nombre reservado con SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE MAGALLANES

Punta Arenas, siete de mayo de dos mil veintiséis.

Vistos:

Comparecen ante esta Corte de Apelaciones Wladimir Exequiel Chávez Almonacid, abogado y Camila Andrea Melero Cabello, abogada e interponen acción de protección en favor de doña nombre reservado, chilena, cédula de identidad N°RUT reservado, docente en contra del Servicio Local de Educación Pública de Magallanes, Rol Único Tributario N°61.980.960-2, representado por don nombre reservado, en su calidad de nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, cuya profesión desconocemos, ambos domiciliados en domicilio reservado, Punta Arenas o por quien en derecho lo represente debido a la notificación del Memorandum Nº68 mediante el cual, entienden que de manera ilegal y arbitraria se dispuso a modificar las funciones y lugar de trabajo de la recurrente, impidiéndole laborar en la forma señalada en su contrato de trabajo, resultando vulnerados una serie de derechos y garantías fundamentales consagrados en la Constitución Política de la República de Chile y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, específicamente los artículos 19 N°1, 2 (por sí y en conexidad con el artículo 19 N°3) y 16.

Exponente que la recurrente es docente titular desde el 10/03/ 2008, y desde el 02/05/2023 detenta el cargo de subdirectora de la escuela básica Bernardo O`Higgins y en esos términos fue traspasada sin solución de continuidad desde la Corporación de Educación, Salud y Menores de Puerto Natales al Servicio Local de Educación Pública de Magallanes en adelante SLEP Magallanes, el año 2024.

Indican que actualmente la directora por designada por alta dirección pública (2023-2028) del establecimiento educacional Bernardo O`Higgins es doña nombre reservado haciendo presente que a lo largo de los años 2024 y hasta la fecha, ha manifestado un comportamiento hostil ante su representada, modificando su lugar de trabajo dentro del establecimiento educacional de manera arbitraria y ha manifestado abiertamente que no la quiere en el cargo de subdirectora.

Añaden que el martes 24 de febrero de 2026 a las 8:30 Hrs. Su representada se presenta en el establecimiento educacional (la entrada para directivos era a las 9:00). Al verla llegar, la directora doña nombre reservado no dijo nada. Poco después, busca a nuestra representada y le pregunta si puede hablar con ellas. En la oficina le esgrime “¿Y tú qué haces acá? ¿No te dijeron nada del servicio?”. Le respondió que no tenía ninguna instrucción en particular y que tenía el deber y el derecho de hacer uso de su contrato de trabajo y cumplir sus funciones. La directora vocifera que no la consideraba en su equipo y que hablaría con el Director o Subdirector del SLEP.

Relatan que posteriormente, la directora realizó una reunión de equipo directivo, a la cual asistió. Allí volvió a decir que estaría de "APOYO DE SUBDIRECCIÓN". Por otro lado, da cuenta de reuniones y trato hacia la recurrente respecto de la directora desde aquella fecha.

Menciona que la se entera del memorándum N 68 de fecha 05/03/2026 que había llegado por parte del Subdirector de gestión y desarrollo de personas donde señalaba que al día siguiente 06/03/2026 debía trasladarse a la escuela rural “Fronteriza Dorotea” con 7 horas de aula y 37 de apoyo pedagógico (dicho establecimiento educacional es rural y se encuentra a 21 KM. de Puerto Natales). En ese momento, debido a su labilidad emocional se dirigió a la mutual, donde le prescribieron reposo por 11 días, hasta el 16/03/2026, con posterioridad y debido a la afectación se encuentra haciendo uso de subsidio de incapacidad laboral y con fecha 17/03/2026 la entidad califico su afección como enfermedad profesional.

Sostienen que la actitud adoptada por la empleadora es ilegal, vulneratoria y totalmente arbitraria por afectar directamente su calidad de funcionaria pública, al haberla despojado de sus funciones y lugar de trabajo sin que exista acto administrativo válido que lo sustente y que además contraviene abiertamente la normativa legal vigente, ya que, según lo dispone el Art. 22 de la ley 19.070 cualquier cambio de este tipo debe ser fundado y sebe comenzar a regir desde el año escolar siguiente al de su comunicación al funcionario.

Entienden que la recurrida, SLEP MAGALLANES, no cumplió con los principios de reserva legal y de tipicidad, cuyo sustrato se encuentra en el artículo 19 N°3 inciso 7° de nuestra Constitución Política, aplicable en sede administrativa. De igual modo que todo acto administrativo debe expresar siempre los hechos y fundamentos jurídicos que justifican su decisión adoptada de manera que sea posible evaluar su razonabilidad y proporcionalidad.

Solicitan, se adopten todas las medidas necesarias que estime concurrentes para el restablecimiento del imperio del derecho y las garantías fundamentales vulneradas, especialmente, disponiendo que se deje sin efecto la modificación arbitraria e ilegal de funciones y lugar de trabajo, disponiendo retrotraer al estado anterior de la contravención del imperio de derecho. En conjunto a lo anterior, se ordene la reincorporación de la funcionaria a sus funciones habituales y lugar de trabajo en la escuela Bernardo O`Higgins de la ciudad de Puerto Natales.

Acompañan; 1. Certificado de antigüedad emitido por SLEP Magallanes el año 2024; 2. Resolución Mutual con calificación de enfermedad profesional; 3. Primera atención Mutual; 4. Memorandum Nº68 y; 5. Plan Anual 2026 (PAL).

Informa Silvia Alejandra Mery Rodríguez, abogada, por la recurrida Servicio Local De Educación Pública Magallanes, solicitando el rechazo de la acción con costas.

Entiende que del propio tenor del recurso aparece que la controversia planteada dice relación con materias propias de la organización interna del servicio, distribución de funciones y gestión de la dotación docente, cuestiones que, por su naturaleza, requieren de un análisis de fondo incompatible con la finalidad cautelar del recurso de protección.

En efecto, la recurrente reconoce mantener su vínculo funcionarial, sin pérdida de empleo ni de remuneraciones, cuestionando únicamente la forma en que se ha dispuesto su desempeño dentro del sistema educacional público.

Hace presente que el artículo 22 de la Ley N°19.070 regula la fijación y adecuación de la dotación docente en función de necesidades del servicio, mientras que su artículo 42 permite expresamente la destinación de profesionales de la educación a otros establecimientos dependientes del mismo sostenedor, siempre que no exista menoscabo en su situación laboral o profesional.

Indica que la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República es uniforme en señalar que la autoridad puede disponer destinaciones y adecuaciones funcionales como manifestación de su potestad organizativa. Así, los dictámenes N°63.080 de 2010, N°58.564 de 2010 y N°62.034 de 2009 han establecido que tales decisiones son procedentes siempre que las funciones asignadas se mantengan dentro del ámbito del cargo y no impliquen una disminución de derechos estatutarios.

Arguye que, en la especie, la recurrente no acredita pérdida de remuneraciones, degradación de funciones ni afectación de su calidad funcionaria, limitándose a expresar su disconformidad con la medida adoptada.

Agrega que el dictamen N°49.386 de 2009 ha señalado que la destinación consiste en el desempeño de funciones inherentes al cargo en un determinado establecimiento, lo que refuerza la idea de que la medida cuestionada se enmarca en las atribuciones propias de la Administración.

En consecuencia, sostiene que no existe ilegalidad en el actuar del Servicio, toda vez que la decisión impugnada fue adoptada por autoridad competente, dentro de sus facultades legales y conforme a las necesidades del servicio educacional.

Tampoco existe arbitrariedad, ya que, la medida responde a criterios de organización interna y distribución de recursos humanos, materias cuya evaluación corresponde privativamente a la Administración. La sola discrepancia de la recurrente no transforma el acto en caprichoso o carente de razonabilidad.

Reitera que los hechos descritos no configuran una privación, perturbación o amenaza actual, ilegal o arbitraria en los términos exigidos por el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que el hecho que la recurrente califica como arbitrario e ilegal lo hace consistir en la comunicación del memorándum Nº68 de fecha 05/03/2026 el cual indica que el día 06/03/2026 debía trasladarse a la escuela rural “Fronteriza Dorotea” con 7 horas de aula y 37 de apoyo pedagógico, siendo que es docente titular desde el 10/03/ 2008, y desde el 02/05/2023 detenta el cargo de subdirectora de la escuela básica Bernardo O`Higgins.

CUARTO: Que, la recurrida insta por el rechazo de la acción conforme lo referido en la parte expositiva de esta sentencia, indicando que la situación descrita por la recurrente se inserta dentro del ámbito propio de la gestión y organización interna del servicio educacional, no configurando un acto ilegal o arbitrario susceptible de ser enmendado mediante la presente acción cautelar.

QUINTO: Que, es menester tener presente lo que dispone el artículo 42 de la ley N°19.070, hoy modificada por la ley N°21.040: “Los profesionales de la educación podrán ser objeto de destinaciones a otros establecimientos educacionales dependientes de un mismo Departamento de Administración de Educación Municipal o de una misma Corporación Educacional, según corresponda, a solicitud suya o como consecuencia de la fijación o adecuación anual de la dotación, practicada en conformidad al artículo 22 y al Plan de Desarrollo Educativo Municipal, sin que signifique menoscabo en su situación laboral y profesional. No obstante, si producida la destinación estimaren que se les ha causado menoscabo, podrán reclamar de ello conforme al procedimiento del inciso tercero del artículo 12 del Código del Trabajo, sin perjuicio que puedan ejercer su derecho a reclamar ante la Contraloría General de la República o la Dirección del Trabajo, según procediere, sin que ello implique paralizar la destinación.”

Por otro lado, el articulo 34 letra C del mismo cuerpo legal establece en lo pertinente: “Los profesionales de la educación que cumplan funciones de Subdirector, Inspector General y Jefe Técnico serán de exclusiva confianza del director del establecimiento educacional. Atendidas las necesidades de cada establecimiento educacional, el director podrá optar por no asignar todos los cargos a que hace referencia este inciso. En todo caso, quienes se desempeñen en estas funciones deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 24 de esta ley.”

SEXTO: Que, así las cosas, conforme el mérito de los antecedentes y documentos acompañados por las partes y las alegaciones efectuadas, consta que la recurrente posee, la calidad de docente titular desde el año 2008, por lo que atendida la normativa legal citada de manera precedente, se puede colegir que la decisión de destinar a la actora a docencia en el aula, fue adoptada por la recurrida dentro del ámbito de sus facultades legales, lo que conduce desde ya a descartar la existencia de ilegalidad en la actuación.

SEPTIMO: Que, respecto de la alegación de falta de motivación, si bien el documento se limita a informar el cambio de funciones, debe considerarse que tratándose de un cargo de exclusiva confianza, la exigencia de fundamentación no es equiparable a la de un acto sancionatorio, pues no se trata de una medida disciplinaria ni de la privación de la calidad de docente titular, sino del término de una función directiva cuya permanencia depende de la confianza funcional del director o directora.

Exigir una explicación detallada de razones subjetivas de confianza desnaturalizaría la institución jurídica prevista en el artículo 34 C del Estatuto Docente.

OCTAVO: Que, a mayor abundamiento y vinculado con lo señalado en los considerandos precedentes, se debe tener en cuenta que la controversia ventilada en autos no puede ser resuelta a través del ejercicio de la presente acción, la cual constituye una de carácter cautelar y de urgencia, al no estar en presencia de un derecho indubitado que amerite la intervención de esta Corte, y por no vislumbrarse afectación a garantía constitucional alguna en los términos invocados por el actor, máxime cuando lo debatido consiste en un conflicto de naturaleza laboral, lo que inmediatamente nos sitúa en esa parcela del derecho, el que necesariamente debe ser conocido a través de un procedimiento de lato conocimiento.

Razones todas que conllevan necesariamente a que la presente acción sea rechazada, tal como se dispondrá en lo resolutivo de la presente sentencia.

Por estas consideraciones, y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado, y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo de Recursos de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA la acción constitucional deducida en favor de nombre reservado en contra Servicio Local de Educación Pública de Magallanes ya individualizados.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Redacción de la Ministra Caroline Miriam Turner Gonzalez.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

ROL Nº151-2026 PROTECCIÓN.