Protección contra Contraloría Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena

Punta Arenas, diez de junio de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece don Pablo Andrés Bussenius Cornejo, abogado, y deduce recurso de protección en representación de don nombre reservado, don nombre reservado, doña nombre reservado, don nombre reservado, doña nombre reservado y doña nombre reservado, todos profesionales de la educación, en contra de la Contraloría Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, representada por su Contralor Regional don Jorge Hernán Beamin Rosas, por haber dictado el Oficio N°NUM000, de 9 de marzo de 2026 y notificado el 10 del mismo mes y año, acto que estima ilegal y arbitrario y que, a su juicio, priva, perturba y amenaza el legítimo ejercicio de las garantías consagradas en los numerales 2, 3, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que los recurrentes fueron traspasados, con fecha 1 de enero de 2024, desde el área de educación de la administración central de la Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al Menor (CORMUPA) —en la que se desempeñaban como asesores técnico pedagógicos— a la Subdirección de Apoyo Técnico Pedagógico del Servicio Local de Educación Pública de Magallanes (SLEPM), conservando, conforme a los anexos de contrato de trabajo de 1 de marzo de 2023, un feriado correspondiente a los meses de enero y febrero, al período que media entre el término del año escolar y el comienzo del siguiente y al receso invernal de cada año.

Refiere que, mediante el Oficio N°NUM001, de 2024, la Contraloría Regional reconoció que dicho beneficio formaba parte de los derechos estatutarios que detentaban al momento del traspaso, ordenando al SLEPM adoptar las medidas administrativas conducentes a su reconocimiento; no obstante, ante la solicitud de reconsideración formulada por el propio SLEPM, la recurrida dictó el impugnado Oficio N°NUM002, reconsiderando su anterior pronunciamiento y concluyendo que la extensión del feriado pactado con la CORMUPA no se ajustó a la normativa y a la jurisprudencia vigente, por lo que, al tratarse de un derecho que no fue adquirido válidamente, no resultaba susceptible de ser protegido en los términos del artículo cuadragésimo segundo transitorio de la ley N°21.040.

Sostiene que el acto recurrido es arbitrario e ilegal por cuanto: desconoce la libertad contractual de los recurrentes; funda su conclusión en una errónea aplicación del Ordinario N°NUM003, de 2014, de la Dirección del Trabajo; importa un flagrante desconocimiento de derechos adquiridos amparados por los artículos trigésimo noveno y cuadragésimo segundo transitorios de la ley N°21.040; contraría la propia jurisprudencia administrativa del ente contralor —dictámenes N°47.554, de 2001; N°83.429, de 2015; y N°3.270, de 2020—, conforme a la cual la expresión “establecimientos educacionales” comprende a los servidores regidos por la ley N°19.070 con desempeño en los órganos de administración del servicio educacional; y consigna solo parcialmente la respuesta de la Dirección del Trabajo, que además habría señalado que, en cuanto la cláusula de feriado se ajuste al artículo 5 del Código del Trabajo, se encontraría a priori conforme a derecho.

Concluye solicitando que se declare arbitrario e ilegal el Oficio N°NUM000 de la Contraloría Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, dejándolo sin efecto y, acto continuo, reconociendo a los recurrentes su derecho a feriado en los términos establecidos en el artículo 41 del Estatuto Docente, o lo que el Tribunal estime que en derecho corresponda.

Informando el recurso, la Contraloría Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena solicitó su rechazo en todas sus partes, conforme a los fundamentos que se reseñan.

Señala, en primer término, que se encuentra en tramitación una solicitud de reconsideración del propio oficio impugnado, ingresada el 17 de marzo de 2026 por los mismos recurrentes de autos —ingreso N°110.268, de 2026—, de modo que no se halla agotada la vía administrativa, conforme a lo dispuesto en el artículo 54 de la ley N°19.880, circunstancia que refuerza que los actores no son titulares de un derecho indubitado cuyo amparo deba efectuarse por esta vía.

Expone que el asunto es ajeno a la naturaleza cautelar del recurso de protección, pues lo verdaderamente perseguido es obtener una declaración de derechos y una interpretación de la normativa distinta de la sostenida en el acto impugnado, y no el amparo de un derecho indubitado y preexistente, invocando al efecto la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema recaída en las causas roles N°68.906- 2023 y N°31.365-2018, así como la sentencia de la Iltma.

Corte de Apelaciones de Santiago dictada en autos rol N°57.850-2018.

Agrega que el Servicio Local de Educación Pública de Magallanes —titular del interés comprometido en la materia— no ha sido emplazado en la presente acción, en circunstancias que su comparecencia resulta esencial para la correcta formación de la relación procesal.

Sostiene que no ha incurrido en ilegalidad ni arbitrariedad, toda vez que se limitó a ejercer las potestades dictaminadoras que le confieren los artículos 6°, 7° y 98 de la Constitución Política de la República y los artículos 5°, 6° y 9° de la ley N°10.336, emitiendo un pronunciamiento motivado en los antecedentes de hecho, en el derecho aplicable y en su jurisprudencia administrativa vigente.

En cuanto al fondo, afirma que no es posible reconocer el carácter de derecho adquirido a una situación de hecho contraria a la normativa que la regula; que el feriado del artículo 41 de la ley N°19.070 beneficia únicamente a los profesionales de la educación que se desempeñan en establecimientos educacionales; que, conforme al Ordinario N°NUM003, de 2014, de la Dirección del Trabajo —entidad competente para interpretar las normas laborales aplicables a los recurrentes durante el año 2023—, los docentes que cumplen funciones técnico pedagógicas en el nivel central de una corporación municipal pueden hacer uso de su feriado legal de conformidad con el artículo 67 del Código del Trabajo; y que su jurisprudencia administrativa uniforme — dictámenes N°11.435, de 1996; N°19.342, de 2002; y N°20.904, de 2018— ha resuelto que dicho beneficio no rige respecto de quienes laboran en los órganos de administración de la educación municipal. Concluye que el feriado pactado el 1 de marzo de 2023, aun cuando se convino con más de seis meses de anterioridad al traspaso, no se sujetó a la jurisprudencia vigente a esa época, por lo que no fue válidamente adquirido ni resulta objeto de la protección del artículo cuadragésimo segundo transitorio de la ley N°21.040.

Finalmente, descarta la vulneración de las garantías invocadas: respecto del artículo 19 N°2, porque no se acreditó diferencia arbitraria alguna ni casos resueltos de manera diversa; respecto del artículo 19 N°3, porque dicha garantía no se encuentra amparada por el recurso de protección, salvo en lo relativo a la prohibición de ser juzgado por comisiones especiales, hipótesis que no concurre; respecto del artículo 19 N°16, porque el oficio no afecta la libertad de trabajo ni el derecho a su libre elección y contratación; y respecto del artículo 19 N°24, porque el derecho reclamado no ingresó válidamente al patrimonio de los recurrentes. Solicita, en consecuencia, el rechazo del recurso.

Por resolución de 28 de abril de 2026 se requirió informe al Servicio Local de Educación Pública de Magallanes, el que no fue evacuado dentro de plazo, razón por la cual, por resolución de 29 de mayo de 2026, se prescindió del mismo, de conformidad con el numeral 3° del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios, que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, a través del presente arbitrio, la parte recurrente reprocha la dictación, por la Contraloría Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, del Oficio N°NUM000, mediante el cual dicha entidad reconsideró su anterior Oficio N°NUM001, de 2024, y concluyó que la extensión del feriado que los recurrentes pactaron con la CORMUPA no constituye un derecho válidamente adquirido amparado por el artículo cuadragésimo segundo transitorio de la ley N°21.040, estimando los actores que tal pronunciamiento resulta ilegal y arbitrario, vulnerando las garantías de los numerales 2, 3, 16 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que la recurrida, al informar, solicitó el rechazo del recurso conforme a los antecedentes reseñados en la parte expositiva, controvirtiendo la concurrencia de los presupuestos de la acción.

QUINTO: Que, para la adecuada resolución del asunto, es menester precisar la naturaleza del acto impugnado.

El Oficio N°NUM000 corresponde a un pronunciamiento jurídico de carácter interpretativo, emitido por la Contraloría Regional en el ejercicio de la potestad dictaminadora que le reconocen los artículos 98 de la Constitución Política de la República y 5°, 6° y 9° de la ley N°10.336, a propósito de una solicitud de reconsideración formulada por el Servicio Local de Educación Pública de Magallanes.

No se trata, pues, de un acto que por sí mismo prive a los recurrentes de un beneficio del que fueran indiscutidos titulares, sino de la fijación de un criterio interpretativo acerca de la procedencia de extender un determinado régimen de feriado con posterioridad al traspaso.

SEXTO: Que, atendido lo anterior, lo que en definitiva persiguen los actores por la presente vía es que esta Corte deje sin efecto un pronunciamiento jurídico cuya conclusión no comparten y, acto seguido, declare y reconozca en su favor un derecho a feriado en los términos del artículo 41 del Estatuto Docente. Tal pretensión, sin embargo, excede el objeto y los fines de la acción de protección, pues no se dirige a amparar un derecho indubitado y preexistente, sino a obtener una declaración constitutiva de derechos previa determinación de una calidad jurídica controvertida, cuestión que ha de ventilarse en sede y por vía diversa. En este sentido, la Excma. Corte Suprema ha sostenido que la acción de protección tiene por objeto amparar el legítimo ejercicio de derechos asentados con carácter de indubitados, y no de aquellos que se encuentran en discusión o que constituyen una mera expectativa, de manera que la pretensión que impone dirimir sobre la procedencia y establecimiento de un derecho excede el ámbito de esta tutela de urgencia.

SÉPTIMO: Que abona la conclusión precedente la circunstancia, reconocida en el proceso, de encontrarse en tramitación ante la propia Contraloría Regional una solicitud de reconsideración del oficio impugnado, ingresada el 17 de marzo de 2026, por la parte recurrente.

Conforme al artículo 54 de la ley N°19.880, interpuesta una reclamación administrativa, el reclamante no puede deducir igual pretensión ante los tribunales mientras aquélla no haya sido resuelta o no haya transcurrido el plazo para entenderla desestimada. De este modo, no encontrándose agotada la vía administrativa y habiendo los propios actores sometido a reconsideración el criterio que ahora impugnan, se confirma que no son titulares de un derecho indubitado susceptible de amparo por esta vía cautelar.

OCTAVO: Que, sin perjuicio de lo razonado, y entrando al examen de las alegaciones de ilegalidad y arbitrariedad, no se advierte que la recurrida haya obrado fuera del marco de sus atribuciones. En efecto, la emisión de dictámenes y pronunciamientos jurídicos constituye el ejercicio de la potestad que la Constitución y la ley N°10.336 confían a la Contraloría General de la República para velar por la correcta aplicación del ordenamiento por parte de los servicios sometidos a su fiscalización. Habiéndose emitido el oficio impugnado dentro de esa esfera de competencia, no es posible calificar de ilegal la actuación reprochada.

NOVENO: Que tampoco se aprecia arbitrariedad en el acto recurrido, en la medida en que éste no obedece a la mera voluntad o capricho de la autoridad, sino que aparece fundado en antecedentes de hecho y de derecho y en la jurisprudencia administrativa de la materia. Sobre el particular, el artículo 41 de la ley N°19.070 reserva el régimen especial de feriado que invoca la parte recurrente a los profesionales de la educación “que se desempeñen en establecimientos educacionales”, calidad que no concurre respecto de quienes, como los actores durante el año 2023, prestaban funciones técnico pedagógicas en el nivel central de la corporación municipal. A su turno, mediante el Ordinario N°NUM003, de 2014 —emanado de la entidad competente para interpretar las normas laborales que regían a los recurrentes en aquella época, la Dirección del Trabajo concluyó que tales docentes pueden hacer uso de su feriado de conformidad con el artículo 67 del Código del Trabajo, criterio coincidente con la jurisprudencia administrativa del órgano contralor. En tales condiciones, la conclusión de que la extensión de feriado pactada el 1 de marzo de 2023 no se ajustó a la normativa y jurisprudencia entonces vigentes —y que, por ello, no fue válidamente adquirida ni resulta amparada por el artículo cuadragésimo segundo transitorio de la ley N°21.040— constituye el resultado de una interpretación motivada y razonable, cuya sola discrepancia por la parte recurrente no la torna ilegal ni arbitraria.

DÉCIMO: Que, en lo relativo a la garantía de igualdad ante la ley del artículo 19 N°2 de la Constitución, no se ha acreditado que la recurrida haya incurrido en una diferencia arbitraria, ni se han aportado casos sustancialmente análogos resueltos de manera diversa por el órgano contralor, presupuesto necesario para tener por configurada la transgresión alegada. Por el contrario, el reconocer únicamente a los recurrentes un régimen de feriado más beneficioso que el que asiste a los demás profesionales de la educación que se encuentran en su misma situación es lo que podría generar la diferencia carente de justificación que se denuncia.

UNDÉCIMO: Que, en cuanto a la garantía del artículo 19 N°3 de la Carta Fundamental, cabe consignar que, según el artículo 20 del mismo texto, sólo se encuentra amparada por el recurso de protección la prohibición de ser juzgado por comisiones especiales, hipótesis que en la especie no concurre, pues la recurrida, al resolver una solicitud de reconsideración con arreglo a la ley N°10.336, no ha actuado como una comisión especial, que es la única parte de esta garantía tutelada por esta vía.

DUODÉCIMO: Que, respecto de la libertad de trabajo del artículo 19 N°16, amparada por esta acción únicamente en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y contratación, no se divisa de qué manera el oficio impugnado habría privado, perturbado o amenazado el derecho de los recurrentes a desarrollar una actividad lícita, desde que el pronunciamiento incide exclusivamente en la procedencia de extender un determinado régimen de feriado y no en la prestación misma de sus servicios.

DÉCIMO TERCERO: Que, finalmente, en lo concerniente al derecho de propiedad del artículo 19 N°24, su protección supone que el derecho reclamado haya ingresado válidamente al patrimonio del afectado. Habiéndose concluido que la extensión de feriado no fue adquirida con arreglo a la normativa y jurisprudencia vigentes, no es posible sostener un derecho de propiedad sobre un beneficio que, en esas condiciones, no llegó a incorporarse legítimamente al patrimonio de los recurrentes.

DÉCIMO CUARTO: Que, por las consideraciones precedentes, no concurriendo los presupuestos que hacen procedente la acción —en especial, la existencia de un derecho indubitado y de una actuación que pueda calificarse de ilegal o arbitraria —, el recurso de protección deducido no puede prosperar y será desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don Pablo Andrés Bussenius Cornejo, en representación de don nombre reservado, don nombre reservado, doña nombre reservado, don nombre reservado, doña nombre reservado y doña nombre reservado, en contra de la Contraloría Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, todos ya individualizados.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Redactado por el Ministro Suplente Sr. Claudio Jara Inostroza.

Rol N°154-2026.PROTECCIÓN.