Protección contra Servicio Local de Educación Pública de Magallanes

nombre reservado, ocho de mayo de dos mil veintiséis.

Vistos:

Comparece ante esta Corte de Apelaciones nombre reservado, chilena, profesora y encargada de convivencia, cédula de identidad N°RUT reservado, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, docente dependiente del Servicio Local de Educación Pública de Magallanes e interpone acción de protección en contra del Servicio Local de Educación Pública de Magallanes, representado legalmente por su Director Ejecutivo, ambos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado comuna de nombre reservado por haber vulnerado las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N°2, N°1, N°16 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Refiere que ingresó a prestar servicios en la Escuela Bernardo O’Higgins con fecha 5 de marzo de 2017, desempeñándose como Encargada de Convivencia Escolar. Luego, el 1 de enero de 2024, se produjo el traspaso del servicio educativo al Servicio Local de Educación Pública de Magallanes, manteniéndose como parte de la dotación docente del establecimiento en calidad de docente titular.

Hace presente que interpuso acción de tutela laboral en causa RIT T-77-2022, la cual fue acogida, estableciéndose la existencia de vulneraciones a sus derechos fundamentales. No obstante, lo anterior, las situaciones de afectación en su entorno laboral persistieron en el tiempo, lo que motivó la interposición de una nueva acción de tutela laboral durante el año 2025, causa RIT T-75-2025, en la que denunció nuevamente hechos de maltrato y acoso laboral. Asimismo, con fecha 18 de marzo de 2025, interpuso denuncia formal por hechos de acoso laboral conforme al procedimiento establecido en la denominada “Ley Karin”, sin que hasta la fecha haya recibido respuesta alguna por parte de la recurrida. En particular, no fue citada a declarar, no se le informó la designación de fiscal ni se le notificó la existencia de investigación alguna, lo que da cuenta de una total inactividad por parte del órgano administrativo frente a hechos de gravedad. Acusa modificaciones unilaterales de funciones durante el año 2025.

En cuanto a la acción indica que, de manera reciente, ha tomado conocimiento —a través de terceros— de que habría sido destinada a desempeñar funciones de docencia en cursos de séptimo y octavo año básico, específicamente en la asignatura de matemáticas, para el año 2026, sin que dicha decisión le haya sido notificada formalmente ni conste la dictación de acto administrativo alguno que la fundamente.

Agrega que los antecedentes administrativos registrados en el sistema institucional SIGPER (Sistema Integrado de Gestión de Personas) presentan inconsistencias y discordancias respecto de su situación laboral real.

Entiende que esta situación resulta especialmente grave, por cuanto no cuenta con habilitación efectiva para impartir clases en los niveles señalados ni en la asignatura de matemáticas, toda vez que, si bien en su certificado de título se consignan menciones, en la práctica su formación no contempló una especialización real en dicha área, lo que responde a modificaciones posteriores en las mallas curriculares y no a una preparación efectiva en la disciplina.

Sostiene que el actuar de la recurrida es ilegal, ya que se ha apartado de manera manifiesta del principio de juridicidad consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República.

Arguye que la decisión consistente en privarla del ejercicio de sus funciones como Encargada de Convivencia Escolar y destinarla a labores de docencia de aula carece absolutamente de respaldo en un acto administrativo formal. En segundo lugar, dicha decisión no le ha sido notificada en forma alguna, lo que agrava aún más su ilegalidad y, en tercer lugar, la medida adoptada carece de toda plausibilidad y razonabilidad desde el punto de vista funcional.

Hace presente que esta situación resulta aún más grave si se considera que existen pronunciamientos de la Contraloría General de la República que ordenan a la recurrida ajustar su actuación a derecho, los cuales no han sido cumplidos.

Añade que, sin perjuicio de su ilegalidad, entiende que el actuar de la recurrida es además arbitrario, por cuanto carece de toda razonabilidad, coherencia y fundamento objetivo, configurándose como una decisión caprichosa que no responde a criterios técnicos, pedagógicos ni administrativos verificables.

Concluye que los hechos expuestos constituyen una vulneración a la normativa especial que regula el ejercicio de la función docente, así como a los principios que rigen el actuar de la Administración.

Solicita, se declare que el acto consistente en la exclusión y desvinculación de doña nombre reservado, sin la dictación de un acto administrativo formal y debidamente fundado, es ilegal y arbitrario; que dicho actuar ha vulnerado las garantías constitucionales de la recurrente, en particular su derecho a la igualdad ante la ley, su derecho al debido proceso y su derecho de propiedad, al privársele de las funciones asociadas a su cargo; que, en consecuencia, se ordene a la recurrida dejar sin efecto el acto impugnado, disponiendo que la recurrente sea reintegrada a su cargo de Encargada de Convivencia Escolar, con todas las funciones propias del mismo, en el establecimiento educacional en que se desempeñaba; en subsidio, y para el caso que se estime que no es posible su reincorporación en dicho establecimiento, se ordene su traslado a otro establecimiento educacional dependiente del mismo SLEP, manteniendo íntegramente su cargo de Encargada de Convivencia Escolar, sus funciones y condiciones laborales.

Acompaña, 1. Correo electrónico de fecha 18 de marzo de 2025, mediante el cual la actora interpone denuncia conforme a la Ley Karin, acompañando antecedentes fundantes; 2. Oficio N° E92851/2025 de la Contraloría Regional de Magallanes, que ordena al Servicio Local de Educación Pública instruir procedimiento disciplinario por los hechos denunciados; 3. Oficio N° E186326/2025 de la Contraloría Regional de Magallanes, que reitera el requerimiento anterior ante el incumplimiento del servicio respectivo; 4. Ordinario N°911 de la Dirección de Educación Pública, que da cuenta de actuaciones administrativas vinculadas a solicitudes de información relacionadas con el caso; 5. Informe de peritaje psicológico, que acredita afectación a la salud mental de la actora en el contexto de los hechos denunciados; 6. Certificado de título profesional y grado académico de la actora, que acredita su calidad de profesional de la educación; 7. Liquidación de remuneraciones correspondiente al mes de febrero de 2026 y; 8. Registro de antecedentes contractuales del sistema SIGPER, que acredita la relación laboral vigente de la actor.

Informa Pablo Ignacio Molina Makuc, abogado, por la recurrida Servicio Local De Educación Pública Magallanes, solicitando el rechazo de la acción.

Plantea la extemporaneidad del recurso y la delimitación de la competencia en los autos atendido que la recurrente intenta reconducir su pretensión a un hecho que califica como reciente, consistente en haber tomado conocimiento —según sus propios dichos, a través de terceros— de una eventual asignación de funciones de docencia en cursos de séptimo y octavo año básico, en la asignatura de matemáticas, para el año 2026, sin que dicha decisión le haya sido notificada formalmente ni conste la dictación de acto administrativo que la fundamente.

De este modo, y atendido el marco temporal que impone el Auto Acordado, entiende que el único hecho que eventualmente podría estimarse comprendido dentro del plazo de interposición del recurso es aquel referido a dicha supuesta asignación para el año 2026, debiendo excluirse del conocimiento de esta Iltma. Corte todos los demás antecedentes expuestos por la recurrente, en cuanto dicen relación con situaciones pretéritas, consolidadas en el tiempo y respecto de las cuales ha operado la preclusión de la acción cautelar.

Hace presente que la recurrente, en el desarrollo de su libelo, reitera como fundamento de ilegalidad y arbitrariedad la supuesta decisión de privarla de sus funciones como Encargada de Convivencia Escolar y destinarla a labores de docencia de aula. Sin embargo, tal alegación se reconduce, según sus propios dichos, a hechos acaecidos en el mes de marzo de 2025, los cuales —como ya se ha indicado— se encuentran fuera del plazo legal para accionar por esta vía.

En cuanto al fondo, indica que, conforme a los antecedentes contractuales de la recurrente, ésta detenta la calidad de docente titular de educación básica, circunstancia que determina el marco funcional dentro del cual deben entenderse sus labores, las que comprenden precisamente el ejercicio de docencia de aula en los niveles y asignaturas que el establecimiento requiera, dentro de la organización pedagógica respectiva.

Sostiene que la situación descrita por la recurrente se inserta dentro del ámbito propio de la gestión y organización interna del servicio educacional, no configurando un acto ilegal o arbitrario susceptible de ser enmendado mediante la presente acción cautelar.

Hace presente que se debe tener en especial consideración que la supuesta modificación de funciones que se reprocha —consistente en el paso desde labores de Encargada de Convivencia Escolar a funciones de docencia de aula durante el año 2025— fue ya objeto de conocimiento y pronunciamiento jurisdiccional en la causa sobre tutela de derechos fundamentales RIT T-75-2025.

Concluye que la presente acción cautelar no puede ser utilizada como una vía indirecta para reabrir una controversia ya resuelta por sentencia firme, ni para obtener un pronunciamiento distinto sobre hechos que han sido objeto de un proceso jurisdiccional previo, lo que excede manifiestamente el ámbito propio del recurso de protección.

Acompaña; 1. Anexo de contrato de trabajo de fecha 01 de abril de 2022, correspondiente a la recurrente; 2. Anexo de contrato de trabajo de fecha 01 de marzo de 2022, correspondiente a la recurrente; 3. Documento denominado “Consulta Liquidación nombre reservado.”; 4. Contrato de trabajo de fecha 01 de marzo de 2022, correspondiente a la recurrente; 5. Documento denominado “Contrato y Anexo 2022”; 6. Resolución que designa Encargado/a de Convivencia Escolar; 7. Sentencia dictada en causa RIT T-75-2025, que rechaza la denuncia de tutela de derechos fundamentales; 8. demanda en causa RIT T-75-2025 y; 9. Resolución que rechaza recurso de nulidad interpuesto en contra de la sentencia dictada en causa RIT T-75-2025.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que el hecho que la recurrente califica como arbitrario e ilegal lo hace consistir en destinación efectuada por la recurrida a desempeñar funciones de docencia en cursos de séptimo y octavo año básico, específicamente en la asignatura de matemáticas, para el año 2026, pese a desempeñarse como Encargada de Convivencia Escolar en la Escuela Bernardo O’Higgins.

CUARTO: Que, la recurrida insta por el rechazo de la acción conforme lo referido en la parte expositiva de esta sentencia, indicando que la situación descrita por la recurrente se inserta dentro del ámbito propio de la gestión y organización interna del servicio educacional, no configurando un acto ilegal o arbitrario susceptible de ser enmendado mediante la presente acción cautelar.

QUINTO: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad, aquella será rechazada debido a que de la sola lectura de la acción se desprende el acto impugnado por la recurrente dice relación con la destinación efectuada para el año 2026 en docencia, en cursos de séptimo y octavo año básico, específicamente en la asignatura de matemáticas, siendo las demás referencias contextualizadoras de los hechos.

SEXTO: Que, en cuanto al fondo, es menester tener presente lo que dispone el articulo 42 de la ley N°19.070, hoy modificada por la ley N°21.040: “Los profesionales de la educación podrán ser objeto de destinaciones a otros establecimientos educacionales dependientes de un mismo Departamento de Administración de Educación Municipal o de una misma Corporación Educacional, según corresponda, a solicitud suya o como consecuencia de la fijación o adecuación anual de la dotación, practicada en conformidad al artículo 22 y al Plan de Desarrollo Educativo Municipal, sin que signifique menoscabo en su situación laboral y profesional. No obstante, si producida la destinación estimaren que se les ha causado menoscabo, podrán reclamar de ello conforme al procedimiento del inciso tercero del artículo 12 del Código del Trabajo, sin perjuicio que puedan ejercer su derecho a reclamar ante la Contraloría General de la República o la Dirección del Trabajo, según procediere, sin que ello implique paralizar la destinación”.

SEPTIMO: Que, así las cosas, conforme el mérito de los antecedentes y documentos acompañados por las partes consta que la recurrente posee, según el anexo de contrato de trabajo de 1 de abril de 2022, la calidad de docente titular de educación básica, por lo que atendida la normativa legal citada de manera precedente, se puede colegir que la decisión de destinar a la actora a docencia en el aula, fue adoptada por la recurrida dentro del ámbito de sus facultades legales, lo que conduce desde ya a descartar la existencia de ilegalidad en la actuación.

OCTAVO: Que, por otro lado, la situación especifica de destinación a docencia como hecho vulneratorio de garantías fundamentales, ya fue sujeto a revisión jurisdiccional en la causa T-75-2025 del Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad la que fue rechazada mediante sentencia de fecha 16 de agosto de dos mil veinticinco la que se encuentra firme y ejecutoriada.

NOVENO: Que, en este entendido, sin perjuicio de no contar y haberse acreditado la existencia de alguna resolución que determine la destinación impugnada por la recurrente, la situación descrita se inserta dentro del ámbito propio de la gestión y organización interna de la recurrida conforme se razonó, no configurando un acto ilegal o arbitrario susceptible de ser enmendado mediante la presente acción cautelar por lo que se rechazará la acción interpuesta.

Por estas consideraciones, y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado, y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo de Recursos de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA, con costas, la acción constitucional deducida por nombre reservado en contra Servicio Local de Educación Pública de Magallanes, ya individualizados.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Redacción de la ministra Caroline Turner González.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

ROL Nº163-2026 PROTECCIÓN.