nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

Punta Arenas, veintiséis de mayo de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Que comparece Ricardo Sebastián Haro Rodríguez, abogado e interpone acción de protección en favor de nombre reservado, C.N.I: RUT reservado, dependiente, domiciliada en domicilio reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, representada legalmente por nombre reservado, Ingeniero comercial civil industrial, o por quien corresponda, con domicilio domicilio reservado, Región Metropolitana, con sucursal en Punta Arenas, domicilio reservado, en razón del acto que señala como ilegal y arbitrario, consistente en descuentos efectuados a sus remuneraciones por concepto de crédito social, alegando vulneración de la garantía establecida en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

Señala que, la recurrente suscribió con fecha 27 de julio del 2023 el Pagaré 021CON103492465 por la suma de $ 20.831.636 por concepto de capital, y con una tasa de interés de 2,15% que se pagaría en 60 cuotas a pagar los días 30 de cada mes.

Producto de ello, con fecha 3 de junio del 2025 se ingresó demanda ejecutiva de cobro de pagaré por la recurrida en contra de la recurrente, causa rol C-838-2025 del 3er Juzgado de Letras de Punta Arenas caratulada CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES con nombre reservado, la cual se encuentra en actual tramitación.

la recurrente nombre reservado, ingresa a trabajar para la Empresa OCG Chile Consulting SPA con fecha 3 de marzo del 2025.

Desde esta última fecha, desde el inicio de su nuevo puesto de trabajo, la recurrida ha procedido a efectuar descuentos mensuales en las remuneraciones de la recurrente, por concepto de crédito social, no obstante, de haber iniciado previamente un procedimiento ejecutivo de obligaciones de dar en su contra, donde hizo exigible el total de la deuda en el ámbito judicial lo que causa u origina una ilegalidad, ya que, La recurrida opto por acelerar el crédito y demandar ejecutivamente el total de la deuda, lo que implica que:

- La obligación dejo de ser en cuotas.

- No resulta procedente el descuento por planilla.

En síntesis, se optó por el cobro ejecutivo, y la evidencia, es que el juicio ejecutivo sigue su tramitación hasta el día de hoy.

Hace presente que la jurisprudencia y nuestros tribunales de justicia han señalado que esta conducta, constituye un uso abusivo del sistema de cobro y del derecho.

Entiende que la recurrida, se encuentra realizando simultáneamente dos mecanismos de cobro incompatibles entre sí, lo que configura un cobro duplicado o indebido y una afectación constante, recurrente y sucesiva a garantías constitucionales consagradas en la Constitución política de la Republica.

Solicita, se declare ilegal y arbitrario el actuar de la recurrida, ordenando el cese inmediato de los descuentos por planilla y la restitución de las sumas indebidamente descontadas. Prohibiendo que la recurrida se abstenga de realizar nuevos descuentos, con costas.

Acompaña, demanda ejecutiva interpuesta por la Caja de Compensación los Andes de fecha 06 de junio del 2025, y su resolución de fecha 13 de junio del 2025, Mandamiento de ejecución y embargo de fecha 13 de junio del 2025, oficio de fuerza pública, cuaderno de apremio de fecha 16 de marzo del 2026, y su resolución de fecha 18 de marzo del 2026 y 12 liquidaciones de sueldo de doña nombre reservado, desde marzo del año 2025 hasta marzo del año 2026.

Informa Inés Riquelme Arao, abogada, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, solicitando el rechazo del recurso.

Señala que con fecha con fecha 27 de julio 2023 otorgo a la señora nombre reservado la operación de crédito código N° 021CON103492465 por un capital inicial de $20.831.636, a una tasa de Interés mensual de 2.15%, pagadero en plazo de 60 meses, con una cuota mensual de $641.075, cuyo primer vencimiento correspondió a fecha 30 de septiembre 2023.

Indica que, a la fecha, la operación de crédito presenta en estado de morosidad las cuotas de los meses de junio 2025 (con abono) a marzo 2026, N°22 y N° 31.

Agrega que con fecha 08 de noviembre 2023 otorgo a la señora nombre reservado la operación de crédito código N° 021CON103562859 por un capital inicial de $3.160.877, a una tasa de Interés mensual de 2.53%, pagadero en plazo de 24 meses, con una cuota mensual de $186.970, cuyo primer vencimiento correspondió a fecha 31 de enero 2024.

Indica, respecto a este crédito, que las cuotas N° 1 a N° 22 y N° 23, fueron pagadas entre los periodos comprendido entre el 10 de febrero 2024 al 10 de marzo 2026 y a la fecha, la operación de crédito presenta en estado de morosidad las cuotas de los meses de noviembre 2025(con abono) a diciembre 2026, N° 23 y N° 24.

Sostiene que se trata de un crédito plenamente vigente, actualmente exigible y cuyas acciones no se encuentran prescritas, por lo que su recaudación conforme al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es pertinente y oportuna.

Menciona que inicio demanda en contra del recurrente solo fue respecto del crédito 021CON103492465 (el primero) y no fue por capricho sino por una obligación establecida en el en la circular N°3567 del 4 de enero de 2021 del compendio de normas de la Superintendencia de Seguridad Social que regulan a las Cajas De Compensación De Asignación Familiar.

Argumenta que el descuento por planilla no constituye un acto arbitrario de la Caja, sino un mecanismo de pago legal y obligatorio inherente a los créditos sociales, que opera con independencia de la voluntad de la institución y que tiene el mismo grado de obligatoriedad que el pago de cotizaciones previsionales.

Agrega que la prescripción de las acciones debe ser alegada y declarada judicialmente conforme a los artículos 2492 y siguientes del Código Civil, no pudiendo esta Corte declararla por la vía del recurso de protección, que es una acción cautelar de carácter sumario. Invoca el Dictamen N°2659-2020 de la SUSESO en el mismo sentido. Cita jurisprudencia reciente de las Cortes de Apelaciones de Copiapó (Rol 228-2025), San Miguel (Rol 131-2024) y de la Excma. Corte Suprema (Roles 6.279-2025 y 87.663-2023), todas las cuales rechazaron recursos de protección en supuestos análogos al de autos.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar, incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en la Constitución, que puedan establecerse sumariamente.

SEGUNDO: Que para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado del afectado; y d) Que esta Corte se encuentre en situación de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que por medio del presente recurso se reclama el descuento efectuado a las remuneraciones del recurrente por parte de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, ascendente a $550.000, entre los meses de abril del 2025 hasta marzo del 2026, derivado del crédito social N°021CON103492465, pese a la existencia de causa ejecutiva Rol C-838-2025 del Tercer Juzgado de Letras de Punta Arenas, lo que el recurrente estima vulneratorio del derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que la recurrida solicitó el rechazo del recurso conforme a los antecedentes reseñados en la parte expositiva.

QUINTO: Que, la recurrida reconoce que inicio demanda en contra del recurrente respecto del crédito 021CON103492465, fundando aquello en que no fue por capricho sino por una obligación establecida en el en la circular N°3567 del 4 de enero de 2021 del compendio de normas de la Superintendencia de Seguridad Social que regulan a las Cajas De Compensación De Asignación Familiar. Además, reconoce el descuento del mismo crédito mediante liquidaciones de sueldo efectuadas a la actora, lo cual se corrobora con los documentos acompañados a la acción, en que se visualizan descuentos en montos de $550.000 y se indica el total de las cuotas (60).

SEXTO: Que, en tales circunstancias, como lo ha resuelto reiteradamente la Excma. Corte Suprema en Roles N°s 6.928-2021; 30.294-2021; 71.519-2021; 65.946-2021; 65.973-2021; 1791-2022, y más recientemente en el Rol N°48.393-2025, entre otras, debe concluirse que las recurridas han actuado de manera caprichosa e injustificada al revivir y forzar de manera unilateral un beneficio que el artículo 22 de la Ley N°18.833 concede a las Cajas de Compensación para cobrar oportunamente los créditos sociales que otorgan, en circunstancias que para el mismo fin, esto es, su cobro, había optado por la vía judicial, acelerando el total de la obligación, produciéndose el vencimiento anticipado de esta y la extinción del plazo y mensualidades respectivas en que se encontraba dividida, por lo que dicha entidad acreedora no estaba facultada para obtener el pago de las cuotas de la misma obligación esta vez por la vía especial de los descuentos en las remuneraciones de la actora, sino que debió continuar con el cobro por la vía ejecutiva en la causa ya iniciada, en donde las remuneraciones que percibe el deudor se encuentran sometidas al régimen y las limitaciones que señala el Código de Procedimiento Civil en su artículo 445, numeral 2°.

SEPTIMO: Que, además, para proceder al reinicio de los descuentos, la Caja debía sujetarse a las prescripciones contenidas en la Circular N°3.567 de la SUSESO, de 4 de enero de 2021, vigente a la época de la suscripción del crédito, la que le imponía en el punto 1.17.3, referido al “Reinicio de Descuentos”, y previo a informar el descuento a la entidad empleadora o pagadora de pensión la respectiva cuota de crédito social, enviar un aviso al trabajador informándole la existencia de la deuda de crédito social impaga por los meses correspondientes, noticiándole que dichos descuentos se reanudarían de conformidad a lo acordado entre las partes al momento de otorgarse el crédito, esto es, mediante descuento en las remuneraciones o pensiones.

En efecto, como aparece de la lectura del párrafo tercero del punto señalado de la Circular, dicho aviso que debía contener además la información referida a la indicación del monto de crédito otorgado, número de cuotas, valor de cada una, total de cuotas pagadas y adeudadas, intereses respectivos y demás gastos que correspondan, otorgaba al deudor un plazo de al menos 15 días corridos para que concurriera a la Caja a regularizar la situación de sus cuotas morosas y acreditar el promedio de sus ingresos de los últimos tres meses, prescribiendo que “Sin haber transcurrido este plazo y aun cuando el afiliado no concurra o no haya reprogramado o renegociado su crédito dentro de este término, la entidad de previsión social no podrá informar al empleador o entidad pagadora de pensión el descuento de la cuota de crédito social que corresponda.”

De ese modo, no encontrándose acreditado que la Caja recurrida informara al deudor, enviando el aviso de rigor, de que reanudaría los descuentos cumpliendo las exigencias antes anotadas, lo que constituye, además, un derecho que conforme a la normativa de protección del consumidor financiero tienen el carácter de irrenunciables para el actor, el actuar de la recurrida, en orden a instruir al empleador del recurrente de reiniciar los descuentos de sus remuneraciones, constituye un actuar arbitrario que no puede ser amparado por esta magistratura.

OCTAVO: Que, de esta manera, los actos cuya arbitrariedad ha sido constatada, vulneran el derecho de propiedad de la recurrente sobre sus remuneraciones, privándola de beneficios económicos que están amparados por la garantía prescrita en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, por lo que el recurso será acogido.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, y en consecuencia, se ordena a la recurrida abstenerse de continuar obteniendo el pago del crédito social otorgado a la actora vía descuentos de sus remuneraciones, como asimismo deberán proceder a la devolución de los montos indebidamente descontados a partir de mayo del año dos mil veinticinco en adelante, sin perjuicio del derecho a perseguir el cobro por la vía jurisdiccional pertinente.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Redacción del Ministro Suplente Sr. Claudio Jara Inostroza, quien no firma por encontrarse con permiso de acuerdo al artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

ROL N°156-2026 PROTECCIÓN.-