nombre reservado con SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES

Punta Arenas, cinco de noviembre de dos mil veinte.

Vistos:

Con fecha 21 de agosto del presente comparece ante esta Corte de Apelaciones don nombre reservado, chileno, casado, chofer, cédula de identidad N°RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, quien acciona de protección en contra de Secretaría Regional Ministerial De Transportes y Telecomunicaciones de Magallanes, representado por nombre reservado, ambos con domicilio en esta ciudad en domicilio reservado, correo electrónico correo reservado, alega vulneración de las garantías constitucionales establecida en los artículos 19 N°1 y N°16 de la Constitución Política de la República.

En cuanto a los hechos relata que con fecha 4 de marzo de 2020 suscribió contrato con el Ministerio de Transportes, al tenor de decreto exento acompañado en el primer otrosí de este libelo, puesto que se había adjudicado la licitación pública de subsidio a la prestación del Servicio de Transporte Público en zonas rurales en el tramo Punta Arenas-Pampa Redonda.

Indica que comenzó a operar en marzo de 2020, para lo cual adquirió un bus marca HYUNDAI, modelo COUNTY, año 2019, con el objetivo de brindar la mejor calidad de transporte a los pasajeros, como así mismo cumplir de manera óptima con el contrato. En el contexto antes mencionado, comenzó a brindar el servicio con la mejor disposición posible, ya que vive en el sector hace 21 años, conoce a sus vecinos, y sabe la importancia para ellos de contar con un medio de transporte público, ya que durante muchos años hubo problemas de conectividad, ya que el sector se ha ido expandiendo, no todos cuentan con movilización propia e incluso a los adultos mayores los lleva de manera gratuita, es su manera de aportarles con un granito de arena.

Comenta que, a pesar de ser responsable en la prestación del servicio, de su amabilidad con los vecinos, de adquirir un bus especialmente para llevar a cabo el contrato, ello no ha sido suficiente para la presidenta de la Junta de vecinos del sector, ni para los fiscalizadores y tampoco para la recurrida.

Agrega que se le ha hecho una serie de acusaciones falsas por parte de la Presidenta de la Junta de Vecinos de Pampa Redonda, que no vienen al caso mencionar, pero si es imprescindible decir que esta mujer realizó una denuncia en su contra en la Subsecretaría de Transporte y Telecomunicaciones de Magallanes por un supuesto incumplimiento del recorrido que realiza a diario, lo que motivó una fiscalización y posterior multa.

Exterioriza que desde ese momento ha comenzado su calvario, ya que empezó a ser víctima de una suerte de persecución por parte de la Subsecretaría de Transportes y Telecomunicaciones, quienes no lo dejan trabajar en paz, lo que le ha provocado crisis nerviosas y parálisis facial.

Cuenta que en los cinco meses que han transcurrido desde la celebración del contrato, le han cursado tres sanciones, todas en el mes de julio. Ello ha significado que en ocasiones los fiscalizadores se escondan en un vehículo particular y le sigan, con el afán de grabarlo y “constituir prueba en su contra”.

Detalla las sanciones cursadas y establece que:

· La primera sanción fue por la resolución exenta N°408 se le sancionó con una multa equivalente a un 20% del monto mensual del subsidio, el cual sería descontado con arreglo al procedimiento establecido en la letra D) cláusula séptima del contrato.

De acuerdo con esta resolución la infracción cometida fue la modificación o incumplimiento del itinerario o frecuencia contratada, sin previa autorización, infringiéndose con ello la cláusula decima séptima, letra B) N°1 del decreto exento N°625 de 2020 que aprueba contrato de otorgamiento de subsidio a la prestación del servicio de Transportes Público en zonas rurales en el Tramo “Punta Arenas-Pampa Redonda”.

Según el encargado Regional del Programa Nacional de Fiscalización, de acuerdo a resolución exenta N°0387 de fecha 1 de julio de 2020 donde se le formularon cargos, no estaría cumpliendo con el itinerario de frecuencias establecidas en el contrato ya que con fecha 27 de junio de 2020, en el punto de control Pampa Redonda, entre las 13:30 y 14:00 se observa lo siguiente: “operador no pasa por quebrada Los Pinos, Los Calafates, Los Álamos, camino se encuentra transitable, conductor del bus Sr. nombre reservado”.

Ante esto, hizo los descargos correspondientes mediante presentación de fecha 8 de julio del corriente, señalando su extrañeza respecto a las actas levantadas por los fiscalizadores, quienes, al consultarles por el estado del camino, le respondieron “Está malo, sólo para vehículos chicos”, lo cual fue escuchado por un pasajero que llevaba en el bus.

Fue insistente en señalar que jamás expondrá la vida los pasajeros, aunque ello signifique llenarse de partes. No puede negar que cambió el recorrido un día específico, pero ello se debió a una situación específica en que no pudo subir por calle los Álamos ya que estaba en pésimo estado. Tanto era el mal estado de las calles, que en la casa esquina de calle los Álamos (calle que baja), colocaron una barrera de contención, ya que los autos, al hacer esta maniobra que se le exige, terminaban incrustados en dicha casa.

· La segunda fue con fecha 14 de julio de 2020 se le formuló cargos, señalando nuevamente como infracción: “modificación e incumplimiento del itinerario y frecuencia contratada, sin previa autorización”. Cláusula infringida décima séptima, letra b) número 1°, del decreto exento N°635 de 2020, que aprueba contrato de otorgamiento subsidio a la prestación del servicio de transportes público en zonas rurales en el tramo Punta Arenas-Pampa Redonda.

De acuerdo con el fiscalizador: “se verificó denuncia, constatándose que el bus que realiza el recorrido Pampa Redonda, en el cual se observó, que el bus ingresa desde calle Los Pinos hacia calle Los Robles, llegando al final de ésta y devolviéndose nuevamente hacia calle Los Pinos con dirección domicilio reservado, posteriormente a la ciudad. Por lo cual se verifica que efectivamente no ingresó a las calles la Quebrada de los Pinos, Los Calafates, Los Álamos”.

Según resolución de cargos, los fiscalizadores realizaron visitas inspectivas el 1, 2 y 6 de julio, indicando, entre otras cosas que no bajó por la misma Prolongación de los santos Mardones, sino que por camino Los Digueñes hasta calle Las Chauras y camino Enap. Se señala además que no recorrió el sector de Llau Llau y no realizó frecuencia de las 21.00 horas.

Nuevamente hizo los descargos correspondientes, indicando que es imposible transitar por ciertos pasajes de Pampa Redonda, dado el pésimo estado de las calles, lleno de baches y desde hace unos meses y hasta la actualidad con escarcha y nieve, ya que en dicho sector de la ciudad el clima es diferente a lo que ocurre en el sector urbano: la lluvia es más intensa, el viento también lo es, nieva cuando no lo hace en el sector urbano y cuando hay nieve en el sector urbano, en pampa redonda hay mucha más, y para qué hablar de las bajas temperaturas y escarcha que hacen intransitables las calles.

Agregó que durante el invierno los buses no suben por Quebrada Los Pinos, los Calafates y los Álamos, por lo que le resulta sorprendente que los fiscalizadores señalen que dichas calles son transitables, cuando no lo son, e incluso, ni siquiera inspeccionaron tales calles, sino que esperaron en un paradero que se encuentra más abajo, habilitado especialmente por la misma razón, esto es, que los buses no pueden subir cuando el clima no lo permite, tanto así que las actas de visitas inspectivas son prácticamente un copia y pega.

Adiciona que resulta impensado que se le apliquen multas por querer cuidar su integridad y la de los pasajeros, ya que transitar por dichas calles significa un accidente seguro. Si bien pasó por otra calle, no lo hizo por mero capricho, sino que, a modo preventivo, ¿cómo es posible que se le sancione por ello? Inclusive, lamentablemente no pudo dejar a una pasajera más arriba por la situación en comento. Al intentar subir, el bus debido a la escarcha comenzó a irse hacia atrás, impactándolo, pero debido a su experiencia, el parachoques resultó sólo un poco dañado.

Finalmente, se le sancionó con censura por escrito con fecha 30 de julio de 2020 mediante resolución exenta N°459, por encontrase acreditado el siguiente cargo administrativo, en la Resolución Exenta N°0423, y multa, en un monto equivalente a 20% del monto mensual del subsidio, el cual será descontado con arreglo al procedimiento establecido en la letra D) cláusula décima séptima del Contrato.

· La tercera que igualmente, y sin repetir lo señalado en los dos puntos anteriores que sería casi un copia y pega, al igual que las actas inspectivas de los fiscalizadores, se le sancionó mediante resolución exenta N°450 de fecha 28 de julio de 2020, con censura y multa del 20% del subsidio mensual.

Arguye que respecto a los cargos que se le imputan en todas las resoluciones no puede exponer otra defensa, pues todo se funda en los mismos hechos, sólo señalar que las frecuencias las realizó con la regularidad que se le exige en el contrato, pues no es irresponsable como para dejar sin movilización a los vecinos, sin embargo el tiempo de los mismos es más largo, debido a que al mal estado de las calles y la escarcha, le demoró más tiempo en completar los recorridos al tener que conducir a una velocidad más baja, ello por supuesto dependiendo de las condiciones climáticas.

En todo el tiempo de vigencia del contrato ha llevado a 45 personas, desde marzo a la fecha de presentación del recurso, y con ninguna de dichas personas he tenido algún tiempo de inconveniente.

Destaca que los funcionarios de la recurrida igualmente grabaron un video en el cual le seguían, pero dicho video fue grabado en calle los robles con los Pinos, pero en la parte baja donde tiran sal y pasan máquina.

En estos días y dado que las condiciones climáticas lo han permitido, ha circulado por todas aquellas calles respecto de las cuales se le acusa no transitar, pero ¿qué sucederá si vuelve a nevar y a escarchar y nuevamente le sea imposible subir?

Argumenta que los hechos y actos arbitrales e ilegales que configuran la infracción constitucional se relacionan con que ciertamente se puede apreciar que, por un lado la recurrida le hostiga, enviando fiscalizadores a vigilarle, quienes no van en un vehículo del Ministerio, ni mucho menos se bajan del mismo y andan con parcas con logo, sino que van en un vehículo particular, con ropa normal, se esconden en las esquinas y cuando pasa al lado, ya que por supuesto que se ha dado cuenta de aquello, los fiscalizadores miran hacia otro o se tapan la cara. Si lo que están haciendo es algo “legal”, ¿por qué se esconden? ¿Por qué le persiguen de esta manera? ¿Acaso es un delincuente y ellos funcionarios policiales? Es así como le hacen sentir.

En este sentido se vulnera la garantía constitucional contenida en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política, esto es, el derecho a la integridad física y psíquica, al tener que soportar una injustificada persecución en su contra que impide que trabaje de manera tranquila y que como dijo ha provocado en él una crisis nerviosa de tal magnitud que le ha paralizado la mitad de la cara.

Luego plantea consideraciones de derecho y solicita tener por interpuesto recurso de protección en contra de Secretaría Regional de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, representada por don nombre reservado, ambos ya individualizados, admitirlo a tramitación y, en definitiva, acogerlo en todas sus partes declarando específicamente:

1.- Que, Secretaría Regional de Transportes y Telecomunicaciones de la Región De Magallanes y Antártica Chilena, ha vulnerado su derecho de a la integridad física y psíquica.

2.- Que, no se apliquen las sanciones, dado los fundamentos plausibles por los cuales se vio en la obligación en situaciones específicas de transitar por otra calle, dado las condiciones climáticas, autorizándome para tomar dicha decisión cuando sea absolutamente necesario, sin ser multado.

3.- Finalicen los actos de acoso y hostigamiento en mi contra.

4.- Que se condene a la recurrida a las costas del recurso.

Con fecha 24 de septiembre del presente año evacua informe don nombre reservado, Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena en su calidad de recurrido y en representación de la Secretaria Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones señalando que tanto la Resolución Exenta Nº0408, de 08 de julio de 2020, y la Resolución Exenta N°0459, de 30 de julio de 2020, ambas de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de Magallanes y de la Antártica Chilena, en adelante “la Seremitt”, y los supuestos actos de hostigamientos por parte de personal de fiscalización que alega haber sufrido el recurrente, no adolecen de ningún vicio en virtud de los cuales puedan ser consideradas arbitrarias o ilegales; y tampoco privan, perturban o amenazan, ninguna de las garantías constitucionales invocadas por la recurrente.

Luego de hacer una reseña de la presentación del recurrente e informa:

En primer término, respecto de las fiscalizaciones efectuadas por el Programa Nacional de Fiscalización, es menester señalar, que estas se realizan dentro de las facultades propias de dicho Programa, las cuales se establecen en el artículo 4° de la Ley N°18.290, de Tránsito, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado mediante el Decreto con Fuerza de Ley N°1 de 2007, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y de Justicia. Luego, en segundo lugar, dichas fiscalizaciones al servicio CTR0298, se realizan de acuerdo a lo dispuesto en el punto 9 de las Bases de Licitación, y a la cláusula 16° del contrato de otorgamiento de subsidio, ambos denominado “Fiscalización”, donde se establece que la fiscalización del estricto cumplimiento de lo establecido en el presente instrumento, corresponderá al Ministerio, a través de la Secretaría Regional, del Programa de Fiscalización, y/o de la División de Transporte Público Regional de la Subsecretaría de Transportes.

Ergo, las fiscalizaciones que llevó a cabo Seremintt de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, a través del Programa de Fiscalización y por parte de funcionarios de la División de Transporte Publico regional, se encuentran ajustadas a derecho y no pueden ser consideradas ilegales, y en ningún caso, ha existido algún tipo de persecución por parte de la Autoridad en contra del operador, ya que precisamente, las fiscalizaciones que se realizaron al servicio, tienen como antecedentes, denuncias de usuarios formuladas a través de la OIRS CAS-348127-S1S5G6, 23 de junio de 2020, en contra del operador, por incumplimientos de las frecuencias e itinerarios de los servicios, tal como dan cuenta, las actas de fiscalizaciones, que fueron acompañadas al momento de formular los cargos y aplicar las sanciones respectivas al operador. En consecuencia, dichas fiscalizaciones se realizan para efectos de supervigilar el adecuado cumplimiento del servicio, al amparo de las facultades legales y contractuales con las que cuenta esta repartición pública.

Precisado lo anterior, es necesario anotar que el contrato de otorgamiento de subsidio, en su cláusula décima séptima, denominada “De los incumplimientos del contrato y sus sanciones”, delega en esta Secretaría Regional, la facultad de iniciar procedimientos administrativos sancionatorios por eventuales incumplimientos, lo que se encuentran en dicha cláusula contractual taxativamente señalados, y asimismo, se otorga la facultad de aplicar las sanciones de caducidad, censura por escrito, amonestación por escrito y multas, según corresponda.

A mayor abundamiento, y a modo de ilustración, el Ministerio de Transportes a través del Programa Nacional de Fiscalización, ha procedido a la realizar diversas fiscalización a los distintos servicios de transporte rurales de la ciudad de Punta Arenas, que precisamente se efectúan por denuncias que ingresan a través de la OIRS, a saber:

1) Denuncia CAS-347114-K2F3Z8, 29 de mayo de 2020, tramo “Punta Arenas-Leñadura”, fiscalizado por el Programa Nacional de Fiscalización, con fecha 01 y 02 de junio de 2020.

2) Denuncia CAS-347469-L0M0P7, 06 de junio de 2020, tramo “Punta Arenas-Leñadura”, fiscalizado por el Programa Nacional de Fiscalización, con fecha 09 de junio de 2020.

3) Denuncia CAS-348127-S1S5G6, 23 de junio de 2020, tramo “Punta Arenas-Pampa redonda”, fiscalizado por el Programa Nacional de Fiscalización, con fecha 23 y 27 de junio de 2020.

4) Denuncia CAS-348961-D4Z2M9, 09 de julio de 2020, tramo “Punta Arenas-Andino”, fiscalizado por el Programa Nacional de Fiscalización, con fecha 13, 14 y 15 de julio de 2020.

5) Denuncia CAS-349470-J7H6J3, 22 de julio de 2020, “Punta Arenas-Leñadura”, fiscalizado por el Programa Nacional de Fiscalización, con fecha 22, 27 y 28 de julio de 2020.

En consecuencia, los procedimientos sancionatorios iniciados en contra del recurrente, en su calidad de operador del servicio ID CTR0289, se efectuaron en conformidad a las disposiciones contractuales antes mencionadas, al amparo de las facultades de esta autoridad regional, toda vez que, conforme a las fiscalizaciones realizadas, se constataron eventuales incumplimientos a las disposiciones que regulan la ejecución del servicio.

Señala que el recurrente en su presentación ha señalado que ha sido sancionado en 3 ocasiones; la primera, mediante Resolución Exenta N°0408 de fecha 8 de julio de 2020; la segunda, mediante Resolución Exenta N°0459 de fecha 30 de julio de 2020; y la tercera, mediante Resolución Exenta N°0450 de fecha 28 de julio de 2020.

Sin embargo, el recurrente se equivoca en tal afirmación, ya que los antecedentes que se acompañan en el presente informe, podrán apreciar que la Secretaría de Transportes de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, ha sancionado aperador, solo mediante Resolución Exenta Nº 0408, de 08 de julio de 2020, y por Resolución Exenta N° 0459, de 30 de julio de 2020, y no así, mediante resolución exenta N° 0450 de 28 de julio de 2020, que afirma el recurrente.

Dicha resolución exenta N°0450, no tiene la naturaleza de aplicar sanción al operador, sino, que es aquella que resuelve un recurso de reposición que presentó el operador en contra de la resolución exenta N°0436 de 20 de julio de 2020, que mantuvo firme y ejecutoriada la Resolución Exenta N°0408, que aplicó la correspondiente sanción.

Precisado lo anterior, esta Autoridad, en el presente acápite, y en los posteriores de este informe, solo hará mención respecto de las Resoluciones Exentas Nº0408, de 08 de julio de 2020, y la Resolución Exenta N°0459, de 30 de julio de 2020, que son las que efectivamente impusieron las sanciones de censura y multa al operador.

Ahora bien, tal como ya se ha indicado, el recurrente califica a la Resolución Exenta N°0408, de 08 de julio de 2020, y la Resolución Exenta N°0459, de 30 de julio de 2020, ambas de la Seremintt de Magallanes y de la Antártica Chilena, como arbitrarios e ilegales, que atentarían contra la garantía constitucional al derecho a la integridad física y psíquica consagrado en el artículo 19 N°1 y la libertad de trabajo consagrado en el artículo 19 N°16, ambas consagradas en la Carta Magna.

Respecto de los anterior señala que el contrato para el otorgamiento de subsidio a la prestación del servicio de conectividad al transporte público rural, en el tramo Punta Arenas-Pampa Redonda, ID CTR0298, de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, suscrito el 4 de marzo de 2020 entre el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y don nombre reservado, el que fue aprobado mediante Decreto Exento N° 625, de 20 de marzo de 2020, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones dispone que en su cláusula primera, que el operador del servicio será responsable de adoptar todas las medidas que garanticen la calidad, continuidad y permanencia en la prestación del servicio de transporte terrestre subsidiado, así como también, del cumplimiento exacto, íntegro y oportuno de las obligaciones y condiciones impuestas en sus cláusulas, con plena sujeción a la normativa vigente.

A su vez el Decreto Exento N°2752 de 2019, que autorizó el llamado a Licitación y aprobó las Bases de la Licitación Pública, de otorgamiento de subsidio a la prestación del servicio de conectividad al transporte público rural en el(los) tramo(s) Punta Arenas — Pampa Redonda, ID. CTR0298, en su Anexo N° 4, denominado “Información por servicio”, se estableció el itinerario, recorrido y frecuencia, junto a otras condiciones del servicio.

Dicho Anexo N° 4, señala dentro de las características de los vehículos, que “deberán existir al inicio y durante la ejecución del contrato: Cadenas para nieve; Calefacción operativa y Neumáticos con clavos o de invierno”.

Ahora bien, el operador, en pleno conocimiento al momento de postular y adjudicarse el contrato de prestación de servicios, aceptó cumplir con la exigencia que se requiere en el vehículo que presta el servicio, esto es, cadenas para nieve; calefacción operativa y neumáticos con clavos o de invierno, para así, proteger la integridad física de los usuarios y de su persona, en vista de las condiciones climáticas que imperan en la región.

Agrega además que las condiciones señaladas previamente, esto es, el itinerario, recorrido, y frecuencias del servicio, fueron establecidas expresamente en el contrato de otorgamiento de subsidio antes citado, en su cláusula cuarta, denominada “Itinerario, recorrido y frecuencia”; mientras que la obligaciones y exigencias relativas a los vehículos se establecieron en su cláusula octava, denominada “Requisitos de los vehículos, requisitos de los conductores”, en la cual, en lo que interesa, en su literal a), numeral viii), se establece como requisitos mínimos de los vehículos: “Cadenas para nieve, Calefacción operativa y neumáticos con clavo o de invierno”.

Por tanto, cuando el operador dice, textual: “Si bien pasé por otra calle, no lo hice por mero capricho, sino que a modo preventivo”, se debe precisar que el modo preventivo que establecen tanto las bases de licitación, y luego el contrato a que dieron origen, es el uso de cadenas y neumáticos para nieve.

Ni la Resolución Exenta Nº 0408, de 08 de julio de 2020, y la Resolución Exenta N° 0459, de 30 de julio de 2020, ambas de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de Magallanes y de la Antártica Chilena, vulneran alguna de las garantías constitucionales alegadas por la recurrente.

De manera reiterativa hemos señalado, que la autoridad de transportes no ha efectuado fiscalizaciones ni ha sancionado al operador, con el ánimo de hostigar y/o perseguir al operador, con algún ánimo de vigilancia, tal como pretende hacer ver el recurrente, sino que se ha limitado a cumplir la facultad de fiscalización que le otorga el Decreto Exento N° 625 de 2020, que “aprueba contrato de otorgamiento de subsidio a la prestación del servicio de Transportes Público en zonas rurales en el tramo “Punta Arenas–Pampa Redonda”, razón por la cual, no tiene el potencial para generar los efectos que, sobre ciertas garantías constitucionales, le atribuye la recurrente.

No existe privación perturbación o amenaza al artículo 19 N° 1 de la CPR, y articulo 19 n°16, esto es “Derecho a la integridad física y psíquica consagrara en el N° de la Carta Magna, y el derecho a la libertad de trabajo, consagrada en el artículo 19 N° 16 del mismo cuerpo legal.

De acuerdo con lo expuesto en los párrafos anteriores, hemos dejado en claro que las fiscalizaciones de los servicios; por contrato, pueden ser realizadas, tanto por el Programa Nacional de Fiscalización, como por los funcionarios de la Secretaría Regional y de la División de Transporte Publico Regional.

A su vez, hemos señalado, que las fiscalizaciones y sanciones respectivas, se originan producto de las distintas denuncias que usuarios han ingresado a través del canal OIRS, en el mes de julio de 2020, cumpliendo la Autoridad Regional, en realizar las inspecciones en terreno respectiva, percatándose que el operador, en varias ocasiones no cumplía con las frecuencias e itinerarios del contrato respectivo, motivo por el cual se originaron los procedimientos sancionatorios antedichos.

Los antecedentes expuestos en el presente informe permiten concluir que estamos ante un recurso de protección que debe ser desestimado en todas sus partes, con costas, teniendo especialmente presente lo siguiente:

a) Las fiscalizaciones efectuadas por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones a través del Programa Nacional de Fiscalización y por parte de funcionarios de la División de Transporte Público Regional, se encuentran ajustadas a derecho, producto de las denuncias efectuadas por usuarios a través del canal OIRS, ingresadas en el mes de julio de 2020, y además, se ajustan a las disposiciones contractuales que regulan la ejecución del servicio, en la cual se contempla la facultad para realizar las fiscalizaciones a fin de verificar el estricto cumplimiento de lo establecido en el contrato de otorgamiento de subsidio b) Ni la Resolución Exenta Nº0408, de 08 de julio de 2020, y la Resolución Exenta N°0459, de 30 de julio de 2020, ambas de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de Magallanes y de la Antártica Chilena, vulneran alguna de las garantías constitucionales alegadas por la recurrente.

Se debe agregar, que ambas resoluciones exentas que aplican sanción al operador, se encuentran debidamente fundamentadas y cumplen a cabalidad con la razonabilidad exigida para aplicar las sanciones respectivas, por incumplimiento en las frecuencias e itinerarios por parte del operador en la prestación de sus servicios.

Solicita tener por evacuado el informe requerido; de modo que, en base a los antecedentes contenidos en el presente escrito, así como aquellos que puedan ser aportados con posterioridad, se desestime en todas sus partes el presente recurso de protección, con costas.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO;

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin, en su caso, de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido, dictando las medidas necesarias para dicho fin;

SEGUNDO: Que, del análisis de la acción cautelar que se ha interpuesto, como del informe de la recurrida Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de Magallanes, y de los antecedentes documentales tenidos a la vista, se debe tener presente que lo que se viene imputando debe entenderse dentro de la existencia de una posible arbitrariedad en la dictación de las siguientes resoluciones administrativas:

1.- Resolución Exenta Nº 0408, de 08 de julio de 2020;

2.- Resolución Exenta N° 0459, de 30 de julio de 2020;

TERCERO: Que asimismo igualmente se tilda como arbitraria la resolución exente N° 450 de treinta de julio de dos mil veinte, que en definitiva no dio lugar a un recurso de reposición deducido en sede administrativa, por nombre reservado, (recurrente) en contra de la resolución 408 ya singularizada;

CUARTO: Que, emana de los antecedentes tenidos a la vista, que las resoluciones N° 0408 y N° 0459, han sido dictadas en conformidad a las facultades de fiscalización que tiene los funcionarios de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de Magallanes. En específico, y como lo expresa dicha repartición, las inspecciones efectuadas, los son dentro del contexto y cumplimiento de control del Programa Nacional de Fiscalización, y que éstas se realizaron dentro de las competencias que dicho Programa entrega a los funcionarios y en virtud, a su vez, de las atribuciones señaladas en el artículo 4° de la Ley N°18.290;

QUINTO: Que, en efecto, y al tenor de las hechos que expone el recurrido, la norma que le confiere facultades de fiscalización en la materia, es precisamente, el artículo 4° de la Ley 18.290, al expresar:

“(Que) Carabineros de Chile y los Inspectores Fiscales y Municipales serán los encargados de supervigilar el cumplimiento de las disposiciones a que se refiere la presente ley, sus reglamentos y las de transporte y tránsito terrestre que dicte el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones o las Municipalidades, debiendo denunciar, al Juzgado que corresponda, las infracciones o contravenciones que se cometan. Asimismo, fiscalizarán el cumplimiento de las normas sobre jornada de trabajo de los conductores de vehículos destinados al servicio público de pasajeros o de carga, contenidas en el Código del Trabajo, y denunciarán su incumplimiento a la Inspección del Trabajo correspondiente al domicilio del empleador”.

“Con la finalidad de hacer más eficaces las labores de supe vigilancia de las disposiciones de transporte y tránsito, las personas señaladas en el inciso anterior podrán cumplir dichas labores manteniendo en reserva su identificación. Con todo, para efectuar el control, cursar la infracción y efectuar la denuncia ante el juzgado competente y solicitar la documentación respectiva al infractor, deberán identificarse en su calidad funcionaria.

“Para los efectos de lo dispuesto en los incisos precedentes, podrán utilizarse equipos de registro y de detección de infracciones, en la forma que determine el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

“Los equipos de registro de infracciones podrán consistir en películas cinematográficas, fotográficas, fonográficas u otras formas de reproducción de la imagen y del sonido y, en general, en medios aptos para producir fe;

SEXTO: Que, ahora bien, y en un primer aspecto a analizar, el señalado artículo 4° de la Ley 18.290, entrega plena competencia a los funcionarios de la repartición recurrida, cuando afirma que, entre otros, son “(los)… Inspectores Fiscales y Municipales… (quienes son) los encargados de supervigilar el cumplimiento de las disposiciones a que se refiere la presente ley, sus reglamentos y las de transporte y tránsito terrestre que dicte el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones o las Municipalidades…”

SÉPTIMO: Que, en el mismo sentido la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, señala en su Artículo 4º.- “Las municipalidades, en el ámbito de su territorio, podrán desarrollar, directamente o con otros órganos de la Administración del Estado, funciones relacionadas con, letra “h) El transporte y tránsito públicos”;

OCTAVO: Que, como puede concluirse, las fiscalizaciones a que fuera sometido el recurrente en las diversas fechas y circunstancias se hicieron por funcionarios municipales habilitados por la ley y dentro de la esfera de sus competencias de inspección vial;

NOVENO: Que, el recurrente, señala que respecto a los cargos que se le imputan en las resoluciones, manifiesta que las frecuencias las realizó con la regularidad que se le exige en el contrato, pues no es irresponsable como para dejar sin movilización a los vecinos. Sin embargo, continúa narrando, debido al mal estado de las calles y la escarcha, el tiempo que demoró en los recorridos es más largo de lo normal, al tener que conducir a una velocidad más baja de la normal y dependiendo de las condiciones climáticas;

DÉCIMO. Que, agrega, ha dejado constancia de la imposibilidad de transitar por ciertos pasajes de Pampa Redonda, dado el pésimo estado de las calles, llenas de baches y desde hace unos meses y hasta la actualidad con escarcha, nieve, viento y lluvia que son más intensas. A consecuencia de estas condiciones dice que se hacen intransitables las calles y que durante el invierno los buses no pueden subir por ciertas vía.

Adiciona que resulta impensado que se le apliquen multas por querer cuidar su integridad y la de los pasajeros, ya que transitar por dichas calles significa un accidente seguro. Si bien pasó por otra calle, no lo hizo por mero capricho, sino que, a modo preventivo.

DÉCIMO PRIMERO: Que, en un primer orden de cosas, queda demostrado, el que los inspectores de la Secretaria Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones, actuaron en pleno uso de sus competencias en conformidad al artículo 4° de la Ley 18.290, y dentro de las funciones específicas para las que están dotados por la ley, por lo que las indicadas actuaciones, como la consecuente dictación de las resoluciones ya singularizas, no pueden considerarse como ilegales, todo vez que se ha procedido, como se ha dicho, dentro de un estatuto legal;

DÉCIMO SEGUNDO: Que, y ahora dilucidando un aspecto de derecho sustantivo en esta procedimiento breve y sumario, las fiscalizaciones se hicieron, del mismo modo, al tenor del Decreto Exento N° 625 de dos mil veinte, que “aprueba contrato de otorgamiento de subsidios a la prestación de servicio de Transporte Público en zona rurales en el tramo “Punta Arenas. Pampa Redonda”, suscrito el cuatro de marzo de dos mil veinte. Dicho contrato fue suscrito el cuatro de marzo de dos mil veinte, entre el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y don nombre reservado.

DÉCIMO TERCERO: Que, de esta forma, además, y como lo expone la recurrida Seremía, estas inspecciones se realizaron en conformidad a lo dispuesto en el punto 9 de las Bases de Licitación, y a la cláusula 16° del contrato de otorgamiento de subsidio, donde se establece que la fiscalización del estricto cumplimiento de lo establecido en el dicho instrumento, corresponderá al Ministerio, a través de la Secretaría Regional, del Programa de Fiscalización, y/o de la División de Transporte Público Regional de la Subsecretaría de Transportes.

DÉCIMO CUARTO: Que, y en atención a la materia que se debe resolver, las bases señalan claramente la descripción de los recorridos y las calles y vías en que debe obligatoriamente transitar, para el cumplimiento del contrato. Por esto las resoluciones determinan que fiscalizado el “operador”, se constató la comisión de diversas inobservancias a las bases del contrato, consistentes en “incumplimiento del itinerario contrato”, “incumplimiento del itinerario y frecuencia contratada” e “incumplimiento del itinerario o frecuencia contratada, sin previa autorización”;

DÉCIMO QUINTO: Que, como puede concluirse, las infracciones cursadas en terreno por los inspectores, son la constatación de la autoridad administrativa (secretaria ministerial respectiva) de que el “operador” en diversas fechas y circunstancias (incluso por él reconocidas), no habría dado cumplimiento a los itinerarios y/o frecuencias, lo que deviene, en una denuncia a un supuesto inobservancia de las cláusulas del contrato celebrado;

DÉCIMO SEXTO: Que, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que las materias referentes al cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones y/o derechos que emanan de las cláusulas de un contrato, no es el recurso de protección la vía idónea para resolver las controversias que se susciten entre las partes.

En efecto, la I. Corte de Apelaciones de Concepción en fallo confirmado por la Excma. Corte Suprema, señaló en lo pertinente: (“ROL N° 10.920-2020. Protección)

"OCTAVO: Que, situados en este contexto de emergencia constitucional y sanitaria, se somete al conocimiento de esta Corte, a través de esta acción constitucional de urgencia, la controversia suscitada entre los actores, todos apoderados del Colegio San Ignacio Concepción, y la recurrida Fundación Educacional San Juan del Castillo Colegio San Ignacio, que dice relación con un supuesto incumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios Educacionales celebrado entre las partes, en términos de recibir los educandos una enseñanza de calidad, puesto que no se ha implementado una forma remota, efectiva y real de llevar adelante el proceso educativo, y con un apoyo a distancia, de tal manera que pudiera entenderse que se está realizando la prestación del servicio conforme al contrato entre las partes, o, en su defecto, conforme a lo indicado por el Ministerio de Educación, sin perjuicio de estar cobrando la recurrida el total de la mensualidad, deficiencias que el recurrido niega, es una cuestión claramente controvertida que no es posible dilucidar por medio del recurso de protección interpuesto, debido a que por su naturaleza cautelar y procedimiento sumarísimo, no resulta idóneo para discutir cuestiones que deben ser materia de prueba, como lo son el cumplimiento o incumplimiento de un contrato, en este caso del Contrato de Prestación de Servicios Educacionales que los recurrentes firmaron el 17 de diciembre de 2019, para el año escolar 2020. NOVENO: Que, como se advierte, esta controversia excede el ámbito del presente arbitrio constitucional que –como se dijo- es de naturaleza meramente cautelar (en sentido amplio) y, por esencia, breve y concentrado, para dar respuesta oportuna a afectaciones flagrantes, notorias o evidentes que impliquen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de determinados derechos y garantías constitucionales, y es del todo evidente que una situación como la planteada no puede ser dilucidada a través de la acción de urgencia incoada. En efecto, la naturaleza propia de la acción constitucional de protección y el procedimiento inquisitivo dispuesto para su tramitación, constituye un arbitrio destinado a resolver situaciones en que los hechos esgrimidos y los derechos constitucionales que se dicen afectados son indubitados y no discutidos, lo que no acontece en el caso propuesto, en que se ventilan las discrepancias surgidas en el cumplimiento de obligaciones entre las partes de dicho contrato”

DÉCIMO SÉPTIMO: Que el mismo tribunal de alzada, agrega a modo de corolario:

“DÉCIMO: Que, en conclusión, no es el recurso de protección la vía idónea para discutir los hechos denunciados en relación al cumplimiento del contrato de servicios educacionales celebrado entre las partes, la que trasciende los fines de la acción de protección de garantías constitucionales y no se condice con el carácter extraordinario y de tramitación breve y urgente que tiene el recurso de que se trata. Así las cosas, el recurso intentado no puede prosperar.

Para finalmente, y zanjando toda posibilidad de duda respecto de la procedencia de recursos como el actual, en materia del cumplimiento de normas contractuales:

“UNDÉCIMO: Que atendido lo concluido precedentemente, es innecesario entrar al análisis de las garantías constitucionales que se indican como conculcadas.

DÉCIMO OCTAVO: Que, y de conformidad con lo expuesto, es que se procederá a rechazar el presente recurso de protección, en la forma que se dirá en lo resolutivo de esta sentencia.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo de Recursos de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA el presentado por don nombre reservado, en contra de la Secretaría Regional Ministerial De Transportes y Telecomunicaciones de Magallanes, sin costas.

Dése cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 14 del Auto acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección.

Se deja constancia que no firma la Ministra Srta. San Martín, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por encontrarse haciendo uso de permiso, según el artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

Redacción del Ministro Suplente señor LUIS ENRIQUE ALVAREZ VALDES.

ROL N°1482-2020 PROTECCIÓN.