nombre reservado con CONSEJO DIRECTIVO DEL SERVEL Y OTROS

nombre reservado, diez de diciembre de dos mil veinte.

VISTOS:

Comparecen ante esta Corte de Apelaciones Alfonso Campos González, abogado, con domicilio en domicilio reservado, nombre reservado, para estos efectos, en representación de nombre reservado, Rut RUT reservado domiciliada en domicilio reservado, nombre reservado, ganadero, domiciliado en Estancia Los Pozos Comuna de San Gregorio, y también en representación de sus hijos nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, todos agricultores, domiciliados en Estancia San Gregorio Comuna de San Gregorio, en contra del Consejo directivo del Servel compuesto por nombre reservado, Presidente, nombre reservado, Consejero, nombre reservado, Consejero, nombre reservado, Consejero, nombre reservado, Consejera y nombre reservado, Secretario Abogado y en contra de la Junta Electoral de Magallanes compuesta por nombre reservado, Presidente, nombre reservado, Secretario y nombre reservado reyes integrante, domiciliado en domicilio reservado nombre reservado y también en contra los delegados de local nombre reservado Valdivia Delegada Escuela Punta Delegada Comuna de San Gregorio y nombre reservado delegada el Instituto Superior de Comercio a de nombre reservado.

Explica que esta acción se interpone con el objeto de que corrijan la omisión ilegal y arbitraria de haber excluido el riesgo de contraer Covid 19 en la Región de Magallanes como causal de excusa para ser vocal en el Acuerdo del Consejo Directivo Servicio Electoral lo que dicta normas interpretativas y refunde normas e instrucciones que indica para el desarrollo del plebiscito nacional de fecha 14 de Octubre de 2020 promulgado en el diario Oficial al día siguiente. Si bien fue efectuado en Santiago sus efectos se producen en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.

Se persigue con de este recurso, que esta corte tome las medidas que protejan a sus representados y a todo los ciudadanos magallánicos de la privación perturbación y amenaza del ilegitimo ejercicio de los derechos y garantías del número 1 y 2 del artículo 19 de la Constitución Política del estado Y la manera de hacerlo es que el riesgo a contagio del Cavad 19 sea aceptado como excusa para ser vocal.

Indica que por Ley 21.257 promulgada el 25 de Agosto se estableció la disposición cuadragésima primera transitoria de la Constitución que le da atribuciones al Consejo Directivo del Servicio Electoral para dictar normas e instrucciones para el plebiscito nacional, pudiendo fijar reglas diferentes a la Ley 18700 en varias materias entre ellas el número y causales de excusa o exclusión de los vocales de las mesas receptoras de sufragios y miembros de los colegios escrutadores, así como la forma de acreditarlas, pudiendo excluir a electores con riesgo de salud, según criterios establecidos por la autoridad sanitaria, para cumplir con dichas funciones.

Por su parte el artículo 49.de la ley 18.700 es el que fija las causales de excusas las cuales el numero para las pertinentes fuera de tener causales de inhabilidad, estar distante, y ejercer otras funciones, y para los motivos pertinentes son las siguientes:

4) Tener más de setenta años de edad.

5) Estar física o mentalmente imposibilitado de ejercer la función, circunstancia que deberá ser acreditada con certificado de un médico.

6) Cumplir labores en establecimientos hospitalarios en los mismos días en que funcionen las mesas receptoras, lo que deberá acreditarse mediante certificado del director del respectivo establecimiento de salud.

7) Estar la mujer en estado de embarazo o de puerperio dentro de las seis semanas previas al parto y hasta veinticuatro semanas siguientes a éste, circunstancia que deberá acreditarse mediante certificado médico, o con la documentación que acredite estar recibiendo el subsidio a que se refiere el artículo 198 del Código del Trabajo.

Señala que por acuerdo del 2 de septiembre publicado en el D.O. el 10 de septiembre, el consejo del Servel dispuso que la causal de excusa establecida en el número 4 del artículo 49 de la ley 18.700, para desempeñar las funciones de vocal de mesa receptora de sufragios o de miembro de Colegio Escrutador, se rebaja a 60 años de edad y dispone que las juntas no podrán nombrarlos en reemplazo de otros vocales. Además, dispone que Las causales de excusa para desempeñar las funciones de vocal de mesa receptora de sufragios o miembro de Colegio Escrutador podrán ser acreditadas a través de los medios previstos en la ley, esto es, certificados médicos, certificados de nacimiento, copias de cédulas de identidad; y, además, podrán presentarse otros documentos que sean admisibles por las Juntas Electorales según la naturaleza o tipo de causal invocada por el elector y en ninguna parte menciono como causal el riesgo de contagiarse con Covid 19.

Con fecha 8 de octubre las Juntas Electorales 48, 49 y 50 procedieron a aceptar y rechazar excusas y nombrar reemplazantes procediendo a publicarse en el Diario el pingüino el día 10 de octubre, no aceptó ninguna excusa relacionada con el riesgo de contraer civil 19, ni tampoco con el hecho de poder contagiar a personas de mayor riesgo. Al mismo tiempo mucha gente no pudo presentar excusas ya que no le servían los medios de prueba, por ejemplo no se otorgan certificados médicos por el riesgo de contagio.

Con fecha 14 de octubre publicado en el DO el 15 de Octubre el Consejo Directivo del Servel dicto Normas interpretativas y refundió instrucciones para el desarrollo del plebiscito. En materias de excusas mantuvo lo dispuesto anteriormente agregando nuevas causales de excusa, amplió a las mujeres embarazadas para todo el periodo de gestación y se asimiló a quienes se desempeñen como cuidadoras o cuidadores de adultos mayores o personas con necesidades especiales y las que se desempeñen en los establecimientos de larga estadía para adultos mayores.

Como como ya no podían excusarse ante el las juntas electorales deberán acreditarlo ante el delegado de local o ante el juez de policía local sino fueran a votar y no podrán ser considerado para la instalación de las mesas.

Se mantuvieron los mismos medios de prueba Cualquier causal relacionada con el riesgo de contagiarse Covid 19 no está considerado, si se tiene menos de sesenta años, no está embarazada y no desempeña como cuidador de adulto mayor o persona de necesidades, tanto en su casa como en establecimiento esa obligada a ser vocal. Es más, las personas que viven con adultos mayores, pero no son sus cuidadores no están exceptuadas; tampoco están exceptuados las personas con problemas de salud que corren más riesgos de contagiarse. Más aun también cualquier persona, aunque no esté entre los de más alto riesgo una enfermedad le significa perder varios días de trabajo y si es asintomático pasar varios días de cuarentena.

El temor a contagiarse debería aceptarse con la sola declaración del involucrado, es más podría estar en la causal cuarta de la ley es decir estar mentalmente imposibilitado en ejercer su trabajo ya que una persona con temor a contagiarse no va a poder ejercerlo bien. El hecho de no poder excusarse por el riesgo de correr riesgo no solo es respecto a los que han sido designado vocales sino a todos los que concurran a vocal el 25 de octubre que no sean mayores de sesenta, estén embarazados o sean cuidadores de adultos mayores o trabajen en establecimientos. En efecto el delegado de local puede designar a cualquiera de ellos en reemplazo de los que falten.

Explica que su representada Doña nombre reservado fue designada vocal en el liceo Comercial, tuvo Covid 19 en mes de agosto y comenzó de nuevo a tener algunos síntomas y en los exámenes de anticuerpo tiene muy poco, trató de conseguir certificado médico y no se lo dieron aduciendo que es imposible que se vuelva a contagiarse lo cual está siendo desmentido por los hechos. Para ella sería un trauma un nuevo contagio.

Caso nombre reservado fue designado Vocal de mesa 2 de san Gregorio Vive solo en una estancia con su madre que la ha estado aislado para el contagio y se le señalo que no tenía la calidad de cuidador, Sus hijos nombre reservado y Cristina votan en san Gregorio si bien no fueron designados vocales votan a primera hora y si falta alguno los pueden dejar. Ellos en cuando bajan a nombre reservado viven con una tía de 85 años.

Estas conductas de las recurridas, amenaza al derecho y a la integridad física y psíquica de las personas- Luego detallas la situación de pandemia de la Región, citando informe del Doctor nombre reservado sobre FUNDAMENTOS SANITARIOS Y EPIDEMIOLOGICOS RESPECTO DERECHO A LA VIDA E INTEGRIDAD FISICA Y PSIQUICA DE VOCALES DE MESA EN PLEBISCITO DEL 25 OCTUBRE 2020.

Explica que ellos y las vocales de Mesa de Sufragios, en el escenario de Pandemia Covid 19, actualmente en curso, son un riesgo para los demás y para ellos mismos, destacando el riesgo de aquellos casos con Covid 19 positivo no diagnosticado. Luego refiere estadística regional.

Las medidas dispuestas por el SERVEL y el Ministerio de Salud, no aseguran que los contagios no se produzcan, toda vez que los mismos continúan ocurriendo a pesar de intensas medidas restrictivas vigentes en muchas partes del país y en especial en Magallanes. Tampoco la tasa de contagios entre personal de la salud, ni menos lamentablemente la de muertes de aquellos ha sido CERO, por lo que independiente del uso de medidas sanitarias, se producirán contagios igual con sus graves efectos de mortalidad en determinadas personas. Una sola muerte generada en dicho acto, que puede y debe ser pospuesto, es un reproche ético y moral para todos y en especial para los Tribunales de Justicia si es que no determinan la paralización que se solicita.

Compara y analiza la curva de contagios en otros países luego de elecciones.

Indica que igualmente se afecta la Garantía Constitucional del Número 2 del Artículo 19, esto es, la igualdad ante la ley. El haber suspendido el plebiscito en abril cuando en el área metropolitana había diez veces menos casos de lo que hoy hay en la región de Magallanes altera el principio que en Chile no hay persona y grupos privilegiados y demuestra que los de las zonas extrema s somos ciudadanos de segunda categoría, Por otro lado, los mismos parlamentarios y muchos altos jefes de servicio no van a sus oficinas y obligan al ciudadano común estar horas expuestos al contagio.

O que el estado obligue a un ciudadano a trabajar, aunque el encuentre que tiene riesgo de contagiarse es lo más parecido a una versión moderna de la esclavitud Los ciudadanos se le ha prohibido realizar miles de actividades que ha muchos los ha llevado a una situación dramática, tampoco pueden ejercer su culto y realiza actividades recreativas o familiares, Pero si están obligados a exponerse para las elecciones.

Obviamente que es una discriminación arbitraria efectuada por la autoridad.

A fin de reestablecer las garantías constitucionales vulneradas, se deberá ordenar al consejo del Servel, a la Junta Electoral y al delegado de Local.

1.- Que se debe incluir como causal el riesgo de contraer el Cavad 19, el cual el mismo ciudadano es el que lo tiene que determinar.

2.- Que la causal señal en el quinto del artículo 49 de la Ley 18700, de estar mentalmente inhabilitado de ejercer la función se aplica al riesgo de contraer Covid 19.

Comparecen los integrantes de la Junta Electoral de Magallanes y Antártica Chilena.

Parten exponiendo que el recurrente comparece diciendo que representa a todos los electores de la Región de Magallanes, alegando que la Junta Electoral de Magallanes, no tiene facultades para designar vocales o delegados en las provincias de Última Esperanza o Tierra del Fuego.

Asimismo, al no existir como causal, la que se reclama en el recurso, no se ve la forma que se han vulnerado las garantías, toda vez que está reclamando para un futuro.

En cuanto al fondo, expresan que la autoridad sanitaria ha tomado los resguardos para los grupos de riesgos, como lo son la tercera edad y en los locales de votación se ha dado estricto cumplimiento a los protocolos de seguridad.

Su misión es aplicar las normas legales, resolver las excusas, dentro de las cuales no se presentó ninguna por temor a contagiarse con Covid.

Luego comparece nombre reservado, en representación del Servicio Electoral, Organismo autónomo del Estado de Chile, informando.

Luego de hacer referencia a las normas constitucionales y legales que regulan al Servicio Electora, explica que con motivo de la reforma al Capítulo XV de la Constitución Política mediante la dictación de la Ley N° 21.200, que reguló sus artículos 130 y siguientes bajo el epígrafe “Del procedimiento para elaborar una Nueva Constitución Política de la República” y con ello, la celebración del plebiscito nacional inicialmente fijado para el 26 de abril del presente año, se estableció que para dicho procedimiento se aplicaría en lo que allí se indica pertinente, entre otras disposiciones, las contenidas en la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional Sobre Votaciones Populares y Escrutinios; cuerpo normativo que regula en su Título I, Párrafo 8°, la designación de vocales.

Asimismo, en virtud de la situación sanitaria que afecta al país, con fecha 26 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial, la Ley N° 21.221, de reforma constitucional que estableció un nuevo itinerario electoral para el plebiscito constituyente y otros eventos electorales. Dicha ley, postergó para el 25 de octubre de 2020, la realización del plebiscito convocado inicialmente para el día 26 de abril, y se dictó precisamente para efectos de resguardar la salud de las personas.

Indica que, en cumplimiento de sus facultades, con fecha 4 de septiembre de 2020, se publicó en el Diario Oficial, el Acuerdo del Consejo Directivo del Servicio Electoral, que Dicta Normas e Instrucciones que Indica para el Desarrollo del Plebiscito Nacional del 25 de Octubre de 2020, lo que en materias propias de este Servicio, se traduce en la aplicación de las normas especiales y diferentes a las contenidas en la Ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, la que conforme lo dispuesto en su artículo 1 “regula los procedimientos para la preparación, realización, escrutinio y calificación de los plebiscitos y de las elecciones…”.

A su turno, con fecha 9 de septiembre, el citado Consejo Directivo, previa conformidad del Ministerio de Salud, aprueba el Protocolo Sanitario para el Plebiscito Nacional 2020, publicándose en el Diario Oficial el día 10 de septiembre de 2020.

Del marco normativo expuesto, es posible concluir que cualquier objeción al acuerdo del Consejo Directivo del Servicio Electoral, emanado en virtud de la disposición cuadragésima primera transitoria de la Constitución Política, debía realizarse dentro de tercero día contado desde su publicación en el Diario Oficial. De este modo, fue la propia Constitución la que fijó la competencia ante el Tribunal Calificador de Elecciones, para conocer de dicho asunto en un procedimiento de reclamación especialísimo, con un plazo de reclamación corto, en atención a la inminencia del plebiscito de octubre pasado.

Por lo anterior, a su parte le asiste la convicción que la disposición cuadragésima primera transitoria de la Constitución ha extraído la materia de marras de la competencia general de la acción de protección del artículo 20 de la Carta Magna, y con ello del conocimiento por esta vía de las Ilustrísimas Cortes de Apelaciones de la República, situando la competencia en el Tribunal Calificador de Elecciones. Con todo, dado que el mandato constitucional otorgado al Consejo Directivo del Servicio Electoral tenía como único motivo el establecimiento de un protocolo sanitario para la realización del plebiscito de octubre pasado, éste ha cumplido su objeto y por tanto, ha cesado su vigencia. De este modo, la presente acción constitucional, fuera de lo ya expresado, deviene en inoportuna pues versa sobre una situación de hecho y derecho ya acaecida, regulada y cuyos efectos jurídicos se encuentran ya extintos.

A mayor abundamiento, el Tribunal Calificador de Elecciones conoció de reclamaciones a los acuerdos publicados el 4 y 10 de septiembre del Consejo Directivo, bajo los roles 160-2020 y 163-2020, desechándolas mediante sentencias de fecha 17 de septiembre del presente año, al indicar que los referidos acuerdos se ajustaban a derecho.

Expresado lo anterior, señala que conforme a los artículos 44 y siguientes, del DFL N° 2, de 2017, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado, de la Ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, la designación de los vocales de mesas receptoras de sufragio corresponde efectuarla a las Juntas Electorales a que se refiere el título XII de dicho cuerpo normativo.

Dichas Junas Electorales son órganos o entidades autónomas respecto del Servicio Electoral, conforme a lo preceptuado en el artículo 164 en relación con los artículos 191 y siguientes de la citada Ley 18.700, no obstante que este Servicio ejerza supervisión en determinadas materias, entre las cuales no se encuentra la designación de vocales de mesas receptoras de sufragio. En efecto la citada disposición establece en lo que interesa que las juntas electorales, obrarán con entera independencia de cualquiera otra autoridad; sus miembros son inviolables y no obedecerán órdenes que les impidan ejercer sus funciones.

Reseña el procedimiento para la designación de vocales, la tramitación posterior, acotando que, dentro del plazo de tres días hábiles, contado desde la fecha de publicación del acta de designación, cualquier vocal podrá excusarse de desempeñar el cargo. Las excusas deberán ser formuladas por escrito ante el secretario de la Junta Electoral respectiva y sólo podrán fundarse, para el plebiscito de octubre pasado, en las siguientes:

1. Estar el vocal comprendido entre las causales de inhabilidad contempladas en el artículo 45, o haber sido designado miembro del colegio escrutador.

2. Estar ausente del país o radicado en alguna localidad distante más de trescientos kilómetros o con la que no haya comunicaciones expeditas, hecho que calificará la junta.

3. Tener que desempeñar en los mismos días y horas de funcionamiento de las mesas, otras funciones que encomiende esta ley.

4. Tener más de setenta años de edad, rebajada a sesenta años de edad en virtud del Acuerdo del Consejo Directivo del Servicio Electoral publicado en el Diario Oficial el 4 de septiembre de 2020, dictado en uso de facultades extraordinarias otorgadas por la la Ley N° 21.257, de Reforma Constitucional.

5. Estar física o mentalmente imposibilitado de ejercer la función, circunstancia que deberá ser acreditada con certificado de un médico.

6. Cumplir labores en establecimientos hospitalarios en los mismos días en que funcionen las mesas receptoras, lo que deberá acreditarse mediante certificado del director del respectivo establecimiento de salud.

7. Estar la mujer en estado de embarazo o de puerperio dentro de las seis semanas previas al parto y hasta veinticuatro semanas siguientes a éste, circunstancia que deberá acreditarse mediante certificado médico, o con la documentación que acredite estar recibiendo el subsidio a que se refiere el artículo 198 del Código del Trabajo.

Adicionalmente, cabe recordar que con fecha 15 de octubre de 2020, se publicó en el Diario Oficial, un Acuerdo del Consejo Directivo del Servicio Electoral de fecha 14 de octubre de 2020, que Dicta Normas Interpretativas y Refunde Normas e Instrucciones que Indica para el Desarrollo del Plebiscito Nacional de 25 de Octubre de 2020, incorporándose como causales de excusa al llamado a ser vocal de mesa a “las mujeres embarazadas pero durante todo el período de gestación y quienes se desempeñen como cuidadoras o cuidadores de adultos mayores o personas con necesidades especiales y las que se desempeñen en los establecimientos de larga estadía para adultos mayores (Eleam) asimilándolos al número 6 del artículo 49 de la Ley 18.700, todo lo cual deberá acreditarse ante el delegado del local el día del Plebiscito o ante el Juez de Policía Local si llegaren a ser citados. Acreditados los antecedentes, los delegados de local no podrán considerar para la instalación de las mesas a las personas que se encuentren en algunas de las situaciones mencionadas en este numeral”.

Que el Servicio Electoral haya ampliado las causales para excusarse de cumplir con la carga pública de ser vocal de mesa, responde al mandato constitucional de la disposición cuadragésimo-primera transitoria ya reseñada, la cual además restringe el alcance de las medidas sanitarias adoptadas al imponerse que estas en caso alguno podrán afectar la realización del plebiscito a nivel nacional, regional ni comunal. Luego, el Servicio Electoral no estaba facultado en caso alguno para establecer una causal como la señalada por el recurrente dado que, como bien él señaló en su recurso, no existe un certificado médico que pueda acreditar el riesgo de contagio. Luego, validar una excusa como la indicada, sin medio de acreditación, con un nivel de amplitud ilimitado que no guarda relación con lo establecido por el legislador y que excedería el marco de los límites constitucionales, podría afectar la realización de plebiscito a nivel nacional, regional o comunal, algo que la propia Constitución Política mandató expresamente al Servicio Electoral evitar.

En efecto, como ya se indicó precedentemente, el origen de la Reforma Constitucional que postergó la realización del plebiscito del 26 de abril al 25 de octubre fue precisamente para proteger la salud de la población. Adicionalmente mediante otra reforma constitucional se otorgaron facultades extraordinarias al Servicio Electoral con la finalidad de dictar normas especiales, incluido un protocolo de carácter general y obligatorio en acuerdo con el Ministerio de Salud, para que dicho proceso se desarrolle de manera adecuada y segura.

El efecto práctico de lo alegado con anterioridad, ya ha sido el objetivo buscado por diversos recursos de protección que han solicitado a Ilustrísimas Cortes de Apelaciones, entre ellas la de nombre reservado, que se suspendiera el plebiscito por razones sanitarias, siendo todos ellos declarados inadmisibles.

Finaliza pidiendo tener por evacuado el informe solicitado, acoger lo alegado por esta parte, desestimando el recurso de protección presentado al efecto.

Luego comparece doña nombre reservado, exponiendo que de acuerdo a lo resuelto por la Junta Electoral de Magallanes y Antártica Chilena fue designada para desempeñar el cargo de Delegada en el Instituto Superior de Comercio para el Plebiscito realizado el 25 de octubre de 2020. Que, la designación de los vocales de mesa no es una atribución que sea de su competencia, aquella es una facultad privativa de la Junta Electoral de Magallanes, la nómina de Locales de Votación, vocales de mesa, miembros de Colegios Escrutadores y Delegados de las Juntas Electorales de Magallanes y Antártica Chilena fue publicada en el Diario La Prensa Austral de esta ciudad el día 03 de octubre de 2020.

Este año, producto de la contingencia sanitaria por Covid-19, Servicio Electoral decidió ampliar la cantidad de establecimientos destinados a locales de votación, reduciendo, de este modo, la cantidad de mesas receptoras de sufragios, en el Instituto Superior de Comercio comprendió desde la mesa 31M a 40M. Doña nombre reservado aparece designada como vocal en la mesa 32M.

Detalla luego todas aquellas medidas de seguridad tomadas el día del acto electoral.

Finalmente comparece nombre reservado, expone que De acuerdo a lo resuelto por la Junta Electoral de Magallanes y Antártica Chilena fue designada para desempeñar el cargo de Delegada en la Escuela Punta Delgada de la Comuna de San Gregorio para el Plebiscito realizado el 25 de octubre de 2020.

Que, la designación de los vocales de mesa no es una atribución que sea de su competencia, aquella es una facultad privativa de la Junta Electoral de Magallanes, la nómina de Locales de Votación, vocales de mesa, miembros de Colegios Escrutadores y Delegados de las Juntas Electorales de Magallanes y Antártica Chilena fue publicada en el Diario La Prensa Austral de la cuidad de nombre reservado el día 03 de octubre de 2020. Este año, producto de la contingencia sanitaria por Covid-19, Servicio Electoral decidió contemplar a tres facilitadores para este establecimiento, los cuales cumplieron a cabalidad con la fiscalización de higienizar manos, orientar y fiscalizar el distanciamiento y el uso de mascarillas correspondientes, todas medidas de seguridad que procuró fuesen cumplidas.

Se dispuso traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional para ser ejercitada en un procedimiento de urgencia, informal, inquisitivo, unilateral, breve y concentrado con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

Conforme a su naturaleza y claro objetivo, no genera, en sentido técnico, un juicio ni se persigue con su interposición establecer la responsabilidad civil, penal, infraccional o administrativa del ofensor. Por tanto, no se concibe respecto de una contienda civil entre partes ni da origen a un proceso penal o administrativo, es decir, no se aplica para discutir cuestiones de lato conocimiento respecto de las cuales el legislador ha establecido los procedimientos idóneos para que sean debatidas y resueltas.

SEGUNDO: Que, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos:

a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, según se lee en el recurso, lo que se atribuye a los recurridos en haber actuado ilegal y arbitrariamente, al no incorporar como causa de excusa para servir la función de vocal de mesa en el plebiscito celebrado el 25 de octubre recién pasado, el riego de contagio de Covid-19.

CUARTO: Que, en su informe, los recurrido, piden el rechazo del recurso por las razones expuestas en lo expositivo.

QUINTO: Que, como se puede apreciar, el momento en que eventualmente la actuación reprochada a los recurridos, deberían verificarse el día 25 de octubre, día de celebración del plebiscito constitucional, acto ya consumado, por lo que claramente el recurso ha perdido oportunidad. En efecto, el temor del recurrente es que se celebrase el acto plebiscitario, sin que se haya incorporado esa causal como excusa, acto ya celebrado en todo el territorio nacional.

SEXTO; Que, asimismo, teniendo presente las peticiones concretas del libelo pretensor, se está solicitando que esta Corte ordene al Servel, a la Junta Electora y al delegado de local “que se deba incluir como causal el riesgo de contraer el Covid-19, el cual el mismo ciudadano es el que lo tiene que determinar”, petición que escapa a la competencia de la corte en el presente recurso, porque se pretende que por vía de protección, se incluya, se cree en los hechos, una nueva excusa de aquellas contenidas en el artículo 49 de la Ley N° 18.700, materia reservada exclusivamente al órgano legislador, desbordando lo limites que la naturaleza cautelar, otorga a esta acción constitucional.

SEPTIMO: Que, con el mérito de los razonado precedentemente, deberá rechazarse el recurso de protección, como si dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo de Recursos de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA, con costas, el recurso de protección interpuesto por Alfonso Campos González y en contra de Consejo Directivo del Servel, en contra de la Junta Electoral de Magallanes y en contra los delegados de local nombre reservado Valdivia y nombre reservado.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N° 1754-2020-PROTECCION.-