nombre reservado con SECCION DE REMUNERACIONES POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

Punta Arenas, veintiuno de julio de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Comparece KAREN PAOLA DELGADO GOMEZ, Abogada, en representación convencional del Subprefecto en retiro, don nombre reservado, Run N°RUT reservado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, quien dice:

Que interpone recurso de protección en favor del afectado ya individualizado por la omisión de pago de los saldos adeudados de la asignación de grado efectivo, por parte de su institución empleadora por los servicios efectivamente servidos, en contra de la SECCIÓN DE REMUNERACIONES de la Policía de Investigaciones de Chile, en adelante PDI, RUT RUT reservado, departamento que se encuentra bajo la jerarquía administrativa del Prefecto General doña nombre reservado, RUN RUT reservado, Jefe de la Jefatura Nacional de Administración y nombre reservado, en adelante JENAPERS con domicilio en domicilio reservado, cuya ilegalidad fue tomada conocimiento por el recurrente con fecha 25 de marzo de 2025 por la emisión de un fallo sobre el mismo asunto debatido en la causa de protección Rol N° 107-2025 de la Corte de Apelaciones de Valdivia, acogida y donde ordena el pago a dos ex subprefectos de la PDI desde el ingreso a la institución al 26 de abril de 2021.

El incumplimiento de las obligaciones correlativas de la prestación de pagar los saldos adeudados al recurrente de sus remuneraciones constituye un acto ilegal y arbitrario, por el vínculo jurídico que une al funcionario con su institución empleadora y su incumplimiento se produce debido a que los servicios prestados fueron efectivamente servidos y no remunerados en su integridad, siendo la omisión de pago conculcadora de derechos fundamentales.

De esta manera, esta conducta se extiende a dos aspectos que son el fondo del asunto debatido, El primero, por la omisión de pago de los saldos remuneratorios adeudados de la “asignación de grado efectivo”, código H0050 que es una remuneración pagada parcialmente siendo lo reclamado lo adeudado desde su desempeño en la ciudad de Punta Arenas al 26 de abril de 2021 por el desempeño y pago incompleto de la asignación reclamada, siendo la omisión de pago conculcadora del derecho indubitado contenido en el art. 19 N° 24 de nuestra constitución, esto es el “derecho de propiedad” sobre las remuneraciones del afectado que es un derecho reconocido y amparado por los artículos 97 y 98 del DFL 1 de 1980 del Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones, el primero de los preceptos consagra el derecho a la remuneración por los servicios prestados; y el segundo, establece el derecho a la remuneración integra, los cuales fueron afectados por la PDI.

El segundo de los aspectos dice relación con la distinción arbitraria que hace respecto de otros funcionarios que en semejante circunstancias han recibido el pago respectivo de lo reclamado, conculcando el derecho y garantía constitucional del art. 19 N° 2, debido a que la PDI hace distinción arbitraria en perjuicio de los recurrentes que son discriminados respecto de otros exfuncionarios y funcionarios activos de la PDI, donde el recurrido sí ha pagado de forma íntegra aquellos montos insolutos por el período anteriormente señalado.

Se solicita que se sirva adoptar de inmediato todas las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del actor, ordenando a la recurrida que pague todos los montos y saldos adeudados de mi representada por el desempeño en aquellos lugares donde se le pagaron incompletamente la asignación reclamada -desde que tienen derecho a dichos emolumentos- hasta el 26 de abril de 2021, que corresponde al período no regularizado por la PDI, más reajustes legales, debido a que el recurrente no debe soportar un perjuicio en su patrimonio producto de la poca diligencia e inactividad de la recurrida en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del servicio público y por la mala interpretación que hizo del Dictamen N° 98928 de la C.G.R.

Respecto don nombre reservado, ingresó a la PDI el 01 de febrero de 1991, al escalafón de oficial policial de línea (OPL), egresando como Detective, al momento de su egreso de la institución, a la persona se le generó el derecho a percibir la asignación de grado efectivo el año 1998, que fue la época en donde se instauró el beneficio por el DFL N° 1 de 1998 del Ministerio de Defensa, actualmente se encuentra en situación de retiro.

Por dicha vinculación, subsiste para la recurrida la obligación de cancelar los saldos debidos, ya que de esta forma se entiende que la de forma completa e integra, tal como lo disponen los artículos 97 y 98 del Estatuto del Personal de la PDI, donde lo último no ha acontecido, ya que se adeudan los saldos de los períodos servidos en la ciudad de Punta Arenas y Antofagasta entre el 2006 al 2017.

La asignación de grado efectivo, código H0050, constituye remuneración, se paga en todas las plantas y su monto varía de acuerdo al grado, respecto de la planta de oficiales policiales de Línea (OPL) que es de donde pertenece mi representado corresponde dicha remuneración desde el grado 13° al grado 1° o sea desde Detective hasta el Grado de Director General de la PDI.

Desde el egreso en la calidad de planta al recurrente se le generó “El derecho a percibir la asignación de grado efectivo”, por el sólo ministerio de la ley, ya que este beneficio se estableció el año 1998, está asignación tiene un incremento cuando algún funcionario se desempeña en regiones con derecho a la asignación de zona, para ilustrar en el caso en marras reclamado, lo debido corresponde al incremento del 70% por el desempeño en la ciudad de Punta Arenas entre los años 2006 al 2011 y 35 % por el desempeño en Antofagasta en los años 2013 al 2017.

En el mes de mayo de 2019, la PDI realizó un reconocimiento informando a la totalidad del personal respecto de la equivocación de los pagos, refiriendo que “habría un mejoramiento del cálculo de la gratificación de zona a quienes tengan derecho de percibirlo”, lo cual fue comunicado mediante Radiograma N° 225 del 30 de mayo de 2019 de la JENAPERS, ese hecho significó que ese mes se cancelara de manera íntegra dicha asignación.

No obstante, al mes siguiente junio de 2019 el monto íntegro de dicha remuneración se dejó de pagar para aquellos funcionarios que tenían del derecho al incremento conforme a la zona, y así lo expresó la propia PDI mediante Radiograma N° 285 de fecha 02 de julio de 2019 que informó que el pago efectuado en el mes de mayo de 2019 había sido sometido al pronunciamiento del órgano contralor, refiriendo textualmente la PDI, lo que sigue:

“Conforme a lo anterior, las remuneraciones con asignación de zona continuarán cancelándose utilizando la base de cálculo original hasta recibida la respuesta del Ente Contralor, a partir de la cual se procederá conforme a derecho al pago en cuestión”

Por lo antes expuesto, se solicita al personal MANTENERSE A LA ESPERA hasta que esta Jefatura Nacional reciba el referido pronunciamiento por parte de la Contraloría General de la República”. [SIC]

El pago integro fue suspendido en el mes de junio de 2019, posteriormente con fecha 26 de abril de 2021 la Contraloría General de la República, emitió respuesta al pronunciamiento de la PDI evacuando Dictamen N° E98928 / 2021 que en síntesis señala que la forma de pago efectuada en el mes de mayo de 2019 se había hecho de forma correcta y esto se debe debido a que el derecho de la remuneración reclamada estaba contemplado desde el mes de marzo de 1998 por el DFL N° 1 del Ministerio de Defensa, aplicable a la PDI.

A pesar de lo anterior, la PDI nunca aclaró a sus funcionarios en servicio activos o en retiro, si los montos adeudados serían pagados retroactivamente en su integridad, sino que esto fue develado por el Subprefecto en retiro nombre reservado al recurrente por la sentencia N° 107-2025 de la Corte de Apelaciones de Valdivia, donde el recurrente tomó conocimiento de la ilegalidad de que la PDI sólo regularizó el pago adeudado a partir del 26 de abril de 2021, ya que en dicha sentencia se le ordenó el pago por los periodos servidos con anterioridad a dicha fecha.

Debido a la publicidad en la materia con la sentencia de protección N°107-2025 de la Corte de Apelaciones de Valdivia, el recurrente toma conocimiento de la ilegalidad con fecha 25 de marzo de 2025, por uno de los beneficiados de esta, donde se le ordena a la PDI el pago de los saldos adeudados por los períodos anteriores al 26 de abril de 2021 Los derechos indubitados que se alegan como conculcados corresponden al art. 19 N°2, esto es igualdad ante la ley, y el art. 19 N°24, esto es el derecho de propiedad, ambos de la Constitución Política de la República.

Se produce una discriminación arbitraria por parte de la PDI, debido a que la institución hace una distinción arbitraria respecto de mi representado en relación a otros funcionarios y ex funcionarios que en semejantes circunstancias han recibido el pago íntegro de la asignación de grado efectivo, incluyendo a todos aquellos favorecidos con sentencias acogidas, que demuestran que la recurrida ha persistido en la omisión de regularizar el pago.

Se hace presente que la asignación de grado efectivo es remuneración, el recurrente tiene sobre éstas un derecho de propiedad, el cual es un derecho de carácter absoluto, perpetúo y exclusivo, y por dicha calidad está protegido por el art. 19 N°24 de la CPR., esto es el Derecho de Propiedad, siendo un derecho indubitado y más si siempre se le pagó incompletamente.

Para aclarar como regula la normativa de la PDI este derecho, es menester señalar que los funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile, conforme a los artículos 97 y 98 del DFL 1 de 1980 del Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones, detentan por ese vínculo jurídico dos derechos:

Primero, El derecho a las remuneraciones por los servicios prestados consagrado en el art. 97 que confirma esa calidad de derecho indubitado; y Segundo, por el art. 98 se establece el derecho a percibir la integridad de las remuneraciones. Para ilustrar a S.S.I., el contenido de estos dos derechos, se transcriben a continuación:

“Artículo 97°- El personal tiene derecho, como retribución por sus servicios, a las remuneraciones y demás beneficios que determine la ley.

Los funcionarios regidos por este Estatuto tendrán derecho a sus remuneraciones desde la fecha en que asuman su cargo. Si para hacerlo necesitaren trasladarse a un lugar distinto del de su residencia, las remuneraciones se devengarán desde el día en que emprendan el viaje”. (SIC)

“Artículo 98°- Las remuneraciones que percibe el personal son inembargables, salvo por resolución judicial ejecutoriada, decretada en juicio de alimentos.

Queda prohibido deducir de las remuneraciones del personal otras cantidades que las correspondientes a pago de impuestos, cuotas o servicios de deudas de previsión y otros descuentos establecidos expresamente por las leyes. De las remuneraciones del personal, podrá deducirse, además, los descuentos provenientes de obligaciones que estos hayan contraído con organismos administrativos internos”. (SIC)

El hecho de no pagar aquellos montos adeudados de la asignación de grado efectivo por el período que media entre el ingreso a la Institución y precisamente en aquellos lugares efectivamente servidos por el actor en las zonas de Punta Arenas y Antofagasta sobre el saldo insoluto no pagado de sus remuneraciones por el tiempo que fue servido por el recurrente.

Señala que recurre en plazo legal computado desde la fecha que se tomó noticia de la ilegalidad indicado en el cuerpo del recurso, y que además dicha omisión es persistente por las diversas sentencias recaídas en la materia donde la recurrida actúa ilegal y arbitraria, debido a que los servicios de mi representada fueron efectivamente prestados región policial de Punta Arenas y Antofagasta, adeudándose saldos y porcentajes distribuidos en esos períodos por la omisión de pago que nunca la PDI ha intentado regularizar de propia iniciativa.

Así las cosas, el incumplimiento de la obligación de la PDI de remunerarlos, tal como lo regula su propia normativa en los artículos 97 y 98 del Estatuto del Personal de la PDI, no ha sido cumplida; ya que sólo lo ha hecho de manera parcial.

Es por ello, que la disminución patrimonial afecta el derecho indubitado del art. 19 N°24 de la Constitución Política de la República debido a su privación y perturbación del derecho de propiedad que tiene el afectado que incluso se extiende a una distinción arbitraria respecto de otros funcionarios que sí le pagaron lo adeudado de manera completa.

Se pide dar curso al presente recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el art. 20 de la Constitución Política de la República, en contra de la SECCIÓN DE REMUNERACIONES de la PDI, RUT RUT reservado, departamento que se encuentra bajo la jerarquía administrativa del Sra. Prefecto General doña nombre reservado, y que se adopten, de inmediato, las providencias que se juzguen necesarias para asegurar el imperio del derecho y garantizar la debida protección de la afectada, rogando que acceda a las siguientes medidas necesarias:

(1). Acoger a tramitación la presente acción constitucional.

(2). Requerir Informe a la recurrida.

Finalmente, la pretensión es que se acoja el presente recurso de protección y se regularice el pago por los montos adeudados de la asignación por el período que le corresponde por derecho y que ha fijado y zanjado la jurisprudencia en los asuntos de esta naturaleza, esto es desde la época que fueron servidos y cancelados incompletamente por el desempeño en Punta Arenas y Antofagasta, con reajustes legales.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos que complementan las argumentaciones:

1) Radiograma N°225 del 30.MAY.2019 de JENAPERS de la PDI, que expresó que habría un mejoramiento del cálculo de la gratificación de zona a quienes tengan derecho de percibirlo.

2) Radiograma N° 285 del 02.JUL.2019 de JENAPERS que aclaraba que el pago efectuado por el radio anterior había sido sometido al pronunciamiento del órgano contralor.

3) Dictamen N° E98928/ 2021 de fecha 26.ABR.2021, donde se dictaminó que la asignación de especialidad al grado efectivo que actualmente recibe la Policía de Investigaciones de Chile debe ser considerada en la base de cálculo de la gratificación de zona del personal que tenga derecho a este último beneficio.

4) Sentencia de protección acogida en la causa Rol N°107-2025 de la Corte de Apelaciones de Valdivia.

A folio 17, se prescinde del informe del recurrido.

A folio 20 se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, el acto estimado ilegal y arbitrario alegado por los recurrentes lo hacen consistir en la omisión de pago de los saldos remuneratorios adeudados de la "asignación de grado efectivo", desde el desde años 2006 al 2011 y 35 % por el desempeño en Antofagasta en los años 2013 al 2017, lo que afecta el derecho de propiedad contenido en el art. 19 N°24 de nuestra Constitución, sobre las remuneraciones de los recurrentes quienes recibieron el pago incompletamente.

Además, la conducta pasiva del recurrido en regular sus deberes como empleador público conculca el derecho y garantía constitucional del art. 19 N°2, debido a que la PDI hace distinción arbitraria en perjuicio del recurrente quien es discriminado respecto de otros ex funcionarios a los que sí se ha pagado de forma íntegra aquellos montos insolutos por el mismo período alegado en autos.

CUARTO: Que, sobre la materia han existido distintos pronunciamientos de los tribunales superiores, y la Excma. Corte Suprema atendida la imperiosa necesidad de uniformar la jurisprudencia sobre lo planteado, ha estimado oportuno efectuar un nuevo y acabado análisis del punto objeto de la controversia.

Al efecto en el fallo dictado en recurso de protección sustanciado en el rol Nº8668-2025 ha señalado, en relación con la normativa que rige la materia, lo siguiente:

“Tercero: Que la adecuada resolución de la contienda exige recordar los siguientes hitos relacionados con su objeto:

a. El 11 de mayo de 1980 se publicó en el Diario Oficial el Decreto con Fuerza de Ley N°1, del Ministerio de Defensa Nacional, que aprobó el Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile. En su artículo 101, este cuerpo normativo, indica: “El personal afecto al presente Estatuto continuará asimilado a la Escala de Sueldos y al Sistema de remuneraciones actualmente existentes para Carabineros de Chile, o que se establezcan en el futuro…”;

b. El artículo 46 del Decreto con Fuerza de Ley N°2 de 1968, del Ministerio de Defensa Nacional, que aprobó el Estatuto del Personal de Carabineros (aplicable a la PDI por la remisión transcrita en el literal anterior), expresa: “El personal de Carabineros gozará, además del sueldo y mayores sueldos asignados a su grado, de los siguientes beneficios y derechos, en la forma que lo establezca el reglamento respectivo: …d) Asignación por Cambio de Residencia y Gratificación de Zona: …3) La gratificación de zona se calculará sobre el total de las remuneraciones, salvo las asignaciones de rancho y familiar y las otras excepciones legales…”;

c. El 2 de enero de 1981 se publicó en el Diario Oficial el Decreto Ley N°3.551, que fijó normas sobre remuneraciones y personal para el sector público. En su artículo 41 se estatuyó: “Concédese para el personal en servicio activo de las Fuerzas Armadas, de Carabineros de Chile y de Investigaciones de Chile… una asignación mensual no imponible denominada de ‘especialidad al grado efectivo’ cuyos montos, serán los siguientes y que se percibirá de acuerdo con el grado jerárquico o de encasillamiento respectivo…”;

d. El 2 de febrero de 1981 se publicó en el Diario Oficial el Decreto Ley N°3.628, que, en lo pertinente, introdujo el inciso final del artículo 41 del Decreto Ley N°3.551, que ordena: “La asignación que concede este artículo [especialidad al grado efectivo] no se considerará para los efectos de la asignación de zona”;

e. El 12 de marzo de 1998 se publicó en una edición restringida del Diario Oficial (atendido su carácter secreto inicial) el Decreto con Fuerza de Ley N°1, que modificó el Estatuto del Personal de Carabineros de Chile reseñado en el literal b., que precede. En lo atingente al recurso en análisis, el artículo 46 de este último cuerpo normativo fue sustituido por el siguiente enunciado: “El personal de Carabineros gozará, además del sueldo y mayores sueldos asignados a su grado, de los siguientes beneficios y derechos, en la forma que lo establezca el reglamento respectivo: …r) Asignación de Especialidad al Grado Efectivo:

El personal percibirá una asignación mensual denominada de especialidad al grado efectivo, cuyo monto se fijará de acuerdo con el grado jerárquico o de encasillamiento respectivo, en conformidad al Decreto Ley N°3.551, de 1980, y sus modificaciones… Esta asignación tendrá el carácter de imponible a partir de los veinte años de servicios efectivos aludidos en el artículo 83º, fecha a contar de la cual este personal gozará de una bonificación compensatoria no imponible ascendente al 13,5% de la respectiva asignación en conformidad a la Ley N°18.870.

Esta bonificación no constituirá remuneración ni servirá de base para el cálculo de ningún beneficio económico…”;

f. El 31 de mayo de 2019, la PDI, que hasta ese momento había calculado la gratificación de zona de su personal excluyendo de su base de cálculo la “asignación de especialidad al grado efectivo”, emitió un radiograma interno del siguiente tenor: “se modifica la base de cálculo de la gratificación de zona, para los trabajadores de la Policía de Investigaciones de Chile, que cumplan funciones en aquellas unidades con derecho al pago de este estipendio económico, conforme a revisión del departamento de auditoría interna y a informe técnico jurídico”;

g. El 2 de julio de 2019, la PDI emitió un segundo radiograma interno, comunicando a su personal que, como consecuencia de “consultas efectuadas tanto a instancias institucionales como extrainstitucionales respecto de la nueva base de cálculo utilizada para el pago de la gratificación de zona y los efectos que ésta generaría en las remuneraciones, esta jefatura nacional ha solicitado un pronunciamiento a la Contraloría General de la República, con el objeto de aclarar la pertinencia de este procedimiento”;

h. El 26 de junio de 2021, respondiendo a la consulta efectuada por el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, la Contraloría General de la República emitió el dictamen N°E98928, que señaló que la creación de la nueva “asignación de especialidad al grado efectivo” para el personal de Carabineros y de Investigaciones (por el Decreto con Fuerza de Ley N°1 de 1998) implicó la derogación tácita del estipendio de igual denominación originalmente establecido en el artículo 41 del Decreto Ley N°3.551 de 1980, con excepción de la regulación contenida en su artículo 41 en lo relativo a los montos. En lo relevante al punto que aquí se debate, el órgano de control dictaminó: “que los artículos 2° de los citados decretos Nos. N°87, de 1999 y 135, de 2019, ambos del Ministerio de Defensa Nacional, definen remuneración como cualquier contraprestación en dinero que el personal tiene derecho a percibir en razón de su empleo o función, tales como, sueldo base, asignaciones, sobresueldos, gratificaciones, bonificaciones y otros estipendios, naturaleza jurídica que posee la asignación de especialidad al grado efectivo, lo que implica que deba ser considerada en la base de cálculo de la gratificación de zona, acorde con lo establecido en el aludido artículo 46, letra d), numeral 3), del reseñado texto estatutario”, por lo que la asignación de especialidad al grado efectivo que actualmente recibe el personal de la PDI, “debe ser considerada en la base de cálculo de la gratificación de zona del personal que tenga derecho a este último beneficio”;

i. A partir de noviembre de 2022, la PDI incluyó la “asignación de especialidad al grado efectivo” en la base de cálculo de la gratificación de zona de su personal, ordenando el pago retroactivo de la diferencia desde abril de 2021, época en el que la Controlaría General de la República emitió el dictamen N°E98928; y, j. Ante las diversas Cortes de Apelaciones del país, funcionarios de la PDI, tanto activos como en retiro, han incoado recursos de protección instando por el pago retroactivo de la diferencia generada con ocasión de la nueva fórmula de cálculo de la gratificación de zona, más allá de abril de 2021.”

QUINTO: Que, como se ha resuelto reiteradamente por esta Corte, para acoger la acción constitucional debe constatarse el carácter preexistente e indubitado del derecho afectado, condición que se estima, no se verifica en la especie, porque los derechos cuya protección se persigue por esta vía, cautelar y de emergencia, no tienen el carácter de indiscutidos; considerando que esta sede en ningún caso, constituye una instancia de declaración de derechos sino que de protección de aquellos que, como se dijo, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria.

Para arribar a dicha conclusión se ha tenido presente, con un mejor estudio de los antecedentes, que la pretensión del recurrente dice relación con el pago retroactivo de remuneraciones a funcionarios de Policía de Investigaciones, desde el 02 de enero de 1991 y hasta el 01 de noviembre de 2021, asunto que, por su naturaleza, debe ser objeto de pronunciamiento en la instancia judicial declarativa que corresponda.

Así como lo resolvió la Excma. Corte Suprema en el fallo citado “En efecto, un primer asunto que impide el éxito de la presente acción constitucional cautelar consiste en que el derecho de un determinado funcionario a percibir la gratificación de zona exige la acreditación su presupuesto de hecho esencial: el desempeño de una función pública en un lugar del territorio nacional sujeto a este beneficio. Se trata de un requisito contenido en normas estatutarias que, como tales, son de orden público e indisponibles para las partes. Así, su concurrencia debe ser verificada por el órgano jurisdiccional de instancia competente, a través del procedimiento de lato conocimiento que al interesado franquea el ordenamiento jurídico.

Por otro lado, la época en que se habría producido la exigibilidad del derecho que se reclama podría ameritar la discusión acerca de la prescripción de la acción para exigirlo, aspecto que depende de un proceso y un pronunciamiento eminentemente declarativos.”

En el mismo sentido se han dictado diversos fallos por el Máximo Tribunal, a saber, Rol Nº5.030-2025, 8896-2025, 236-2025, 8671-2025, 6269-2025, 5041-2025, 8877-2025, 6268- 2025, 13.567-2025, entre otros.

SEXTO: Que, corrobora dicha argumentación, la circunstancia que la recurrida, debidamente emplazada ha impetrado la excepción de prescripción, en la especie, la que dicen relación con la correspondiente acción de cobro de las prestaciones que presuntamente se adeudan, cuya resolución excede el marco de la acción interpuesta.

SEPTIMO: Que, conforme a lo razonado, la acción impetrada no puede prosperar por no asistir al recurrente un derecho indubitado susceptible de ser tutelado a través de esta vía, sin perjuicio de las acciones que se puedan ejercer en la instancia declarativa respectiva.

Por estas consideraciones, y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo de esta clase de recursos, de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones se resuelve que:

I. Se RECHAZA el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, Run N°RUT reservado, en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, todos ya individualizados.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

ROL N°169-2025. PROTECCIÓN.