nombre reservado CONTRA nombre reservado

Punta Arenas, siete de mayo de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Comparecen nombre reservado y nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección, en contra de nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado.

Exponen, que desde hace aproximadamente tres años, la recurrida ha desarrollado una sistemática y persistente conducta de hostigamiento en su contra, particularmente mediante redes sociales, en espacios públicos como el grupo de Facebook “Una mañana en familia puq”, donde ha difundido información falsa, maliciosa y atentatoria contra su honra, dignidad e integridad psíquica.

Agregan, que el 24 de marzo de 2025, la recurrida publicó en dicho grupo la resolución que impone al recurrente nombre reservado una medida cautelar de prohibición de acercamiento en contexto de violencia intrafamiliar, obtenida en audiencia de formalización celebrada el 17 de marzo del mismo año. Dicha resolución se encuentra sujeta a reserva conforme a la naturaleza del procedimiento penal, por lo que su divulgación no solo vulnera el principio de confidencialidad procesal, sino que además configura una forma de exposición pública ilegítima, conocida comúnmente como “funa”, con fines de escarnio social.

En dicha publicación, y en otras anteriores, la recurrida ha emitido expresiones abiertamente injuriosas y difamatorias en contra de la recurrente nombre reservado, por 3 años consecutivos, extendiendo tales imputaciones a su familia, incluyendo a sus hijos menores de edad. Un hecho grave como una “funa” formulada de parte de la recurrida el 5 de noviembre de 2024, en donde la recurrida con hechos totalmente falsos, expuso en redes sociales a una menor. Añade que habría imputado falsamente delitos de connotación sexual al padre de la recurrente nombre reservado, fundándose en supuestos registros de conversación falsa, suplantando la identidad del hijo mayor de la recurrente, —menor de edad y diagnosticado con trastorno del espectro autista (TEA)— utilizando dicha condición para efectuar burlas públicas, lesionando gravemente su dignidad y derecho a la integridad psíquica.

Tales hechos se encuentran actualmente en investigación en sede penal bajo RUC N°2500111415-0, lo cual da cuenta de su gravedad objetiva.

Como consecuencia del acoso sostenido, los recurrentes han debido iniciar tratamiento psicológico, existe además una querella criminal por amenazas, desacato y suplantación de identidad interpuesta en noviembre de 2022, causa RIT 3034-2022, en cuyo marco se dictaron medidas cautelares de prohibición de acercamiento a favor de los recurrentes.

El actuar de la recurrida ha vulnerado sus derechos consagrados en los números 1, 2, 4 y 26 de la Constitución Política de la República, además de lo dispuesto en la Ley N°20.609, que establece medidas contra la discriminación arbitraria; las Leyes N°21.057 y N°19.968, sobre protección de derechos de niños, niñas y adolescentes; los artículos 161-B y siguientes del Código Penal, relativos a suplantación de identidad y delitos informáticos, el artículo 296 del Código Penal, que tipifica el delito de calumnias y la Convención sobre los Derechos del Niño, particularmente sus artículos 16 y 23, relativos a la protección de la vida privada y la dignidad de menores neurodivergentes.

Solicitan, en definitiva, declarar que los actos de la recurrida son ilegales y arbitrarios; ordenarle abstenerse de realizar cualquier acto de hostigamiento, amenaza o acoso —directo o indirecto, físico o digital— en perjuicio de los recurrentes y su grupo familiar; prohibir la emisión de publicaciones o manifestaciones públicas que afecten la honra, intimidad o integridad de los recurrentes y, especialmente, de sus hijos menores de edad; ordenarle abstenerse de utilizar el sistema judicial con fines abusivos o de hostigamiento hacia los recurrentes; decretar medidas de resguardo inmediato en favor de los recurrentes, incluyendo el seguimiento del cumplimiento de las medidas cautelares y, de estimarse pertinente, vigilancia policial y ordenar a la recurrida emitir disculpas públicas en un medio regional, redactadas en los términos que determine este Tribunal, como forma de reparación del daño moral.

Informando el recurso, compareció doña nombre reservado.

Expone que mantuvo una relación sentimental con el señor nombre reservado hasta el año 2017, sin encuentros presenciales posteriores. La relación terminó por decisión mía y de forma definitiva. Agrega que no conoce en persona a la señora nombre reservado, quien desde 2022 ha iniciado una campaña de acoso en su contra sin que existiera provocación o contacto previo.

Desde hace más de tres años ha sido objeto de acoso sistemático, tanto presencial como a través de redes sociales, lo que ha afectado gravemente mi integridad psíquica, vida privada, trabajo y entorno social. Se han creado reiteradamente cuentas falsas en redes sociales con nombres como “Funas a nombre reservado” o “Funa bebé reno Natales”, En dichas “funas” se burlan de su aspecto físico y estado emocional; se le trata de “psicópata” y se expone información de causas judiciales en las que participamos los tres; se publican sus fotos, capturas de pantalla de las audiencias, fotos de su familia, amistades y testigos del caso de amenazas de muerte en el que los recurrentes están involucrados y se envían mensajes con amenazas o insinuaciones intimidatorias a su círculo cercano.

Esta situación también ha afectado gravemente su entorno laboral y económico.

Da cuenta que en el mes de mayo del año 2023, mientras participaba con mi emprendimiento en una feria organizada por RS Producciones en el Liceo Comercial de Punta Arenas, el señor nombre reservado acudió al lugar, la insultó públicamente, la agredió físicamente y destruyó sus productos frente a decenas de personas, incluida su abuela paterna. Se llamó a Carabineros, pero no llegaron al lugar, por lo que debió ser expulsado a la fuerza por los organizadores.

Como consecuencia del acoso sostenido, y luego de recibir orientación por parte del Sernameg, en octubre del año 2024 presentó una denuncia formal ante Carabineros de Puerto Natales. Esta denuncia fue acogida por el Juzgado de Familia de Puerto Natales, quien emitió una orden de alejamiento vigente en contra del señor nombre reservado.

Da cuenta de los daños psicológicos que esta situación le ha significado, a lo que se une el hostigamiento a su abuela por parte de los recurrentes; de la falsedad de la denuncia por amenazas que interpusieron los recurrentes y la vulneración a sus derechos constitucionales reconocidos en el artículo 19 N°s1, 4 16 y 21. Solicita rechazar íntegramente el recurso de protección deducido; tener presente la existencia de una orden de alejamiento vigente contra el señor nombre reservado; considerar el daño profundo en mi salud mental, entorno social, familiar, laboral y económico; aceptar mi ofrecimiento de entrega voluntaria de dispositivos tecnológicos y ordenar igual medida respecto de los recurrentes; disponer peritajes psicológicos y técnicos respecto de todos los involucrados; adoptar las medidas necesarias para poner fin al ciclo de hostigamiento que ha marcado mi vida los últimos tres años.

Encontrándose la causa en estado, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDOO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, los actos estimados ilegales y arbitrarios alegados por los recurrentes, los hacen consistir en las diversas conductas que ha adoptado la recurrida en redes sociales, a través de las cuales afecta los derechos que mencionan en su recurso.

Agregan que la situación se encuentra judicializada, tras la presentación de una querella, y la dictación de medidas cautelares en la sede correspondiente.

CUARTO: Que, la recurrida al evacuar informe, a su vez alega que los recurrentes han desplegado la misma conducta que reprochan, insultándola y denostándola a través de estos medios de interacción social, por lo que insta por el rechazo del recurso en virtud de lo expuesto en la parte expositiva.

También señala que la situación se encuentra judicializada en el Juzgado de Familia, obteniendo medidas cautelares a su favor.

QUINTO: Que, se observa que la situación sometida al conocimiento de este tribunal, se encuentra radicada ante la judicatura correspondiente, obteniéndose por ambas partes medidas cautelares que, por cierto, pueden ser mantenidas o incrementadas, apreciándose que la problemática traída ante este tribunal, responde a una manera inadecuada de solución de conflictos entre personas adultas, divulgando sus disyuntivas en redes sociales, observándose que este tribunal, al conocer del recurso de protección, no se constituye en una magistratura de conducta o normas de trato social, no pudiendo tampoco avocarse al conocimiento de causas pendientes, ni resolver en favor o en contra de alguna de las partes de la presente acción, dada la dinámica de los hechos ventilados en el recurso que nos convoca.

SEXTO: Que, así las cosas, el presente recurso de protección no puede prosperar y será rechazado.

Por estas consideraciones, y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo de esta clase de recursos, de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones SE RECHAZA, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado y nombre reservado, en contra de nombre reservado.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección N°176-2025.-