nombre reservado con DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA

Punta Arenas, veinticinco de mayo de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece ante esta Corte de Apelaciones don nombre reservado, docente, Cédula Nacional de Identidad N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, quien deduce acción constitucional de protección en contra de la DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA (DEP), Servicio Público descentralizado, representado legalmente por su Director Nacional, don PEDRO LARRAIN AGUIRRE, ambos domiciliados en domicilio reservado, con correos electrónicos para efectos de notificación: correo reservado y/o correo reservado; a razón de la dictación del Ordinario N°747, de la DEP de fecha 10 de marzo de 2026, el cual resuelve el EXP N°250 de dicho servicio, por considerar dicho acto administrativo flagrantemente ilegal y arbitrario, toda vez que lo excluye del traspaso legal al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes, vulnerando con ello garantías fundamentales consagradas en el artículo 19 numerales 2, 16 y 24 de nuestra Carta Fundamental.

Funda su acción señalando que por medio de la REX 2.277 de 2021, la Dirección de Educación Pública certificó que el personal que allí se señala se traspasaría desde la Corporación Municipalidad de Educación, Salud y Atención al Menor de Punta Arenas al Servicio Local de Educación Pública de Magallanes.

Explica que, de manera irregular o arbitraria, mediante la REX 2517 de 27 de diciembre de 2023, procedió a modificar la estructura de la nómina de los profesionales traspasados que deben cumplir copulativamente con los requisitos para los efectos establecidos en la Ley 21.040 y en ella se me eliminó, lo que constituye una trasgresión que debe ser corregida de manera inmediata.

Continúa señalando que desde el año 2011 trabaja para la CORMUPA en diferentes cargos docentes y a contar del uno de marzo mantiene titularidad como docente medio.

Refiere que el año 2003 se dictó la Resolución Interna N°04-100 (06/03/2023 Acto de la Corporación Municipal de Punta Arenas (CORMUPA) que dispone la suspensión de la relación laboral del recurrente para ejercer como SEREMI de Educación de Magallanes. Este es un acto administrativo terminal y firme dictado por la CORMUPA, el cual dispuso formalmente la suspensión de la relación laboral como docente titular a contar del uno de marzo de 2023.

Aclara que es fundamental precisar que la resolución utiliza el imperativo "suspéndase", lo que jurídicamente implica una pausa o latencia del vínculo, mas no su extinción. La relación laboral permanece vigente pero interrumpida en sus efectos principales (prestación y remuneración), conservando el recurrente su derecho a retomar su cargo de planta una vez cese en la función pública.

Destaca que con fecha 13 de enero de 2026, bajo el expediente EXP N°250, solicito a la DEP la rectificación de las nóminas de traspaso. No obstante, la recurrida dictó el Ordinario N°747 de fecha 10 de marzo de 2026, denegando la incorporación de don nombre reservado al traspaso al Servicio Local de Educación Pública de Magallanes. La DEP argumenta una supuesta incompatibilidad que habría operado como un "cese por el solo ministerio de la ley", ignorando de forma contumaz que la suspensión legal vigente impide la terminación del contrato y que el traspaso al SLEP debe operar por el solo ministerio de la ley para todo el personal titular vigente al 01/01/2024, fecha de traspaso. Por su parte, el Servicio Local de Educación Pública (SLEP), ha informado que no pueden proceder a la incorporación si no viene una resolución de parte de la Dirección de Educación Pública (DEP), toda vez que son ejecutores del Sistema y gestionan conforme a las instrucciones que les imparte el Sistema de Educación Pública.

Añade que a la fecha del traspaso al SLEP Magallanes, mi contrato de trabajo no se encontraba terminado por ninguna de las causales taxativas del artículo 72 del Estatuto Docente, sino plenamente vigente bajo un régimen de suspensión legalmente sancionado por el empleador. Sobre la Incompatibilidad y el Cese por Ministerio de la Ley indica que La DEP invoca el artículo 86 del Estatuto Administrativo. No obstante, la figura de la suspensión de la relación laboral (Res. 04-100) ya aludida hace que la incompatibilidad sea inexistente en la práctica, toda vez que no hay ejercicio simultáneo de cargos ni percepción de doble remuneración. El cargo docente está en "pausa" precisamente para evitar la incompatibilidad mientras se sirve al Estado en otra repartición pública, en tanto que ni la propia Contraloría ni la Dirección de Educación Pública, puede desconocer, sin más, su calidad de titularidad en la CORMUPA, con quien no ha habido término de relación laboral y que se mantiene en estado de permiso.

Solicita acoger el recurso y declarar que el Ordinario N°747 (10 de marzo de 2026) de la Dirección de Educación Pública, evacuado en el EXP N°250 de dicho servicio, es un acto ilegal y arbitrario que vulnera las garantías constitucionales del recurrente. Ordenar a la recurrida la dictación de una nueva Resolución Exenta modificatoria de la Res. Exenta N°2.517 (2023), que incorpore específicamente a nombre reservado como personal traspasado por el solo ministerio de la ley al Servicio Local de Educación Pública Magallanes, sin solución de continuidad y que se reconozca el derecho del recurrente a retomar su cargo de docente titular una vez que cese en sus funciones públicas de Secretario Regional Ministerial, hecho que ya ocurrió con fecha 10 de marzo del año en curso.

Informa por la recurrida Dirección de Educación Pública, a través del Ordinario N°001194.

En primer término, alega la extemporaneidad del recurso, aclarando que la Resolución Exenta N O 2.517, de 2023, se encuentra vinculada con la Resolución Exenta N O 2.277, de 2021, que constata el traspaso de profesionales y asistentes de la educación que se desempeñan en los establecimientos educacionales que indica según el artículo vigésimo segundo transitorio de la Ley N O 21.040, desde la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas y la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención al Menor de Punta Arenas al SLEP Magallanes. En este segundo acto se constata una nueva nómina de personal que cumple con los requisitos legales para ser traspasados, por el solo ministerio de la ley, al SLEP en comento, en la que el recurrente deja de aparecer y, por ende, no se constata para efectos del traspaso. Por consiguiente, la Resolución Exenta N O 2.517 recién mencionada fue dictada en fecha 27 de diciembre de 2023 siendo este realmente el acto que el recurrente intenta controvertir, debido a los efectos que le genera en su situación con CORMUPA. En el mismo libelo de protección, el recurrente señala que en enero de 2026 solicitó una rectificación de la Resolución Exenta N O 2.517, de 2023, de esta Dirección, por lo que a esa fecha ya tenía conocimiento de un acto administrativo dictado hace más de dos años; también, al fundamentar la vulneración alegada a la libertad de trabajo, señala como acto ilegal o arbitrario "La exclusión de la nómina de traspaso" y el hecho de no traspasarlo al SLEP, antecedentes que ocurrieron con la Resolución Exenta N O 2.517, de 2023 y el acaecimiento del día 1 de enero de 2024, respectivamente. En refuerzo de lo anterior enfatiza que la situación referida a don nombre reservado ha sido abordada reiteradamente entre los años 2024 a 2026. En primer lugar, consta el Ordinario N O 413, de 2024, con fecha 20 de febrero de 2024, que informa los fundamentos que sirvieron de base para no incluir a personal en las resoluciones exentas de traspaso. En el caso de don nombre reservado, se indica que a juicio de esta Dirección se encontraría ante una incompatibilidad en cargos en los términos del artículo 86 del Estatuto Administrativo, lo que impidió su traspaso al SLEP Magallanes debido a que su contratación regida por el Estatuto Docente cesó por el solo ministerio de la ley, de acuerdo con la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República.

Posteriormente, mediante Ordinario N O 921, de 2024, con fecha 26 de marzo de 2024, se mantuvo y comunicó nuevamente el criterio aplicado en la Resolución Exenta N O 2.517, y hace presente que las resoluciones exentas de traspaso de este servicio son de carácter meramente declarativos respecto de un hecho ya acaecido, esto es, el traspaso del servicio educacional, y que ha surtido efectos desde que dicho traspaso se verificó. Luego, a través del Ordinario N O 681, de 2026, con fecha 6 de marzo de 2026, una vez más se informa sobre la situación del recurrente, con énfasis que dicha comunicación de este servicio dio respuesta al Ordinario NO 962, de fecha 19 de diciembre 2025, de CORMUPA, consulta que también fue realizada a nombre del funcionario por la corporación municipal al "solicitar Un pronunciamiento formal y actualizado". En este pronunciamiento nuevamente se explicó el fundamento de no incorporación en las resoluciones de traspaso, aplicables al Servicio Local de Magallanes, al Sr. nombre reservado, con explicitación de justificación idéntica. Una vez más se presentó una solicitud, esta vez por don nombre reservado con fecha 13 de enero de 2026, al organismo, para el reconocimiento de titularidad y posterior traspaso al Servicio Local de Magallanes, la cual fue nuevamente respondida mediante Ordinario N O 747, de 2026.

Alega también la Incompatibilidad de cargos regulados por estatutos diferentes estatutos indicando que los funcionarios y servidores de la Administración del Estado cuentan con distintas obligaciones, entre las cuales se encuentra la dedicación al cargo, consistente en la obligación de desempeño personal de las respectivas por parte del funcionario (...) los empleos públicos suponen dedicación exclusiva a la función que implican.

Por su parte, el Estatuto Docente no contiene normas que regulen la compatibilidad de cargos, ni tampoco lo hace el Código del Trabajo, regulación aplicable de manera supletoria a los profesionales de la educación que se desempeñen en el sector municipal y en los Servicios Locales de Educación Pública en virtud del artículo 71 del Estatuto Docente. Ante dicha situación normativa, la Contraloría General de la República ha señalado que la compatibilidad de cargos regulados por dos estatutos diversos solo tiene lugar cuando ambos regímenes contemplan expresamente dicha posibilidad.

En segundo término respecto a la situación de don nombre reservado a la fecha de constatación de la información para efectos del traspaso del servicio educacional y el personal asociado al SLEP Magallanes, la Dirección dictó la Resolución Exenta N O 2.517, de 2023, para modificar la Resolución Exenta N O 2.277, de 2021, del mismo servicio, que constata el traspaso de los profesionales y asistentes de la educación que se desempeñan en establecimientos educacionales que indica desde la CORMUPA al SLEP Magallanes, no figurando el recurrente en la lista constatada. Lo anterior se debe a que la Dirección, ya a fines del año 2023, se encontraba al tanto de que el recurrente estaba desempeñándose como Secretario Regional Ministerial de Educación de Magallanes, cargo regulado por el Estatuto Administrativo. Tal como señala el Ordinario N O 413, de 2024, de esta Dirección, el Sr. nombre reservado se encontraría ante una incompatibilidad en los términos que indica el artículo 86 del Estatuto Administrativo, motivo que impidió su traspaso al Servicio Local de Maqallanes debido a que su primera contratación cesó por el solo ministerio de la ley, tal como señala los Dictámenes N OS 28.933, de 2008, 32.871, de 20131 1 1 .481 de 2014 y E 41 7.172, de 20231 todos de la Contraloría General de la República. Mismo fundamento se comunicó a través del Ordinario N O 921, de 2024, de la DEP.

Señala que en cuanto a la ilegalidad y arbitrariedad en su actuación, las Resoluciones Exentas N OS 2.277, de 2021 y 2.157, de 2023, fueron dictadas en estricto cumplimiento de lo exigido por el artículo vigésimo segundo transitorio de la Ley N O 21 .040 y la Resolución Exenta N O 848, de 2018, del Ministerio de Educación y que el Ordinario N O 747, de 2026, es un acto formal de comunicación que solamente se limita a poner nuevamente en conocimiento la decisión contenida en la Resolución Exenta N O 2.157, de 2023, y de las diversas comunicaciones emanadas por la Dirección de Educación Pública a través de los Ordinarios N OS 413, de 2024, 921 , de 2024, y 681 , de 2026. En otras palabras, comunica nuevamente la decisión formal de este servicio contenida en la Resolución Exenta N O 2.517, de 2023, de excluir al recurrente de la nómina debido a la incompatibilidad sobreviniente que generó la cesación de funciones regidas por el Estatuto Docente por el solo ministerio de la ley. Por consiguiente, el recurrente busca controvertir nuevamente una decisión que ya ha sido reiteradamente comunicada, de manera extemporánea y basándose en Un derecho cuya existencia no es indubitada.

Añade que el recurrente alega en base a un derecho incorporal que tendría respecto de su cargo como docente titular, lo que no es efectivo, puesto que no constituye un derecho indubitado en virtud de la incompatibilidad en la que concurrió, lo que generó la cesación de funciones, por el solo ministerio de la ley, del primer cargo regido por el Estatuto Docente, en virtud de sus propios actos. Alegar una posición contraria implica no atender a los lineamientos de la jurisprudencia administrativa sobre la incompatibilidad de cargos regidos por estatutos jurídicos distintos, en consecuencia, se desatiende el mandato contenido en los artículos 6 y 1 9 del Decreto N O 2.421 , de 1964, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido de la Ley N O 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, de ceñirse a los criterios jurisprudenciales ya establecidos en la materia en el ejercicio de su potestad dictaminante.

En cuanto a las garantías conculcadas, indican que no existe vulneración constitucional alguna a los derechos de igualdad ante la ley, libertad de trabajo y propiedad que procedan de una actuación ilegal y arbitraria del Servicio. Acompaña las resoluciones dictadas por la Institución, a que alude en su informe.

En la vista de la causa alegó la abogada Paula Cáceres del Consejo de Defensa del Estado por la recurrida, quien expuso lo que estimó conveniente a sus derechos.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que el hecho vulneratorio calificado como ilegal y arbitrario por el actor, lo hace consistir en la dictación del Ordinario N°747, de la Dirección de Educación Pública del Ministerio de Educación de fecha 10 de marzo de 2026, que deniega la incorporación de don nombre reservado al traspaso al Servicio Local de Educación Pública de Magallanes.

CUARTO: Que, a su turno la recurrida, insta primeramente, por el rechazo del recurso, alegando la extemporaneidad de la acción indicando que el recurrente pretende crear un nuevo plazo para impugnar actos administrativos, los cuales se encuentran largamente vencidos. Aclarando que la Resolución recurrida se encuentra vinculada a la Resolución Exenta NO 2.517 de 2023 y a la Resolución Exenta NO 2.277, de 2021, que constata el traspaso de profesionales y asistentes de la educación que se desempeñan en los establecimientos educacionales que indica según el artículo vigésimo segundo transitorio de la Ley NO 21.040, desde la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas y la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención al Menor de Punta Arenas al SLEP Magallanes. En este segundo acto se constata una nueva nómina de personal que cumple con los requisitos legales para ser traspasados, por el solo ministerio de la ley, al SLEP en comento, en la que el recurrente deja de aparecer y, por ende, no se constata para efectos del traspaso. Por consiguiente, la Resolución Exenta NO 2.517 fue dictada en fecha 27 de diciembre de 2023 siendo este realmente el acto que el recurrente intenta controvertir, debido a los efectos que le genera en su situación con CORMUPA. El recurrente señala que en enero de 2026 solicitó una rectificación de la Resolución Exenta NO 2.517, de 2023, por lo que a esa fecha ya tenía conocimiento del acto administrativo dictado hace más de dos años.

QUINTO: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad formulada, el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, en su numeral 1º, señala “El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”.

SEXTO: Que, de acuerdo a lo expresado, se debe considerar que el acto ilegal y arbitrario que a través de esta acción constitucional se denuncia, consiste en la exclusión del recurrente de la nómina del personal educacional que se desempeña en los establecimientos educacionales y que cumplen con los requisitos legales para ser traspasados, por el solo ministerio de la ley, desde la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas y la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención al Menor de Punta Arenas al SLEP Magallanes. La data de expedición de la Resolución exenta N°2.517 corresponde a diciembre de 2023, siendo conocida por el recurrente lo que admite incluso en este recurso, ya que las posteriores resoluciones solicitadas por la misma parte solo son de carácter rectificatorio o aclaratorio de lo ya señalado en la resolución original.

SÉPTIMO: Que se remitió copia de dicho acto administrativo al Ministerio de Educación, para que este último, proceda a la dictación de los Decretos con la individualización del personal traspasado, según lo preceptuado en el inciso segundo del artículo cuadragésimo segundo transitorio de la Ley. Asimismo, fue publicado en la página web de la Dirección de Educación Pública: www.educacionpublica.gob.cl.

OCTAVO: Que atendido lo resuelto precedentemente, se estima innecesario pronunciarse sobre las demás alegaciones vertidas por el recurrente.

Por estas consideraciones y visto, además, lo prevenido en el artículo 20 de la Carta Fundamental y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, se RECHAZA el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra de la Dirección de Educación Pública, por extemporáneo.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Redacción de la Abogada Integrante Sintia Orellana Yévenes.

No firma el Ministro Suplente Sr. Claudio Jara Inostroza, por encontrarse con permiso de acuerdo al artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

ROL Nº166-2026. PROTECCIÓN.