Protección contra SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA C

nombre reservado, uno de diciembre de dos mil veinte.

VISTOS:

Comparece ante esta Corte de Apelaciones nombre reservado domiciliada en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra en contra de la SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA, representada legalmente por doña nombre reservado, o por quien la subrogue o reemplace, ambas con domicilio en domicilio reservado; la SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA, representada legalmente por doña nombre reservado, o por quien la subrogue o reemplace, ambas con domicilio en domicilio reservado; y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE nombre reservado representada legalmente por don nombre reservado, Alcalde, o por quien lo subrogue o reemplace, ambos con domicilio en domicilio reservado.

Explica que hace 10 años aproximadamente, un grupo de personas se instaló en un terreno ubicado frente a su domicilio de domicilio reservado, armando una casa de color azul que fue transportada al lugar por un camión.

Refiere que concurrió a la Secretaría Regional Ministerial De Bienes Nacionales de Magallanes y Antártica Chilena para consultar lo que ocurría con esto, toda vez que, esta misma institución, le había informado anteriormente que todo el frente de su domicilio eran áreas verdes. En ese entonces, el SEREMI de la época, le confirmó que el terreno frente a su casa efectivamente correspondía a áreas verdes y que dicho terreno pertenece a Bienes Nacionales.

Desde esa fecha, han sucedido una serie de situaciones fuera del marco sanitario, como la instalación de un pozo ciego en la calle que filtra hacia la calle principal inundándola con aguas servidas, lo que en definitiva ha deteriorado su estado de salud y le ha afectado económicamente, al no poder arrendar habitaciones, por el fuerte y desagradable olor a fecas, perdiendo su principal fuente de ingresos.

Reclama que en reiteradas oportunidades, solicitó ayuda a la Municipalidad de nombre reservado y ellos contestaron que era problema de la Gobernación. En la Gobernación de nombre reservado, contestaron que era problema de la Municipalidad, también recurrió ante la Secretaría Regional Ministerial De Salud De Magallanes y Antártica Chilena para que fueran a fiscalizar esta situación, sin obtener ninguna solución.

Explica que es una persona adulto mayor y según la Convención Interamericana sobre la protección de los Derechos Humanos de las personas mayores, promulgada según el Decreto N°162, de fecha 7 de octubre del año 2017, del Ministerio de Relaciones Exteriores, normativa vigente en nuestro ordenamiento jurídico, además de tener un 70% de discapacidad, y aun así, las veces que a clamado por ayuda a todas las instituciones que menciona le han señalado que la situación no es urgente, ya que, hay necesidades más importantes en la Región.

Afirma que en conversaciones con otros vecinos del sector, se le informó que existen muchas personas enfermas, debido a las infecciones, dolores de cabeza y vómitos, sin que ello sensibilice a las autoridades para dar solución definitiva. Asimismo, explica que es del grupo etario que el Estado debería proteger con un comportamiento adicional, sin ser discriminada por su calidad de adulto mayor, como lo señala la Constitución y los Tratados Internacionales, más aun por su condición de discapacidad, pero esta actitud de abandono por parte de las autoridades que deberían fiscalizar esta irregularidad, ha afectado su salud y la ha hecho perder su principal fuente de ingresos, ya que, por el fuerte olor a fecas, no he podido arrendar habitaciones.

Denuncia que hace dos semanas, atendido que su estado de salud se ha deteriorado apresuradamente, las personas que tienen tomado el terreno fueron a apedrear su casa, debiendo requerir el auxilio de Carabineros. Fue a solicitar audiencia a las autoridades recurridas, sin ser escuchada por ninguna de ellas, señalando que toda atención era a través de las páginas institucionales, al explicarles que no sabía manejar internet, que por favor la ayudarán, le solicitaron enviar una carta certificada, aumentando la burocracia de un problema del cual busca solución hace años.

Aclara que, en la especie, el hecho concreto, preciso y específico mediante el cual las instituciones recurridas conculcan sus derechos constitucionales, radican principalmente en la falta de fiscalización por parte de ellas, la SEREMI de Bienes Nacionales de Magallanes y Antártica Chilena, al no realizar ninguna acción judicial tendiente a regularizar la toma irregular del terreno que se encuentra frente a su domicilio, la SEREMI de Salud de Magallanes y Antártica Chilena al no fiscalizar el origen de la contaminación y la Ilustre Municipalidad de nombre reservado que, no controló esta construcción irregular.

Analiza y señala que el Derecho a la Vida, y a la integridad física y psíquica de la persona, es uno de los Derechos Básicos, como un Derecho Humano inherente a la existencia de la persona, así como la visión amplia del contenido del derecho fundamental a un medio ambiente sano, adecuado, ecológicamente equilibrado y apto para el desarrollo y el bienestar de las personas, teniendo ambos protección nacional, en el artículo 19 N° 1 y 8 de la Constitución Política de la República.

En consecuencia, estima que se vulneran las garantías del artículo 19 N°1 el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona y el artículo 19 N°8 derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y que está en una situación de total desamparo, ya se ha enfermado, por ende, se ha afectado su salud física, además está perdiendo su capital de trabajo, configurando así, una privación y disminución real de su salud psíquica.

Finaliza solicitando se acoja este recurso de protección, adoptando las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurarle la debida protección en el ejercicio de sus legítimos derechos constitucionales, y en definitiva, ordenar que se tomen las medidas necesarias para eliminar el foco infeccioso producto de esta toma, con expresa condena en costas.

Comparece la recurrida Secretaria Regional de Bienes Nacionales e informa. Expone que el Fisco de Chile es dueño de un inmueble conocido como "punta de diamante” en el sector Río de los Ciervos, en esta ciudad, formado por la intersección de la Ruta N° 9 Sur, Km 41/z y la calle o pasaje nombre reservado. El dominio de dicha heredad corre inscrito a fojas 977 vuelta N° 1241 del Registro de Propiedad del año 1979 del Conservador de Bienes Raíces de nombre reservado.

Señala que este terreno a cuya "toma" hace referencia la recurrente, se ubica entre la línea de más alta marea y la línea a 80 metros de aquella tierra adentro (circunstancia la cual resulta determinante desde el punto de vista de las competencias y atribuciones), y posee los siguientes deslindes: Norte, En 18 metros con terreno de otro propietario; Sur, En tres metros con calle nombre reservado; Este, En 64 metros con calle nombre reservado, y Oeste: en 70 metros con Ruta 9 Sur.

Explica que el año 2010, el Sr. nombre reservado, uno de los ocupantes, intentó mediante expediente N° 529337, requerir el otorgamiento de acta de radicación sobre el terreno, en conformidad al artículo 89° del Decreto ley N° 1939 de 1977, señalando en la oportunidad estar haciendo uso del mismo desde 8 o 10 años antes, lo que no se condice con la información recabada. En esa oportunidad, se le denegó la solicitud mediante Resolución N° 404 de fecha 27 de agosto de 2010, en contra la cual el peticionario interpuso recurso jerárquico, también rechazado, confirmándose lo resuelto por esta Secretaría mediante Resolución Exenta N° 140 de fecha 02 de febrero de 2011 del Sr, nombre reservado Nacionales de la época.

En 2015 el Sr. nombre reservado, nuevamente efectuó una presentación, solicitando en esta ocasión el saneamiento del dominio del terreno en conformidad al D.L N° 2695 de 1979 que fija normas para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz y para la constitución del dominio sobre ella, dando origen con ello al expediente administrativo N°36268, Dicha solicitud también fue denegada por no ser procedente, conforme consta en Resolución Exenta N° E- 4744, de fecha 25 de mayo de 2016. Señala que los inmuebles fiscales no pueden ser objeto de la aplicación del D.L. N° 2695, pues así lo establece expresamente el artículo 8o inciso segundo.

Expone que durante el año en curso, y luego de reiterados intentos por vía administrativa de que los ocupantes hicieran desalojo del terreno fiscal en referencia, el Consejo de Defensa del Estado, a requerimiento del organismo administrador de los terrenos fiscales ubicados dentro del área o zona de playa y hasta los ochenta metros de las más altas mareas, dio inicio a la causa Rol N° C- 996-20,seguida ante el Segundo Juzgado de Letras de nombre reservado, caratulada "Estado de Chile - Consejo de Defensa del Estado con nombre reservado", en contra de nombre reservado y nombre reservado, mediante acción de restitución de inmueble en juicio ordinario. Esta acción fue notificada personalmente al señor nombre reservado con fecha 22 de julio de 2020, constatándose posteriormente que el señor nombre reservado no estaba ocupando el inmueble, por lo cual se retiró demanda en su contra, y continuando actualmente dicho procedimiento sólo contra el Sr. nombre reservado, en etapa probatoria, habiéndose dictado la resolución que recibe la causa a prueba con fecha 23 de septiembre de 2020.

Afirma que conforme a la información recabada tanto de la encargada de oficina SIAC (Sistema de información y atención ciudadana), como de la funcionaria encargada de ley de Lobby a nivel regional y secretaria de la esta Seremi, y previa revisión de los registros de al menos el último año (2019-2020), no fue posible encontrar ninguna solicitud de audiencia, o petición formulada por la recurrente, por esta materia poniendo en conocimiento los hechos que indica en el recurso, ni de otra naturaleza.

Señala que su actuar se ha ajustado a derecho, refiriendo que el Ministerio de Bienes Nacionales y esta Secretaría Regional, como instituciones del ámbito del derecho público rigen su actuar en el estricto cumplimiento de las normas constitucionales y demás leyes, en especial de aquellas que regulan las materias propias de su competencia, en estricto apego al principio de la legalidad consagrado en el artículo 6o de la Constitución Política del Estado y el artículo 2o de la ley N° 18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se contiene en el DFL N° 01/19.653 del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, publicado en el Diario Oficial el 17 de noviembre de 2001. Si bien en conformidad al artículo Io del Decreto Ley 1.939/77 que establece normas sobre la Adquisición, Administración y Disposición de Bienes del Estado, las facultades de adquisición, administración y disposición de los bienes del Estado o fiscales corresponden al Presidente de la República, quien las ejerce por intermedio del Ministerio de Tierras y Colonización, hoy Ministerio de Bienes Nacionales, ello es sin perjuicio de las excepciones legales.

Una de esas excepciones legales a las facultades del Ministerio de Bienes Nacionales a la administración de los inmuebles fiscales, dice relación directa con la administración de los terrenos fiscales de playa hasta la línea a 80 metros de la más alta marea, contendida en el artículo 6o del referido Decreto Ley, el cual en lo pertinente establece: ...”Con todo no podrán enajenarse a ningún título los terrenos de playa fiscales, dentro de la faja de 80 metros de ancho medidos desde la línea de la más alta marea de la costa del litoral, los cuales sólo serán susceptibles de acto de administración por parte de la citada Subsecretaría del Ministerio de Defensa Nacional (Marina) y sujetos a ¡as restricciones establecidas en este artículo..." Sostiene que esta excepción, a su vez tiene una contra excepción establecida en el mismo artículo, por la cual se permite al Ministerio de Bienes Nacionales, sólo previo informe favorable de la Subsecretaría de Marina del Ministerio de Defensa Nacional, efectuar actos que digan relación exclusivamente con la transferencia del dominio del terrenos de playa fiscal situados en las regiones de los Lagos, de Aysén y de Magallanes y de la Antartica Chilena, a personas naturales chilenas y a personas jurídicas sin fines de lucro.

Afirma que lo anterior, limita la facultad y la competencia del Ministerio de Bienes Nacionales sobre terrenos fiscales ubicados en sectores de playa hasta la línea a 80 metros de la más alta marea, entregando la administración de él y también su fiscalización al organismo competente, la Armada de Chile.

En base a lo anterior, y requerida por el Sr. nombre reservado la actuación del Ministerio de Bienes Nacionales dentro del ámbito de sus competencias y atribuciones legales, por intermedio de esta Secretaria Regional Ministerial, dentro de sus competencias en relación a la aplicación del Decreto Ley N° 2695, para el saneamiento del dominio mediante las normas de dicho cuerpo legal o bien la emisión de un acta de radicación -primer paso necesario para la obtención eventual de un título gratuito sobre terreno fiscal en aplicación del artículo 89 del Decreto Ley N° 1.939- en definitiva se denegaron ambas solicitudes presentadas por el Sr. nombre reservado, por no ajustarse a derecho estas.

En relación al desalojo del terreno de playa fiscal cuya ocupación o toma refiere la recurrente, y sin perjuicio a no corresponder esta acción a una facultad de disposición, sino más bien de administración, la cual escapa de las facultades delegadas en el Ministerio de Bienes Nacionales, se debe tener presente (como se señaló precedentemente en este informe) que el Consejo de Defensa del Estado dio inicio a una acción de restitución de inmueble en procedimiento ordinario, en los autos Rol C- 996-2020 del Segundo Juzgado de Letras en lo Civil de nombre reservado, cuya demanda fue notificada al sr. nombre reservado con antelación a la interposición del recurso.

Sin perjuicio de las facultades y la competencia del Ministerio de Bienes Nacionales y de esta Secretaría Regional Ministerial, y en ejecución del principio de coordinación entre los servicios del Estado, consagrado en el artículo 3o de la Ley N° 18.575, se debe consignar la realización de instancias previas de coordinación entre personal de esta Secretaría y la Armada de Chile, así como participación de funcionarios de esta Secretaría Regional Ministerial en labores de apoyo en relación a la medición de los deslindes de la superficie ocupada y el aporte de antecedentes requeridos sobre el inmueble fiscal ocupado.

Agrega que tanto del recurso como de lo expuesto, queda en evidencia que no han conculcado, privado, perturbado o amenazado ninguna de los derechos o garantías de la recurrente establecidas en el artículo 19 de la carta fundamental y objeto de esta vía, mediante acto ni omisión, sea esta arbitraría, esto es entendido como carente de razón o motivo, o ilegal, contrario a derecho o ley, sino por el contrario el actuar de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Magallanes y de la Antártica Chilena se ha ajustado plenamente a derecho, por lo que ha de ser rechazado el recurso a su respecto.

Informa la Ilustre Municipalidad de nombre reservado, exponiendo que en cuanto a la ocupación ilegal del predio ubicado en Calle nombre reservado° 4494, de esta ciudad, conforme lo dispuesto en el artículo 118 de la Constitución Política de la República, las Municipalidades son corporaciones de derecho público, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna. Dispone asimismo, que una Ley Orgánica Constitucional determinará las funciones y atribuciones de las municipalidades. Por su parte, conforme los artículos 6° y 7° de la Carta Fundamental, las Municipalidades, como órgano de la Administración del Estado, debe someter su acción a la Constitución y a las leyes, debiendo obrar solo conforme a la autoridad y facultad que se les ha conferido.

Refiere que conforme lo preceptuado en la letra c) del artículo 5° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, los Municipios tendrán como función esencial, “administrar los bienes municipales y nacionales de uso público, incluido su subsuelo, existentes en la comuna, salvo que, en atención a su naturaleza o fines y de conformidad a la ley, la administración de estos últimos corresponda a otros órganos de la Administración del Estado.”

Entonces al Municipio solo le compete responsabilidad en lo que respecta a los bienes municipales y nacionales de uso público, no así, materias de dominio o administración de predios privados o fiscales.

De acuerdo a los antecedentes expuestos, el inmueble materia de discusión, se encuentra emplazado en calle nombre reservado° 4494, de esta ciudad, inscrito a nombre del Fisco de Chile, a fojas 977 vuelta, número 1241, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de nombre reservado del año 1979.

Por tanto, habiéndose verificado que, en efecto, el libelo de protección interpuesto hace alusión a una situación generada en un inmueble de propiedad fiscal, en donde al Municipio no le compete su administración, sino que más bien, dice relación con una titularidad de dominio exclusivo del Ministerio de Bienes Nacionales, corresponde entender de plano que a la Municipalidad no le merece responsabilidad los hechos de que se trata, siendo una cuestión a resolver por parte de la SEREMI de Bienes Nacionales y el Consejo de Defensa del Estado, en representación judicial del Fisco de Chile.

Por lo anterior, estima que se verifica una falta de legitimación pasiva de la acción deducida, en lo que respecta al emplazamiento de una ocupación ilegal en el predio denunciado, pues la competencia en la fiscalización del incumplimiento de la normativa sanitaria recae en la Secretaría Regional Ministerial de Salud, conforme lo dispuesto en el artículo 3° del Código Sanitario, de acuerdo al cual corresponderá al Ministerio de Salud y a sus Secretarías Regionales Ministeriales, atender todas las materias relacionadas con la salud pública y el bienestar higiénico del país. Agrega que en el párrafo I del Título II del Código Sanitario, las construcciones o remodelaciones que se efectúen en conjuntos habitacionales o poblaciones, deben ser previamente autorizados por la SEREMI de Salud correspondiente, una vez verificados los servicios de agua potable, de alcantarillado o desagües, debiendo ordenar el desalojo de las viviendas que hayan sido ocupadas sin cumplir previamente estos requisitos. Por su parte, y en lo que dice relación con el flujo de aguas servidas desde la ocupación ilegal que indica la recurrente hasta el borde costero, el artículo 73 del párrafo que interesa, establece la prohibición de la acción antes dicha, entregando la fiscalización y verificación de la ocurrencia a la autoridad sanitaria, para disponer las medidas necesarias tendientes a evitar y resolver respecto de la materia. Por otro lado, el párrafo II del mismo Título II, del Código Sanitario, establece que será materia de reglamentación sanitaria, verificar las condiciones de saneamiento previo de los terrenos destinados a construcciones; verificar las condiciones sanitarias y de seguridad que deben cumplir una casa, edificio o local, para ser habitada u ofrecidos en arrendamiento y la determinación del número máximo de personas que pueden ocuparlos.

Por tanto, concluye que de la normativa precedentemente expuesta, aparece que es competencia de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, verificar y fiscalizar cualquier acción u omisión que atente contra la normativa sanitaria.

En ese mismo sentido, agrega que la fiscalización de terrenos fiscales ubicados en bordes costeros recae en la Directemar, pues de acuerdo a la Ley Orgánica de la Dirección General del Territorio nombre reservado y de Marina Mercante, dispone en su artículo 3°, que a la Dirección le corresponderá: m) Ejercer la fiscalización y control de las playas y de los terrenos fiscales de playa colindantes con éstas en el mar, ríos y lagos; (…)

Que, atendido que los hechos que motivan el presente recurso atienden una situación originada en un predio de propiedad fiscal, donde existe actualmente una ocupación ilegal, la cual, aparentemente, se encontraría vulnerando asimismo la normativa sanitaria que regula la disposición de residuos de aguas servidas, corresponde a la Dirección de Territorio nombre reservado y de Marina Mercante, a través de la Gobernación Marítima de nombre reservado, efectuar las verificaciones y fiscalizaciones que correspondan, en el ejercicio de sus funciones legales.

Sin perjuicio de lo anterior, indica que el recurso interpuesto no puede prosperar a su respecto por cuanto, además de relatar una serie de hechos sin acreditar suficientemente su veracidad, la recurrente no indica con exactitud y precisión, las acciones u omisiones en que ha incurrido el Municipio, cuestión necesaria para efectos de verificar si la ocurrencia de dicha acción u omisión, ha producido una ilegalidad o arbitrariedad.

Asimismo, tampoco consta que la recurrente indique de qué manera esta Municipalidad ha incurrido en una ilegalidad, como tampoco señala alguna arbitrariedad cometida a consecuencia de algún acto u omisión.

Por tanto, al no tener claridad de lo indicado precedentemente, mal podría arribarse a una conclusión conducente a establecer una vulneración en las garantías constitucionales de la recurrente, razón por la cual, el presente libelo debe ser rechazado.

En tercer lugar comparece el Gobernado nombre reservado, informando. Refiere que mediante documento C.P.P.A. ORD. N° 12.200/32/NFM, de fecha 27 de junio de 2013, se notificó al Sr, nombre reservado de su condición de ocupante ilegal de un sector de terreno de playa, en el lugar denominado Río de Los Ciervos, lugar en el cual habría emplazado una construcción precaria, de color azul, de aproximadamente 50 metros cuadrados, y que en caso de no ser el propietario se procedería de acuerdo a lo establecido en el art. N°59 del Reglamento sobre Concesiones Marítimas, D.S. (M )N°002 de 2005, norma vigente en esa fecha.

Que, mediante oficio C.P.P.A, ORD. N° 12.210/59/GMPA., de fecha 14 de agosto de 2013, el Capitán de Puerto de nombre reservado de la época, solicitó al Sr.

Gobernador nombre reservado, requerir el auxilio de la Fuerza Pública a la Gobernación Provincial de Magallanes, a fin de que se proceda al desalojo, sin más trámite de los bienes fiscales indebidamente ocupados.

Que, mediante Resolución Exenta N° 3547, de fecha 03 de octubre de 2013, se concede el auxilio de la Fuerza Pública a fin de proceder al desalojo de los bienes fiscales indebidamente ocupados por el Sr. nombre reservado.

Que, en consideración del tiempo transcurrido sin que se proceda a la restitución administrativa del terreno indebidamente ocupado, mediante oficio C.P.P.A.ORD. N° 12.200/27/RBR, de fecha 12 de marzo de 2015, se solicitó a la Gobernación Provincial indicar las acciones que adoptará a fin de dar cumplimiento a la Resolución Exenta N° 3547/2013.

Que, mediante oficio Ord. N° 606, de fecha 14 de mayo de 2014 (debe decir 2015), en respuesta a lo solicitado, la Gobernación Provincial de Magallanes, señala en resumen que, el Sr. nombre reservado presentó una reconsideración de su situación, acompañando antecedentes de la Seremi de Bienes Nacionales, señalando que el sector de la ocupación cambiaría de zonificación y podría ser adquirido en forma directa, por lo que se considera plausible esperar hasta la aprobación del nuevo plan regulador de la comuna.

Que, mediante oficio C.P.P.A. ORD. N° 12.200/43, de fecha 02 de mayo de 2016, se solicitó al Sr. nombre reservado Procurador Fiscal de la Región de Magallanes y de la Antartica Chilena, se persiga judicialmente al Sr. nombre reservado, por el pago de las indemnizaciones por todo el tiempo de la ocupación ilegal que mantiene en la calle nombre reservado. Que, mediante Resolución Exenta N° 13, de fecha 30 de agosto de 2018, del Departamento de Avaluaciones del Servicio de Impuestos Internos de nombre reservado, se fija el valor comercial de las mejoras existentes en la ocupación ilegal, además, mediante ORD N° DAV 12.00140, de la misma fecha, se efectúa la tasación fiscal del terreno de playa y la playa del lugar.

Expone que, a la fecha la ocupación ilegal se mantiene. Refiere igualmente, que mediante oficio ORD. N° 1362, de fecha 26 de noviembre de 2018, se recibe en la Capitanía de Puerto de nombre reservado, denuncia de la SEREMI de Salud de Magallanes, relacionada con el escurrimiento de aguas servidas en la vía pública, en calle nombre reservado° 350, de la comuna de nombre reservado.

Que, considerando que la Autoridad Marítima no posee facultades legales sobre los Bienes Nacionales de uso Público, como son los caminos, calles, plazas, paseos, puentes, etc., se derivó la denuncia al Sr. Director de Obras Municipales de nombre reservado, mediante oficio C.P.P.A ORD. N° 12.200/266, de fecha 10 de diciembre de 2018, a fin de establecer si la propiedad en cuestión posee permiso de edificación conforme a lo establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Que, mediante oficio de la Dirección de Obras Municipales, ORD. N° 1197, de fecha 13 de diciembre de 2018, su Director informó, que la propiedad no posee permiso de edificación ni recepción definitiva municipal, por lo tanto, infringe lo establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, además ha solicitado a la Dirección de Inspección de la Municipalidad de nombre reservado, notificar y multar a los propietarios de la vivienda.

Termina acompañando documentos.

Finalmente, comparece la Secretaría Regional Ministerial de Salud. Expresa que en relación a la situación expuesta por la recurrente, y en lo que respecta a su competencia, en su oportunidad, después de recibir una solicitud de fiscalización por parte de vecinos del sector, con fecha 23 de abril de 2015 se remitió el Ord. N° 531 a la Gobernación Marítima de nombre reservado, cuya copia adjunto, en las que sucintamente se expresaba las fiscalizaciones que se realizaron al domicilio de domicilio reservado que provocaba el escurrimiento de aguas servidas en la vía pública, iniciándose un sumario sanitario y decretándose una prohibición de funcionamiento respecto a la cámara allí ubicada. En dicho oficio, se derivó la denuncia recepcionada para conocimiento y la adopción de las medidas que se estimaran pertinentes dentro de la esfera de competencia de dicha autoridad, debido a que el escurrimiento de aguas y las viviendas del sector se encuentran dentro de los 80 metros de ancho, de conformidad con el Reglamento de Concesiones Marítimas, adjuntándose las denuncias y actas de fiscalización correspondientes.

Asimismo, y atendidas las competencias de esta autoridad sanitaria, en igual fecha a la señalada precedentemente, por medio del Ord. N° 530 se enviaron los mismos antecedentes a la Municipalidad de nombre reservado, debido a que esta autoridad carece de competencia para realizar la limpieza de lugares públicos, por lo que se solicitó la intervención de dicha autoridad comunal. Acompaña documentos y pide tener por informado el recurso.

Se dispuso traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional para ser ejercitada en un procedimiento de urgencia, informal, inquisitivo, unilateral, breve y concentrado con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

Conforme a su naturaleza y claro objetivo, no genera, en sentido técnico, un juicio ni se persigue con su interposición establecer la responsabilidad civil, penal, infraccional o administrativa del ofensor. Por tanto, no se concibe respecto de una contienda civil entre partes ni da origen a un proceso penal o administrativo, es decir, no se aplica para discutir cuestiones de lato conocimiento respecto de las cuales el legislador ha establecido los procedimientos idóneos para que sean debatidas y resueltas.

SEGUNDO: Que, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que los hechos que motivan el presente recurso se hacen consistir por la recurrente, en el fondo, en que las recurridas han actuado de manera ilegal y arbitraria, al no detener el foco infeccioso que implica en vertimiento de aguas servidas a la vía pública, originada en una ocupación irregular.

CUARTO: Que, en su informe, las recurridas, exponen lo pertinente, según se lee en lo expositivo.

QUINTO: Que, según lo asentado en el considerando tercero, y a fin de despejar las competencias y atribuciones de los servicio recurridos, como del Municipio local, es necesario establecer, desde ya, que estamos en presencia de una situación de salubridad pública, como lo es el tratamiento adecuado de las aguas servidas, cuestión que es de competencia de la recurrida Secretaría Regional Ministerial de Salud, según lo dispone el artículo 3 del Código Sanitario, el que reza “Corresponde al Servicio Nacional de Salud, sin perjuicio de las facultades del Ministerio de Salud Pública, atender todas las materias relacionadas con la salud pública y el bienestar higiénico del país, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del N° 14° del artículo 10° de la Constitución Política del Estado, este Código y su Ley Orgánica”.

SEXTO: Que, en ese sentido entonces, y como lo ha alegado la Ilustre Municipalidad, tanto ella, como el Seremi de Bienes Nacionales y la Capitanía de Puerto, carecen de legitimidad pasiva en este recurso. A mayor abundamiento, preciso es establecer que, tanto Bienes Nacionales como la Gobernación Marítima, dentro del ámbito de sus atribuciones, ponen en conocimiento del Consejo de Defensa del Estado la ocupación ilegal que se denuncia, organismo que ha iniciado las acciones legales tendientes a obtener la restitución del inmueble fiscal.

SEPTIMO: Que, en consecuencia, corresponde analizar si el comportamiento del Seremi de Salud se ajusta a la normativa legal aplicable en la especie, y en consecuencia, descartar la actuación u omisión ilegal y arbitraria que se le imputa.

OCTAVO: Que, el Servicio recurrido, escuetamente informa que después de recibir una solicitud de fiscalización por parte de vecinos del sector, con fecha 23 de abril de 2015, remitió “el Ord. N° 531 a la Gobernación Marítima de nombre reservado, en las que sucintamente se expresaba las fiscalizaciones que se realizaron al domicilio de domicilio reservado que provocaba el escurrimiento de aguas servidas en la vía pública, iniciándose un sumario sanitario y decretándose una prohibición de funcionamiento respecto a la cámara allí ubicada” y agrega que “en igual fecha a la señalada precedentemente, por medio del Ord. N° 530 se enviaron los mismos antecedentes a la Municipalidad de nombre reservado, debido a que esta autoridad carece de competencia para realizar la limpieza de lugares públicos, por lo que se solicitó la intervención de dicha autoridad comunal”. Acompaña a su infirme documentación pertinente, desconociendo esta Corte, el resultado del sumario sanitario iniciado y las eventuales medidas adoptadas por ella.

NOVENO: Que, al artículo 3 del Código Sanitario transcrito es preciso agregar que el artículo 67 del mismo cuerpo legal dispone que “Corresponde al Servicio Nacional de Salud velar porque se eliminen o controlen todos los factores, elementos o agentes del medio ambiente que afecten la salud, la seguridad y el bienestar de los habitantes en conformidad a las disposiciones del presente Código y sus reglamentos.” Por su parte el artículo 69 prescribe que “No podrá iniciarse la construcción o remodelación de una población, sin que el Servicio Nacional de Salud haya aprobado previamente los servicios de agua potable y de alcantarillado o desagües. Asimismo, ninguna de las viviendas que integran la población podrá ser ocupada antes de que la autoridad sanitaria compruebe que los sistemas instalados se encuentran conformes con los aprobados. Las Municipalidades no podrán dar permiso de edificación, ni otorgar la recepción final de las construcciones, sin que se cumplan los requisitos señalados en los incisos anteriores. El Servicio Nacional de Salud podrá ordenar el desalojo de las viviendas que hayan sido ocupadas sin cumplir previamente los requisitos antes señalados”. Finalmente en su artículo 73, se mandata que “Prohíbase descargar las aguas servidas y los residuos industriales o mineros en ríos o lagunas, o en cualquier otra fuente o masa de agua que sirva para proporcionar agua potable a alguna población, para riego o para balneario, sin que antes se proceda a su depuración en la forma que se señale en los reglamentos. Sin perjuicio de lo establecido en el Libro IX de este Código, la autoridad sanitaria podrá ordenar la inmediata suspensión de dichas descargas y exigir la ejecución de sistemas de tratamientos satisfactorios destinados a impedir toda contaminación”.

DECIMO: Que, teniendo presente lo hasta aquí razonado es dable concluir que efectivamente la recurrida Secretaría Ministerial de Salud ha incumplido las obligaciones que por mandato legal le corresponde, como es la fiscalización de todas aquellas materias relativas al tratamiento, escurrimiento y manejo de las aguas servidas domiciliarias. En efecto, no ha informado la recurrida la forma en como ha cumplido tal mandato legal, limitándose a enunciar la existencia de un sumario, iniciado el año 2015 y de cómo comunico los hechos denunciados por un grupo de vecinos, a otros servicios ´públicos los que a su juicio, tenían competencia para conocer de los hechos que se describen en el recurso.

DECIMO PRIMERO: Que en los hechos, la situación de insalubridad que denuncia la recurrente se ha mantenido durante el tiempo, sin que la autoridad sanitaria hubiere ejecutado acciones concretas tendientes a poner término a la misma, desatendiendo de esa manera el mandato legal que le asiste y que ha sido expuesto en la consideración décima precedente.

DECIMO SEGUNDO: Que de esta manera la Secretaria Regional Ministerial de Salud ha incurrido en una omisión arbitraria e ilegal, desde que no ha adoptado las medidas de fiscalización que le resultan propias, ni ha ejecutado las medidas tendientes a poner término al vertimiento de aguas servidas en la vía pública, incumpliendo las obligaciones que como autoridad sanitaria le asisten.

DECIMO TERCERO: Que, dicha omisión, dado que ha permitido la mantención de la situación de insalubridad en las proximidades del domicilio de la recurrente, afecta su derecho a la integridad física y síquica, pues se ha visto expuesta a la presencia de elementos dañinos para su salud y que importan una genuina perturbación anímica y moral, pues se ha afectado gravemente el desarrollo de sus actividades cotidianas.

DECIMO CUARTO: Que, así las cosas, establecida la existencia de una omisión arbitraria e ilegal por parte de la recurrida Secretaría Regional Ministerial de Salud, misma que perturba el derecho a la integridad física y psíquica de la recurrente, se ha de acoger a su respecto la presente acción constitucional, en los términos que se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo de Recursos de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE ACOGE el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, solo en cuanto que la recurrida SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA, representada legalmente por el señor nombre reservado, deberá adoptar dentro de un plazo de noventa días a contar de esta fecha, las medidas que resulten conducentes a fin obtener el cese del escurrimiento de aguas servidas denunciado, debiendo informar a esta Corte las resoluciones que se adopten y el resultado de las mismas.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redactada por el Fiscal Judicial Sr. Miño.

Rol N° 1597-2020-PROTECCION.-