Protección contra Corporación Municipal de Punta Arenas para Educación

Punta Arenas, once de febrero de dos mil veintiséis.

Vistos:

Comparece nombre reservado, en representación de don nombre reservado, venezolano, médico cirujano e interpone recurso de protección en contra de la Corporación Municipal de Punta Arenas para Educación, Salud y Atención del Menor, por haber dispuesto de manera ilegal y arbitraria la no renovación de la contrata del funcionario que representa a través del Ordinario N°NUM000 de fecha 15 de diciembre de 2025, acto administrativo que fue notificado por correo electrónico con fecha 23 de diciembre del año 2025, mientras se encontraba con feriado legal el recurrente, vulnerando las garantías constitucionales consagradas en los artículos 19 N°1, N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República, según se expone a continuación.

Relata que: 1.- Don nombre reservado ingresó a prestar servicios en la Corporación Municipal de Salud de Punta Arenas con fecha 25 de mayo de 2020, bajo el régimen de la Ley 19.378, en calidad de médico cirujano, manteniendo una relación estatutaria continua, sucesiva e ininterrumpida hasta el 31 de diciembre de 2025, acumulando una antigüedad total de 5 años y 7 meses, circunstancia que genera una expectativa legítima de continuidad funcionaria, conforme a la jurisprudencia reiterada de la Excma. Corte Suprema. 2.- Durante dicho período se desempeñó en funciones clínicas permanentes y necesarias para la atención primaria de salud, primero en el CESFAM Dr. Thomas Fenton y luego en el CESFAM Dr. Mateo Bencur, sin haber sido objeto de sanciones disciplinarias, anotaciones de demérito ni calificaciones deficientes, manteniendo una hoja de vida funcionaria intachable y evaluaciones históricamente favorables. 3.- No obstante, lo anterior, con fecha 10 de diciembre de 2025, el funcionario fue informado verbalmente en una reunión, que en virtud de una evaluación trimestral desfavorable es muy probable que no se renovaría su contrata, instrumento que no corresponde a la calificación anual exigida por la Ley 19.378 para justificar una medida de esta naturaleza, sin la existencia de un acto administrativo fundado, en infracción a los artículos 11 y 41 de la Ley 19.880. 4.- En los años previos a dicha decisión, el funcionario fue objeto de un trato diferenciado, selectivo y carente de justificación objetiva, consistente en observaciones administrativas reiteradas por errores menores propios del quehacer clínico, comunicaciones formales dirigidas exclusivamente a su persona con copia a jefaturas, y la modificación unilateral de evaluaciones de desempeño previamente favorables, configurándose un patrón de hostigamiento que carece de racionalidad administrativa y refuerza el carácter arbitrario de la decisión final. 5.- Asimismo, se le impuso un cambio unilateral de jornada laboral, con impacto directo en su salud física y psíquica, sin consideración a su situación médica ni a su mayor antigüedad, medida que fue aplicada de manera selectiva y sin motivación suficiente, afectando de forma desproporcionada su estabilidad laboral y personal. 6.- El recurrente cuenta con credencial de discapacidad vigente (TDAH y Trastorno del Espectro Autista nivel 1), circunstancia conocida por la recurrida, que imponía un deber reforzado de cuidado, no discriminación y adopción de ajustes razonables, lo que no solo fue omitido, sino que se tradujo en tratos despectivos y diferenciados, vulnerando el principio de igualdad ante la Ley. 7.- El conjunto de estas actuaciones administrativas culminó con la no renovación de su contrata. Este acto administrativo corresponde al ordinario N°NUM000, el cual carece de motivación y deviene en una decisión sin procedimiento de calificación ni sumario administrativo previo, configurando un acto ilegal y arbitrario que afecta directamente las garantías constitucionales de integridad psíquica, igualdad ante la ley y derecho de propiedad sobre la estabilidad y remuneraciones asociadas a su cargo.

El ordinario N°NUM000 de fecha 15 de diciembre de 2025, indica en modo de resumen, lo siguiente: “Por medio del presente documento, comunico a usted, que con fecha 31 de diciembre del 2025, se produce el término de la relación laboral que mantiene con esta Corporación Municipal de Punta Arenas, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 48 Letra C de la Ley 19.378, Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, esto es por "Vencimiento del plazo del contrato".

El motivo en que se funda la causal invocada consiste en que se ha cumplido el plazo estipulado para la terminación de su Contrato de Trabajo, el cual se encuentra vigente hasta el 31 de diciembre de 2025.

Indica que, todo acto administrativo, debe dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 19.880, es decir, exteriorizar los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya, por tratarse de actos que afectan intereses particulares; y al artículo 41 inciso cuarto, que obliga a que la decisión final sea fundada.

Que la argumentación entregada para poner fin a la contrata, debe tenerse en consideración que la Ley 19.880, en cumplimiento de criterios constitucionales, se encargó de desarrollar los principios destinados a asegurar un procedimiento racional y justo al decidir y al ejecutar las actuaciones de los órganos de la Administración del Estado, puntualizando, en su artículo 1°, que sus preceptos se aplicarán con carácter supletorio en aquellos casos donde la ley establezca procedimientos administrativos especiales. En este sentido, el ordenamiento referente a las atribuciones de nombramiento y terminación de cargos de empleos a contrata no contempla reglas especiales acerca del procedimiento que debe emplearse para el ejercicio de semejantes facultades, razón por la que, respecto de tal materia, inequívocamente cabe aplicar las disposiciones contempladas en la referida Ley 19.880.

Se consigna en dicho cuerpo legal la obligación del artículo 11 inciso segundo, consistente en motivar o fundamentar explícitamente en el mismo acto administrativo la decisión, los hechos y los fundamentos de derecho que afecten las potestades y prerrogativas de las personas.

Que se debe tener en consideración que el funcionario se ha desempeñado en la Corporación Municipal por más de 5 años por lo que es imposible sostener que se trate de una función transitoria, por cuanto queda en evidencia que la necesidad pública que se pretende satisfacer a través de aquella prestación de servicios ha devenido en permanente, alejándose con ello de la naturaleza y fines propios de los empleos a contrata.

Indica que, nuestra Excma. Corte en la causa Roles 26.112-2022, 26.131-2022, 26.196-2022, 26.279-2022 y 26.301- 2022 de fecha 31 de marzo de 2023 establece un criterio unificador en relación a la estabilidad del empleo de las contratas.

Refiere que la relación estatutaria del recurrente se rige por la Ley 19.378, Estatuto de Atención Primaria de Salud. Sin perjuicio de ello, resultan plenamente aplicables, de manera supletoria, los principios generales del Derecho Administrativo y las normas de la Ley 19.880, en especial aquellas relativas a motivación, racionalidad y legalidad del actuar administrativo.

Esgrime que, según el artículo 87 de la Ley 18.883, todo funcionario tiene derecho a gozar de estabilidad en el empleo, prerrogativa de la que en parte alguna se exime a los que detentan la denominada condición “a contrata”. Esto significa que mientras transcurre el contrato, no puede legítimamente ponérsele término anticipado sino en la forma que el propio Estatuto Administrativo para funcionarios Municipales contempla.

Indica que, dentro del Derecho Administrativo, existe como principio básico, la garantía de la fundamentación motivación del acto administrativo.

La Excma. Corte Suprema en los últimos años, ha ido desarrollando una jurisprudencia consistente y uniforme en materia de motivación del acto administrativo, consagrando una serie de estándares que materializan de manera concreta el mandato del artículo 8° de la Constitución y los artículos 11, inciso 2° y 41° inciso 4° de la Ley de Bases del Procedimiento Administrativo (LBPA). Nuestra Excma. Corte Suprema ha sostenido que la motivación del acto administrativo es un elemento esencial del mismo, estimándose “un requisito indispensable que debe encontrarse siempre presente” (Excma. Corte Suprema ROL 27.467-2014); “revestido de mérito suficiente” (Excma. Corte ROL 58.971-2016) y si el acto aparece “desmotivado” o con “razones justificativas vagas, imprecisas y que no se avienen al caso concreto”, carece de un elemento esencial (Excma. Corte Suprema ROL 27.467-2014).

Indica que las garantías vulneradas son: 1.- El artículo 19 N°1 de la Carta Fundamental prescribe como garantía fundamental, “el derecho a la vida e integridad física y psíquica de la persona”. Se prohíbe la aplicación de todo apremio ilegítimo; La vulneración a esta garantía, surge con el solo hecho que el funcionario fue sometido de manera constante a un ambiente laboral hostil, intimidatorio y persecutorio, que se agravo con la no renovación de la contrata.

El trato diferenciado, las amonestaciones selectivas, los correos con copia a jefaturas sin posibilidad real de defensa, las evaluaciones arbitrarias, los cambios unilaterales de jornada con conocimiento del impacto en su salud, las amenazas veladas sobre su continuidad laboral y la falta de respaldo institucional frente a situaciones de violencia y discriminación, generaron crisis de ansiedad, trastornos del sueño, síntomas depresivos, agotamiento físico y mental, obligándolo a requerir tratamiento psiquiátrico y psicológico con medicación.

Lo que se agrava al enterarse de la mala noticia, experimentó una notable inestabilidad emocional, lo que ha tenido un impacto profundo en su bienestar general. 2.- El artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental prescribe como garantía fundamental para todas las personas el derecho a “La igualdad ante la Ley”.

Distinción proporcional. Indica que, una distinción es razonable cuando la medida adoptada se ajusta a los fines perseguidos. No obstante, por la naturaleza de la resolución que puso término a la contrata, no se puede medir o evaluar los fines que se persigue con dicha decisión dado que no se expresa, sino que solo se ampara en una potestad legal que permite poner término a la relación.

Como se puede apreciar, la resolución que dispone el término anticipada de la contrata del funcionario toma como argumentos conceptos vagos e imprecisos: pues, no queda clara la justificación o motivación de la decisión conforme a los estándares que exige el principio de igualdad, y por lo demás, conforme a los requisitos que debe reunir todo acto administrativo, en especial, aquel que conculca garantías fundamentales de los trabajadores.

Sumado a ello, El recurrente cuenta con credencial de discapacidad vigente, correspondiente a TDAH y Trastorno del Espectro Autista nivel 1, circunstancia conocida por la recurrida, lo que imponía un deber reforzado de protección y adopción de ajustes razonables.

No obstante, ello, la recurrida omitió adoptar cualquier medida de apoyo, exponiéndolo a un entorno laboral especialmente hostil y exigiéndole condiciones que afectaban directamente su salud, configurándose una discriminación arbitraria por condición personal.

Adicionalmente, el recurrente fue objeto de tratos despectivos vinculados a su nacionalidad extranjera, acento y apariencia, por lo que la decisión de la no renovación de contrata no tiene fundamentos plausibles, sino que está orientado a sesgos por parte de la jefatura y autoridades de la Corporación Municipal de Punta Arenas. 3.- Artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República: "La Constitución asegura a todas las personas:

N°24: El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales." Las vulneraciones al derecho de propiedad que dichos actuares significan en el patrimonio del afectado, por el actuar arbitrario de la administración del Estado. En la especie se ha dispuesto una terminación de la contrata, maquillada de un supuesto actuar dotado de formalidad, pero que en los hechos es flagrantemente ilegal, carente de lógica y arbitrario.

Pide se sirva tener por interpuesto, acción constitucional de protección decretando los actos que estime pertinente para el restablecimiento del derecho, debiendo en consecuencia invalidar el término de la contrata de don nombre reservado, ordenar su reintegro y el pago de todas las remuneraciones y estipendios correspondientes, debidamente reajustados, entre la fecha de la separación y la de su efectivo reingreso con expresa condenación en costas.

Informa la recurrida por medio de nombre reservado

Corona, abogada por la Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al Menor. Alega que, es necesario tener presente que las Corporaciones Municipales, son personas jurídicas de derecho privado, creadas al alero del Decreto con Fuerza de Ley 1-3063 de 13 de junio de 1980, que reglamenta la aplicación del artículo 38 del Decreto Ley 3063, de 29 de diciembre de 1979, y que estableció la posibilidad para las Municipalidades del país, el administrar directamente los servicios traspasados de salud y principalmente de educación (en el marco de las reformas llevadas a efecto en ese período) o la creación por parte de las Municipalidades, de corporaciones sin fines de lucro, diversas de las corporaciones regidas por el derecho común.

Estas Corporaciones Municipales, se crean a iniciativa de las Municipalidades, y se distinguen de las corporaciones de derecho privado creadas por los particulares, en primer lugar, porque las corporaciones municipales nacen por un mandato legal especial, y, en segundo lugar, respecto de la finalidad, las Corporaciones Municipales administran y gestionan las funciones traspasadas desde el Estado hacia las Municipalidades.

Que, sin perjuicio de lo anterior, las Corporaciones Municipales son entes independientes de la Municipalidades, dado su especial génesis y tratamiento legal; tienen la naturaleza de personas jurídicas de derecho privado creadas por iniciativa pública para el cumplimiento de una función administrativa, diferenciándose también de las personas jurídicas de derecho público, por su forma de constitución y su forma de funcionamiento.

Indica que, el recurrente plantea en su recurso dos situaciones diversas, esto es, en primer lugar, invalidar el término de la contrata, a la que – supuestamente – fue objeto, y, en segundo lugar, el reintegro y el pago de todas las remuneraciones, entre la fecha de su separación y su efectivo reingreso – sin indicar donde -.

Respecto de ambos puntos, para esa parte es de competencia de la judicatura laboral el conocer de la correspondiente demanda, en el cual podrá hacerse valer las pretensiones de del funcionario según establece el artículo 420 del Código del trabajo.

Así las cosas, si el actor tiene como intención el impugnar el vencimiento de su contrato de trabajo, debe ocurrir al Juzgado del Trabajo, no siendo entonces el recurso de protección la vía idónea para plantear la discusión de la terminación de los contratos de trabajo.

La controversia planteada por el recurrente debe ser analizada en un procedimiento declarativo, en el cual existen las etapas procesales pertinentes para hacer valer los derechos que se entiendan conculcados.

Refiere que es efectivo que don nombre reservado se desempeñó como médico en Corporación Municipal de Punta Arenas hasta el 31 de diciembre del 2025, cuyo vencimiento del plazo se comunicó según el ORD NºNUM000, el cual fue debidamente notificado vía carta certificada al actor y correo electrónico como forma expedita para su real conocimiento, cuyo fundamento correspondió al vencimiento del plazo fijado en su contrato de trabajo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 48 letra C del Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, el cual prescribe: “Los funcionarios de una dotación municipal de salud dejarán de pertenecer a ella solamente por las siguientes causales: c) vencimiento del plazo del contrato”, lo que en efecto ocurrió con el recurrente, en ningún caso se le informo el término anticipado de su contrato de trabajo como indica la contraria, por lo que difícilmente se puede entender como un acto arbitrario e ilegal por parte de su representada.

Señala que, que todo funcionario de salud de la Corporación Municipal de Punta Arenas está sujeto al Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, Ley 19.378, y en lo no regulado en el referido estatuto, es aplicable el Estatuto de Funcionarios Municipales, Ley 18.883, y no la Ley 19.880 como entiende la contraria.

Respecto a la relación contractual que mantuvo el recurrente, tuvo una serie de contratos a plazo fijo y a reemplazo, siendo estos últimos, para efectos del estatuto de atención primaria, según prescribe el inciso 4º del artículo 14, el siguiente: “… debido a un contrato de reemplazo. Este es aquel que se celebra con un trabajador no funcionario para que, transitoriamente, y sólo mientras dure la ausencia del reemplazado, realice las funciones que éste no puede desempeñar por impedimento, enfermedad o ausencia autorizada.”. Por lo que difícilmente se puede considerar como parte del cómputo de una legítima expectativa de continuidad funcionaria como intenta plasmar la contraria.

Alega que, en cuanto al supuesto trato diferenciado, selectivo y carente de justificación objetiva, modificación unilateral de evaluaciones de desempeño, indicado por la contraria como un factor de hostigamiento, NO es efectivo. De hecho, es curioso que, en el caso que haya vivido aquello, recién una vez culminado su contrato de trabajo con la Corporación Municipal de Punta Arenas, don nombre reservado informa y señala a través de la presente acción constitucional – de manera enunciativa sin contexto, época y circunstancia – ciertos actos que habría – supuestamente – afectado su integridad psíquica y física, situación que con anterioridad no realizó a su empleador. Como así mismo hace referencia a un cambio unilateral de jornada, el cual nunca ocurrió.

Relata que, en cuanto la supuesta comunicación a su jefatura respecto de su credencial de discapacidad, cuya fecha de emisión es del 22 de octubre del 2025, no es efectivo, siendo responsabilidad del recurrente, mientras era funcionario, el comunicar dicha situación.

Refiere que sobre la estabilidad en el empleo, el artículo 87 de la Ley 18.883 reconoce que: «Todo funcionario tendrá derecho a gozar de estabilidad en el empleo y a ascender en el respectivo escalafón». Esta norma, debe interpretarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la misma Ley, que respecto a las contratas establece que estarán sujetos a ella en todo aquello que sea compatible con la naturaleza de estos cargos.

En tanto, sobre la carrera funcionaria, la Ley 18.883 contempla el mismo criterio de la Ley 19.378, pues el artículo 8° de la Ley 18.883 indica que: «La carrera funcionaria se iniciará con el ingreso a un cargo de planta (…)», especificando su artículo 15 que la manera de ingresar a un cargo de planta es por un concurso público.

De esta manera, indica que el legislador es claro al excluir del principio de estabilidad en el empleo y de la carrera funcionaria al personal a contrata -Ley 18.883- y al personal contratado a plazo fijo -Ley 19.378-, pues la naturaleza de tales contrataciones no es compatible con la estabilidad.

Sobre esta materia, cabe precisar que el recurrente incurre además en un error conceptual sobre su contratación. Él afirma en la página 2 de su recurso que habría «acumulado una antigüedad total de 5 años y 7 meses, circunstancia que genera una expectativa legítima de continuidad funcionaria, conforme a la jurisprudencia reiterada de la Excma. Corte Suprema.» En este sentido, la Ley 19.378 define los tipos de contratos del personal que se desempeña en atención primaria de salud municipal, conceptualizando el contrato a plazo fijo en su artículo 14 inciso tercero como: «los contratados para realizar tareas por períodos iguales o inferiores a un año calendario». Vale decir, el legislador no toma en cuenta el carácter transitorio de la función que se desempeña, de tal manera que la contratación sucesiva devenga en una relación estable, sino que mira exclusivamente a la duración del contrato, y lo diferencia del contrato indefinido en la manera de ingresar, pues éste requiere un concurso público de antecedentes.

Refiere que el cómputo realizado por el actor no es efectivo, toda vez que considera aquellos períodos en el cual se desempeñó bajo la calidad contractual a reemplazo, como se indicó precedentemente, no considerándose, para estos efectos, como funcionario.

En efecto, el recurrente no está amparado por el principio de confianza legítima y, en consecuencia, su expectativa de que se le renovará por una anualidad no es una de carácter legítima. Así, su contratación de plazo fijo, no siendo amparada por la estabilidad en el empleo o la carrera funcionaria, la conducta de su representada relativa a no renovarle contratación no es ni ilegal ni arbitraria.

Luego el recurrente sostiene la inexistencia de un acto debidamente fundado que indique la no renovación de la contrata del recurrente.

Esta supuesta ilegalidad, el recurrente la construye a partir de varios supuestos. En primer lugar, sostiene erróneamente en indicar que se le dio término anticipado de contrata.

Indica que al contrato a plazo fijo por su naturaleza no le es aplicable legalmente la estabilidad en el empleo ni la carrera funcionaria, y, como señalamos precedentemente, atendida la duración de la contratación del señor nombre reservado tampoco le asiste el principio de confianza legítima. Así, lo que le queda para justificar la supuesta ilegalidad de la conducta que le atribuye a mi representada es disfrazar el vencimiento de su contratación en un término anticipado del contrato.

En este sentido, el artículo 14 de la Ley 19.378 el que define el contrato a plazo fijo, admitiendo este contrato dos formas: la contratación por un año calendario, o bien, por un período inferior a un año. Durante 2021, 2024 y 2025, el recurrente tuvo contratos anuales, en cambio, durante 2020, 2022 y 2023, su contrato a plazo fijo fue inferior a una anualidad, intercalándose que contratos a reemplazo.

Señala que la Ley 19.378, en su artículo 48 contempla las hipótesis por las que los funcionarios de una dotación municipal de salud dejarán de pertenecer a ella, indicando entre ellas, en su letra c) la causal de vencimiento del plazo del contrato. Evidentemente, dicha causal se refiere a los contratos a plazo fijo, pues son éstos los que se celebran por un año o un período menor.

Al definir al personal a contrata, el artículo 2° inciso tercero de la Ley 18.883 establece que: «Los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan cesarán en sus funciones en esa fecha, por el sólo ministerio de la ley (…)». Es decir, tampoco exige que se dicte un acto administrativo que disponga la no renovación de la contrata por una nueva anualidad, sino que, vencido el plazo, se extingue ipso facto.

Pide se rechace el recurso con costas.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que la parte recurrente señala que el acto recurrido es haber dispuesto de manera ilegal y arbitraria la no renovación de la contrata a través del Ordinario N°NUM000 de fecha 15 de diciembre de 2025, acto administrativo que fue notificado por correo electrónico con fecha 23 de diciembre del año 2025, mientras se encontraba con feriado legal el recurrente, vulnerando las garantías constitucionales consagradas en los artículos 19 N°1, N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que la recurrente señala tener una real expectativa de estabilidad en el empleo y estar respaldado por el principio de confianza legítima, pues indica que lleva trabajando en la Corporación recurrida por un plazo mayor a los 5 años, pero las contrataciones del recurrente no permiten generar esa expectativa pues durante el lapso de tiempo que ha prestado servicios como médico a la recurrida, ha sido contratado a plazo fijo por diferentes períodos y también bajo la calidad de reemplazante, lo que no condice con el principio de confianza legítima que requiere que las renovaciones sean continuas durante cinco años (Rol 4919 – 2025 de la Excma. Corte Suprema).

QUINTO: Por otro lado, se debe tener presente que el recurso de protección no es la vía idónea para para conocer y resolver materias propias relativas a la tramitación de una denuncia o demanda de carácter laboral, materia respecto de la cual el ordenamiento contempla vías específicas de tutela administrativa y jurisdiccional, en donde, conforme a los procedimientos legales establecidos al efecto, las partes puedan hacer valer sus pretensiones y rendir todas las pruebas que estimen convenientes para lograr el establecimiento de sus pretendidos derechos.

SEXTO: Que, en consecuencia, del mérito de lo expuesto en los motivos precedentes no se avizora una actuación ilegal o arbitraria ejecutada por la recurrida que tenga la aptitud de privar, perturbar o amenazar el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales resguardados mediante este recurso de naturaleza cautelar, lo que lleva a rechazar el recurso según se dirá a continuación.

Por estas consideraciones y, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de la Corporación Municipal de Punta Arenas para Educación, Salud y Atención del Menor.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Comuníquese, Regístrese y archívese oportunamente.

Redacción de la Ministra Sra. Caroline Turner González.

Rol N°17 – 2026.Protección.