Protección contra Ejército De Chile

Punta Arenas, veintiocho de mayo de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece doña nombre reservado, Capitán del Ejército de Chile, y deduce recurso de protección en contra del Ejército De Chile, Ministerio de Defensa Nacional, representado por el General de Brigada don nombre reservado, Comandante de la División de Personal (DIVPER), domiciliado en domicilio reservado, en razón del acto que señala como arbitrario e ilegal, consistente en la Resolución DIVPER II/2/a/1 (R) N°1340/2657/6830 de 13 de marzo de 2026, que ordena su destinación desde el Regimiento N°10 “Pudeto” de Punta Arenas al Regimiento Logístico del Ejército N°2 “Arsenales de Guerra” de la comuna de Colina, con la cláusula “sin derechos”, alegando vulneración a las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N°1, 2, 4, 16 inciso 4° y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere que es oficial del Ejército de Chile que obtuvo sentencia favorable en juicio de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales (RIT T-43-2022), confirmada por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas y declarada firme y ejecutoriada el 30 de enero de 2025, la cual ordenó su reincorporación al Ejército en las condiciones anteriores a la separación declarada ilegal, con guarnición en Punta Arenas.

Señala que se presentó a trabajar el 9 de marzo de 2026 y que, a la fecha del recurso, más de catorce meses después de ejecutoriada la sentencia reparatoria, no ha percibido las indemnizaciones ni los pagos ordenados, ni remuneración corriente alguna por los servicios prestados desde su presentación. Indica que es madre de tres hijos de 8, 7 y 5 años de edad, de quienes se encuentra sola al cuidado, por haber sido su cónyuge destinado forzosamente a Santiago por la misma institución, y que es en ese contexto que se le ordena un traslado compulsivo a 3.300 kilómetros de distancia, mediante un acto que contradice la propia sentencia firme que ordenó su reincorporación en Punta Arenas.

Sostiene que la resolución impugnada que ordena su presentación el 6 de abril de 2026, fue suscrita por el mismo General de Brigada nombre reservado, funcionario formalmente denunciado por ella ante la Contraloría General de la República mediante comprobante N°110.198, de 19 de febrero de 2026.

Dice que la cláusula “sin derechos” suprime la totalidad de los beneficios que toda destinación genera conforme al DFL (G) N°1 de 1997 y la Circular CGP DIVPER N°4380/51348, debiendo financiar de su propio peculio el traslado de sus tres hijos menores en pleno año escolar, forzándolos además a perder sus cupos en el Colegio Cruz del Sur de Punta Arenas, establecimiento que integra el ranking nacional de los mejores cien colegios del país, cuyos procesos de admisión se encuentran cerrados para el año 2026.

Destaca que fue despachada el 19 de marzo de 2026 durante la vigencia de un plazo judicial de 10 días hábiles decretado por el Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas en causa RIT C-10-2025, y que la propia DIVPER reconoció el 12 de marzo de 2026, mediante Resolución N°11345/2404/6860, que la recurrente “no se presentó a desempeñar funciones”, mientras que el tribunal constató el 11 de marzo de 2026 que no existía notificación válida.

Expone que el 13 de marzo de 2026 la misma autoridad emitió dos actos que la destinaban a unidades distintas; la Resolución N°1340/2666/6831 que la destinaba al RLE N°1 “Bellavista” de Conchalí y el Oficio N°1340/2654 informando destinación al RLE N° 2 “Arsenales de Guerra”; que el 16 de marzo de 2026 fue notificada de la destinación a Bellavista, firmando bajo reserva de derechos y consignando fundamentos manuscritos de impugnación en el reverso de ambos ejemplares; y que al día siguiente se le presentó una segunda notificación invocando una resolución distinta y una unidad diferente, el Regimiento Arsenales de Guerra en Colina, sin hacer mención al acto firmado el día anterior, ocultando su existencia. Luego el mismo Regimiento reconoció mediante Oficio R N°10 S-1 (R) N1000/12146 que la notificación a Bellavista obedeció a un "error de carácter documental" y que la DIVPER dispuso dejarla sin efecto, sin que conste procedimiento de invalidación ni revocación conforme a los artículos 53 y 61 de la Ley N°19.880.

Afirma que el mismo 17 de marzo pasado la recurrente presentó una denuncia formal por acoso laboral conforme al procedimiento CAP 33048 y a la Ley N°21.643. Agrega que dos días hábiles después de la denuncia de acoso laboral, y durante la vigencia del plazo judicial de 10 días hábiles, la recurrente fue despachada compulsivamente a Santiago. A la fecha del despacho: no se había constituido el Comité de Investigación de Acoso Laboral; no se habían adoptado medidas de protección a la denunciante conforme al artículo 211-A del Código del Trabajo; no se había producido la inhabilitación de los funcionarios en conflicto de interés; y la Orden del Día N°53 consignó "feriado legal año 2022, 2023, 2024, 2025: no aplica", desconociendo el período de separación ilegal como tiempo de servicio.

Asevera que sus tres hijos menores quedarían sin ninguno de sus progenitores en Punta Arenas, pues su cónyuge, Capitán nombre reservado, fue destinado al Regimiento de Policía Militar N°1 de Santiago, destinación impugnada en sede de protección en la causa Rol N°648-2025, pendiente de revisión ante la Excma. Corte Suprema, quien se presentó forzosamente en Santiago el 2 de marzo de 2026, de modo que el único apoyo familiar sería la abuela materna, persona de la tercera edad que padece artritis reumatoide. Afirma que la destinación replica la conducta que la sentencia RIT T-43-2022 ya condenó, por cuanto el considerando Vigésimo Segundo, declaró que las destinaciones constituyeron una conducta discriminatoria.

Sostiene que la destinación constituye represalia documentada bajo la Ley N°21.592 sobre Estatuto de Protección al Denunciante, en atención a que la recurrente presentó una denuncia formal ante la Contraloría General de la República el 19 de febrero de 2026 (Comprobante N°110.198) contra el General nombre reservado. El Regimiento acusó recibo el 24 de febrero de 2026 y 21 días después el mismo funcionario denunciado firmó la destinación impugnada, lo que constituye una represalia. En base a los mismos fundamentos alega infracción a la Ley N°21.643 por cuanto el despacho se ejecutó dos días hábiles después de su denuncia formal de acoso laboral, sin adoptar medida de protección alguna, en contravención de los artículos 211-A y 211-D del Código del Trabajo; y que el General nombre reservado presenta un patrón previo de actuación irregular, al haber ingresado personalmente a la Oficina Judicial Virtual un informe reservado como organismo “PRIVADO”, sin ser abogado ni parte, eludiendo al Consejo de Defensa del Estado, según el Certificado OJV N°3-135061098-2026.

Refiere como anomalías específicas del acto de destinación la cláusula “sin derechos”; la circunstancia de haberse dispuesto fuera del Plan Anual de Destinaciones 2026 sin fundamento de necesidad del servicio; su ejecución durante un plazo judicial vigente; y el desconocimiento del feriado legal acumulado, al consignar la Orden del Día N°53 que el feriado de los años 2022 a 2025 “NO APLICA”.

Agrega que a la fecha del recurso no ha percibido remuneración alguna del Ejército, sin perjuicio de haberse presentado a trabajar al Regimiento Pudeto a partir del 9 de marzo de 2026, que el “informativo de remuneraciones” de marzo de 2026 presenta tres vicios sustantivos, a saber: exclusión arbitraria de la remuneración de febrero y parte de marzo de 2026, por cuanto la Resolución DIVPER N°11345/2404/6860 de 12 de marzo de 2026 dispuso el pago de remuneraciones solo por el período comprendido entre el 02 de abril de 2025 y el 01 de febrero de 2026, excluyendo íntegramente el mes de febrero de 2026 y los días 01 al 08 de marzo de 2026; la supresión de la especialidad secundaria de Paracaidista y reducción de los años de servicio de seis a cuatro trienios, configurando un patrón sistemático de incumplimiento parcial de la sentencia que torna la destinación materialmente inejecutable.

En cuanto a las garantías que señala como vulneradas, sostiene que se atenta en contra de su integridad física y psíquica al forzarla a optar entre cumplir una orden militar o abandonar a sus tres hijos menores, daño que la sentencia firme dictada en la causa RIT T-43-2022 ya calificó de grave y que se agrava por haberse ejecutado dos días después de su denuncia de acoso laboral, sin protección conforme a la Ley N°21.643. Afirma que se infringe la igualdad ante la ley, por un trato arbitrariamente diferenciado que ningún oficial reincorporado en condiciones equivalentes habría recibido. Refiere que se perturba su vida privada y honra, mediante una destinación que destruye la unidad familiar ejecutada en represalia por su denuncia. Señala que se vulnera la libertad de trabajo, pues la destinación sin derechos imposibilita el desempeño del cargo en condiciones dignas y vulnera la estabilidad en el empleo. Indica, por último, que se afecta su derecho de propiedad al suprimirse la asignación de zona incorporada a su patrimonio por la sentencia firme dictada en la causa RIT-43-2022.

Indica que el acto adolece de vicios de ilegalidad dados por una falsa causa, al no existir unidad de origen legalmente establecida, por cuanto para que proceda la destinación es requisito previo que el oficial se encuentre legalmente incorporado en servicio activo y, en su caso, la Resolución DIVPER N°11345/2404/6860 del 12 de marzo de 2026, reconoce que la recurrente "no se presentó a desempeñar funciones". El tribunal declaró el 11 de marzo de 2026 que no existía notificación legal válida que la hubiera obligado a presentarse.

Luego sostiene la existencia de una incongruencia manifiesta, por la emisión de dos actos contradictorios el mismo día; la sustitución irregular de un acto administrativo perfeccionado sin procedimiento de invalidación o revocación; una represalia prohibida conforme a los artículos 3° y 9° de la Ley N°21.592; infracción a la Ley N°21.643; conflicto de interés no declarado del firmante, ya que el General nombre reservado es un funcionario denunciado ante la Contraloría General de la República; y ausencia de motivación con falta de proporcionalidad, señalando que otorgar 15 dúas calendarios para organizar un traslado en las condiciones anotadas, carece de toda proporcionalidad y evidencia el carácter punitivo de la destinación.

Por lo expuesto solicita, acoger el recurso y ordenar al Ejército de Chile dejar sin efecto la Resolución DIVPER II/2/a/1 (R) N°1340/2657/6830 de 13 de marzo de 2026 y todos los actos derivados de ella, restableciéndola en su destino en la guarnición de Punta Arenas con asignación de zona, conforme a lo ordenado por la sentencia firme RIT T-43-2022; prohibir a la institución adoptar medidas en su contra derivadas del incumplimiento de la destinación impugnada; ordenar que toda futura destinación se ejecute con estricto cumplimiento de los derechos reglamentarios, con costas.

Informa don nombre reservado, Comandante de la División de Personal del Ejército de Chile, en representación de dicha institución, pidiendo que se rechace el recurso, con costas.

Expone que, como cuestión previa, conjuntamente con declarar admisible el recurso, la Corte acogió la orden de no innovar, motivo por el cual la autoridad dispuso el 9 de abril de 2026 suspender la destinación de la recurrente mientras se tramita la acción, permaneciendo ésta en su unidad de origen con las prerrogativas económicas correspondientes a dicha zona, mediante Resolución Exenta DIVPER IV/2/a/1 (R) N°1345/2267/8210, dando pleno cumplimiento a lo decretado.

Sostiene la improcedencia del recurso, por cuanto los supuestos derechos conculcados no son derechos indubitados, excediendo la naturaleza y características de esta acción cautelar.

Refiere la historia judicial previa de la recurrente, quien estuvo separada de la institución por un período aproximado de tres años. Explica que se dispuso su retiro temporal por causal de enfermedad curable, dispuesto por Decreto Exento RA N°118406/849/2022; que mediante denuncia de tutela laboral conocida en la causa RIT T-43-2022, el Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas, en sentencia de 17 de agosto de 2024, acogió parcialmente la tutela, ordenando su reincorporación al estado anterior al sumario, entre el 3 de septiembre de 2018 y hasta el 17 de marzo de 2022, disponiendo el pago de una indemnización por daño moral de $50.000.000. Indica que dicha sentencia quedó firme tras el rechazo de los recursos de nulidad por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas el 24 de diciembre de 2024, y que la reincorporación se materializó mediante Decreto Supremo Exento RA N°118406/3432/2025, de 29 de diciembre de 2025, que la nombró Capitán, grado 9 de la planta de Oficiales, del Escalafón de Intendencia a contar del 2 de abril de 2025.

Destaca que el Juez de Letras del Trabajo de Punta Arenas, en la causa de cumplimiento RIT C-10-2025, mediante sentencia de 26 de febrero de 2026, respecto de la pretensión de la recurrente de ser reincorporada respetándose su carrera funcionaria respecto a su antigüedad como Capitán de Ejercito, contados desde el año 2020, computando el tiempo de separación ilegal como efectivamente servido para optar al ascenso a Mayor, declaró que no correspondía obtener por la vía de una mera solicitud planteada en el marco del procedimiento ejecutivo alterar el tenor de lo ordenado por una sentencia firme ejecutoriada, y que en resolución de 11 de marzo de 2026 reiteró que no se advertía error que corregir respecto de la antigüedad de la funcionaria. Sostiene, en consecuencia, que no corresponde que la recurrente intente forzar la interpretación de una sentencia firme a través del recurso de protección, mecanismo que no es la vía idónea, puesto que el procedimiento especial dispuesto para ello ya fue resuelto, determinándose que su incorporación se ajustó a derecho.

Afirma que del referido decreto de reincorporación se intentó notificar a la recurrente en tres oportunidades y por vías distintas, presentándose ésta finalmente a prestar servicios al Regimiento N°10 “Pudeto” el 9 de marzo de 2026, fecha desde la cual comenzó a efectuar una serie de presentaciones manifestando su desacuerdo con el decreto de nombramiento, la forma de cumplimiento que ha interpretado el ejército, rechazo de feriados legales de años anteriores, entre otros, mismo reclamos que hace en esta sede que ha replicado ante el Ministerio de Defensa Nacional y en la Contraloría General de la República.

Expresa que el acto recurrido de destinación tiene dos fundamentos principales: que su cónyuge, el Capitán nombre reservado, se encuentra destinado desde septiembre de 2025 al Regimiento de Policía Militar N°1 “Santiago” producto del proceso normal de destinaciones, por lo que, con el objeto de evitar la disgregación familiar, se determinó destinar a la recurrente a una unidad de la misma guarnición; y que, cumplida su reincorporación, no se justificaba su permanencia en el Regimiento N°10 “Pudeto”, el cual ya contaba con la dotación de oficiales de Intendencia requerida, produciéndose una sobredotación con su incorporación.

Refiere la normativa especial de las destinaciones, citando el marco jurídico aplicable en la especie, y poniendo de relieve que el tiempo máximo de permanencia en una guarnición para un oficial subalterno es de tres años, y que la recurrente se encuentra en la guarnición de Punta Arenas desde el 1 de abril de 2013, excediendo con creces, el tiempo máximo de permanencia conforme a la normativa institucional.

Señala que resulta infundado alegar ilegalidad o arbitrariedad por parte del Ejercito, sin un razonamiento fáctico y jurídico debidamente fundado, pasando a refutar los argumentos del recurso.

Sostiene que la cláusula "sin derechos" se ajusta a la normativa vigente, pues al haber sido destinado previamente su cónyuge se le otorgaron a éste todos los derechos asociados, pasajes para el grupo familiar, incluida la recurrente, flete de enseres del hogar, asignación del 100% de una remuneración por cambio de residencia y anticipo de hasta dos meses de sueldo por cambio de residencia, rigiendo el artículo 146 del DFL N°1 de 1977, que dispone que, tratándose de cónyuges funcionarios, sólo uno de ellos tendrá derecho a percibir asignación por cambio de residencia, asignación familiar y pasajes y fletes, de modo que no es efectivo que la recurrente deba financiar de su propio peculio el traslado de 3.300 kilómetros con sus tres hijos.

Afirma que no es efectivo que no haya percibido remuneración, pues desde su incorporación el 9 de marzo de 2026 se reactivó el pago de sus haberes conforme al artículo 167 del Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas. Indica que el pago retroactivo de emolumentos, comprendido entre el 2 de abril de 2025 y el 2 de febrero de 2026, asciende a $35.344.269 y se encuentra íntegramente pagado, habiéndose cobrado el vale vista respectivo el 2 de abril de 2026 Destaca que se dio cumplimiento a la sentencia laboral del año 2024, que ordenó su incorporación en el Regimiento N°10 "Pudeto", y que, materializada ésta, se le comunicó su destinación a la Región Metropolitana por necesidad técnica y como evidente arrastre de la destinación previa de su cónyuge, en pos de mantener la unión familiar.

Señala que no es efectivo que se hubieran emitido dos actos coetáneos contradictorios, pues mediante Resolución Exenta DIVPER (R) N°1340/2666 de 13 de marzo de 2026 se dejó sin efecto, por regularización de procedimiento, una destinación anterior dispuesta en 2017, notificada el 16 de marzo; y acto seguido se emitió la resolución recurrida, que la destina al RLE N°2 "Arsenales de Guerra", notificada el 17 de marzo y que la recurrente se negó a firmar, descartando todo error documental.

Indica que la denuncia de acoso laboral, formulada el mismo día en que tomó conocimiento de la destinación, activó los protocolos institucionales conformándose el Comité interdisciplinario respectivo que abordó la denuncia, precisando que la Cartilla CAP-33408 establece que no constituyen acoso laboral las destinaciones dispuestas para el cumplimiento de las misiones institucionales, y que dicho procedimiento escapa al arbitrio de protección.

Refiere que las reclamaciones por feriado legal, acoso laboral y destinación se encuentran radicadas ante la Contraloría General de la República conforme a las Leyes N°10.336 y N°21.592, organismo que, de haber existido antecedentes fundantes, habría dispuesto las medidas de protección del artículo 9°, sin que conste acto que así lo ordene, agregando que, por aplicación del artículo 54 de la Ley N°19.880, interpuesta una reclamación administrativa no puede el mismo reclamante deducir igual pretensión ante los tribunales mientras aquella no haya sido resuelta.

Sostiene que ningún acto institucional impide a la recurrente trasladar a sus hijos consigo, pudiendo matricularlos con preferencia de vacante en cualquier época del año por su calidad de funcionaria militar en los colegios Alcázar de Las Condes y Coronel Eleuterio Ramírez Molina de La Reina, Región Metropolitana.

Afirma que la rapidez del despacho y fecha para hacer efectiva la destinación, se ajusta a los plazos que la Cartilla de Destinaciones aplica a todo el personal. Indica, finalmente, que las materias relativas al feriado legal, la exclusión de remuneración entre el 2 de febrero y el 8 de marzo de 2026, la especialidad de paracaidista, el trienio y el grado jerárquico son de índole administrativa y ajenas al recurso, sin perjuicio de lo cual, en el pago de remuneraciones de abril de 2026, se regularizó la especialidad secundaria de paracaidismo, se ajustó el quinto trienio y la diferencia por asignación de zona, todo lo cual fue comunicado mediante oficios formales que se le han entregado después de cada reclamo.

Cita jurisprudencia e indica que la actora no habría sufrido vulneración alguna a sus derechos fundamentales, atendido a que los hechos alegados como arbitrarios e ilegales se han enmarcado plenamente dentro del ejercicio de atribuciones válidamente conferidas a la autoridad institucional y se encuentran debidamente fundamentadas.

Por lo expuesto solicita el rechazo del recurso con costas.

Se pidió informe a la Contraloría Regional de la República, para efectos de acompañar todos los antecedentes que sobre la materia obren en su poder, que digan relación con el recurso deducido en estos autos, evacuándose el informe respectivo a folio 42.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar, que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que a través del presente recurso la recurrente, doña nombre reservado, reclama respecto del acto que califica de arbitrario e ilegal, consistente en la Resolución DIVPER II/2/a/1 (R) N1340/2657/6830 de 13 de marzo de 2026, suscrita por el Comandante de la División de Personal del Ejército de Chile, que dispuso su destinación desde el Regimiento N°10 “Pudeto” de Punta Arenas al RLE N°2 “Arsenales de Guerra” de la comuna de Colina, con la cláusula “sin derechos”, estimando vulneradas las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 N°1, 2, 4, 16 y 24 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que la recurrida solicitó el rechazo del recurso, conforme a los antecedentes reseñados en la parte expositiva.

QUINTO: Que, para resolver el asunto sometido al conocimiento de esta Corte, resulta indispensable tener presente que el acto que se reseña como ilegal y arbitrario es la Resolución DIVPER II/2/a/1 (R) N°1340/2657/6830 de 13 de marzo de 2026, el cual dispone en su N°3 “Al respecto, y considerando el correcto empleo del recurso humano institucional, conforme a su grado y escalafón, se ha resulto destinar a la Cap. nombre reservado, desde esa Unidad Regimentaria al RLE N.°2 “Arsenales de Guerra”, encontrándose en trámite la protocolización el documento resolutivo que norma el citado acto administrativo, siendo su fecha de presentación a partir del 31 de marzo de 2026, conforme a los procesos establecidos en la institución. 4. Finalmente, se informe a US., que los derechos reglamentarios de la destinación antes descrita, se le otorgaron a su cónyuge (CAP. nombre reservado), a través de documento “Referencia 3).

SEXTO: Que al respecto, se debe tener presente que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Carta Fundamental, constituye un arbitrio de naturaleza cautelar y de urgencia, cuyo objeto se circunscribe al amparo de derechos preexistentes e indubitados frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios, sin que constituya un procedimiento declarativo de derechos ni una instancia destinada a sustituir las vías ordinarias de impugnación contempladas en el ordenamiento jurídico.

SÉPTIMO: Que en dicho sentido, se estima que la actora carece de un derecho indubitado respecto del acto de destinación, ya que su justificación se encuentra radicada en los requerimientos propios de la función militar a lo largo del país, orientación que es conocida y debe ser acatada por todos los miembros de la institución desde su ingreso, compartiendo estos sentenciadores aquello que ha resuelto esta Corte de Apelaciones en la causa Rol 648-2025 Protección, a propósito del recurso de deducido por el cónyuge de la recurrente, Capitán nombre reservado.

En efecto, en el mencionado fallo, se estableció:

“SEXTO: Que, es menester tener presente que, conforme a la normativa aplicable, en lo que importa a este recurso y así el artículo 4 de la Ley N°18.948, dispone que: “El personal de las Fuerzas Armadas estará constituido por el personal de planta, el personal a contrata y el personal de reserva llamado al servicio activo. El personal de planta está constituido por: - Oficiales. - Cuadro Permanente y de Gente de Mar. - Tropa Profesional. - Empleados Civiles”.

Por su parte, el artículo 145, del DFL N°1, del año 1997, que establece el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, en lo pertinente establece: “La destinación es la designación del personal para servir en una unidad o repartición, en calidad de planta o agregado, sin especificar el cargo o puesto que en ella le corresponda. La destinación de planta es aquella designación para integrar la dotación permanente de una unidad o repartición”.

El artículo 147, del cuerpo normativo antes citado, en sus incisos 1° y 2°, dispone que: “Las destinaciones de los oficiales, que no constituyan nombramientos que deban efectuarse por decreto supremo, serán resueltas por el Comandante en Jefe institucional, a proposición de los Directores del Personal o Comandante del Comando de Personal o de acuerdo con las atribuciones que dicho Comandante en Jefe les otorgue.

Las destinaciones del personal del Cuadro Permanente y de Gente de Mar, como asimismo las del personal de Tropa Profesional, serán ordenadas por las Direcciones del Personal o Comando de Personal de acuerdo con las dotaciones reglamentarias de cada unidad o repartición”.

Las letras e), f) y g) del artículo 61 del DFL 29, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo, preceptúa que: “Serán obligaciones de cada funcionario:(...) e) Cumplir las destinaciones y las comisiones de servicio que disponga la autoridad competente; f) Obedecer las órdenes impartidas por el superior jerárquico. g) Observar estrictamente el principio de probidad administrativa, que implica una conducta funcionaria moralmente intachable y una entrega honesta y leal al desempeño de su cargo, con preeminencia del interés público sobre el privado”.

El precepto anterior resulta aplicable en virtud del artículo 138 del, DFL N°1, de 1997, en tanto dispone que: “... el personal estará sujeto a las obligaciones y prohibiciones establecidas para los empleados de la Administración Civil del Estado en la Ley No 18.834, Estatuto Administrativo, en cuanto fuere procedente”.

Asimismo, el inciso 2 del artículo 101 de la Constitución Política de la República, mandata que: “Las Fuerzas Armadas y Carabineros, como cuerpos armados, son esencialmente obedientes y no deliberantes. Las fuerzas dependientes de los Ministerios encargados de la Defensa Nacional y de la Seguridad Pública son, además, profesionales, jerarquizadas y disciplinadas”.

SÉPTIMO: Que, de la normativa reseñada en el motivo que antecede, se desprende que el recurrente, funcionario del Ejército de Chile, al momento de ingresar voluntariamente a la institución se obligó al cumplimento de las normas que rigen a la misma, y específicamente en cuanto a la materia recurrida, por la naturaleza de la función que sirve y el interés público prevalente, no es posible sostener que goce de una suerte de inamovilidad en el ejercicio de su cargo, por lo que el recurso de protección impetrado no busca amparar el ejercicio legítimo de un derecho indubitado y no disputado, sino más bien, que se reconozca judicialmente la existencia de este derecho, lo que es absolutamente ajeno a la finalidad propia del acción constitucional, cual es, constituir una vía urgente, eficaz y extraordinaria, destinada a reparar situaciones de hecho ilegales o arbitrarias que afecten un derecho constitucional no discutido, derecho que en la especie, como se ha referido, aparece expresamente controvertido, lo que obliga a desestimar el presente recurso”.

OCTAVO: Que respecto de las situaciones anexas que plantea la recurrente en el libelo, cuyos extremos se encuentran controvertidos por la parte recurrida, en cuanto a verificar la validez de los actos administrativos Resolución DIVPER N°11345/2404/6860 del 12 de marzo de 2026, indicando la existencia de resoluciones de destinación contradictorias, el pago de remuneraciones parciales, el cuestionamiento respecto de la imparcialidad del General nombre reservado por firmar actos que estima que la afectan directamente, teniendo conocimiento de denuncias previas realizadas en su contra, ampliación de denuncia por infracción a la Ley N°21.643 y medidas de protección solicitadas al amparo de la Ley N°21.592, aquellas, se encuentran actualmente en tramitación ante la Contraloría Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, lo que confirma que los comportamientos objetados en autos, dice relación con procedimientos administrativos aún no concluido, sin que se haya dictado una decisión terminal que se encuentre firme y que, en consecuencia, tengan la aptitud de vulnerar derechos constitucionales, por lo que aparece palmario que esta acción, al menos por ese motivo no se encuentra en condiciones de prosperar.

NOVENO: Que de lo expuesto aparece que la recurrente carece de un derecho indiscutido y preexistente de aquellos cuyo imperio esta Corte deba proteger por esta urgente vía cautelar, razón suficiente para concluir que la presente acción ha de ser rechazada.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA, con costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra del Ejército De Chile, ya individualizados.

Atendido lo resuelto, déjese sin efecto la orden de no innovar decretada a folio 4. Ofíciese.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Dese cumplimiento a lo dispuesto el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Redacción a cargo del Ministro Marcos Kusanovic.

Se deja constancia que no firma la Ministra Titular Sra. Caroline Turner González, por encontrarse con permiso de acuerdo al artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

ROL N°147-2026.PROTECCIÓN.