelaciones Jorge Vidal Ojeda, abogado, en representación de doña nombre reservado, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado e interpone recurso de protección en contra de EJERCITO DE CHILE, en particular de la V División de Ejército, legalmente representada por don nombre reservado, de quien ignora profesión u oficio o por quien legalmente represente o subrogue sus derechos, ambos domiciliados en domicilio reservado,.

Explica que prestó servicios para la recurrida hasta el año 2015, en el que fue desvinculada de dicha institución. Posterior a ello tuvo varias oportunidades de trabajo en servicio público, sin embargo, ninguna pudo concretarse ya que el Ejército de Chile, pese a haber dado por terminado el contrato de trabajo, no eliminó su calidad contractual del sistema de contratación para funcionarios públicos denominado SIAPER, lo que quiere decir que no dejó constancia del finiquito en el nombrado sistema por lo que en cada oportunidad que tuvo de ingresar al sistema público se vio imposibilitada de realizarlo.

Ejemplifica que el año 2017, postuló a Carabineros de Chile, específicamente para la prefectura de Punta Arenas en la función de peluquera, quedando en primera prioridad, sin embargo, nuevamente no se pudo concretar la contratación toda vez que, se le señaló que figuraba como personal contratado de manera indefinida por 45 horas para la recurrida en el sistema SIAPER lo que evidentemente resultaba incompatible con el cargo postulado. Iguales hechos se verificaron en el año 2018, cuando intentó ingresar a prestar funciones en el Servicio de Salud de Magallanes.

Agrega que, en el año 2020, en dos oportunidades, la última en el mes de noviembre, vio afectada su incorporación laboral al servicio público, por, todavía, encontrarse ingresada al citado sistema SIAPER.

Refiere que con fecha 27 de mayo de 2019 concurrió a las oficinas de Contraloría General de la República en la comuna de Punta Arenas, solicitando se ordenase al Ejército de Chile, la eliminación de calidad contractual de contrato indefinido por 45 horas y que deje constancia y someta a control de juridicidad el acto en cuestión (finiquito) información aparecida en el SIAPER, se le solicitó informe a la recurrida y la misma evacuó informe según resolución de Contraloría que señala en lo pertinente: “En lo que interesa que la recurrente se regía por el Código del Trabajo, y su desvinculación se produjo como consecuencia de una breve investigación instruida en su contra en la que se estableció que incurrió en la causal de término de contrato prevista en el artículo 161 N1 de ese Estatuto Laboral, esto es, injurias proferidas por el trabajador al empleador.

Añade, el aludido informe que, al existir finiquito entre las partes, éste acredita la desvinculación de la servidora, por lo que no visualizan de qué manera permanecer en el SIAPER, pueda constituir una clase de obstáculo o impedimento para ejercer un cargo público.

Por otra parte, no aparece en la resolución citada en el párrafo precedente, un imperativo que ordene tomar razón de la misma o un estampado que dé cuenta que ésta fue igualmente sometida al reseñado trámite, lo que es concordante con el registro del SIAPER, donde no aparecen anotaciones que den cuenta de la desvinculación de la peticionaria.

De lo anteriormente expuesto es posible inferir que el acto administrativo que dispuso la medida expulsiva de que se trata no ha sido sometido al control previo de juridicidad y consecuentemente, no ha sido registrada en el SIAPER.

Atendido lo expuesto, el Comando de Zona de Bienestar de Punta Arenas, deberá tomar las medidas pertinentes a fin de regularizar la situación de la peticionaria y conjuntamente, ordenar la instrucción de un proceso investigativo a fin de determinar eventual responsabilidad administrativa de los funcionarios de esa institución castrense en la omisión del reseñado trámite.

De todo lo anterior, deberá informar a esta Contraloría Regional en el plazo de 30 días hábiles contados desde la notificación del presente oficio”.

Explica que agotó la vía administrativa, y la recurrida hizo caso omiso a la instrucción de la Contraloría General de la República, ya que aún aparece como funcionaria contratada por Código del Trabajo para la recurrida con un contrato indefinido y jornada de 45 horas semanales desde el año 2012.

Denuncia que ha sufrido un perjuicio enorme, se la ha tratado de manera indigna, el trato desigual que se le ha otorgado por haber sido despedida del Ejército de Chile, no se le ha dado la posibilidad de escoger su trabajo y le fue imposible ingresar al servicio público precisamente debido a la negligencia de la recurrida.

Alega que el acto ilegal y arbitrario reclamado infringe las siguientes garantías constitucionales:

La del artículo 19 N° 2 de la Ley Suprema esto es: “La igualdad ante la ley.

Bajo tal precepto Constitucional, alega que el actuar de la recurrida, desde el momento en que se niega a cumplir con lo instruido por el órgano contralor se encuentra realizando diferencias evidentes y arbitrarias.

La del artículo 19 N° 16 de la Ley Suprema esto es: “La libertad del trabajo y su protección.

Se verifica esta infracción toda vez que cuando ha intentado regresar al servicio público se le ha obstaculizado su ingreso dado la situación descrita; y ha tenido efectivas ofertas laborales.

Finaliza solicitando se acceda al recurso y:

1.- Que se declare ilegal y arbitrario el acto de la recurrida, en orden a cumplir con lo indicado por el órgano contralor.

2.- Que se ordene a la recurrida deje constancia en el sistema SIAPER del finiquito que da por terminada la relación laboral entre la recurrida y su representada.

3.- Que se condene a la recurrida al pago de costas de la causa.

Comparece el recurrido e informa.

Luego de exponer los hechos del recurso, refiere que del tenor del recurso aparece que el derecho cuya afectación se reclama por esta vía no se encuentra en situación que permita estimar que ha conculcado algún derecho, por cuanto, además de los dichos de la recurrente no se adjunta antecedente o documento fundante alguno que permita pensar con meridiana razonabilidad, que ha existido un acto arbitrario o ilegal de parte de la institución, toda vez que su actuación ha sido ajustada a derecho.

Luego explica que, en cuanto a la naturaleza cautelar del recurso de protección, ha sido instituido como una acción de urgencia destinada a evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de las acciones u omisiones arbitrarias o ilegales que produzcan, privación, perturbación o amenaza de alguna de las garantías constitucionales expresamente señaladas en la Constitución y otorgar la debida protección a quien pueda resultar afectado.

Que la recurrente solicite por la vía cautelar que se declare ilegal y arbitrario el acto de no cumplir lo dispuesto por La Contraloría Regional y que se deje constancia en el Sistema de Administración del Personal (SIAPER), del finiquito de contrato, que da cuenta del término de la relación laboral.

Opina que de lo anterior se puede establecer que el acto recurrido no adolece de vicios de ilegalidad o arbitrariedad reclamadas, por lo que la acción cautelar deberá ser rechazada.

Al respecto, el Auto Acordado respectivo, establece que el recurso de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasione privación perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde estos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo de treinta días contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o acción, según la naturaleza de estos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.

Al respecto, es necesario señalar que la recurrida invoca hechos acaecidos durante el año 2015, referentes a su desvinculación, y de otros hechos de los cuales tuvo conocimiento durante el año 2017, de acuerdo a lo que expresa en su presentación en cuanto a su permanencia en el Sistema de Administración del Personal (SIAPER), interponiendo el presente recurso de protección de manera extemporánea, incumpliendo con el plazo para la válida presentación de la acción constitucional, que es de 30 días.

Del mismo modo, es necesario señalar que la recurrente refiere de forma expresa en el texto del recurso presentado, que el 27 de mayo de 2019, realiza la presentación ante la Contraloría General de la República para dar cuenta de su inclusión en el Sistema de Administración de Personal (SIAPER), por lo cual, desde esa fecha, a lo menos tiene conocimiento de las circunstancias, por lo que la acción presentada resulta extemporánea.

En cuanto a los hechos, expone que la recurrente, trabajó desde el año 2012, con contrato indefinido, bajo las normas del Código del Trabajo, en dependencias del Comando de Bienestar del Ejército.

Añade que a través de oficio N° 1590/01 de fecha 10 de junio de 2015, el Comandante de la Zona de Bienestar "Punta Arenas", da cuenta a su escalafón superior, del incumplimiento contractual de la recurrente, Comando que por Oficio N°1585/10556, de 21 de agosto de 2015, resuelve que se instruya una breve investigación, en la cual se indague sobre la configuración de la causal establecida en el artículo 160 N° l letra d) del Código del Trabajo.

Que, derivado de lo anterior, a través de la resolución EXENTA N° 1595/10753 el Comandante del Comando de Bienestar, con fecha 14 de diciembre de 2015, resuelve la investigación, acreditando que por parte de la trabajadora nombre reservado, se incurrió en la causal establecida en el artículo 160 N° 1, letra d) del Código del Trabajo, a saber, por injurias proferidas por el trabajador al empleador.

Terminando, en esta parte, dice que el 4 de enero de 2016, el Jefe del Departamento de Personal del Comando de Bienestar, remitió a la Zona de Bienestar "Punta Arenas", el finiquito y con fecha 12 de febrero de 2016, se firmó ante Notario Público.

Reconoce que efectivamente el 6 de junio del año 2019, la Contraloría Regional de Magallanes solicita al Comandante de la Zona de Bienestar "Punta Arenas", emitir un informe fundado respecto de la situación informada por la recurrente el que fue evacuado por la Zona de Bienestar con fecha 20 de junio de 2019.

De lo instruido por la contraloría, deduce que le impuso dos obligaciones, a saber, Investigar las responsabilidades administrativas por la no tramitación oportuna de la documentación por la desvinculación de la recurrente para que se tome razón del acto, y, en segundo lugar, que se materialicen las gestiones para la desvinculación de la recurrente desde el Sistema de Administración del Personal.

Al respecto, y a fin de dar cumplimiento a lo ordenado por el órgano contralor, con fecha 24 de diciembre de 2019, informada a la Contraloría, con fecha 16 de enero de 2020, y por la cual se dispone la instrucción de una investigación sumaria administrativa, con el fin de establecer las responsabilidades administrativas comprometidas en la omisión del trámite de Toma de Razón ante el órgano contralor, respecto de la resolución que acreditó que la recurrente nombre reservado, fue desvinculada por la causal establecida en el artículo 160 N° l, letra d), del Código del Trabajo, por injurias proferidas por el trabajador al empleador. Al respecto, es dable señalar que la investigación sumaria administrativa se encuentra actualmente en tramitación.

Refiere que a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la segunda exigencia de la Contraloría Regional, en cuanto a materializar el trámite de "Toma de Razón", de acuerdo a lo ordenado por el órgano contralor, el Comando de Bienestar del Ejército, a través de la resolución N° 1000/38671, de fecha 29 de noviembre de 2019, concluye la Breve Investigación, instruida en su oportunidad y que da cuenta del Término de Contrato de Trabajo de la recurrente, disponiendo se remita para el acto de "Toma de Razón", como lo dispone el artículo 11 numeral 7 de la resolución N°6 de la Contraloría General de la República, el cual señala: "Artículo 11.- Están afectos al trámite de toma de razón los decretos y resoluciones que se dicten sobre las materias que a continuación se indican: Términos de contratos de Trabajo , por las causales establecidas en el artículo 160 del Código del Trabajo”, documento que con fecha 08 de enero de 2020, se entregó en la Oficina de partes de la Contraloría Regional de Magallanes.

A través de oficio N° 1000/5136, de fecha 17 de febrero de 2020, el Comandante del Comando de Bienestar informa a la Contraloría Regional de Magallanes y Antartica Chilena, las medidas adoptadas respecto de la desvinculación de la señora nombre reservado, documento que se entregó a la Contraloría Regional vía correo electrónico.

Indica que es necesario señalar que el Comando de Bienestar del Ejército y la Zona de Bienestar de Punta Arenas, han dispuesto y materializado todas las gestiones ordenadas por la Contraloría Regional a fin de regularizar la situación de la recurrente, para lo cual se han dictado los actos administrativos correspondientes, se ha solicitado el ingreso de la documentación para materializar el trámite de "Toma de Razón", y se ha dispuesto la instrucción de la respectiva Investigación Sumaria Administrativa (ISA) a fin de determinar la responsabilidad pertinente en la regularización de la situación de desvinculación de la recurrente.

Sin embargo, señala que no se puede dar de baja o sacar del Sistema de Administración del Personal (S1APER) a la recurrente, hasta que la Contraloría Regional, no "tome razón de la desvinculación y comunique dicho acto administrativo, por lo cual se encuentra en la imposibilidad de materializar la baja del sistema de la recurrente, en cuanto no se "Tome Razón", por el órgano contralor, de la desvinculación, por lo cual no procede en la especie la imputación de haber materializado un acto ilegal o arbitrario por cuanto no está dentro de sus facultades materializar lo requerido en la presentación. Por lo anteriormente expuesto, una vez que la Contraloría "Tome razón", del acto se procederá a eliminar a la actora del Sistema a la brevedad.

Hace referencia a que no hay ilegalidad ni arbitrariedad en su actuación, que el recurso de protección no es la vía idónea para obtener lo perseguido en esta causa.

En ese mismo sentido, descarta la vulneración de las garantías que se indican en el recurso.

Finaliza solicitando acceder a lo pedido, y rechazar el recurso de protección, con costas.

Se dispuso traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional para ser ejercitada en un procedimiento de urgencia, informal, inquisitivo, unilateral, breve y concentrado con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

Conforme a su naturaleza y claro objetivo, no genera, en sentido técnico, un juicio ni se persigue con su interposición establecer la responsabilidad civil, penal, infraccional o administrativa del ofensor. Por tanto, no se concibe respecto de una contienda civil entre partes ni da origen a un proceso penal o administrativo, es decir, no se aplica para discutir cuestiones de lato conocimiento respecto de las cuales el legislador ha establecido los procedimientos idóneos para que sean debatidas y resueltas.

SEGUNDO: Que, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos:

a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que los hechos que motivan el presente arbitrio se hacen consistir en que la recurrida, no obstante haber terminado la relación laboral que la unía con la recurrente, en el año 2015, mediante finiquito válidamente suscrito, y habiendo la Contraloría Regional dispuesto que “deberá tomar las medidas pertinentes a fin de regularizar la situación de la peticionaria y, conjuntamente, ordenar la instrucción de un proceso investigativo a fin de determinar eventual responsabilidad administrativa de los funcionarios de esa institución castrense en la omisión del reseñado tramite”, no lo ha hecho y la mantiene como contratada vigente, con jornada de 45 horas, en el sistema de contratación para funcionarios públicos denominado SIAPER, afectando su ingreso a otras reparticiones públicas, vulnerando las garantías consignadas en el artículo 19 N°2 y N°19 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que, en cuanto a la extemporaneidad alegada por la recurrida, es preciso señalar que la recurrente fija como época en que tomó conocimiento de la omisión arbitraria e ilegal que le imputa al Ejército, en el mes de noviembre de 2020, al intentar ingresar a otra repartición estatal (Hospital Clínico Magallanes),manteniéndose aún vigente su registro en el Sistema de contratación para funcionarios públicos denominado SIAPER, –cuestión esta última, no controvertida por la institución castrense-, interponiendo el presente recurso de protección el día 12 de ese mismo mes, esto es, dentro del plazo de 30 días que establece el Auto Acordado de la especie, lo que lleva necesariamente a rechazar la petición planteada.

QUINTO: Que, en el fondo, la parte recurrida descarta la omisión que se le imputa por cuanto dio cumplimiento a las dos instrucciones de la Contraloría, a saber, inició una investigación sumaria a fin de establecer eventuales responsabilidades en la situación denunciada por la recurrente, y remitió todos los documentos necesarios para que el órgano contralor de curso al trámite de toma de razón, tramite este último, esencial para la actualización del registro SIAPER, y que escapa a su competencia, siendo facultad exclusiva y excluyente de la Contraloría.

SEXTO: Que, en ese orden de cosas, la resolución N° 6, de 26 de marzo de 2019 que Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón, de las Materias de Personal que se Indican, emanada de la Contraloría General de La República, dispone en su artículo 11º, “Están afectos al trámite de toma de razón los decretos y resoluciones que se dicten sobre las materias que a continuación se indican:

7. Términos de contratos de trabajo, por las causales establecidas en el artículo 160 del Código del Trabajo.”

SEPTIMO: Que, con el mérito de la documental acompañada al recurso, es posible concluir que la recurrida, mediante RES. COB. DG. RHs. AJ/l. R N° 1000/38671, de 29 de noviembre de 2019, a fin de dar cumplimiento al trámite de toma de razón, dispuesto por la Resolución transcrita en el considerando que precede, remitió todos los antecedentes de la recurrente a la Contraloría Regional de Magallanes, para tales efectos, toma de razón que es trámite previo a la actualización que se reclama por la Sra. nombre reservado. Dicha documentación fue recepcionada por el Órgano Contralor con fecha 08 de enero de 2020.

Que en ese sentido entonces, se observa la ausencia de alguna acción u omisión arbitraria o ilegal, imputable a la recurrida, toda vez que la mantención de la recurrente en el registro SIAPER, escapa a la competencia de que goza la recurrida.

Por lo anterior es posible concluir que, en la especie, no concurre el requisito signado con la letra a), en el considerando segundo de este fallo, para la procedencia del recurso entablado, consistente en que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente la parte recurrida habría incurrido en la omisión acto que se le atribuye, motivo por el cual la acción de protección interpuesta en contra del Ejército de Chile, deberá ser desestimada.

OCTAVO: Que, entonces, en virtud de las consideraciones que preceden, deberá rechazarse la presente acción constitucional, en los términos que se dirá en lo conclusivo.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo de Recursos de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA el recurso interpuesto por don Jorge Vidal Ojeda, en representación de doña nombre reservado y en contra del EJERCITO DE CHILE, en particular de la V División de Ejército, legalmente representada por don nombre reservado.

Redacción Ministro Srta. San Martín.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N° 1787-2020 PROTECCION.-