Protección contra Secretaría Regional Ministerial de Salud Región de Magallanes y Antártica Chilen

Punta Arenas, veinte de octubre de dos mil veinte.

VISTOS:

Comparece nombre reservado, técnico en enfermería de nivel superior, interponiendo recurso de protección en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región de Magallanes y Antártica Chilena, representada por nombre reservado, domiciliadas en domicilio reservado.

En cuanto a los hechos, expone que el 30 de julio de 2020, la recurrida le envió por correo electrónico una carta de aviso de término de contrato de trabajo a contar del 31 de julio de 2020 del contrato de trabajo por alerta sanitaria con vigencia hasta la fecha de culminación señalada en el decreto supremo N°104 de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública por estado de excepción constitucional de catástrofe, calamidad pública, con ocasión del brote de COVID-19 que afecta al país, calificado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud.

Expresa que lo estipulado en la carta es ilegal y arbitrario, ilegal ya que vulnera los derechos de seguridad social y de salud, al ser despedido sin el previo pago de cotizaciones previsionales ni remuneraciones por el mes trabajado, además, violenta el derecho que tiene el trabajador a que las remuneraciones son inembargables, ya que el no pago de remuneraciones pactadas podríamos estar ante un “embargo de estas por parte del empleador al apropiarse de las remuneraciones”

Es arbitrario, ya que según entiende, no obedece a principios dictados por la razón, y de forma unilateral impone un plazo de tiempo discriminatorio fuera de la legislación.

Lo anterior impide su derecho a la salud física y mental, ya que cuando recibió la carta de aviso de término de contrato de trabajo sufrió un accidente laboral y al no contar con mutualidad por el no pago de cotizaciones, debió costear de manera privada las prestaciones médicas y exámenes, agrega que no obstante aún ser trabajador activo, no fue ayudado ni socorrido por su jefatura.

Este hecho le causó una crisis de estrés y angustia encontrándose desde el día 29 de julio con tratamiento psiquiátrico con un cuadro depresivo ansioso y con licencia médica.

En conclusión, el actuar de la recurrida afecta no sólo su derecho a la seguridad social y sus derechos del artículo 19 N°24 derecho de propiedad, N°1, derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, el N°8 el derecho a la protección de la salud y el N°16, en cuanto a la libertad de trabajo y su protección, que incluye una justa retribución.

Solicita en definitiva dejar sin efecto la aplicación de la carta enviada con el objeto de restituir el imperio del derecho laboral.

Evacua informe nombre reservado, Secretario Regional Ministerial de Salud (S).

Expone que pese a que el recurrente decide incoar la presente acción constitucional, su presentación se basa principalmente en una serie de vulneraciones de carácter laboral, tales como Ley 19.631 de 29.09.1999 Ley Bustos, los artículos 5 y 57 del Código del Trabajo, normativa de carácter internacional, presuntamente infringida, etc. a lo que agrega la presunta vulneración de derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de la República, como son las del artículo 19 N°1,N°8,N°16 Y 24.

Agrega que, efectivamente el recurrente, fue contratado por la Seremi de Salud de Magallanes a través de contrato de trabajo celebrado con fecha 01 de julio de 2020 con el objetivo de que cumpliera funciones como técnico en enfermería de nivel superior, cuyas funciones se especificaban expresamente.

Comenzó a desempeñar sus funciones físicamente en la residencia sanitaria de "Los Navegantes", presentando desde un comienzo dificultades para el adecuado desempeño de sus labores. El día 2 de julio del presente, hizo abandono de sus funciones, lo que consta en registro de hoja de incidentes, arguyendo, básicamente la presunta imposibilidad de ejecutar su trabajo normalmente por suscitarse una mala relación laboral con quien le entregara las directrices necesarias para cumplir su función en la residencia sanitaria.

Este hecho lo califica de carácter grave, ya que abandonar deliberadamente sus funciones, perfectamente pudo ser causal de termino anticipado de su contrato, sin embargo, se decidió brindarle una nueva oportunidad en la residencia “Patagonia”, todo lo anterior basado en la presunción de la buena fe del recurrente y en virtud de la facultad expresa del empleador.

Sin embargo, en el nuevo lugar de trabajo en el cual el recurrente es “reubicado” básicamente pensando en su bienestar, la situación precedentemente expuesta se repite en términos muy similares, todo lo anterior consta en información proporcionada por la encargada provincial de residencias sanitarias D. nombre reservado, a la entonces jefatura del Departamento de Desarrollo Institucional.

En conclusión, ante la actitud del recurrente de no acatar las instrucciones impartidas en esta nueva residencia sanitaria asignada, se decide poner término al contrato de trabajo que lo ligaba con la institución a contar del día 28 de julio del año en curso, indicándole mediante correo electrónico que sus cotizaciones previsionales se encontraban en proceso de pago y que el mes de julio sería pagado dentro de los 15 días de agosto, situación que en los hechos así ocurrió.

Por último, expone que la recurrente, señala ser víctima de una patología de carácter mental, “producto” de las situaciones acaecidas y precedentemente expuestas, respecto de las cuales no se visualiza un nexo de causalidad entre el cuadro depresivo ansioso supuestamente padecido y su despido, reiterando que este último hecho no resulta ser más que la consecuencia del incumplimiento antojadizo de sus labores para lo cual fue contratado.

En conclusión, la protección no resulta ser la vía idónea para concretar sus pretensiones laborales, que en caso de ser procedente se deben ventilar en la sede de la materia respectiva, solicitando en definitiva desestimar el recurso en todas sus partes.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

Conforme a su naturaleza y claro objetivo, no genera, en sentido técnico, un juicio ni se persigue con su interposición establecer la responsabilidad civil, penal, infraccional o administrativa del ofensor. Por tanto, no se concibe respecto de una contienda civil entre partes ni da origen a un proceso penal o administrativo, es decir, no se aplica para discutir cuestiones de lato conocimiento respecto de las cuales el legislador ha establecido los procedimientos idóneos para que sean debatidas y resueltas.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos:

a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que el hecho sustancial que motiva el presente recurso, corresponde al envío de la carta que pone término al contrato de trabajo del recurrente por la causal de necesidades de la empresa, y que estima como ilegal y arbitraria al no informársele el pago de sus cotizaciones previsionales, ni remuneraciones por el mes trabajado. Solicita en definitiva dejar sin efecto la aplicación de la referida misiva, con el objeto de restituir el imperio del derecho laboral.

CUARTO: Que, la parte recurrida evacuó informe al tenor de lo consignado en la parte expositiva del presente recurso.

QUINTO: Que el recurso de protección es una acción de evidente carácter cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos claramente preexistentes y no discutidos, que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario e ilegal, que impida, moleste o amague ese ejercicio, y por ende, atendida su naturaleza y el procedimiento dispuesto para su tramitación, determinan que ella no constituya la vía idónea para resolver el término de una relación laboral, su justificación, la validez de la carta de despido, el cobro de remuneraciones adeudadas o de cotizaciones previsionales impagas, debiendo recurrirse a la vía ordinaria que corresponde al Juzgado de Letras del Trabajo, en donde existe una etapa de discusión y prueba, en la que habrán de ventilarse los hechos configurativos del despido, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 420 letra a) del Código del Trabajo, concordando de esta manera con la petición planteada en este mismo orden por la recurrida.

SEXTO: Que conforme a lo razonado precedentemente se hace innecesario entrar a hacer un análisis de posibles vulneraciones de Garantías Constitucionales, por lo que se rechazará el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado.

Por estas consideraciones, y teniendo presente lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política del Estado, y por el auto acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo de esta clase de recursos, de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, se declara:

QUE SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región de Magallanes y Antártica Chilena, representada por nombre reservado.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Redacción Ministra Srta. San Martín.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

ROL PROTECCIÓN 1503-2020.