Protección contra Servicios Web

Punta Arenas, quince de diciembre de dos mil veinte.

VISTOS:

Con fecha 02 de octubre de 2020 don nombre reservado, chileno, empleado, cedula nacional de identidad N° RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, quien señala que encontrándose dentro de plazo y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y al Auto Acordado sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección a Garantías Constitucionales, interponer acción constitucional de protección en contra de Servicios Web, Digitación y Publicidad nombre reservado E.I.R.L, Rut Nº RUT reservado, representado por don nombre reservado, C.I. Nº RUT reservado, en su calidad de propietario del sitio web www.eltirapiedras.cl, ambos domiciliados en domicilio reservado, en contra de nombre reservado, C.I. Nº RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado y en contra de nombre reservado, C.I. Nº RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, por haber incurrido en actos arbitrarios e ilegales que perturban, restringen y amenazan mi derecho constitucional a la integridad psíquica del Art.19 N°1 de la Carta Fundamental, al debido proceso del Art. 19 N° 3 inciso 5° y su derecho a la Honra del Art. 19 n° 4, ambos de nuestra Carta Fundamental, conforme a los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que expone:

I. SUMARIO. Indica que el presente recurso se interpone en contra de los sujetos previamente individualizados, por sus acciones personales e ilegítimas, al margen de todo procedimiento legalmente tramitado, y que privan y amenazan a su persona de las garantías de los números 3, inciso 5to., y 4 del artículo 19 de nuestra Constitución Política de la República.

Señala que el objeto de esta acción es obtener que se adopten de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de este recurrente, conforme se verá más adelante.

CONTEXTO DE LOS HECHOS Acota que actualmente desempeña el cargo de Secretario General de la Corporación de Educación, Salud y Menores de Puerto Natales, y es del caso señalar que me encuentro gozando de licencia médica por una intervención quirúrgica en mi codo derecho. Con fecha 29 de julio de 2019, y con motivo de un cambio de condiciones en su contrato, fue finiquitado por dicha Corporación, de acuerdo a lo contemplado en el artículo 159 Nº 1 del Código del Trabajo, a decir, mutuo acuerdo de las partes. Agrega que en dicho finiquito, se le pagó por los conceptos de años de servicio y el Feriado Anual y Proporcional; y, acto seguido, fue nuevamente contratado -con estas nuevas condiciones laborales- por el mismo empleador, firmando un nuevo contrato de trabajo, gestión que fue revisada por los órganos fiscalizadores pertinentes, sin observaciones. Sin embargo, como se apreciará en los párrafos siguientes, ha sido víctima de una suerte de persecución y juzgamiento público por los hechos recién apuntados, lo cual escapa de la esfera de la libertad de prensa contemplada por el artículo 19 Nº 12 de nuestra Constitución Política de la República, lo cual le ha traído consecuencias personales que han afectado incluso mi integridad física. A mayor abundamiento, en redes sociales se realizó un llamado a dañar su casa Señala que este tema fue puesto en conocimiento de carabineros a través del parte Nº 874 de fecha 24 de septiembre de 2020, el cual fue derivado a Fiscalía. III. IMPUTACION DE ACTO ARBITRARIO E ILEGAL AL DIARIO DIGITAL “EL TIRAPIEDRAS.CL” 8. El acto arbitrario e ilegal que se imputa a este recurrido y que iremos desglosando en las páginas siguientes, consiste en haber efectuado publicaciones, que van más allá de su derecho a informar y libertad de expresión, en colisión y/o vulneración al derecho a la honra de la persona y su familia, garantías contempladas en el Art. 19 N°s 1 y 4 de Nuestra Carta Fundamental; y por constituir dichas expresiones y publicaciones -de agresiones a su salud psíquica y de hecho, además, calumniosas-, sustitutos ilegales del dictamen de un ente jurisdiccional que conforme a la Ley debe conocer las faltas administrativas y eventuales delitos funcionarios de un ciudadano, transformándose de esta forma en una comisión especial, violentando con ello la garantía constitucional del debido proceso del Art. 19 N° 3 inciso 5° de nuestra Constitución Política de la Republica. Ambas garantías protegidas por este remedio constitucional. 9. Lo primero a analizar es la legitimación de Servicios Web, Digitación y Publicidad nombre reservado E.I.R.L para tener la calidad de recurrido en esta acción constitucional. Consultado el sitio web de Nic Chile2, se puede apreciar que el dueño del dominio web www.eltirapiedras.cl es el recurrido previamente individualizado.

Consultado el Rut previamente indicado, podemos apreciar que se trata de la E.I.R.L en comento.

Agrega que por lo tanto, puede acreditar que el responsable del contenido incorporado en el sitio web www.eltirapiedras.cl corresponde a Servicios Web, Digitación y Publicidad nombre reservado E.I.R.L.- Noticias publicadas. El Diario digital en comento ha publicado una seguidilla de noticias, con una notable desprolijidad de contenido y profiriendo expresiones calumniosas, en directo vejamen de mi persona, en las cuales plantea conclusiones, calificaciones jurídicas y opiniones que buscan generar animadversión pública hacia mi persona. 13. Con fecha 02 de septiembre del corriente, el recurrido publica una noticia titulada “Hipotecaron el Rodoviario: municipio de Natales llegó a acuerdo para leaseback con empresa Norte Uno S.A.3”. 14. Para los fines del presente recurso cabe destacar el siguiente extracto:

- “Queda demostrado que fue la actual administración quien ha llevado a la Cormunat a un descalabro económico sin precedentes…”(Sic) ii- “Esto quiere decir que desde que ingresó a la CORMUNAT el actual secretario ALEJANDRO VELASQUEZ el año 2013, cuando en ese entonces el déficit era del orden de los $800 millones de pesos; el déficit se incrementó en una cifra cercana a los $2.000 millones de pesos incluyendo la cancelación de las demandas docentes.” (Sic) De ambos extractos, redactados directamente por el recurrido, sin citar investigación ni a nadie –por lo que son de su propia voz-, se aprecia claramente como este medio periodístico se arroga facultades contraloras de las cuales carece, y trasuntan un abuso del derecho de la libertad de prensa y libertad de expresión. 15. La transcripción íntegra de la noticia es la siguiente:

Agrega que claramente vislumbra que el Diario, más allá de informar sobre un hecho de interés general, emite una opinión propia al respecto. Estas frases nos apuntan desde ya a un juzgamiento público del medio de comunicación hacia su persona, concluyendo por sí mismos y exponiéndolo así a la comunidad, que es personalmente responsable del descalabro económico de la Corporación en que trabajo. 17. Acto seguido, con fecha 24 de septiembre de 2020, se publica la noticia titulada “Municipio y Cormunat: manantial inagotable de situaciones poco claras”. Esta noticia comienza señalando lo siguiente:

De inmediato llama poderosamente la atención el calificativo de “controvertido” en alusión a mi persona, adjetivo planteado propiamente por el medio de comunicación. 20. Acto seguido, procede a publicar una imagen de mi finiquito.

Sin embargo, los comentarios siguientes denotan la intención del medio de comunicación:

Indica que de una simple lectura de la noticia podemos apreciar que el medio da como un hecho que existiría los ilícitos de “Apropiación indebida” (delito) y “Notable abandono de deberes” (Causal de remosión administrativa de los alcaldes) por los actos de administración de la CORMUNAT que yo dirijo. 23. Es decir, me imputa estos 2 hechos ilícitos, cosa que además de repugnar al ejercicio periodístico serio, confunde instituciones que no son aplicables a mi calidad funcionaria -notable abandono de deberes- se constituye en una imputación de un delito cierto pero falso, es decir una calumnia. 24. Sin embargo, la mayor repercusión pública radica en la publicación de su finiquito, como más adelante indicara. Ahora bien, con fecha 25 de septiembre de 2020, es publicada la noticia: “Jueves negro del alcalde Paredes”. Esta noticia ahonda en los hechos descritos al comienzo de esta presentación, es decir, mi situación laboral actual:

Acota que se puede apreciar que el tenor de la noticia es una directa crítica al acto jurídico de su finiquito y su nueva contratación, estando en total desacuerdo con los dineros que me fueran pagados, haciendo eco de la situación económica al interior de la CORMUNAT. Ello queda patente con el punto final de su noticia, agregando incluso un tag con su nombre:

Agrega que este tema no ha sido abandonado por el Diario, quienes con fecha 28 de septiembre de presente publican una nueva noticia relativa a mi persona titulada “Los <> de la CORMUNAT”. 29. En ella desarrolla lo siguiente:

Sin embargo, nuevamente cae en conclusiones y en ataques a su persona, incluyendo una vez más el tema de su finiquito dentro de los tags de su noticia.

Finalmente, ya el 26 de septiembre de 2020, es publicada noticia titulada “Alcalde Paredes se enreda en explicaciones”. 32. En tal noticia se cuestiona si mi renuncia y consecuente finiquito era ético, moral e incluso necesario. 33. Sin embargo, el verdadero juzgamiento comienza en los párrafos siguientes de la noticia, comenzando por tildar de “excusa” el acto jurídico de mi finiquito:

Indica que en esta publicación resulta indubitada la posición del diario. 35. En los supuestos “análisis” – sin autor distinto al mismo medio- que efectúa sólo se dedica a vapulearme, señalando expresamente que la suma de mi finiquito constituye “una abultada diferencia monetaria que entusiasmaba al secretario nombre reservado”. Considerar como excusa el hecho de haberme finiquitado, considerar erróneo el cálculo de un finiquito por mutuo acuerdo entre las partes, esgrimiendo calificaciones jurídicas al efecto y nuevamente argüir que mi administración fue un descalabro económico, sin duda configura un abuso a la libertad de prensa. Más que una noticia -en los hechos, 6 publicaciones- es una abierta crítica a mi persona y a mi situación laboral, y resulta hasta absurda la alusión efectuada a la actitud que debe tomar un trabajador cuando siente vulneración de derechos en el desempeño de sus funciones, pues considera que lo más lógico es “Renunciar”. Así las cosas SS.I., no estamos ante un editor, que de manera seria y responsable se dedica al periodismo, estamos en presencia de una persona que usa un medio de comunicación digital para dar a conocer a la ciudadanía su particular y odiosa visión del acontecer provincial, eso sí, transgrediendo la honra y honor de los destinatarios de sus publicaciones. SS.I, se trata de un caso de texto de abuso del derecho. Impacto en redes sociales. 37. Realizando un ejercicio lógico ¿Cuál es la finalidad de este medio de comunicación? Sin duda alguna que el hecho de recalcar una y otra vez, mi supuesta mala administración, el hecho que fuera finiquitado y el que mantenga un cargo dentro de la CORMUNAT no tiene otro fin que generar una opinión pública contraria a su persona. Se pregunta ahora ¿Cuál es la animadversión que existe en mi contra? Es indubitado que en toda la región de Magallanes altos cargos son finiquitados y se les paga una indemnización por ello, todo calculado de acuerdo a su remuneración, pero ¿por qué tanta odiosidad contra mi persona? El Diario en comento parece vanagloriarse de las opiniones negativas que sus publicaciones han generado contra mi persona. Así, con fecha 25 de septiembre de 2020 publica una noticia titulada “En redes sociales deploran y critican millonario auto finiquito de secretario de la Cormunat, Alejandro Velásquez”. 41. Primeramente, podemos apreciar el uso del término “auto finiquito” con un fin irónico y vejatorio, totalmente alejado de lo que representa el término de la relación laboral por el artículo 159 Nº1 del Código del Trabajo, toda vez que un término acertado a la realidad de los hechos debiera ser “término de la relación laboral”, claro que no tiene el mismo efecto mediático que el primero. 42. Acto seguido, agrega lo siguiente:

Señala que con ello inmediatamente se vislumbra que se atribuyen responsabilidad por la odiosidad que en redes sociales se ha generado en mi contra. 12 44. Para ilustrar ello, el diario acompaña tres imágenes que dan cuenta de lo señalado. Sin embargo, las reacciones no fueron solo las que señala el medio de comunicación. Al efecto, podemos señalar a modo de ejemplo las siguientes muestras, insistiendo en que se trata solo de una pequeña muestra de las reacciones generadas.

HECHOS IMPUTADOS A nombre reservado. Indica que en lo que respecta a este particular, se ha empecinado en dedicar sus redes sociales hacia un ataque permanente hacia su persona de manera vejatoria e injuriosa, Los términos de las publicaciones y su alcance, dan cuenta que se está en presencia de un acto auto tutelar, ejecutado al margen del ordenamiento del jurídico, donde el recurrido pretende hacerse justicia por mano propia, apartándose de las vías que el derecho pone a su disposición para la satisfacción de sus intereses. 47. Lisa y llanamente se dedica a subir “memes4” en sus redes sociales sobre mi situación laboral, denostándome públicamente, lo cual ha reiterado en múltiples oportunidades, transformándose en un ejercicio abusivo de su derecho de expresión, y a emitir opinión.

Refiere que no hay lugar a dudas que las publicaciones emitidas por este individuo son vejatorias a su persona, pues en un evidente e intencionado exceso de dedicación personal se ha empecinado en vilipendiar su imagen, denostándome públicamente, poniéndome incluso asociado a la imagen del narcotraficante nombre reservado. Estas publicaciones han afectado su honra desde el punto de vista objetivo y subjetivo, siguiendo la distinción realizada por nuestra Excelentísima Corte Suprema. Desde el punto de vista objetivo lo ha hecho afectando definitivamente la apreciación que terceros pueden hacerse de él, desde que todas las personas con acceso a sus cuentas pueden enterarse de ellas. Desde un punto de vista subjetivo porque en definitiva afecta su autoestima el verse expuesto a publicaciones que tiene como único objeto destruir el valor intrínseco de su persona con la sociedad, afectando su imagen y la apreciación de él que pueda tener la sociedad, asimismo, dichas publicaciones afectan su vida privada y honra en cuanto se caricaturiza y ridiculiza su situación laboral, tachándola claramente de antiética, falta de probidad, sinvergüenza, y toda la serie de epítetos utilizados.

HECHOS RESPECTO A nombre reservado. Refiere que en un tenor similar al anterior, este particular se ha empecinado en denostarle a través de sus redes sociales, profiriéndome expresiones tales como “Petizo”; “Corrupto” las cuales solo tienen como propósito denostar, menospreciar, y degradar a su persona.

ACTO ARBITRARIO E ILEGAL. Indica que como se ha señalado a lo largo de esta presentación, tanto las noticias publicadas por el Diario como los individuos señalados, tienen una marcada tónica: califican de desastrosa su gestión como Secretario General y consideran errónea su renuncia, finiquito y posterior nueva contratación. Al respecto, estiman que el acto jurídico del finiquito y posterior contratación son improcedentes, luego que ello atentaría contra la ética y la moral, para luego cuestionar su monto.

Agrega que los recurridos, POR SÍ Y ANTE SÍ, ejecutan un juzgamiento del acto jurídico celebrado con su empleador (sin duda sin conocimiento jurídico), aplicando de facto un criterio sancionatorio, pero: a. Sin proceso jurisdiccional previo, ni civil, ni administrativo, ni arbitral, ni laboral. b. Determinando por sí y ante sí, un supuesto incumplimiento en la legislación laboral. c. Obviamente, sin siquiera comunicar a esta parte su decisión, sin escucharla previamente y además, saltándose todos los canales formales de comunicación. d. Saltándose la regla lógica (y legal, por cierto) de otorgar un plazo para regularizar cualquier eventual inconveniente. e. En el fondo: Justicia por mano propia. Y eso, no es justicia, es atropello.

Refiere que en definitiva, se adoptan vías de hecho para sancionar un acto jurídico del cual no son parte, sin observar los procedimientos legales conforme al artículo 1ro. del Código Orgánico de Tribunales, ni menos las estipulaciones contractuales, como ordena el artículo 1545 del Código Civil, privando de tal manera su garantía a un justo y debido proceso, y de facto, fue juzgado por una comisión especial, con perjuicio para su persona. Sin lugar a dudas que este actuar vulnera lo preceptuado por el artículo 1º del Código Orgánico de Tribunales, el artículo 1545 del Código Civil, artículo 159 Nº 1 del Código del Trabajo, artículo 177 del mismo Código y artículo 19 Nº 16 de la Constitución Política de la República, como se detallará más adelante en esta presentación. No menos importante, se me apunta como el responsable del descalabro económico de la CORMUNAT, de manera completamente arbitraria e ilegal, dado que como se señaló, no existió un procedimiento en mi contra que así lo determine, sino que esta conclusión arribó solamente del juzgamiento efectuado por el medio de comunicación.

Señala que respecto del Recurrido TIRAPIEDRAS.CL, se debe efectuar además el siguiente análisis; su actividad de difusión de ideas, informaciones, y noticias está amparada en la Libertad de Información; y libertad de expresión. Por la primera de ellas; El derecho a la libertad de información constituye la facultad de toda persona para ser informada, recibir y transmitir, sin censura previa (con excepción de la protección de los menores y adolescentes), de cualquier forma y por cualquier medio respecto de hechos, datos o acontecimientos organizados que describen y se relacionan con una situación u objeto determinado, dentro de un contexto y cultura determinada, pudiendo interpretarla y comentarla, siendo tal comunicación veraz y versando sobre acontecimientos de relevancia pública, ya sea por su contenido o por las personas que en ella participan, respetando los ámbitos de privacidad de las personas que no dañan a terceros o que no inciden en ámbitos de relevancia pública o afecten el bien común, contribuyendo a la formación de una opinión pública libre y el discernimiento crítico de la ciudadanía en una sociedad democrática. Tal derecho incluye la facultad instrumental de crear, desarrollar y mantener medios de comunicación de acuerdo con las regulaciones que determina la Constitución y las leyes. Por la segunda El derecho a la libertad de opinión constituye la facultad de la persona para expresar de cualquier forma y por cualquier medio, sin censura previa, su universo moral, cognitivo y simbólico, vale decir, lo que tiene su origen y desarrollo en la esfera psíquica de la persona y es explicitado de propia voluntad (lo que cree, piensa, sabe o siente), a través de ideas y juicios de valor (sin que ellos constituyan en sí mismos vejaciones o insultos, innecesarios para expresar ideas), los que por su naturaleza, son subjetivos, pudiendo intercambiarlos y difundirlos. Tal derecho incluye el guardar silencio y no emitir opinión.

Refiere que sin embargo, como todo derecho reconoce límites, tratándose de un medio cuya misión es informar, a su respecto le queda vedado emitir opinión, y debe observar mayor objetividad o contrastación. La libertad de información se refiere a juicios de realidad, hechos, datos, acontecimientos contrastables, cuya veracidad puede ser demostrada o desmentida. En tal caso, el ejercicio legítimo de la libertad de información exige veracidad, vale decir, una adecuada contrastación del hecho, dato o acontecimiento. Nada de esto aconteció en la especie, pues como quedo asentado en las páginas anteriores, el recurrido, se dedicó a emitir juicios de valor, no contrastados por nadie, y a emitir calificaciones jurídicas suplantando a la autoridad jurisdiccional legítimamente constituida, e imputándome delitos, tales como el de apropiación ilícita y notable abandono de deberes.

Acota que este límite, está expresamente reconocido a nivel legal en la Ley 19.733 sobre sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo, en la cual sanciona el incorporar expresiones injuriosas o calumniosas en los distintos medios de información. ¿Y de que otra manera podría considerarse una publicación informativa como no injuriosa, si tal como vimos efectúa juicios de valor en menos crédito de un funcionario, cuestiona la legalidad de sus relaciones laborales, le atribuye un mal manejo administrativo, desliza la posibilidad de estar cometiéndose delitos de apropiación ilícita y notable abandono de deberes? Ciertamente con ello no se persigue el fin más que lícito y democrático de formar opinión, sino que todo lo contrario solo incita al odio colectivo, como quedó demostrado con la gran cantidad de publicaciones, y comentarios negativos sobre mi persona, moralidad, ética y labor funcionaria en la relación laboral en la Corporación Municipal de Puerto Natales Finalmente el propio medio digital reconoce este actuar al filo de la legalidad, en su propia carta de presentación, la siguiente frase corresponde casi a una declaración de principios, que da cuenta de su línea editorial, al señalar que: “no tiene temor a innovar y correr riesgos en el difícil mundo de las comunicaciones.”

Indica que lamentablemente, si bien es loable que con el fin de informar mejor se tomen riesgos, eso no avala en caso alguno que el derecho a informar se haga con transferencia de jurisdicción, calificando jurídicamente mi desempeño funcionario, e imputando delitos sin siquiera efectuar la denuncia correspondiente.

PLAZO DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO. Señala que la primera actuación efectuada en su contra data del 02 de septiembre de 2020, y sus efectos se han mantenido en el tiempo según he relatado anteriormente, por lo que a la fecha este recurso se está interponiendo dentro de plazo legal.

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INFRINGIDAS. Conforme a los antecedentes expuestos, esta parte señala que las garantías infringidas corresponden a las garantías de los números 1, 3, inciso 5to., y N° 4 del artículo 19 de nuestra Constitución Política de la República IX- FORMA DE AFECTACIÓN DE LAS GARANTÍAS. Como señala el profesor nombre reservado: “No debe olvidarse que el agravio puede manifestarse como “amenaza”, como “perturbación” o como “privación”, y, por tanto, así ha de entenderse el planteamiento del recurrente para el cómputo del plazo, pues puede muy bien que no reclame por la “amenaza” de un agravio, (ya que razonablemente puede creer que va a cesar) y reclame, en cambio, cuando se produzca efectivamente la “perturbación” o “privación” del legítimo ejercicio de un derecho garantizado por este recurso de protección”8. 62. Sin perjuicio de lo anterior, al tratarse de una perturbación permanente, el acto se renueva y mantiene día a día, por lo que el plazo comienza a correr desde que se comete el último de ellos. Como mencionó, los actos ilegales y arbitrarios de los recurridos, han afectado su garantía al debido proceso, pues a través de un acto de auto-tutela se han transformado en una comisión especial que ha juzgado por sí y ante sí el desempeño de mi cargo como secretario General de la CORMUNAT y la validez tanto del acto jurídico de mi finiquito como de mi nueva contratación. Igualmente, en consecuencias de sus decisiones, unilaterales, inconsultas y caprichosas se adoptan vías de hecho, en un atentado público contra mi persona a través múltiples publicaciones vejatorias con un notorio fin generar odiosidad en la comunidad. i. Perturbación a la garantía de la integridad psíquica consagrado en el Art. 19 N° 1 de la Constitución Política de la Republica.

Refiere que como se ha podido apreciar los recurridos han construido una imagen pública gansteril de mi persona, inconsistente con mi trayectoria, vida familiar y sobre todo con propia conducta proba que he desplegado en la CORMUNAT, donde ha tenido que enfrentar situaciones de déficit estructural y juicios laborales por hechos anteriores a su gestión. Es en ese contexto donde en defensa de los años trabajados y las remuneraciones de los mismos, no acepté una modificación de mi sueldo a montos variables, que cambiarían a futuro los cálculos de la indemnización por años de servicios, lo que motivo el finiquito que tanto vilipendian los recurridos.

Acota que en esa dinámica, la imputación de ilícitos y los llamados a ir a dañar su domicilio han traído un estado psíquico grave, problemas de sueño, angustia y estados de tristeza que he tenido que tratar, cuestiones que constituyen actos que perturban su salud mental y consecuentemente, su integridad psíquica.

Privación a la garantía del debido proceso consagrado en el Art. 19 N° 3 inciso 5° de la Constitución Política de la Republica. La norma constitucional antes referida, dispone que: “Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho”. 68. En la jurisprudencia constitucional se encuentran diversas categorías de “comisiones especiales”: i) casos en que particulares son considerados comisiones especiales, ya sea porque imponen una medida disciplinaria sin que exista un vínculo asociativo o bien ii) porque ejercen auto tutela; iii) casos en que no se respeta el debido proceso; iv) casos en que la actividad de órganos de la Administración del Estado es considerada como jurisdiccional; y v) casos en que otros órganos del Estado se consideran comisiones especiales al actuar fuera de las facultades que la ley les entrega. 69. Lo que hemos denunciado es auto-tutela, constituida por vías de hecho ejercidas por los recurridos para calificar como desastrosa mi administración en la CORMUNAT e invalidar el acto jurídico de mi finiquito y mi nueva contratación.

Refiere que la autotutela, en palabras de nuestra Jurisprudencia; “Corresponde a aquellos casos en que un particular “toma la justicia por las propias manos”, resolviendo por sí mismo un conflicto que debería ser resuelto por la judicatura. Así, por realizar una actuación que corresponde a los tribunales, tal actuación se asume como actividad jurisdiccional ilegítima, convirtiéndose el sujeto en una comisión especial. (“El actuar del recurrido aparece como contrario a la legalidad vigente en la medida que pretende en forma unilateral resolver una situación que debió someterse a la decisión de los tribunales ordinarios de justicia a través de los procedimientos correspondientes, y por consiguiente, por vías de hecho ha incurrido en una acción ilegal que perturba lo estatuido en el artículo 19 N°3 inciso cuarto [actual quinto] de nuestra Carta 29 Fundamental, en cuanto prescribe que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales”.

Señala que en los hechos, si se consideraba que su gestión como secretario general no era satisfactoria, así debió haberlo denunciado a la autoridad competente. 72. Lo mismo en relación a su finiquito, sus montos y posterior contratación. iii. Privación de la garantía de la Honra y Honor de la persona, del nro. 4 del Art. 19 de la Constitución Política de la República. 73. La Constitución asegura a todas las personas; “El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia”

Indica que el honor suele relacionarse con dos esferas: una subjetiva, que corresponde al sentimiento del individuo sobre su propia dignidad y una objetiva, relacionada con la apreciación que los demás tienen de nuestras cualidades morales y de nuestro valor social. El derecho a la protección de la honra constituye una facultad que emana de la dignidad humana y de su realidad de persona inserta en la sociedad, que tiene una dimensión de heteroestima constituida por el aprecio de los demás por nuestros actos y comportamientos, como asimismo, una dimensión de autoestima dada por la conciencia de la autenticidad de su accionar, protegiendo la verdad e integridad de la persona y sus actos y comportamientos societales.

Agrega que la honra de la persona se afecta así, tanto por el hecho de serle atribuida una fama que no le corresponde, por estar basada en hechos falsos, como asimismo, por sus actuaciones y comportamientos que implican una vulneración del orden jurídico o de sus obligaciones éticas. La protección de la honra debe posibilitar recomponer las cosas en su justo término y preservar la verdad de la persona y sus actuaciones12. 76. Una sentencia de nuestro Tribunal Constitucional, se refiere a este último sentido, a propósito de un recurso de inaplicabilidad sobre el artículo 2331 de! Código Civil señalando: "que el respeto y protección del derecho a la honra, que asegura la Constitución, es sinónimo de derecho al respeto y protección de un "buen nombre".

Indica que para don nombre reservado, la honra de una persona se afecta: “degradándolo, cuando proyecta actos y comportamientos que buscan construir una reputación falsa, como, asimismo, cuando desarrolla actos y comportamientos que vulneran sus compromisos y obligaciones familiares y sociales. Por ello, la información de datos, actuaciones o comportamientos de una persona verdaderos y de relevancia pública nunca pueden constituir una afectación arbitraria o antijurídica del honor u honra de la persona, como es la tendencia en el derecho comparado en el ámbito penal.”. En la especie, las publicaciones efectuadas por el diario electrónico “TIRAPIEDRAS.CL”, en un ejercicio abusivo de la libertad de informar, producen un profundo daño y afectación a mi honra, es decir a este derecho al “Buen nombre” del suscrito; por cuanto: a- Me atribuye ser el responsable del “descalabro económico sin precedentes de la CORMUNAT.”(Sic) b- Cuestiona la legalidad, moralidad y juridicidad de un finiquito laboral, autorizado debidamente ante la Inspección Provincial del Trabajo de Puerto Natales. Se permite cuestionar las posibilidades de actuación de un funcionario que juzga ser víctima de vulneración de derechos fundamentales, impugna los montos indemnizatorios calificándolos de ilegales. c- Informa falsamente que soy el responsable de “Hipotecar” el Rodoviario de Puerto Natales, cuando la operación celebrada -Lease back- no conlleva hipoteca alguna, generando desconocimiento en la opinión pública. d- Desliza livianamente la comisión de los delitos de apropiación indebida de cotizaciones previsionales, y de notable abandono de deberes en mi gestión como Secretario General de la Corporación de Educación, Salud y Menores de Puerto Natales.

Señala que todo lo anterior, nace únicamente del fuero interno del recurrido, quien sin confirmar fuentes, ejecuta juicios de valor que afectan directamente mi percepción ante la comunidad, desprestigiándome, sometiéndome a un escrutinio público, sin siquiera haber sido objeto de denuncia alguna, restando todo valor a mi dignidad como funcionario Municipal desde el año 2013. Respecto de los otros 2 recurridos, ni siquiera están amparados en la libertad de informar y libertad de prensa, constituyendo sus epítetos un mero ejercicio abusivo del derecho a opinar, por cuanto incurren en el menosprecio, descredito y humillación de mi calidad de persona, afectando seriamente mi honor y autoestima, por cuanto el derecho a la libertad de opinión constituye la facultad de la persona para expresar de cualquier forma y por cualquier medio, sin censura previa, su universo moral, cognitivo y simbólico, vale decir, lo que tiene su origen y desarrollo en la esfera psíquica de la persona y es explicitado de propia voluntad pero, sin que ellos constituyan en sí mismos vejaciones o insultos, innecesarios para expresar ideas, que es precisamente lo que ha ocurrido con los recurridos nombre reservado; y nombre reservado.

ILEGALIDAD Y ARBITRARIEDAD. Indica que tal como ya se viene anunciando, esta recurrente estima que en el actuar de los recurridos concurren tanto una ilegalidad como una arbitrariedad, conforme paso a exponer. a. Ilegalidad. 81. El actuar denunciado infringe abiertamente la ley. En efecto, desde ya, en primer término y desde el punto de vista orgánico, es evidente que la acción de auto tutela infringe al artículo 1ro. del Código Orgánico de Tribunales, por cuanto priva del conocimiento de un conflicto a un tribunal legalmente contemplado. 82. La forma, legalidad, procedencia y montos de mi finiquito se ha ajustado a la Ley laboral vigente: a. Los actos jurídicos de finiquito y contratación efectuados en julio de 2019, se encuentran conforme a la ley. b. Fueron revisados, vía reenvío de la Contraloría General de la República, por la Dirección Regional del Trabajo, no formulando reparo por los mismos. c. Desde el punto de vistas de los egresos, las sumas pagadas son equivalentes a los pagos por la causal de necesidades de la empresa o despido del gerente, con el beneficio de que no existe posibilidad que estas sean reclamadas y aumentadas ante un Tribunal del Trabajo. Por lo tanto, podemos concluir que la AUTO TUTELA, en el caso de autos rompe todas las normas del estado de derecho destinadas a dirimir de un conflicto, permitiéndonos calificar como ilegal el actuar de los recurridos.

Arbitrariedad. En cuanto a la arbitrariedad, estima su efectiva concurrencia, conforme pasamos a exponer en los párrafos siguientes. La doctrina en forma unánime define lo arbitrario como aquello que carece de fundamento racional o que se funda en el mero capricho, y más extensamente corresponde a la “falta de fundamento racional de un acto, cuando el acto se desarrolla por mero capricho, cuando hay falta de proporcionalidad entre el fin y los medios que se utilizan, cuando hay falta de hechos que justifiquen un proceder”. Por su parte jurisprudencia arraigada de los altos tribunales de la república, coincidiendo con la academia, ha declarado que “la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir; falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a obtener, o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar, lo que pugna contra la lógica y la recta razón”. Como lo señaló anteriormente, los actos realizados se han ajustado a derecho y es más, obedecen a un razonamiento lógico e incluso, con el fin de evitar posteriores consecuencias perniciosas. De esta manera, las críticas que se han efectuado en contra el acto jurídico de mi finiquito y mi posterior contratación carecen de cualquiera fundamentación razonable. Tal como señalamos anteriormente, si nos situamos en un escenario diferente, un despido injustificado, los montos a pagar hubieran sido superiores. 88. La forma en que las publicaciones de prensa, y las publicaciones en la red social Facebook de los otros 2 recurridos atacan y denuncian la existencia de esta forma de contratar y de prestar sus servicios a la Corporación Municipal de Puerto Natales, muestran un mero capricho, que además es llevado a cabo en términos ofensivos, lo que muestra entonces la ausencia de toda razón válidamente expresada para justificar el actuar de los recurridos. 89. Asimismo, junto con ser injustificado y voluntarioso, el actuar de los recurridos resulta absolutamente desproporcionado para las razones que argumentaron, pues sea cual sean sus motivos, no se puede denostar en forma completa y sin aviso a un trabajador, vilipendiándolo públicamente sin escrúpulo alguno.

Concluye que en síntesis, solicita se reestablezca el imperio del derecho y que se asegure la debida protección del afectado, adoptando todas las providencias que sean necesarias para remediar la conculcación infringida a los derechos constitucionales del actor por causa de los actos realizados por los recurridos. Específicamente, se solicita a S.S.I se sirva declarar que: a) Ordenar la inmediata eliminación de las noticias y publicaciones efectuadas en redes sociales por parte de los recurridos, tanto las señaladas en esta presentación como cualquiera otra referida a mi persona. b) Ordenar a los recurridos a efectuar disculpas públicas hacia mi persona. c) Condenar a los recurridos al pago de las costas de la causa. Solicita tener por interpuesta la presente Acción de Protección de Garantías Constitucionales, acogerlo a tramitación y, luego del informe de la recurrida, acogerla en todas sus partes, ordenando que se reestablezca el imperio del derecho y que se asegure la debida protección del afectado, adoptando todas las providencias que sean necesarias para remediar la conculcación infringida a los derechos constitucionales por causa de los actos arbitrarios e ilegales realizados ejecutados por los recurridos, actos que son ilegales y arbitrarios que perturban y privan gravemente las garantías constitucionales citadas. Específicamente, se solicita a S.S.I: a) Ordenar la inmediata eliminación de las noticias y publicaciones efectuadas en redes sociales por parte de los recurridos, tanto las señaladas en esta presentación como cualquiera otra referida a mi persona. b) Ordenar a los recurridos a efectuar disculpas públicas hacia mi persona. c) Condenar a los recurridos al pago de las costas de la causa.

Con fecha 14 de octubre de 2020 evacua informe don MAURICIO DAZA CARRASCO, abogado, célula nacional de identidad Nº RUT reservado , en representación según personería que indica de SERVICIOS WEB, DIGITACIÓN Y PUBLICIDAD nombre reservado E.I.R.L., RUT RUT reservado, ambos domiciliados domicilio reservado, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, recurrido en los presentes autos sobre acción constitucional de protección, quien solicita desde ya su total rechazo, con expresa y ejemplar condena encostas.

Indica que la empresa “Servicios Web, Digitación y Publicidad nombre reservado E.I.R.L.” fue creada 10 de marzo de 2014, y cuya administración corresponde al señor nombre reservado según sus estatutos. En el ejercicio de su giro su representado maneja un medio de comunicación electrónico en la ciudad de Puerto Natales, denominado “El Tirapiedras” al cual se puede acceder desde la dirección de internetwww.eltirapiedras.cl. Dicho medio se encuentra centrado en cubrir la actualidadcomunal y regional, especialmente en el ámbito social y político.

Señala que el referido medio de comunicación, el cual se enfoca en cubrir la actualidad comunal y regional, especialmente en el ámbito social y político, nace en diciembre del año 2019, con un marcado sello independiente, el cual pretende reivindicar lo que considera es una parte relevante de la identidad natalina asociada a las grandes luchas obreras y sindicales que se dieron las primeras décadas del siglo XX en dicha provincia y la Patagonia chileno-argentina. Asimismo, en el difícil mundo de las comunicaciones y viviendo un contexto local y regional no demasiado proclive al surgimiento de medios independientes por los diversos riesgos que se corren, mi patrocinado apostó desde un comienzo a generar una iniciativa autogestionada (con recursos propios), sin avisaje municipal ni público de por medio, bajo la convicción que con ello podría mantener de mejor forma su independencia, especialmente en una comunidad pequeña, como la de Puerto Natales.

Acota que es del caso que dentro del ejercicio de su actividad propia, el referido medio de comunicación electrónico recibió información sobre la situación de la Corporación de Educación, Salud y Menores de Puerto Natales (en adelante indistintamente “CORMUNAT”), la cual es financiada con recursos públicos aportados por la Municipalidad de dicha comuna, y que es administrada por personas que son designadas por la autoridad municipal. A lo anterior, se debe agregar que se trata de una entidad que, como su nombre lo indica, atiende un fin de interés público el cual tiene un alto impacto en la vida de una parte importante de los habitantes de la comuna de Puerto Natales, al gestionar atenciones de educación, de salud y protección a menores de edad. Es así como en los estatutos de constitución de CORMUNAT de fecha 22 de junio de 1983, los cuales fueron validados a través del Decreto Supremo Nº506 de 18 de junio de 1984 del Ministerio de Justicia, por medio del cual se le concedió personalidad jurídica, se establece expresamente en su artículo segundo que dentro de los objetivos de esta entidad sin fines de lucro se encuentra: “a) Administrar y operar servicios en las áreas de educación, salud y atención a menores que haya tomado a su cargo la I. Municipalidad de Puerto Natales, adoptando las medidas necesarias para su dotación, ampliación y perfeccionamiento.” “b) Difundir en la opinión pública el conocimiento de los objetivos que impulsa la corporación y las realizaciones que ella lleva a cabo.” Asimismo, el artículo 15º de los referidos Estatutos, establecen que CORMUNAT será administrada por un directorio compuesto por cuatro miembros, que serán concejiles, además del Alcalde la comuna de Puerto Natales, quien tendrá la calidad de Presidente de la Corporación. A dicho directorio le corresponde designar a un secretario y un tesorero.

Destaca que al Secretario de la corporación, en conformidad al artículo 24º de los Estatutos de CORMUNAT, le corresponde la marcha administrativa de dicha entidad, con arreglo a los acuerdos del Directorio, además de realizar todas las demás actuaciones que el directorio le encomiende respecto de la organización de la corporación como de su funcionamiento interno. En definitiva, y como se puede apreciar, existe un interés público comprometido en la debida administración de CORMUNAT, en la cual participan personas que conforme a sus estatutos, son autoridades públicas, quienes además designan al secretario de esta entidad, que es quien gestiona la actividad habitual de la corporación.

INEXISTENCIA DE ACTOS ILEGALES O ARBITRARIOS. Señala que En el contexto señalado en el capítulo precedente, el medio de propiedad de mi representada publicó una serie de notas donde expuso un conjunto de antecedentes vinculados con la marcha de CORMUNAT, y en especial, con la gestión del secretario de dicha entidad, señor Alejandro Velázquez Ruiz, recurrente de autos. En ellas no sólo se da cuenta de información sobre la materia referida, sino que además se hace un análisis crítico sobre la administración de la corporación por parte del señor nombre reservado.

Destaca que en este punto se permito destacar un elemento que considero fundamental en relación a la controversia que se plantea a partir de la acción constitucional de protección materia de autos: mi representado ha informado y sostenido un juicio crítico en relación a las acciones del actor vinculadas a la administración de recursos de la CORMUNAT, la cual atiende necesidades sociales de la comuna de Puerto Natales a partir de dineros públicos que le son transferidos por el respectivo Municipio, pero no se han emitido juicios de valor acerca de la persona del recurrente. Lo señalado es consistente con el hecho que el interés del medio de comunicación en caso alguno es “generar animadversión pública” en contra de la persona del señor nombre reservado, lo que se demuestra al constatar que ninguna de la publicaciones que el actor reprocha se refieren a asuntos de su esfera personal o privada, sino que sólo se refieren a actos que ha realizado en el ejercicio de su cargo de Secretario de CORMUNAT, o con ocasión del mismo.

Acota que en relación a la publicación de fecha 2 de septiembre de 2020, titulada “Hipotecaron Rodoviario: municipio de Natales llegó a acuerdo para leaseback con empresa Uno Norte” publicada en el medio electrónico de su representado, cabe destacar lo siguiente: a) El actor no niega la veracidad sobre el hecho consistente en la decisión del municipio de afectar la propiedad fiscal sobre el Rodoviario Municipal de Puerto Natales para obtener financiamiento a fin de cubrir el déficit de CORMUNAT. Lo anterior, más allá de si se sostuvo de forma correcta o incorrecta que dicha afectación se concretó técnicamente a través de una “hipoteca” o un “lease back”, lo que resulta irrelevante para estos efectos.b) El recurrente no niega el hecho que el déficit de CORMUNAT se incrementó de manera sustantiva desde que el señor Alejandro Velásquez ingresó a desempeñarse como Secretario de dicha corporación. Es más, no se controvierte la afirmación en cuanto a que ese déficit “se incrementó en una cifra cercana a los $2.000 millones de pesos incluyendo la cancelación de las demandas docentes”. c) No se controvierte que la decisión de afectar la propiedad fiscal sobre el Rodoviario Municipal de Puerto Natales, en los términos ya señalados, fue autorizada “con el voto en contra del concejal Guillermo Ruiz Santana, quien manifestó no estar de acuerdo con la actual administración financiera de la CORMUNAT, por lo cual no encontraba correcto entregar una propiedad municipal para solventar el mal manejo económico que ha sostenido la administración del secretario Alejandro Velázquez en la mencionada corporación.” d) En parte alguna de la publicación señalada, mi representada o alguna otra persona sostiene que tiene el carácter de órgano que ejerce jurisdicción, menos en términos de emitir una resolución vinculante cuyo cumplimento se pueda hacer cumplir de forma obligatoria.

Refiere que en relación a la publicación de fecha 24 de septiembre de 2020, titulada “Municipio y Cormunat: manantial inagotable de situaciones poco claras” publicada en el medio electrónico de mi representado, cabe destacar lo siguiente: a) El actor no niega que suscribió con CORMUNAT con fecha 28 de julio del año 2019 un finiquito laboral por el cual se le pago una cifra de $43.183.485 con fondos de dicha corporación. Cabe destacar que los dineros de dicha entidad se obtienen a través de aportes que realiza la Municipalidad de Puerto Natales con fondos públicos, lo que no es una materia controvertida; como tampoco lo es que el señor nombre reservado fue recontratado poco tiempo después para realizar la misma función de Secretario de CORMUNAT, con un sueldo superior al que recibía previamente. b) El actor no niega que en sesión del Concejo Municipal de la comuna de Puerto Natales de fecha 23 de septiembre de 2020, tal como se sostiene en la nota de que se trata, el concejal Guillermo Ruiz señaló lo siguiente: “S. Alcalde, mi consulta es respecto a la indemnización millonaria que se habría pagado al Sr. nombre reservado, mucha gente me pregunta y quisiera saber porqué”. c) La nota referida señala que en la sesión del concejo municipal indicada previamente “se “destapó” uno de los hechos más controvertidos de la administración de la Cormunat”. Como se puede apreciar, no se califica al actor como una persona controvertida, tal y como lo señala el actor de forma manifiestamente errónea en su recurso, sino que se califica un hecho, lo que resulta plenamente consistente con los dichos del concejal nombre reservado, quien cuestionó públicamente en una instancia formal el finiquito suscrito por el actor con CORMUNAT. d) El finiquito del señor nombre reservado firmado ante notario y a partir del cual se le pagó $43.183.485 con fondos de una corporación que gestiona el interés púbico y que se financia a partir de aportes con cargo a dineros fiscales, no es un documento el cual se encuentra sujeto a un estatuto de reserva o secreto. e) Para analizar la situación del déficit financiero de CORMUNAT, se plantea como un escenario meramente hipotético que pasaría si se estuviera frente a la declaración y no pago de cotización previsionales de trabajadores que tienen contratos con dicha corporación, entonces “habría” existido una “apatía” en la actuación de quienes están a cargo de dicha entidad. De esta forma, y en contra de lo señala el actor, no se le atribuye de forma actual y concreta ningún delito, en un contexto donde además de haberse utilizado el referido recurso de argumentación hipotética en la nota de que se trata, la CORMUNAT conforme a sus estatutos no solo está gestionada por su Secretario General, sino que primordialmente por su directorio, que es un órgano colegiado. Lo anterior, sin perjuicio que en el supuesto meramente hipotético que estuviera frente a la imputación de un ilícito, entonces el recurso de protección no sería la vía idónea para resolver dicho conflicto jurídico, en atención a la naturaleza cautelar y de excepción de dicha acción constitucional, y conforme a las normas especiales establecidas en la ley 19.773. f) No se controvierte por el actor que el año 2016 se ingresó una denuncia en la Fiscalía de Natales realizada por dirigentes del profesorado por el delito de apropiación indebida, fundado en que pese a ser descontados de sus planillas de sueldo los créditos gestionados en cajas de compensación y financieras, esos dineros no estaban siendo pagados a esas entidades por parte de CORMUNAT. g) En ninguna parte de la nota de prensa en comento se afirma que el actor habría incurrido en “notable abandono de deberes”. De su simple lectura, se aprecia que dentro del análisis que se realiza sobre la situación de CORMUNAT, sólo se señala que se “habría” configurado la figura de “notable abandono de deberes” en relación al no pago y atraso de las cuotas del denominado “Bono Sae”, producto de las demandas judiciales acogidas por la justica e interpuestas por profesores que tienen contrato de trabajo con la corporación. En ese contexto se plantea el razonable temor que las cuentas corrientes de la corporación puedan ser embargadas para pagar dichas obligaciones reconocidas judicialmente, lo que podría afectar el interés público, ya que en ese escenario se podría entorpecer el normal funcionamiento del Cesfam de la comuna de Puerto Natales. Sin perjuicio que no se le atribuye “notable abandono de deberes” al actor, lo anterior tampoco sería posible, ya que se trata de una causal que sólo podría afectar al alcalde de la Municipalidad de Puerto Natales. Cabe destacar en este punto que el análisis realizado por el medio de mi representado era tan plausible que mediante acuerdo adoptado con fecha 07 de septiembre en la sesión Nº 141 del Concejo Municipal de Puerto Natales la mayoría de los concejales acordaron enviar los antecedentes relacionados con la actuación del alcalde en relación a la gestión de CORMUNAT al Tribunal Electoral Regional, buscando su destitución por “notable abandono de deberes”.

Indica que en relación a la publicación de fecha 25 de septiembre de 2020, titulada “El jueves negro del alcalde Paredes” publicada en el medio electrónico de su representado, cabe destacar lo siguiente: a) No es controvertido por el actor que el día 28 de julio de 2019, suscribió con su empleador CORMUNAT, un finiquito por “Mutuo Acuerdo”, el cual tuvo un costo al presupuesto de la CORMUNAT de $ 43.183.485 b) No es controvertido por el actor que poco después de haberse suscrito y pagado el referido finiquito, fue contratado en el mismo puesto de trabajo, aumentándose el sueldo en $800 mil pesos en el transcurso de un año, llegando a ganar en el mes de julio del año 2020 una remuneración mensual de $5.376.059; siendo por lejos la más alta de la administración municipal, superando a cualquier profesional con cargo directivo. c) No es controvertido que los actos señalados se concretaron mientras CORMUNAT se encontraba en una situación de déficit financiero grave. d) Tal como lo destaca el actor en su recurso, en este caso se está ante “una directa crítica al acto jurídico de mi finiquito y mi nueva contratación”. En efecto, se critican “actos” que se vinculan con la administración de una corporación que gestiona prestaciones de salud y educación, las cuales se financian con recursos que se enteran por parte de la Municipalidad de Puerto Natales con dineros fiscales. e) Tal como lo señala el actor, al final de la nota se coloca un “tag” o referencia con su nombre, ya que la nota hace referencia a él, lo que es una práctica habitual en las publicaciones que se hacen en internet, a fin de permitir la mejor búsqueda de contenidos. Por eso mismo también se colocaron al final de dicha nota “tags” de “Cormunat” y “Fernando Paredes”.

Agrega que en relación a la publicación de fecha 28 de septiembre de 2020, titulada “Los “PERCAPITADOS” de la Cormunat” publicada en el medio electrónico de su representado, cabe destacar lo siguiente: a) El actor no niega ninguno de los hechos que se señalan en dicha nota, especialmente en lo referido a su finiquito y posterior recontratación en el mismo cargo y con un sueldo superior en CORMUNAT. b) Nuevamente el actor reprocha por que al final de la nota se coloca un "tag" o referencia con su nombre, lo que es de toda lógica, ya que él es mencionado. Es por la misma razón que también se agregan como “tag” a “Cormunat”. 6. En relación a la publicación de fecha 29 de septiembre de 2020, titulada “Alcalde Paredes se enreda en explicaciones” publicada en el medio electrónico de mi representado, cabe destacar lo siguiente: a) En el referido artículo se hace una análisis crítico sobre el monto y circunstancias del finiquito pagado al actor por parte de CORMUNAT, la que como se ha dicho tantas veces es una corporación que se financia con transferencias de dineros fiscales y cumple la tarea de prestar servicios que satisfacen necesidades de carácter públicas en el área de educación, salud y protección de menores en la comuna de Puerto Natales. b) En este contexto, el actor no analiza la razonabilidad de cuestionar los argumentos entregados para justificar la actuación del alcalde de Puerto Natales, quien sostuvo que el pago de una abultada indemnización por “Mutuo Acuerdo” de las partes, se debería a que el señor nombre reservado habría reclamado vulneración de garantías constitucionales en el contexto de la relación laboral, por lo que se accedió a finiquitarlo cancelándole un monto equivalente a 7 años de servicio, a pesar que sólo había cumplido dos. Lo señalado, además, en un escenario de profunda crisis económica de la corporación.

Continua señalando respecto al denominado “impacto en redes sociales”, el actor pretende atribuirle a mi representado los comentarios de terceros que no son destinatarios de la presente acción constitucional sobre los hechos que ha informado su representada a través de su medio de comunicación, los cuales, en su sustancia y en cuanto tales, no son controvertidos por el recurrente. Dicha alegación es improcedente, más allá de carecer mi patrocinada de legitimidad pasiva en relación a la misma, en los términos precisos en que se ha presentado la acción constitucional de autos.

Indica que como a esta altura ya podrá apreciar, los actos que se le imputan a su representada como ilegales o arbitrarios, no son más que parte del normal ejercicio de los derechos de información y de opinión que se encuentran garantizados por nuestra Carta Fundamental, en concordancia con los principios generales que existen sobre esta materia en los estados democráticos de derecho a nivel internacional. La Constitución Política de la República asegura a todas las personas en su artículo 19 Nº 12 “La libertad de emitir opinión y de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades en conformidad a la ley, la que deberá ser de quórum calificado”. Parte importante de la normativa a que alude el precepto constitucional citado se encuentra contenida en la ley 19.733, “sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo”. Es así como en su artículo 1º se reafirma lo consagrado en la Carta Fundamental, al establecer que “La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, constituyen un derecho fundamental de todas las personas”, agregando que el ejercicio de tales libertades “incluye no ser perseguido ni discriminado a causa de las propias opiniones, buscar y recibir informaciones, y difundirlas por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan, en conformidad a la ley”. Asimismo, la norma citada dispone que las referidas libertades “comprenden el derecho de toda persona natural o jurídica de fundar, editar, establecer, operar y mantener medios de comunicación social, sin otras condiciones que las señaladas por la ley”, reconociendo a las personas “el derecho a ser informadas sobre los hechos de interés general”.

Destaca que en este punto, que el artículo 2º de la ley 19.733 prescribe en su inciso primero que para todos los efectos legales, “son medios de comunicación social aquellos aptos para transmitir, divulgar, difundir o propagar, en forma estable y periódica, textos, sonidos o imágenes destinados al público, cuales quiera sea el soporte o instrumento utilizado”. La normativa contenida en tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile en materia de derechos humanos, y que forman parte del denominado “bloque constitucional de derechos” a partir de lo dispuesto por el artículo 5º inciso segundo de la Carta Fundamental, también consagra el derecho a informar y opinar. Es así como el artículo 13.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.” La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ahondado acerca del contenido de esta libertad, lo cual permite definir en forma más precisa sus sentido y alcance concreto. Es así como en opinión consultiva OC-5/85 de fecha 13 de noviembre de 1985, la Corte Interamericana sostuvo que “La libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también conditio sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y en general, quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre.”2 Por otra parte, y en el mismo pronunciamiento, la Corte afirma que “En su dimensión individual, la libertad de expresión no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios.”3, agregando que “En su dimensión social la libertad de expresión es un medio para el intercambio de ideas e informaciones y para la comunicación masiva entre los seres humanos. Así como comprende el derecho de cada uno a tratar de comunicar a los otros sus propios puntos de vista, implica también el derecho de todos a conocer opiniones y noticias. Para el ciudadano común tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la información de que disponen otros como el derecho a difundir la propia”

Agrega que sin perjuicio de lo que se tratará al momento de hacerse cargo de la supuesta lesión al derecho a la honra que alega el actor derivada de las publicaciones ya señaladas, cabe destacar que en este caso lo que ha hecho su representada es ejercer la libertad de informar y emitir opinión sobre actuaciones públicas de una persona que administra una corporación que tiene a su cargo la atención de salud, educación y protección de menores en la comuna de Puerto Natales, vinculado a hechos que afectan la gestión de dicha entidad, y por tanto afecta el interés público vinculado con ella, además de comprometer patrimonio fiscal y recursos estatales con los que se financia dicha entidad sin fines de lucro. Lo señalado no sólo es algo lícito, sino que forma parte de la dinámica normal de un estado democrático de derecho en forma.

EN CUANTO A LA SUPUESTA AFECTACIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS FUNDAMENTALES. 1. SOBRE LA SUPUESTA “PERTURBACIÓN” A LA GARANTÍA DE INTEGRIDAD PSÍQUICA CONSAGRADA EN EL ARTICULO 19 Nº 1 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA. Señala que el actor afirma que esta afectación se determinaría por la “construcción” de una imagen pública “gansteril” de su persona, lo que según su opinión sería inconsistente con la “trayectoria, vida familiar y sobre todo con propia conducta proba que he desplegado en la CORMUNAT”. Acto seguido, el actor sostiene, sin más, que habría sufrido un “estado psíquico grave, problemas de sueño, angustia y estados de tristeza” que habría tenido que tratar. Desde ya, para alegar una afectación en sede de protección, no basta con su mera afirmación por quien la reclama, como se limita a hacerlo el recurrente en la especie. Lo anterior, más allá que aun cuando un estado como el descrito por el actor se hubiese acreditado con algún elemento objetivo, cosa que no ocurre en la especie, también se debe contar antecedentes claros y manifiestos que hagan plausible sostener una vinculación causal concreta entre la conducta ilícita y/o arbitraria que atribuye al recurrido con dicho resultado. Lo anterior, insisto, en términos que sean tal gravedad y evidencia, que permitan acoger un recurso extraordinario y cautelar como lo es el de protección. Sin perjuicio de la pobreza argumentativa que despliega el actor en esta parte de su libelo, cabe destacar que no existe absolutamente ningún antecedente de la afectación que reclama y menos de un nexo con las conductas que atribuye a su representado. Lo anterior basta, por si mismo, para desechar este capítulo de la acción constitución de protección intentada por el actor en los presentes autos; lo cual debe ser entendido más allá de que las publicaciones que le reprocha a su representado en caso alguno pueden ser calificadas como ilícitas o arbitrarias, ya que son expresión del derecho constitucional a la libertad de información y opinión, garantizado por el artículo 19 Nº 26 de la Carta Fundamental.

SOBRE LA SUPUESTA “PRIVACIÓN” A LA GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 19 Nº 3 INCISO 5º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA. Refiere que el actor afirma que las conductas que atribuye a mi representado habrían violado la garantía del debido proceso, en cuanto ella implica que “Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho”. Resulta derechamente sorprendente que el conflicto jurídico derivado de afirmar que un medio informa y emite opiniones se intente vincular con la norma citada, la cual impide que una o más personas asuman funciones jurisdiccionales, entendiendo como tal el “conocer un asunto controvertido, interiorizándose de los hechos, juzgarlo, decidiendo cual es la normativa vigente aplicable, interpretándola y aclarando dudas o salvando vacíos, hasta pronunciar resolución de rigor y hacer ejecutar lo decidido o juzgado para lo cual cuenta con imperio” En concreto, el recurrente sostiene que su representada habría ejercido “autotutela”, lo que identifica con la opinión que califica como “desastrosa” su administración de la CORMUNAT y que cuestiona su finiquito y nueva contratación.

Señala que en este punto el actor se confunde de manera ostensible y profunda sobre el significado de la autotutela, vinculada a la noción de “hacer justicia por la propia mano”, lo que se concreta cuando una persona que reclama para sí un derecho controvertido, y lo hace valer por si mismo a través de la fuerza o vías de hecho. Pero en la especie mi representada no ha reclamado para sí ningún derecho al actor, ni lo ha hecho efectivo a su favor a través de vías de hecho. Estamos ante una confusión conceptual gruesa, y un déficit argumentativo manifiesto, el cual determina que se deba desechar este capítulo de la acción constitucional de protección materia de los presentes autos.

SOBRE LA SUPUESTA “PRIVACIÓN” A LA GARANTÍA A LA HONRA Y EL HONOR DE LA PERSONA CONSAGRADO EN EL ARTICULO 19 Nº 4 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA. Acota que el actor sostiene que las publicaciones efectuadas en el medio de comunicación de mi representado lo “privarían” del derecho garantizado por el número 4 del artículo 19 de la Carta Fundamental, ya que se daña su buen nombre. En la especie lo que ha hecho el medio de mi patrocinado es ejercer su libertad de informar y emitir opinión dentro de los parámetros propios de un estado democrático de derecho en forma, y conforme lo consagrado en nuestra Constitución. En definitiva, la controversia que se suscita en la especie se reduce a definir como se ponderan las libertades garantizadas en el artículo 19 Nº 12, y la garantía al “respeto y protección a la vida privada y la honra de la persona y su familia”. En este sentido, se debe tener presente que frente al conflicto entre derechos y garantías constitucionales en el caso concreto, la doctrina y jurisprudencia dominante ha sostenido la necesidad de realizar precisamente un juicio de ponderación de los mismos, posición que se basa en gran medida en el desarrollo dogmático elaborado por el profesor alemán Robert Alexy, fundado en la distinción entre reglas y principios. Es así como Alexy identifica a las reglas como mandatos que pueden ser sólo cumplidos o incumplidos, y por lo tanto tienen un carácter “binario”, al contener determinaciones sobre lo fáctica y jurídicamente posible. De esta manera un conflicto entre reglas sólo puede resolverse introduciendo una cláusula de excepción en una de las dos reglas o declarando que al menos una de ellas es inválida. En cambio, los principios son “mandatos de optimización”, es decir, mandatos que exigen que algo sea realizado en la mayor medida posible, dentro de las posibilidades jurídicas y fácticas. Las posibilidades jurídicas son definidas por principios y reglas opuestos, y las fácticas según los medios o medidas existentes para la satisfacción de un principio o fin. De esta forma, cuando dos principios entran en conflicto, bajo ciertas circunstancias uno de los principios precede al otro, pero bajo otras circunstancias, la cuestión de la precedencia puede ser solucionada de manera inversa. Esto es lo que se quiere decir cuando se afirma que en los casos concretos los principios tienen diferente peso y que prima el principio de mayor peso, lo que se definirá a partir de las características del caso en concreto. Es así como cuando una colisión de derechos constitucionales con carácter de principios se presenta, se establece entre los principios una relación de precedencia condicionada, donde entra en juego la noción de ponderación, la cual consiste en la mención de las condiciones de precedencia de un derecho respecto de otro, y en la fundamentación de la tesis de que bajo unas determinadas condiciones un derecho precede a ese otro derecho. Precisamente el conflicto entre el derecho a la honra y la libertad de expresión, es un conflicto entre principios, y por lo tanto exige ponderación. Si bien el recurrente no realiza un mayor análisis acerca de este punto, que constituye la cuestión fundamental de la controversia jurídica que ha planteado en autos, sí incluye en el punto 77 de su libelo una cita al profesor nombre reservado que es reveladora acerca de este asunto. Es así como dicho académico afirma que “la información de datos, actuaciones o comportamientos de una persona verdaderos y de relevancia pública nunca pueden constituir una afectación arbitraria o antijurídica del honor u honra de la persona…” En el mismo sentido, el profesor nombre reservado señala que “… la libertad de información protege las visiones razonables de los hechos, con toda la dimensión personal a través de la cual pasa la respectiva narración, que implica tendencias, matizaciones, visiones exageradas o acentuadores de ciertas dimensiones de los hechos o los fenómenos que expresan la perspectiva del periodista, cronista o línea editorial del medio de comunicación social. Tal realidad es la que hace necesaria e indispensable en una sociedad medios de comunicación social que expresen los diversos puntos de vista de los actores sociales, culturales y políticos, con sus distintos énfasis y valoración de los hechos. Sólo así se protege efectivamente en un sistema democrático la formación libre de la opinión pública”

Destacar que el propio profesor nombre reservado, citado por el actor para fundar la protección de autos, establece dos parámetros básicos a fin de determinar el límite al debido ejercicio de la libertad de información y opinión, y que consisten en: a) La razonable veracidad de la información. En relación a este elemento, no se exige una correspondencia completa con la realidad objetiva, sino que la información sea razonablemente verosímil en atención a los antecedentes que existían al momento de su publicación. En este sentido la Excma. Corte Suprema ha sostenido, por ejemplo, que el contenido de una publicación sobre hechos reales, donde sólo se apartó de la verdad en el punto relativo a las menciones actuales de la caratula del expediente judicial de que se trata, constituye “información errada”, que no alcanza para considerarlo un acto arbitrario e ilegítimo que lesione el respeto y protección de la vida privada o honra del recurrente. b) La relevancia pública de la información. Existe un consenso generalizado en la doctrina y jurisprudencia en cuanto a que el derecho de información y opinión se ejerce de forma legítima y mucho más amplia que en otros ámbitos, cuando se refiere a hechos o circunstancias que son de interés general o relevancia pública, conforme el papel que tienen tales garantías en la formación de una opinión pública libre en una sociedad democrática. Es así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que “es lógico y apropiado que las expresiones concernientes a funcionarios públicos o a otras personas que ejercen funciones de una naturaleza pública deben gozar, en los términos del artículo 13.2 de la Convención, de un margen de apertura a un debate amplio respecto de asuntos de interés público, el cual es esencial para el funcionamiento de un sistema verdaderamente democrático” Coherente con lo anterior, la Corte Interamericana ha señalado que “el control democrático, por parte de la sociedad a través de la opinión pública, fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública, razón por la debe existir un margen reducido a cualquier restricción del debate político o del debate sobre cuestiones de interés público” En el mismo sentido, nuestra Corte Suprema ha ratificado en una reciente sentencia de julio de este año un criterio que ha sostenido de forma reiterada, en cuanto a que “la libertad de expresión y de información no sólo comprende el derecho individual de emitir y manifestar el pensamiento y las opiniones, sino que se extiende al derecho a la información por parte de las personas que viven en un Estado democrático. Desde esta perspectiva, la libertad de expresión no es sólo un derecho individual, sino que se erige en un derecho social sobre el que descansa las bases mismas de la convivencia democrática, pues sin ella se inhibe la crítica social y se favorece la autocensura, al punto que la Corte Suprema de los Estados Unidos ha señalado que “se trata de la esencia misma del autogobierno” ("Garrison v. Lousiana", 379 U.S. 64, 1964); que cualquier sistema de restricciones previas es indiciario de una fuerte presuncióń de inconstitucionalidad ("Freedman v. Maryland", 380 U.S. 51, 1965; "Carroll v. President and Commissioners of Princess Ann", 393 U.S. 175, 1968; "Bantam Books, Inc. v. Sullivan", 372 U.S. 58, 1971; "Organization for a Better Austin v. Keefe", 402 U.S. 4315, 1971; "Southeastern Promotions, Ltd. v. Conrad", 420 U.S. 546, 1976); y se ha decantado por una interpretación de la libertad en comento en términos sumamente amplios, incluso en situaciones que ponen en tensión la tolerancia consustancial al sistema democrático (“Collin v. Smith”, 578 F.2d 1197,1202-03 (7th Cir. 1978)).” Coherente con lo anterior, el máximo tribunal agrega que “la importancia cardinal que reviste la libertad de expresión y de información para el funcionamiento del sistema democrático, importa que cualquier restricción, sancióń o limitacióń que se imponga, debe ser interpretada de manera restrictiva”, destacando que en numerosas oportunidades ha señalado de manera clara y precisa que “la injerencia en el ámbito del honor ajeno encuentra su justificación en la causa de interés público, en la relevancia pública del asunto; precisamente porque, en tales casos, el derecho lesionado (honra ajena) aparece como un valor menor frente al derecho de la sociedad a formarse opinión sobre la denuncia de hechos que podrían tener el carácter de delictuales” Un caso especialmente revelador sobre la ponderación entre la libertad de información y opinión versus el derecho a la honra en el ámbito de nuestro ordenamiento constitucional, está dado por la sentencia de la Excma. Corte Suprema, el cual rechaza un recurso de protección intentado por la madre de nombre reservado en contra de Red de Televisión Chilevisión S.A., por haberlo incluido en una serie denominada “Grandes Pillos”. En este caso, el máximo tribunal de la República decidió rechazar la referida acción constitucional, fundado en que “la información contenida en el programa objeto del recurso se refiere a hechos de relevancia pública, frente a lo cual el derecho a la honra y la vida privada cede ante la necesidad de protección de que goza la libertad de información, considerando la necesidad de la ciudadanía de conocer hechos como aquellos de los que da cuenta el referido programa”.

Señala que en este contexto, corresponde referirse acerca de los actos que, según el recurrente, se habrían concretado la afectación de su derecho constitucional a la honra, los que especifica en el punto 78 de su libelo: i. “Me atribuye ser el responsable del “descalabro económico sin precedentes de la CORMUNAT”. Sobre este particular se debe hacer presente lo siguiente: - No es un hecho controvertido que existe un déficit histórico en la referida corporación, y que dicha situación se acrecentó durante la gestión del señor nombre reservado como secretario general de dicha entidad.- Si bien no es efectivo que se le haga responsable explícitamente al señor nombre reservado de dicha situación en las publicaciones realizadas por el medio de comunicación de mi representado, si lo hubiese hecho en caso alguno sería constitutivo de un ilícito, sino que se trataría de una opinión o parecer acerca de hechos no controvertidos, la que además se encontraría dentro de lo razonable, si se considera la posición que tiene el actor en la administración de la referida entidad; - La información divulgada por el medio de comunicación de su representado, y la opinión que se le atribuye, versan en todo caso sobre actos de relevancia pública vinculados a la situación financiera y gestión de una corporación que atiende necesidades públicas y que es financiada con aportes que se hacen con dineros fiscales desde el Municipio de Puerto Natales. “Cuestiona la legalidad, moralidad y juridicidad de un finiquito laboral, autorizado debidamente ante la Inspección Provincial del Trabajo de Puerto Natales. Se permite cuestionar las posibilidades de actuación de un funcionario que juzga ser víctima de vulneración de derechos fundamentales, impugna los montos indemnizatorios calificándoles de ilegales” - En ninguna información u opinión publicada por el medio de comunicación de mi representado se cuestiona la “legalidad” del referido finiquito. Lo que se hace es señalar la controversia que existe en relación a dicha actuación, publicando entre otras, las críticas que un concejal hizo en sesión del concejo municipal sobre la suscripción de ese finiquito, además efectuar un análisis crítico acerca de la oportunidad y monto del pago que se le hizo al señor nombre reservado a partir tal actuación, todo lo cual resulta razonable si se considera que se canceló 43 millones y fracción fundado en un “mutuo acuerdo de las partes” con cargo a fondos de una corporación que atiende necesidades públicas en la comuna de Puerto Natales y que sufre un déficit financiero grave, el cual pone en peligro la continuidad y calidad de tales prestaciones. Lo anterior sumado al hecho no controvertido que tal monto equivale a una suma equivalente a más del doble de aquella que se le habría cancelado en caso de haberse pagado una indemnización por años de servicios; todo lo cual sucedió en un contexto donde el señor nombre reservado fue recontratado al poco tiempo por la misma corporación para ocupar el mismo cargo de secretario de dicha entidad, recibiendo un sueldo superior a aquel que percibía la primera vez que se desempeñó en ese cargo. - En cuanto a las “posibilidades de actuación de un funcionario”, se trata de una análisis normal y razonable sobre cuáles eran los escenarios potencialmente probables, a fin de evaluar la pertinencia de una conducta; análisis crítico que es legítimo, especialmente cuando se hace en relación a actos que se relacionan con una Corporación que cumple con prestar bienes públicos relevantes, la cual se encuentra en una profunda crisis financiera, y que se financia con aporte de fondos estatales. En cuanto al haber sostenido la “ilegalidad” del monto correspondiente al ya referido finiquito pagado al actor, en parte alguna de las notas publicadas por el medio de mi representado se hace referencia a un reproche de ilegalidad, sino que de mérito, oportunidad, consistencia y conveniencia para el interés público comprometido, lo cual constituye el legítimo ejercicio del derecho de opinión consagrado por la Carta Fundamental, bajo los parámetros de un estado democrático de derecho, y conforme lo establecido por nuestras cortes superiores de justicia y tribunales internacionales. “Informa falsamente que soy responsable de “Hipotecar” el Rodoviario de Puerto Natales, cuando la operación celebrada -Lease Back- no conlleva hipoteca alguna, generando desconocimiento en la opinión pública”.- Al leer la nota respectiva queda claro que la palabra “Hipotecar” que se coloca entrecomillada en dicha publicación, es usada a fin de dar a entender que se ha gravado la propiedad pública para los efectos de obtener un financiamiento asociado, ya que se explica en el título y desarrollo de dicha nota la existencia de un lease back. Lo anterior es razonable, ya que las personas manejan el sentido general de la expresión "hipoteca" de manera común, pero no así la noción de lease back, en un contexto que lo que se pretende comunicar es un hecho real, y que tiene que ver con la afectación de un inmueble fiscal para obtener un crédito para financiar a CORMUNAT. - Sin perjuicio de lo señalado, la afectación jurídica a la propiedad fiscal es mayor en un lease back que en una hipoteca, ya que en este último caso el bien que sirve de garantía se mantiene en propiedad del deudor. En cambio, en una operación de leasing a la inversa, el propietario de un bien lo vende a una entidad de leasing con la que suscribe un contrato de arrendamiento financiero sobre el mismo. iv. “Desliza livianamente la comisión de delitos de apropiación indebida de cotizaciones previsionales, y de notable abandono de deberes en mi gestión como Secretario General de la Corporación de Educación, Salud y Menores de Puerto Natales.” - La referencia que se hace en la nota a que alude el actor se vincula con un análisis hipotético, el cual resulta absolutamente plausible en atención a que miembros del magisterio de Puerto Natales presentaron una denuncia al Ministerio Público por delitos de apropiación indebida de cotizaciones que se habrían concretado por Cormunat, como parece de manifiesto en noticias publicadas en otros medios, una de las cuales se acompaña en el primer otrosí del presente libelo. Como se puede apreciar de su simple lectura, en todo caso, no se hace una ninguna imputación concreta, directa o actual, por parte del medio de comunicación social de mi representada en contra del recurrente, a diferencia de lo que afirma falsamente en su libelo.

Señala que también es falso que exista una publicación efectuada en el medio de su representado donde se le impute al actor un “notable abandono de deberes”, toda vez que tal mención se refiere al alcalde de la comuna de Puerto Natales y a la posibilidad que se realizara tal imputación, lo que resulta ser tan verosímil, y razonable, que hace algunos días atrás se conoció la decisión de la mayoría de los integrantes del Concejo de dicho municipio en cuanto solicitar a la justica electoral la remoción del edil por dicha causal, según por lo demás se informó en una nota cuya copia también se acompaña en el primer otrosí del presente libelo.

Concluye que en atención a las consideraciones desarrolladas en este escrito se puede concluir que no existe ningún acto ilegal o arbitrario de mi representado que haya lesionado, en los términos indicados en el artículo 20 de la Carta Fundamental, algún derecho o garantía constitucional de recurrente. Por el contrario, el medio de comunicación de mi patrocinado sólo ha ejercido las garantías de libertad de expresión y opinión propias de una estado de derecho en forma, dando a conocer información relevante y no controvertida acerca de actos realizados en el contexto de la gestión de la CORMUNAT, los cuales tienen relevancia pública en atención a la naturaleza e impacto de las labores que efectúa dicha corporación y por la circunstancia que para su financiamiento se efectúan aportes de dineros fiscales, habiéndose comprometido incluso la propiedad fiscal sobre una infraestructura de uso comunal en una operación de financiamiento destinada a cubrir un grave déficit de la referida entidad. En este contexto, no sólo se debe rechazar la acción constitucional de autos en todas su partes por carecer de fundamentos, sino que además se debe condenar en costas para evitar que personas que ejercen funciones vinculadas con la gestión del interés público pretendan acallar las críticas a las actuaciones que hacen en ese ámbito bajo la amenaza de acciones judiciales infundadas, con lo cual además de desnaturalizarlas, se busca instrumentalizar de forma abusiva al sistema de justicia. Lo anterior resulta especialmente pertinente en este caso en atención al tenor de la acción constitucional de autos, y en consideración a las desproporcionadas peticiones que se realizan en su parte petitoria, donde no solo se solicita a SSI eliminar las publicaciones concretas que se cuestionan, sino derechamente “cualquier otra referida a mi persona”, además de buscar que se le den “excusas públicas”, lo que excede con creces el fin de una acción excepcional y urgente de naturaleza cautelar, como lo es aquella materia de los presentes autos.

Solicita tener por presentado informe respecto al recurso de protección de autos dirigido en contra de mi representado, y en definitiva rechazarlo, con expresa y ejemplar condena en costas.

Con fecha 26 de octubre de 2020 evacua informe don FELIPE OSVALDO SAN MARTÍN LUCHSINGER, abogado, cédula de identidad n°RUT reservado, en representación según personería que indica de don nombre reservado, cédula de identidad n°RUT reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, Región de Magallanes y la Antártica Chilena, quien solicita su total rechazo, con expresa condena en costas al recurrente Indica que don nombre reservado es residente de la ciudad de Puerto Natales, caracterizándose por ser un ciudadano comprometido con el acontecer de su ciudad y, por ende, con activo interés en mantenerse constantemente informado acerca de los hechos y materias que digan relación con el interés público de la localidad, entre los cuales se incluye, naturalmente, las actividades y decisiones que realicen los organismos públicos y sus autoridades, así como la de aquellos entes privados que, financiados con fondos públicos, realicen labores que tengan directo impacto en los habitantes de Puerto Natales. Este compromiso como ciudadano activo se expresa, a su vez, en su preocupación por manifestar su libre opinión sobre dichos hechos de connotación pública, como es propio que hagan los ciudadanos en una sistema democrático como el que rige en nuestro país.

Señala que en este contexto, don nombre reservado y los ciudadanos de la localidad toman conocimiento de una serie de hechos relacionados con la Corporación Municipal de Puerto Natales (en adelante “CORMUNAT”) y la gestión de su Secretario General, don Alejandro Velásquez nombre reservado, recurrente en el caso de autos. A mayor abundamiento, y como ha sido indicado en diversos medios de prensa de la región (como “La Prensa Austral”, “Opinión Sur” o “Soberanía Radio”, entre otros) el recurrente suscribió con CORMUNAT, con fecha 28 de julio de 2019, un finiquito laboral con el cual se le pagó la suma de $43.183.485.- Es preciso recalcar que dicho dinero le fue pagado con fondos de la Corporación, la cual recibe su financiamiento a través de aportes realizados por la I. Municipalidad de Puerto Natales (es decir, con fondos públicos). Y no solo eso, sino que, posteriormente, el señor nombre reservado es nuevamente contratado para que ejerciera exactamente el mismo cargo de Secretario General de CORMUNAT, con la diferencia de que esta vez recibiría un sueldo mayor al pactado anteriormente.

Hace hacer presente que los hechos antes descritos no son controvertidos ni negados por la parte recurrente, quien incluso los ha señalado en el recurso de protección interpuesto en el caso de autos. Ante estos acontecimientos, el recurrente imputa a mi representado el haber realizado, desde su cuenta personal de la red social “Facebook”, una serie de publicaciones en la que da cuenta de estos hechos, las cuales sido referidas por el actor en el recurso de protección interpuesto. En ellas, se hace alusión a la grave situación descrita (siendo esta de clara connotación pública), publicándose con el fin de que los demás usuarios de la plataforma puedan visualizar e informarse de dichos hechos y, a su vez, con el objetivo de proferir opinión acerca de los mismos, de forma libre y sin censura.

Indica que en ninguna de dichas publicaciones (como bien puede desprenderse de su simple lectura) se ha incitado a la violencia, ni tampoco se ha llamado a realizar daños a la persona o bienes del recurrente, por lo que malamente podría atribuírsele algún tipo de responsabilidad por presuntos comentarios que terceras personas podrían haber proferido en su contra en tales términos. De esta forma, en lo que refiere a dicho apartado del recurso de protección interpuesto, mi representado carecería de legitimidad pasiva, por lo cual resultan improcedentes las alegaciones que el recurrente ha efectuado en contra de don nombre reservado en este punto. A su vez, en ninguna de las publicaciones se le atribuye al recurrente de forma concreta, directa y actual, la comisión de algún delito. Lo único que se vislumbra en ellas, en realidad, es la enunciación de hechos que no son controvertidos, que atañen a situaciones enmarcadas plenamente en la esfera del interés público (dado que refieren a la administración y uso de recursos económicos de origen público, municipal, siendo de incumbencia de todos los ciudadanos), en conjunto con cuestionamientos y adjetivos, opiniones, que resultan plenamente amparados por el correcto y legítimo ejercicio del derecho constitucional a emitir opinión, derecho cuya base es un pilar esencial para el sano desarrollo de una sociedad democrática en un Estado de Derecho. Aún si extremáramos la interpretación de los adjetivos que han sido utilizados en algunas de dichas publicaciones, tales como “hombre de confianza” (aludiendo irónicamente a la relación entre el recurrente y el alcalde de la localidad), “petizo” o “sinvergüenza”, estos no pueden ser más que calificados como términos utilizados de forma crítica, satírica, lúdica o emitidas con intención jocosa (“ánimus iocandi”); formas de empleo que, en todo caso, se comprenden dentro del legítimo ejercicio del derecho constitucional a la libertad de expresión.

Acota que por Por todo lo anterior, se puede concluir que el real objetivo de la interposición del recurso de protección del caso de autos, no es más que un intento del Secretario General de CORMUNAT de censurar, intimidar y silenciar a aquellos ciudadanos que han levantado la voz ante sus actuaciones y, en uso de sus libertades constitucionales, han manifestado su opinión, sea de forma seria o satírica, acerca de personas y actos que comprometen directamente el interés público de la localidad a la cual dichos ciudadanos pertenecen; objetivo no solo condenable ética y moralmente, sino que, además, desprovisto de fundamento jurídico alguno.

Indica que el recurso de protección entablado por el recurrente se encuentra consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, el cual establece lo siguiente: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.” De lo anterior se desprende que la acción de protección sólo puede entablarse ante actos u omisiones que puedan ser calificados como “ilegales” o “arbitrarios”. Sin embargo, ello no ocurre en la especie, por lo que la acción constitucional no puede prosperar. En efecto, los únicos actos que se le imputan al recurrido, esto es, las publicaciones emitidas a través de “Facebook” ya aludida en el libelo del recurso, se encuentran plenamente amparada por nuestro ordenamiento jurídico, tanto a nivel constitucional como legal. En un plano constitucional, dichos actos son solo materialización del recto y ejercicio legítimo del derecho de la libertad de expresión; derecho que se encuentra consagrado en el numeral 12 del artículo 19 de nuestra Carta Fundante, estableciendo “la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio”. Este derecho también encuentra su debida consagración en tratados internacionales ratificados por Chile (resultando plenamente aplicables de conformidad a lo dispuesto en el artículo 5 inciso 2 de nuestra Carta Magna), como es el caso de la “Convención Americana sobre Derechos Humanos”, que establece en su artículo 13 n°1 lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todas índole sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de elección”. En similares términos lo describe la “Declaración Universal de Derechos Humanos” (en su artículo 19) y el “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” (también artículo 19).

Señala que a nivel simplemente legal, la libertad de prensa y de emitir opinión, se encuentra consagrada como derecho en la Ley N° 19.733, especialmente en su artículo 1, el cual prescribe lo siguiente: “La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, constituyen un derecho fundamental de todas las personas. Su ejercicio incluye no ser perseguido ni discriminado a causa de las propias opiniones, buscar y recibir informaciones, y difundirlas por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan, en conformidad a la ley. Asimismo, comprende el derecho de toda persona natural o jurídica de fundar, editar, establecer, operar y mantener medios de comunicación social, sin otras condiciones que las señaladas por la ley. Se reconoce a las personas el derecho a ser informadas sobre los hechos de interés general.” De conformidad a las disposiciones descritas, podemos definir la libertad de expresión, como bien lo señala el profesor nombre reservado, “como el derecho de toda persona a buscar la información, a divulgarla y a expresar una opinión, todo aquello de cualquier forma y, especialmente, a través de un medio de difusión. Se comprende en este derecho de la personalidad, obviamente, el derecho de cada persona a mantenerse informado y a buscar la información”.1 El ejercicio de dicha libertad de expresión permite así la difusión de toda clase de ideas, pensamientos, creaciones literarias, artísticas, científicas, técnicas, o de cátedra,2 lo que incluye, como bien lo señala el filósofo nombre reservado, “la posibilidad de profesar y discutir, como una cuestión ética, cualquier doctrina, por inmoral que pudiera considerarse”.3 La libertad de expresión cobra aún más relevancia en los casos que hagan alusión a la comunicación de noticias o sucesos de interés público (como es el caso en autos), dado que la expresión que se emite tiene por finalidad el proveer de información a la sociedad y, con ello, contribuir a la formación de cada uno de los ciudadanos al momento de juzgar la realidad y formular opinión en consideración a ello. Las dos facetas que consagran el derecho referido (la libertad de expresión, por un lado, y el acceso a la información, por otro) son imprescindibles para el desarrollo de un sistema democrático, por cuanto ambos derechos son “dos caras que se conjugan para crear una capacidad intelectual en la ciudadanía, que es la capacidad de hacer juicios certeros sobre la realidad”.4 Tanto es así, que solo una sociedad activa e informada se encuentra en verdaderas condiciones para participar democráticamente en la toma de decisiones, así como controlar de forma efectiva el actuar público e incidir en el respeto de los derechos fundamentales. Estas últimas consideraciones son de gran relevancia para el caso que nos ocupa. La información y opinión vertida en las publicaciones que se le atribuyen a mi representado, y que motivan la interposición del recurso de protección en su contra, refieren, como primer punto de análisis, a eventos de manifiesto interés público. CORMUNAT es una institución encargada de administrar y operar servicios relacionados con las áreas de educación, salud y atención a menores de edad, siendo financiada para el cumplimiento de dichos fines con aportes que realiza la propia I. Municipalidad de Puerto Natales, es decir, con fondos fiscales. Por ende, la administración, gestión y uso de los recursos que refieran a CORMUNAT, son materias que atienden a una clara finalidad pública, resultando ser de gran importancia para cada uno de los habitantes de Puerto Natales, quienes son los directamente afectados por la forma en que dicha gestión se emplee para satisfacer las necesidades de la población y, además, son los que contribuyen, en último término, a su financiamiento.

Refiere que en un segundo punto de análisis, y dado que es el Secretario General de CORMUNAT el encargado de la administración de la Corporación y la gestión de los recursos públicos que ella detenta (rol que ocupaba el recurrente nombre reservado), es indispensable que aquél que ejerza dicho cargo se encuentre sujeto al activo escrutinio de la ciudadanía respecto a las decisiones que en pos de dicho rol se realicen. Uno de los mecanismos de control ciudadano a los actos de dicha autoridad es precisamente mediante la manifestación de opiniones de forma pública y sin censura en contra de dichos actos, los cuales pueden, naturalmente, ser calificaciones positivas o aprobatorias (si el ciudadano se encuentra conforme con ellas), o bien ser negativas o reprobatorias (si existen discrepancias con las mismas). Este control ciudadano, que se ejerce a través del uso de la libertad de expresión, es uno de los cimientos esenciales que sustentan el correcto funcionamiento de la democracia. Como bien lo explica el profesor nombre reservado: “en nuestro sistema institucional, como en el de todos los estados constitucionales democráticos, la libertad de opinión e información, además de ser un derecho fundamental de las personas, constituye una exigencia de la sociedad democrática, de la cual son elementos indispensables el pluralismo, la crítica acerba, la tolerancia y la mentalidad amplia”.6 Y precisamente, en uso de dicha forma de control ciudadano, es que se realizan las críticas respecto a los hechos que involucran a don nombre reservado, y que se ven plasmadas en las publicaciones de “Facebook” a las que el recurrente ha referido en el recurso de protección interpuesto en autos. No se debatirá que dicha crítica es desaprobatoria, pero eso no la vuelve ilegítima en lo más mínimo: es justamente la posibilidad de manifestar opiniones públicas contrarias al ejercicio de autoridades las que definen la esencia de la democracia, siendo su censura o sanción un claro atentado a la misma. Del tenor empleado por el recurrente en el recurso interpuesto, se desprende que el reproche que sustenta en dicho recurso es en realidad su discrepancia con las calificaciones desaprobatorias, contrarias, críticas, que se han esgrimido sobre sus actos, para lo cual intenta utilizar mecanismos, como el recurso de protección interpuesto, con el verdadero fin de acallar, suprimir y silenciar las opiniones de los ciudadanos que se alcen en contra de su persona. Pero, por mucho que a dicho recurrente pueda disgustarle, dichas calificaciones no resultan en ningún sentido ilegales, sino que, todo lo contrario, el ejercicio de estas gozan de plena protección legal, constitucional e incluso bajo el Derecho internacional. Es más, si se interpretasen las calificaciones que se atribuyen como expresadas por el recurrido en las publicaciones por “Facebook” a las que ha hecho alusión el recurrente (de las cuales algunas de ellas hemos mencionado en el apartado “hechos” de esta presentación), dichas expresiones, si bien puede considerarse que denotan un carácter mordaz respecto del recurrente, éstos son términos que, como mucho, pueden entenderse que se han realizado con una intención crítica satírica, o en algunos casos incluso jocosa, esto es (utilizando la locución latina) con “ánimus iocandi”. Pero dicho uso de los conceptos, vinculados al ejercicio del escrutinio ciudadano frente a los actos que vinculan al gestor de fondos públicos en comento, no extralimitan la libertad de expresión, sino que forman parte de las diversas formas en que la ciudadanía puede ejercer, de forma libre y espontanea, dicha libertad consagrada constitucionalmente, y de manifestar públicamente sus opiniones ante autoridades cuyos actos comprometen el interés público. Que dichas opiniones se externalicen de forma crítica, de forma dura o severa, no significa, en ninguna forma, que esas opiniones sean calificadas per se cómo injuriosas, y, por ende, fuera del marco de la libertad de expresión. Como bien lo indica el gran penalista nombre reservado, “en virtud de ese derecho de información, se puede ejercer la crítica y el comentario de cualquier clase (político, artístico, científico, cultural, social -aquí cabe el ánimus iocandi- […]), que por muy duro que sea, no puede ser estimado injurioso…”. De todo lo expuesto se puede apreciar que las publicaciones que se le imputan a mi representado han sido solo la expresión material de su derecho a la libertad de expresión. Por ello, su censura o vulneración (como es la que ha intentado el recurrente al interponer el recurso en autos) no solo denota un desmedro al uso legítimo de los derechos de su representado, sino que, además, refleja un grave desprecio a los valores de nuestra democracia.

Indica que a su vez, las expresiones utilizadas que se le atribuyen al recurrido y bajo la cual el recurrente basa la presente acción constitucional, no pueden calificarse como “arbitrarias”. Se entiende que un acto es “arbitrario”, cuando responde al puro y caprichoso querer de quien ejecuta dicho actuar, realizando distinciones donde no está permitido, o actuando sin fundamentos plausibles ni amparado en justificación razonable. Esta calificación no puede aplicarse en el caso de nos ocupa. La información expresada y la opinión profesada fueron realizadas en atención a la importancia de informar de forma efectiva a la ciudadanía, y de generar debate público, respecto a hechos graves y de indiscutible interés público para la localidad. Las publicaciones y opiniones referidas tampoco han sido realizadas sin fundamentos o sin justificación razonable, toda vez que, como fue indicado anteriormente, la información emitida y su eventual correlativa calificación no solo se ha fundado en lo que han comunicado diversos medios de prensa de la región, sino que además se basa en los documentos en los que consta el finiquito al que se alude en las publicaciones emitidas en “Facebook” (descrito en el apartado “hechos”) e, inclusive (y reiteramos), no son hechos controvertidos o negados por la parte recurrente. Puede apreciarse entonces que las publicaciones y opiniones vertidas, las cuales injustamente el recurrente cataloga como “arbitrarias”, se encontraban completamente justificadas, amparada en antecedentes concretos, y cuyo objetivo consistía en proveer de información a la ciudadanía respecto de hechos públicos y de relevancia a nivel comunal y local, así como manifestar de forma libre opiniones y valoraciones de tales hechos y sus autores. Por ello, no es posible considerar que dicha emisión de información sea un acto “arbitrario”, lo que, nuevamente, demuestra la falta de fundamento de la acción del recurrente. En atención a todo lo expuesto, las publicaciones de “Facebook”, bajo las cuales el recurrente basa su acción constitucional, no solo se han realizado de conformidad a las normas legales, sino que son actos que la propia Constitución protege en su legítimo ejercicio, en pos de la importancia para la democracia que los ciudadanos puedan emitir información sin censura previa y sin intimidación por quienes no estiman conveniente a sus intereses que dicha información salga a la luz y sea criticada por los ciudadanos.

Señala Sobre la presunta afectación de garantías constitucionales por parte del recurrido: Sobre la presunta afectación a la garantía de la integridad psíquica consagrado en el artículo 19 n°1 de la Constitución Política de la República: El recurrente ha sostenido que, con los actos que se le imputan a mi representado, se han afectado las garantías constitucionales consagradas en los numerales 1, 3 inciso 5to, y 4, del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Si bien ya hemos indicado por qué razón los hechos que dicho actor imputa a don nombre reservado no son actos ilegales ni arbitrarios, a continuación, se argumentará por qué, además, no concurren las afectaciones a las garantías constitucionales que según el recurrente han acaecido en la especie: El recurrente sostiene que los supuestos actos de mi representado han construido en su persona una “imagen pública gansteril”, en donde se le imputan determinados ilícitos y se han realizado llamados para dañar su domicilio, lo cual le ha causado un “estado psíquico grave, problemas de sueño, angustia y estados de tristeza” que ha tenido que tratar. En primer lugar, no se vislumbra en el recurso interpuesto por el recurrente ningún antecedente objetivo, que permita sostener de forma seria la afectación a la cual hace referencia, más allá de su sola enunciación, lo que, desde luego, no es suficiente para acreditar la grave afectación que se reclama. Pero, aún si dicha insalvable objeción fuese omitida, tampoco se presentan antecedentes objetivos, certeros, que permitan establecer un vínculo causal entre las publicaciones que el recurrente menciona en su recurso interpuesto, y las afecciones sufridas. Ello es especialmente manifiesto al sostener de forma explícita que la causa de su aflicción se debe. Sobre la presunta privación de la garantía del debido proceso consagrado en el artículo 19 n°3 incisos 5 de la Constitución Política de la República: a la supuesta imputación de determinados delitos y a los llamados a dañar su domicilio; afirmaciones que no se contemplan en las publicaciones que el mismo recurrente menciona y que se demuestran con la simple lectura de los mismos. En ninguna de ellas, cuya autoría le es atribuida a don nombre reservado (sin evidencia alguna más que una fotografía a una cuenta de Facebook, por cierto), se hace alusión a la comisión de algún ilícito determinado, y mucho menos, se ha hecho un llamado a dañar a su persona o a su propiedad. Si es que existiesen terceras personas que hubiesen realizado dichas imputaciones, llamados o amenazas, entonces es hacia ellas contra quienes el recurrente debió interponer el recurso de protección en autos, por lo que mi representado no sería legitimado pasivo de las supuestas afecciones que se le imputan, como fue indicado precedentemente.

Acota las acusaciones que por medio del recurso interpuesto efectúa en contra de mi representado son, por ende, completamente infundadas y carentes de sustento tanto fáctico como jurídico, por lo que se solicita, desde ya, que sean rechazadas. EL recurrente sostiene que los actos que atribuye a mi representado han vulnerado su garantía al debido proceso, por cuanto los hechos que se le imputan constituyen, a su juicio, autotutela, “constituida por vías de hecho ejercidas por los recurridos” para calificar como desastrosa su administración en la CORMUNAT e invalidar el acto jurídico de su finiquito y su nueva contratación. Dichas afirmaciones resultan, en primer lugar, manifiestamente falsas, dado que, en las publicaciones de “Facebook” que el recurrente atribuye a mi representado, en ninguna parte refieren y califican de “desastrosa” la administración en la CORMUNAT realizada por el recurrente, lo que se desprende de la simple lectura de las publicaciones indicadas en el propio recurso de protección interpuesto. Por ello, las alegaciones realizadas por el actor en este punto no pueden prosperar. En segundo lugar, las afirmaciones del recurrente confunden gravemente la posibilidad de los ciudadanos de calificar públicamente un hecho (esto es, emitir una opinión o valoración de estos), con el juzgamiento jurisdiccional de comisiones especiales, siendo esto último lo que prohíbe la norma constitucional que el actor cita. La categoría de comisiones especiales apunta a la prohibición de tribunales ad hoc, no establecidos por la ley, creados para juzgar un caso concreto o a una determinada persona o grupo de personas en particular, vulnerando el principio de igualdad que dispone que todos los ciudadanos, en idénticas situaciones, deben ser juzgados por los mismo tribunales.8 Esto entra en directa relación con lo dispuesto en el artículo 76 de nuestra Constitución Política, el cual sostiene que “la facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley”. En otras palabras, lo que la Constitución garantiza es la imposibilidad de que tribunales no establecidos en el ordenamiento jurídico ejerzan jurisdicción para conocer y resolver de un determinado asunto, esto es, “dar aplicación de derecho a un caso concreto, resolviendo un conflicto de relevancia jurídica y con efecto de cosa juzgada”9. Como puede fácilmente concluirse, esté no es el caso de marras, dado que no existe ninguna posibilidad de concluir que una opinión vertida públicamente sobre un hecho concreto es equivalente a una resolución de un conflicto jurídicamente relevante con efecto de cosa juzgada. Ello resulta evidente porque, de un lado, en ninguna parte se efectúa una resolución de conflicto alguno en las publicaciones de “Facebook” que motivaron al recurrente a interponer su acción de protección: en ellos se realizan cuestionamientos a los actos que versan sobre el recurrente (que semánticamente es notoriamente distinto a dar resolución a un conflicto jurídico) e, incluso, en las mismas publicaciones se realizan llamados a los tribunales de justicia (y a la inspección del trabajo) para que se emita un pronunciamiento en este asunto. Como puede lógicamente concluirse, quien hace un llamado a los órganos jurisdiccionales para que resuelvan un asunto no está, en ninguna forma, sustrayendo o atribuyéndose facultades jurisdiccionales para la resolución del mismo.

Indica que por otro lado, la opinión vertida en las publicaciones de “Facebook” carecen completamente de efectos de cosa juzgada, dado que no poseen la facultad de ejercer algún tipo de ejecución o coerción sobre lo “juzgado” (indicado entre comillas, dado que, como indicamos, de ninguna forma puede entenderse que una opinión pública sea equivalente a ejercer atribuciones jurisdiccionales) y que, como se desprende de su sola lectura, tampoco existe algún tipo de incitación a ejercer justicia por propia manos de los hechos que en dichas publicaciones se comentan, las cuales encierran principalmente cuestionamientos, dudas manifestadas públicamente, sobre acontecimientos de relevancia pública, en conjunto con valoraciones propias del autor como reflejo de su libertad de expresión. Sobre este último punto, el recurrente ha sostenido que las publicaciones de “Facebook” a las que aluden constituyen “autotutela”. La “autotutela”, acorde al profesor nombre reservado, representa el imperio de la “ley del más fuerte”, en que resulta triunfador no siempre quien tiene la razón, sino quien cuenta con medios coercitivos para imponer su decisión,10 siendo esto último requisito indispensable para que estemos frente a una situación de autotutela.11 Como puede desprenderse de su sola definición, esta situación no concurre en el caso de autos: no existe, en ninguna forma, imposición coercitiva alguna de una decisión sobre el recurrente (cuya existencia ya fue cuestionada), ni menos existe intención o facultades para ello (que, por cierto, no se tienen), como ya fue referido en el párrafo precedentemente. Lo que se aprecia en autos es una opinión, una calificación si se quiere, vertida sobre un ciudadano sobre decisiones de clara connotación pública, pero eso no es ni siquiera próximo a una posible autotutela por parte del emisor de dicha opinión. Las afirmaciones del recurrente, por ende, no solo son semántica y jurídicamente erróneas, sino que además 2.3. Sobre la presunta privación a la garantía de la Honra y Honor de la persona, consagrado en el artículo 19 n°4 de la Constitución Política de la República: demuestra, una vez más, la intención del recurrente de censurar e impedir que las personas puedan ejercer de forma efectiva su derecho a la libertad de expresión. El recurrente sostiene que los actos que atribuye a mi representado constituyen un “mero juicio abusivo del derecho a opinar, por cuanto incurren en el menosprecio, descrédito y humillación” a su persona, afectando seriamente su honor y autoestima. Así, finaliza indicando que las publicaciones imputadas a mi representado constituyen “en sí mismo vejaciones o insultos, innecesarios para expresar ideas”. En este punto nos remitimos íntegramente a lo que hemos indicado precedentemente respecto a la completa legalidad de las actuaciones que el actor atribuye a mi representado, en el sentido que las expresiones que se contienen en las publicaciones de “Facebook” aludidas por el recurrente son una clara manifestación del derecho a emitir opinión, cuyo ejercicio se consagra y protege tanto a nivel Constitucional como internacional. Derecho cuya protección, además no solo es relevante por ser una manifestación de la libertad de las personas, sino porque su ejercicio (como también se ha indicado precedentemente), permite el control de los ciudadanos de los actos cometidos por autoridades que comprometan gravemente el interés público, como es el caso de autos, en que se discrepa de forma tajante la gestión de los recursos públicos y de los actos realizados por el Secretario General de CORMUNAT, esto es, del recurrente don Alejandro Velásquez nombre reservado.

Señala que por ello, el conflicto jurídico que se suscita refiere a si el derecho a la honra que invoca el recurrente abarca tal magnitud que permite la restricción o supresión de la libertad de expresión, materializada en las publicaciones de “Facebook” atribuidas a don nombre reservado y que motivan el recurso de protección interpuesto; libertad que, a juicio del actor, ha sido ejercida de forma ilegítima o abusiva. Se requiere, entonces, realizar una ponderación de dichos derechos aplicados al caso concreto, por lo que, como bien explica el profesor nombre reservado, debe “realizarse un esfuerzo interpretativo de compatibilización o de armonización, evitándose la posición cómoda de aniquilar el ejercicio de un derecho en beneficio de otro”. En lo que refiere al derecho a la honra, y haciendo uso de una cita del profesor nombre reservado utilizada por el actor en el recurso de protección interpuesto en autos, “la honra de la persona se afecta así, tanto por el hecho de serle atribuida una fama que no le corresponde, por estar basada en hechos falsos, como, asimismo, por sus actuaciones y comportamientos que implican una vulneración del orden jurídico o de sus obligaciones éticas” Con solo esta primera cita, utilizada por el propio recurrente, podemos desde ya desvirtuar la calificación de los hechos que el mismo actor ha realizado. Como reiteradamente se ha señalado, en ninguna parte el actor controvierte o niega los actos que se mencionan en las publicaciones de “Facebook” que se le atribuyen a don nombre reservado, hechos que, por cierto, se encuentran reafirmados objetivamente, tanto con los documentos en los que consta el finiquito aludido en dichas publicaciones, como en las notas de prensa que diversos medios de comunicación han realizado sobre el mismo hecho (ya referidos precedentemente). Por ende, los hechos que se le atribuyen a mi representado malamente pueden ser considerados como un atentado ilegítimo en contra de la honra del recurrente. Así, la honra de una persona no se ve ilícitamente afectada si se emiten opiniones en su contra basadas en acontecimientos reales, lo cual es reafirmado por el profesor nombre reservado, quien explica que “En un ordenamiento que protege y promueve la dignidad de la persona no se puede mantener una concepción de la honra u honor sólo como la reputación de la persona o la buena fama que presenta ante terceros y la sociedad, sino que debe asegurar y proteger la verdad, integridad y autenticidad de la persona a través de sus actos y comportamientos. La persona se deshonra o afecta su honor, degradándolo, cuando proyecta actos y comportamientos que buscan construir una reputación falsa, como, asimismo, cuando desarrolla actos y comportamientos que vulneran sus compromisos y obligaciones familiares y sociales.”

Acota que en ninguna de las publicaciones de “Facebook” que el recurrente atribuye a mi representado se hace alusión a información falsa, sino que, por el contrario, se basa en información objetiva y pública, y a la cual se vierte una opinión o calificación personal, atendiéndose a los mismos hechos referidos y realizados por el recurrente. Así, se concluye que, como el propio profesor nombre reservado indica, “la información de datos, actuaciones o comportamientos de una persona verdaderos y de relevancia pública nunca pueden constituir una afectación arbitraria o antijurídica del honor u honra de la persona…”. En definitiva, no existe una vulneración ilícita al derecho al que ha hecho alusión el actor. A su vez, los comentarios o calificativos que se sostienen en las publicaciones descritas deben ser contempladas en atención a su contexto. Ellas efectivamente refieren al recurrente y a sus actos, pero se realizan en atención a su calidad de Secretario General de CORMUNAT. El actor tiene, en dicho cargo, una marcada relevancia pública, dado que, si bien administra una Corporación de derecho privado, esta atiende finalidades pública, es financiada por fondos públicos y el propio cargo que detenta el recurrente es elegido por autoridades públicas (como el alcalde de la Comuna de Puerto Natales). Ello es concordante con la propia definición del profesor nombre reservado, quien define a los “personajes públicos” como “aquellas personas que adquieren notoriedad o fama de manera que son ampliamente conocidas, que ejercen cargos de autoridad pública o una profesión o actividad de notoriedad o proyección pública, como asimismo, las personas que se involucran voluntariamente en cuestiones de interés público o se encuentran involucradas en controversias o acontecimientos de relevancia pública o institucional”. Siendo patente lo anterior, es preciso destacar que en ningún momento las publicaciones que el recurrente refiere en su recurso hacen alusión a la vida privada de este, sino que se hace una calificación en directa referencia a los hechos que versan sobre las decisiones que se han adoptado en pos de su cargo, el cual envuelve un innegable interés público. Y, al ejercer dicho cargo, dicha función, indefectiblemente está sujeto a una mayor exposición y a un mayor escrutinio público por parte del resto de ciudadanos. Como bien lo indica el profesor nombre reservado: “El ser persona de relevancia pública hace soportar a la persona un mayor nivel de afectación o injerencia en su honra”. Esto, por cierto, ha sido incluso reafirmado por la Corte Europea de Derechos Humanos, quien ha sostenido que “el situarse libre y voluntariamente como persona de relevancia pública, se expone, inevitable y deliberadamente a una fiscalización atenta de sus actos y gestos, tanto por los periodistas como por la multitud de ciudadanos y por ello debe mostrarse más tolerante”. De lo anteriormente expuesto se concluye que las opiniones que los ciudadanos realicen sobre personas de connotación pública, sobre todo cuando dichas opiniones refieran a actos directamente relacionados con actos de interés público en que se vean involucrados, deben ser soportadas como mayor amplitud, aún si dichas opiniones sean desaprobatorias, mordaces y no sean del gusto de la persona a la cual van dirigidas. Nuevamente citando al profesor nombre reservado: “El ser persona de relevancia pública hace soportar a la persona un mayor nivel de afectación o injerencia en su honra”19 y que, por lo tanto, “los límites de la crítica permitida son más amplios en relación a una persona de relevancia pública en las actuaciones correspondientes a sus funciones de tal, por duras e infundadas que aparezcan, pesando en ellos la tarea de dar cumplida cuenta de sus actuaciones referentes a desempeño de sus funciones públicas”. Por eso, en el caso concreto que nos atañe, no puede sostenerse que la honra del actor sea un derecho intocable que permite la supresión del derecho de opinión de los ciudadanos que se verán afectados por los actos de interés público que en pos de su cargo realice. Muy por el contrario: a pesar del disgusto que al actor pueda ocasionarle la desaprobación ciudadana y las opiniones que sobre él se han esgrimido en atención a su cargo en CORMUNAT, la libertad de expresión, y el derecho a emitir opinión, deben primar, aun cuando en su empleo se utilicen juicios de valor o calificaciones negativas, por cuanto es su ejercicio el que permite el control activo de la ciudadanía de las personas que ejecuten actos de interés público, cuyas decisiones afectan a toda la localidad en la que sus habitantes residen.

Indica que es dicha posibilidad que tienen los ciudadanos de opinar públicamente respecto de personas y actos que sean de directo interés público, uno de los pilares en los que se basa nuestro sistema democrático. Como bien lo ha referido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “el derecho a la libertad de expresión no es un derecho más sino, en todo caso, uno de los primeros y más importantes fundamentos de toda la estructura democrática: el socavamiento de la libertad de expresión afecta directamente el nervio principal del sistema democrático”. Por todo lo anterior, los fundamentos esgrimidos por el actor en este punto no pueden prosperar, debiendo tolerarse y respetarse el derecho de opinión de los ciudadanos y que, en este caso concreto, se han materializado en las publicaciones en redes sociales que han sido objeto del recurso de protección interpuesto en autos.

Concluye que de todo lo anteriormente expuesto, se concluye que los actos que se le atribuyen a mi representado no son ni arbitrarios ni ilegales, sino que responden al recto ejercicio de su libertad de expresión, a la materialización del derecho a emitir opinión, y que gozan de protección jurídica tanto a nivel legal, como constitucional e incluso internacional. A su vez, dichos actos que el recurrente describe e imputa en su recurso de protección no han vulnerado de las garantías constitucionales que dicho actor invoca, por los motivos que se han indicado precedentemente, por lo que la acción constitucional interpuesta no puede prosperar. En todo caso, estimar una conclusión contraria, esto es, es el considerar que las publicaciones en “Facebook” que se le atribuyen a mi representado sí constituyen un acto ilícito y que vulnera gravemente el derecho a la honra del recurrente (como es sostenido en el recurso de protección interpuesto), pueden llevar a consecuencias prácticas muy perniciosas. En primer lugar, tal nivel de supresión de la libertad de expresión puede producir un efecto congelante o inhibidor de este derecho por parte de los ciudadanos, debido al temor que generará en las personas la posible sanción de sus actos, lo que inhibirá su derecho a expresarse tanto a la víctima directa de dicha sanción o reproche como al resto de la sociedad, debido el peligro de que, al ejercer su derecho a opinar o a criticar a funcionarios públicos o personajes de interés público, pudieran ser víctimas de recurso de protección en su contra o, incluso, de sanciones penales. Y, en segundo lugar, si se dispusiera que es legítimo y procedente la interposición de recursos de protección cada vez que un ciudadano utiliza calificativos negativos en contra de alguna autoridad o persona de connotación pública (tales como “corrupto” o “sinvergüenza”, como ocurre en la especie), se abriría un espacio para dar una persecución política a cada detractor que públicamente emita algún acto de opinión de tales características, lo cual, indudablemente, atiborraría a los tribunales superiores de justicia de acciones constitucionales de protección, con todo el uso que eso implicaría tanto de tiempo como de recursos públicos para la resolución de cada una de dichas acciones constitucionales, situación que no resultaría sostenible en nuestro sistema, afectando tanto la eficacia como la economía procesal en nuestros tribunales.

Solicita tener por evacuado informe ordenado respecto al recurso de protección deducido en contra de su representado y, con ello, rechazarlo en su totalidad, por no concurrir en la especie los supuestos legales de afectación de garantías constitucionales invocados por el recurrente, con expresa condena en costas para dicho recurrente, al carecer la acción esgrimida de fundamento plausible y cuyo real objetivo es inhibir el libre ejercicio de los derechos constitucionales de la libertad de expresión y libre acceso a la información.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que como ha quedado relacionado en la parte expositiva de este fallo, el recurrente solicita – en síntesis- que se acoja la acción cautelar deducida, ordenado la eliminación de las publicaciones sobre las cuales edifica su acción, se decreta que los recurridos se disculpen públicamente de sus actos y, finalmente, se les condene al pago de las costas del recurso.

SEGUNDO: Que, para analizar el conflicto de relevancia jurídica planteado en la presente acción constitucional, resulta menester consignar que el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, estatuido en el artículo 20 de nuestra Carta Magna, constituye- a no dudarlo- jurídicamente una acción destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes e indubitados que en la disposición constitucional en referencia se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo.

TERCERO: Que son establecidos o no sustancialmente controvertidos en la presente acción cautelar, las siguientes:

1.-) Que el día 02 de septiembre de 2020 el sitio web www.eltirapiedras.cl, publica “Hipotecaron el Rodoviario: Municipio de Natales llegó a acuerdo para leaseback con empresa Norte Uno S.A” expresando “… esto quiere decir que desde que ingresó a la Cormunat el actual secretario Alejandro Velásquez el año 2013,, cuando en ese entonces el déficit era del orden de los $800 millones; el déficit se incrementó en una cifra cercana a los $2.000 millones de pesos”, agrega la publicación que “ La medida fue autorizada por la mayoría de los ediles con excepción del voto en contra del concejal Guillermo Ruiz Santana…”

2.-) Que el 24 de septiembre de 2020, el citado recurrido publica la noticia titulada “ Municipio y Cormunat : manantial inagotable de situaciones poco claras” en que señala “ El día de ayer miércoles 23 de septiembre, quedará consignado como el día en que se “destapó” uno de los hechos más controvertidos de la administración de la Cormunat y que implicaría a su secretario Alejandro Velásquez (ratificado en sus funciones a través de la resolución con firma alcaldicia N°014 del 07/01/2017, hombre de absoluta confianza del alcalde Fernando Paredes…”, procediendo a publicar el finiquito celebrado por el recurrente con la Cormunat. Alude, además, a un eventual ilícito de apropiación indebida, destacándose en la nota con antelación al hecho descrito la pregunta: Ahora bien, en tiempo presente, ¿Alejandro Velásquez continúa ejerciendo la función de secretario de la mencionada entidad (suponemos que con un nuevo contrato)?” Incluso, el usuario de la red social Facebook nombre reservado expreso “ Vamos a la casa de paredes y a la de nombre reservado ay q dejar la cagaaaaaa”

3.-) Que el día 25 de septiembre de 2020, el citado medio publica la noticia “ El jueves negro del alcalde Paredes”, reseñando “ … Como es de público conocimiento, luego de las indagaciones y posteriores publicaciones realizadas por el periódico digital www.eltirapiedras.cl, donde queda en evidencia que el actual secretario general de la CORMUNAT se finiquitó por MUTUO ACUERDO con su empleador (Alcalde Fernando Paredes Mansilla), el 28 de julio de 2019, cancelándose todos sus años de servicios y feriados legales correspondientes desde el día 01 de Enero de 2013 al 31 de julio de 2019, el cual tuvo un costo al presupuesto de la CORMUNAT de $43.183.485 en plena crisis financiera, para posteriormente volverse a contratar en el mismo puesto de trabajo y aumentándose el sueldo en $800 mil pesos en el transcurso de un año, llegando a ganar en el mes de julio del año 2020 una remuneración mensual de $5.376.059, que por lo demás, es lejos el sueldo más alto de la administración municipal, superando a cualquier profesional con cargo directivo…”. En otra publicación titulada del mismo día “ En redes sociales deplora y critican millonario autofiniquito de secretario de la CORMUNAT, Alejandro Velásquez” señalando “ Lo cierto es que cuando ayer diéramos a conocer el finiquito de Alejandro Velásquez que lo indemnizaba de la CORMUNAT por un poco más de $43 millones de pesos, las redes sociales estallaron en rechazo a dicha situación”

4.-) Que el 26 de septiembre de 2020, el recurrido en referencia, publica la noticia “Alcalde Paredes en enreda en explicaciones” donde analiza dos respuestas del edil, indicando “En consecuencia, el cometido del alcalde Paredes significa un gran favor para el secretario nombre reservado. Lo más lógico de un trabajador que evidencia que existe una VULNERACIÓN A SUS DERECHOS LABORALES por parte del empleador, es que RENUNCIE…” “Pero la realidad indica que de haberse concretado aquello, el secretario nombre reservado no iba a poder acceder a la cancelación de 7 años de servicios, solo se le cancelarían sus feriados legales que hasta el día de la firma del finiquito correspondían a dos periodos, lo cual asciende a un monto cercano a los $10 millones de pesos y no a los $43 millones de pesos y fracción que recibió, una abultada diferencia monetaria que entusiasmada al secretario nombre reservado”

5.-) Que el día 28 de septiembre de 2020, el citado medio señala “Una de las cosas que más llama la atención, dice relación con las desconocidas metas que se le impusieron en el nuevo contrato al secretario de la CORMUNAT, ya que en el último año se le aumentó el sueldo en más de $800 mil pesos…”

6.-) Que el recurrido nombre reservado, publico en su cuenta de Facebook “ Se recuerdan cuando un par de año no tuve miedo de decir que la dupla nombre reservado eran unos sirvengüenzas, bueno todavía lo siguen siendo!!. Renuncia nombre reservado!! Paredes mínimo da la cara”, el cual fue comentado y viralizado, alude memes al finiquito por “mutuo arreglo”, en otro señala “nombre reservado si eres hombrecito renuncia” “Quien iba a pensar que se filtraría el finiquito. El día menos pensado para Paredes y nombre reservado”. En otro mensaje señala “…Por fin renunció nombre reservado, tarde para los que fuimos afectados por su gestión y corrupción.

7.-)Que el 28 de septiembre de 2020, el recurrido nombre reservado publicó en su Faceboock, parte del finiquito celebrado por el recurrente con la CORMUNAT, publicó en la misma red social 27 de mes y año referidos “ Se fue un petiso corrupto, falta otro”; el 27 del mes y año referido publicó “ Que personalidad… Junten miedo cabros… Alejandrito el inocente nos va a demandar… El afuerino levantado de raja, sinvergüenza y corrupto nos quiere demandar…” El 24 de septiembre de 2020 publicó la otra parte del finiquito celebrado por el recurrente con la Corporación de Educación, Salud y Menores de Puerto Natales, expresándose en él el recurrente prestó servicios para dicha entidad desde el 01 de enero de 2013 al 31 de julio de 2019, cesando la relación por la causal establecida en el artículo 159 N°1 del Código del Trabajo, esto es, mutuo acuerdo, percibiendo por concepto de indemnización por años de servicios, la suma de $32.623.640.- CUARTO: Que, esta Corte, no divisa en los hechos establecidos en la reflexión que antecede, de qué forma los recurridos habrían eventualmente conculcado las garantías constitucionales aludidas por el recurrente, desde que los dichos de aquellos- cuya autoría no desconocen los recurridos y el actor no controvierte- no constituyen sino una manifestación del ejercicio legítimo del derecho constitucional de emitir opinión e informar, sin censura previa, en cualquier forma y medio, consagrado en el artículo 19 N°12 de la Carta Fundamental como, asimismo, a nivel internacional, en los artículos 19 y 13, respectivamente, del Decreto N°778 del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado el 29 de abril de 1989 que promulga el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Decreto N°873 del igual ministerio, publicada el 05 de enero de 1991 en el Diario Oficial que aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos, denominada “Pacto de San nombre reservado Rica”, postulado que aparece refrendado, además, por lo decidido por la Corte Interamericana de Justicia sobre la materia, normas internacionales que se encuentran actualmente vigentes, resultando las mismas vinculantes para esta Corte, en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 5° inciso 2° de nuestra Carta Política, corroborado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humano.

QUINTO: Que, además, motiva a estos sentenciadores a desatender la acción constitucional en el estudio, la circunstancia de que – atendida la finalidad pública perseguida por el empleador de la recurrente y los caudales públicos allí enterados por la Municipalidad de Puerto Natales para la consecución de dichos objetivos- ameritan la práctica de un test de ponderación o razonabilidad en la materia, dado el interés público comprometido de la materia difundida, lo que lleva a esta Corte a concluir que, en el caso de la especie, el derecho a la vida privada del recurrente, cede ante la libertad de expresión y de informar que ejercieron constitucional, legal y válidamente los recurridos, razón por la cual, la acción en estudio debe ser, necesariamente, desestimada.

Por las anteriores consideraciones, normas legales citadas y lo dispuesto, además, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de 1980 y Acta 94-2015 de la Excma., Corte Suprema que fija el texto refundido, sistematizado y coordinado del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA el deducido por don nombre reservado en contra de SERVICIOS WEB, DIGITACIÓN Y nombre reservado, representado por don nombre reservado, de nombre reservado y nombre reservado, todos ya individualizados, sin costas por haber tenido motivos plausibles para litigar.

Acordada con el voto en contra del Ministro Suplente don Álvaro Saavedra Sepúlveda, quien estuvo por acoger el antibiótico constitucional de emergencia que nos ocupa, en virtud de los siguientes fundamentos:

1.-) Que, el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París del 10 de diciembre de 1948, prescribe “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”.

2.-) Que, a su turno, el mismo instrumento internacional, en su artículo 12, establece que “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”

3.-) Que, el Decreto N°778 del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado el 29 de abril de 1989 que promulga el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14 prescribe, en lo pertinente, “ Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil…”

4.-) Que, de otro lado, el artículo 17 del precitado instrumento internacional, estatuye que “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”.

5.-) Que, el Decreto N°873 del igual ministerio, publicada el 05 de enero de 1991 en el Diario Oficial que aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos, denominada “Pacto de San nombre reservado Rica, en su artículo 8 N°1 establece “ Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”

6.-) Que, por su parte, el artículo 11 de la convención en referencia, postula que “Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”

7.-)Que de las citas internacionales citadas en la reflexión quinta por los sentenciadores de mayoría y las consagradas en los numerales que anteceden, se advierte con claridad meridiana una manifiesta tensión entre el derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial e independiente y el derecho a la vida privada, por una parte y, de otro, el derecho a la libertad de expresión y derecho de acceso a la información, tan consustancial y necesaria en las sociedades actuales, gobernadas por las tecnologías de la información.

8.-) Que, sin embargo, este sentenciador considera que son los propios instrumentos internacionales, ratificados por Chile y actualmente vigentes, los que nos enseñan algunas limitaciones o fronteras a que está sujeto el ejercicio de la libertad de expresión y derecho a informar o acceso a la información, cuya transgresión obvia y naturalmente puede eventualmente irrogar responsabilidades de distinto orden.

9.-) Que, así planteadas las cosas, el Decreto N°778 del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado el 29 de abril de 1989 que promulga el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 19, estatuye “ 1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones; 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento a su elección; 3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás…”. Es precisamente en esta norma de carácter internacional, conjuntamente con la que se dirá, en que se asilan los recurridos en su defensa, en la presente acción cautelar.

10.-) Que, en el mismo sentido, el Decreto N°873 del igual ministerio, publicada el 05 de enero de 1991 en el Diario Oficial que aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos, denominada “Pacto de San nombre reservado Rica”, en su artículo 13 previene “1. Toda persona tiene derecho a la liberta de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás…”

11.-) Que, de lo que se viene consignando, corresponde discernir la forma en que se deben interpretar las normas contenidas en los pactos internacionales, antes referidos. Así, el artículo 5° del el Decreto N°778 del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado el 29 de abril de 1989 que promulga el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, estatuye sobre el particular “ Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido de conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos y libertades reconocidos en el Pacto o a su limitación en mayor medida que la prevista en él “. A su turno, el artículo 29 el Decreto N°873 del igual ministerio, publicada el 05 de enero de 1991 en el Diario Oficial que aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos, denominada “Pacto de San nombre reservado Rica”, expresa “Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de: a) permitir a alguno de los Estados partes, grupo o persona , suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella…”

12.-) Que, de las normas sobre exegesis antes transcrita, se advierte con nitidez que tanto los Estados, grupos o personas, en general, no se encuentran legitimados activamente, en el legítimo ejercicio de su derecho de opinión o libertad de expresión e información, para privar o perturbar el también legítimo ejercicio del derecho del recurrente a no ser juzgado por una comisión especial y el derecho a su vida privada, como quiera que aquellos, en su ejercicio, reconocen como límite o frontera, el ejercicio de los otros derechos consagrados en los instrumentos internacionales aludidos como, asimismo, la reputación de las personas, cuya titularidad le corresponde a todas las personas sin distinción alguna, incluso a los recurridos de autos, que han amagado con su inconducta el ejercicio de los mismos por parte del recurrente. Lo anterior tiene como contrapartida, el legítimo ejercicio del derecho de petición a la autoridad, consagrado en el artículo 19 N°14 de la Carta Fundamental, de que son titulares todas las personas, para hacer las denuncias o presentaciones ante los órganos y en el procedimiento que legalmente corresponda y, obtener por la vía institucional, la sanción a las eventuales inconductas del recurrente y que se reprochan a través de las redes sociales. Así, por ejemplo, de ser titulares, podrían los recurridos ejercer la acción penal en contra del recurrido y probar sus dichos, en cuyo caso, será un Tribunal de la República que imponga al recurrente la pena que el ordenamiento jurídico asocia al hecho que se acredite, sin perjuicio de que otro tanto, podrían hacer en sede administrativa, a fin de obtener la sanción que corresponda, si procediere. Sólo así, todas las personas de este país, tienen derecho a que la sentencia jurisdiccional que los afecte , sea precedida de un proceso previo legalmente tramitado, como lo ordena la Carta Política de 1980 en su artículo 19 N°3.

13.-) Que, conviene ahora pasar revista a nuestro derecho interno, a fin de establecer como el Estado de Chile ha dado cumplimiento a las normas internacionales antes referidas.

14.-) Que, en primer término, el artículo 19 N° 3 inciso 5° de la Carta Magna de 1980, refiere que: “La Constitución asegura a todas las personas: N° 3 La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos; inciso 5° “Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señale la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho”, cuyo antecedente histórico ya lo encontramos en los artículos 199 de la Constitución de 1822,136 de la de 1823, 7 N°9 de la Ley Federal de 1827, 15 de la Carta de 1828, 134 de la de 1833, 12 de la Constitución de 1925, 1° N°3 del Acta Constitucional de 1976 y 19 N° 3 de la actual Carta. Como se puede advertir, se trata de una norma de carácter prohibitiva- de acuerdo a la clasificación tripartita de leyes que establece el artículo 1° del Código de Bello- que tiene una existencia cercana a los 200 años, que ha sufrido las mutaciones propias del devenir histórico.

15.-) Que, de otro lado, el artículo 19 N° 4 de la Carta Política de 1980, prescribe que “La Constitución asegura a todas las personas N°4 El respeto y protección a la vida privada (cuyo antecedente se encuentra en el artículo 1° N°10 del Acta Constitucional n°3 de 1976, actual articulo 19 N°4 modificado por el artículo 1° n°10 literal b) de la Ley N°20.050) y a la honra (artículo 1° y 7 Cap I Título I de la Carta de 1818, artículo 1° N°10 Acta Constitucional N°3 de 1976, artículo 19 N°4 de la Carta Magna de 1980, modificado por el artículo 1° N°10 letra b) de la Ley n°20.050) de la persona y su familia (Artículo 1° N°10 Acta Constitucional N°3 de 1976,artículo 19 N°4 de la Constitución de 1980, modificado por el artículo 1° N°10 letra b) de la Ley N°20.050) y asimismo, la protección de sus datos personales. El tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley” (artículo único de la Ley N° 21.096)

16.-) Que, a su turno, el artículo 19 N° 12 de la Carta Fundamental de 1980, prescribe “La Constitución asegura a todas las personas: La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, (artículos 11 Cap I Título I de la Carta de 1818, 7° n°1 de la Ley Federal de 1827, 10 y 18 de la Constitución de 1828; 12 N°7 de la Carta de 1833, 10 N°3 de la de 1925, 1° N°12 del Acta Constitucional de 1976 y actual 19 N°12 de la de 1980) en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley (artículos 10 N°3 de la Constitución de 1925, 1° N°12 del Acta Constitucional N°3 de1976 y 19 N°12 de la actual), la que deberá ser de quorum calificado.

17.-) Que, de las normas constitucionales transcritas, se advierte que, desde antigua data, el ejercicio de la libertad de emitir opinión y de informar, se encuentra amparada por el ordenamiento jurídico patrio, eso sí, siempre sujeta a la eventualidad de responder civil o penalmente de los perjuicios que su ejercicio abusivo ocasione.

18.-) Que, en concepto de quien suscribe, las conductas verificadas por los recurridos durante el mes de septiembre de 2020, con prescindencia de la contemporaneidad de las mismas con el proceso electoral que debía realizarse el 25 de octubre pasado, en general, y las acometidas entre el 24 y 28 del mes de septiembre, en particular, constituyen una “Funa”, concepto que viene del mapudungun y que significa “algo podrido o que se echa a perder”, concepto que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, señala que consiste en “Desacreditar a alguien, de palabra o por escrito publicando algo contra su buena opinión o fama”.

19.-) Que, desde una óptica punitiva, la funa, además, de afectar la honra de una persona, puede verse asociada a delitos, como el de amenazas ( como la acompañada al recurso efectuada en redes sociales por don nombre reservado) previstos en los artículos 296,297,297 bis, 264 y 268 quinquies del Código de Sanciones, artículo 7° inciso 2° de la Ley N°18314 que fija conductas terroristas y fija su penalidad; de calumnia e injurias establecidos en los artículos 412 y 416 del citado cuerpo legal; extorsión prevista en el artículo 438, ultrajes públicos a las buenas costumbres tipificados en los artículos 373 y 374 del reglamento penal, usurpación de nombres del artículo 214 del compendio penal ( perfil falso), artículos 161-A y 161-B que tipifica los delitos contra el respecto y protección a la vida privada y pública de la persona y su familia y, finalmente , los artículos 2 y 4 de la Ley N°19.223 que tipifica figuras penales relativas a la informática. En resumen, la funa constituye , a no dudarlo, una vulneración flagrante a la presunción de inocencia; que se encuentra consagrada a nivel internacional (artículo 14 N°2 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y 8 N°2 del Pacto de San nombre reservado Rica), constitucional ( artículo 19 N°3 inciso 6° de la Carta de 1980 y legal (artículo 4° de Estatuto de Instrucción Penal); de otro lado, la publicación o noticia constituye de facto una sentencia, dando paso con ello lugar a la auto tutela, que carece de todo reconocimiento en nuestro ordenamiento jurídico, amén de constituir una infracción al debido proceso, que se materializa en el juzgamiento de otro de lo cual se pretende hacer un espectáculo, motivado por cierto por la proliferación de las redes sociales y su escaso control 20.-) Que, desde un lente civil, si bien es cierto que la justicia civil, atendido el sistema de controles que debe existir por parte de los superiores jerárquicos para que, en un proceso, se consulte la característica de debido resulte , en ocasiones, extenso, no lo es menos que ese es uno de procedimiento que nuestro ordenamiento jurídico contempla para los efectos deseados por los recurridos, sin perjuicio de que la funa podría eventualmente constituir un ilícito civil (delito o cuasidelito si concurre dolo o culpa, respectivamente) y, por consiguiente, dar origen a la responsabilidad aquiliana estatuida en los artículos 2314 del Código Civil, incluso nuestro legislador a nivel escolar castiga los hechos de similares características a lo que padeció el recurrente, describiéndola en el artículo 16 B de la Ley n°20.370.

21.-) Que, respecto de los hechos materia de los mensajes en redes sociales de que fue objeto el recurrente, conviene precisar, sin perjuicio de la manifiesta impropiedad jurídica de la empresa de comunicaciones digital, al confundir en su publicación el derecho real de hipoteca y que también puede revestir el carácter de contrato de hipoteca, según se desprende de los artículos 577 y 2407 del Código Civil con una operación financiera de leaseback que, por cierto, no fue celebrada por la corporación empleadora del recurrente y, además, de instar públicamente a éste último a renunciar a sus derechos laborales que por expresa disposición del artículo 5° del Estatuto Laboral, tienen el carácter de irrenunciables mientras subsista la relación laboral, desconociendo de paso con ello el artículo 12 del Código Civil- cuya presunción del conocimiento milita en su contra, conforme al artículo 8 del Estatuto- más aún cuando la relación laboral que vinculaba al recurrente, era una regida por el Estatuto Laboral común, pues la empleadora (CORMUNAT), es una corporación de derecho privado sin fines de lucro, por expreso mandato constitucional establecido en el artículo 118 inciso 6° de la Carta Política de 1980, y que se encuentra gobernada por Libro I, Título XXXIII del Código de Bello, entidad que tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, como atributos de la personalidad propios, según se desprende de los artículos 545 y 556 del cuerpo legal citado, mismas que se encuentran sujetas a un triple control, ya sea por la Contraloría General de la República, la unidad de control de la municipalidad respectiva y del Ministerio de Justicia, en virtud de lo dispuesto en los artículos 136 y 135 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y 557 del Código Civil, respectivamente 22.-)Que, sin perjuicio de lo anterior, de los hechos establecidos en el motivo tercero de este fallo, impresiona a este sentenciador la circunstancia de haberse publicado por dos de los recurridos el finiquito celebrado por el recurrente y la CORMUNAT, inconducta que transgrede abiertamente el articulo 19 N°4 de la Carta Fundamental,que asegura a todas las personas el respeto y protección a la vida privada como, asimismo, segura la protección de sus datos personales, disponiendo que el tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley, el cual fue introducido por la Ley N°21.096 que consagra el derecho a protección de los datos personales.

23.-) Que, en este contexto, el artículo 2° literal f) de la Ley N°19.628 sobre Protección de Datos de Carácter Personal, reza que “Datos de carácter personal o datos personales, los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables” y su tratamiento en el caso de la garantía constitucional del artículo 19 N°12, sobre el cual edifican su defensa los recurridos, se verificará conforme a la Ley de Prensa. Sin embargo, el Título I de la Ley N°19.628, en general, en su artículo 4°, en particular, previene que “El tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello”. Así las cosas, no existiendo en la Ley de Prensa norma alguna que autorice la publicación de un dato personal del recurrente, en su calidad de persona particular, sin su consentimiento, forzoso y necesario resulta concluir que el actuar de los recurridos, es ilegal, careciendo, además, de toda racionalidad, lo que deviene en arbitrario, constituyendo el tratamiento de datos, “ cualquier operación o complejo de operaciones o procedimientos técnicos, de carácter automatizado o no, que permiten recolectar, almacenar, grabar, organizar, elaborar, seleccionar, extraer, confrontar, interconectar, disociar, comunicar, ceder transferir, transmitir o cancelar datos de carácter personal, o utilizarlos en cualquier forma” de acuerdo al artículo 2° letra o) de la Ley N°19.628.

24.-) Que, a mayor abundamiento, para el caso de que estimaré que el recurrente jurídicamente tenía la calidad de funcionario público, que por cierto no lo es como ya ha quedado refrendado, respeto de los cuales algunos postulan una suerte de derecho a la vida privada atenuada o devaluada o reducida, en razón de las funciones que realiza y el interés público que compromete su actuar ministerial, la propia Carta Fundamental en su artículo 8° establece limitaciones al respecto al prescribir “ Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quorum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o éstos, cuando la publicidad afectare el cumplimiento de sus funciones, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional” Corrobora lo anterior, el artículo 21 de la Ley N°20.285, sobre acceso a la información pública, que reza “ Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes: 2. Cuando su publicidad, comunicación a conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico”, norma que debe relacionarse con los principios de libertad de información y de divisibilidad, estatuidos en el artículo 11 literales b) y e) del cuerpo legal en comento.

25.-) Que, en las condiciones descritas, en los hechos hoy en día funar a una persona, constituye un hecho que actualmente se está normalizando en nuestra sociedad, se está erigiendo en una causal que sustituye o y/o subroga a la institucionalidad constitucional o legal vigente en lo relativo a la forma de hacer justicia, infraccionado de paso el artículo 76 de nuestra Carta y 1° del Código Orgánico de Tribunales y, además, el artículo 7° inciso 2° de la misma ( Ninguna magistratura, ninguna persona o grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las layes), fenómeno que se puede ver favorecido, entre otros factores, por la facilidad de acceso a las redes sociales incluso de dispositivos móviles, lo cual facilita la emisión de juicios personales en desmedro o descrédito de otra persona, en la “seguridad jurídica” de que ilicitud de su actuar no podrá ser juzgado por un tribunal como legal y válidamente corresponde, produciéndose en los hechos una inmejorable situación de impunidad, pues las redes sociales operan con ausencia física del emisor de la opinión o información; su rapidez en la difusión y, consecuencial, viralización y/ o multiplicación en un corto lapso; la convicción sobre la veracidad, a lo menos relativa, del contenido de la información que se produce en el destinatario, quien por cierto actúa en consecuencia y, finalmente, la sensación de que ha operado respecto de una persona una suerte de escrutinio o juicio público auto tutelar, que no tiene sustrato jurídico alguno en nuestro ordenamiento jurídico, por lo que no debe ser amparado por este sentenciador, debiendo recordar al efecto que todas las personas, sin distinción alguna, son titulares de los derechos que en esta oportunidad quien suscribe estima amagados al recurrente.

26.-) Que, de lo que se viene señalando, forzoso resulta concluir que el recurrente, ha sido afectado en sede de privación y perturbación, en el ejercicio de las garantías constitucionales estatuidas en el artículo 19 N°3 y 4 de la Carta Fundamental de 1980 por los recurridos, teniendo para ello, además, en consideración la labor que corresponde a los Tribunales de Justicia de acuerdo al artículo 3° del Código Orgánico de Tribunales, en cuanto garante de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos de este país, razones todas por las cuales este sentenciador estuvo por acoger la acción constitucional de excepción en estudio, sólo en cuanto a ordenar a la recurridos la eliminación de los medios por ellos utilizados de toda información relativa a los hechos que motivaron la interposición de este libelo y, además, abstenerse de incurrir en la misma conducta, en lo sucesivo.

Redacción del Ministro Suplente don Álvaro Saavedra Sepúlveda.

Se deja constancia que no firma el Ministro suplente Sr. Luis Álvarez Valdés, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por haber cesado en su cargo.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N°1739-2020.