Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

nombre reservado, veintisiete de abril de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece ante esta Corte de Apelaciones, nombre reservado, C.I. de extranjeros NUM000, venezolano, con domicilio en domicilio reservado, nombre reservado, quien deduce acción de protección, en su favor, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, representado por su Director Nacional Frank Carlos Sauerbaum Muñoz, cédula nacional de identidad NUM001, ambos con domicilio para estos efectos en la ciudad de Santiago, por haber dictado la Resolución NUM002, de fecha 27 de febrero de 2026, que rechaza solicitud de residencia definitiva, acto que constituye un acto ilegal y arbitrario, vulnerando garantías constitucionales, en especial las contempladas en el artículo 19 N°2 y N°3 de la Constitución.

Señala que, con fecha 27 de febrero de 2026, el Servicio Nacional de Migraciones dictó la Resolución NUM002, mediante la cual rechazó su solicitud de Residencia Definitiva, otorgándole en cambio un permiso de Residencia Temporal por un año, fundándose principalmente en una condena penal por amenazas en contexto de violencia intrafamiliar, dictada en la causa RIT 3461-2020 del Juzgado de Garantía de Punta Arenas, ejecutoriada en mayo de 2021.

Afirma que dicha pena correspondió a remisión condicional, la cual fue cumplida íntegramente, dando cabal cumplimiento a todas las obligaciones de control y asistencia ante el Centro de Reinserción Social de Gendarmería de Chile.

Indica que mediante resolución de fecha 30 de mayo de 2022, el tribunal competente declaró íntegramente cumplida la pena y ordenó el archivo definitivo de la causa. Agrega que ha efectuado el proceso de eliminación de antecedentes penales, razón por la cual la condena no figura en su certificado de antecedentes.

Sostiene que el Servicio Nacional de Migraciones construyó, en los hechos, una causal de rechazo no contemplada en la Ley N°21.325, consistente en considerar condenas penales ya cumplidas y legalmente extinguidas como impedimento para acceder a la residencia definitiva, vulnerando así el principio de juridicidad. Cita lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley N°21.325, señalando que dicha norma establece de manera taxativa las causales por las cuales puede rechazarse una solicitud de residencia, sin contemplar entre ellas la existencia de condenas penales cumplidas y extinguidas.

Refiere que el acto recurrido desconoce los efectos jurídicos del cumplimiento de la pena, reabriendo indebidamente una situación penal ya concluida, negando valor a la resolución judicial que tuvo por cumplida la sanción, y generando una consecuencia equivalente a una prolongación indefinida de la sanción penal por vía administrativa, lo que resulta incompatible con el principio de non bis in idem y la prohibición de sanciones perpetuas.

Destaca que la resolución impugnada carece de motivación suficiente, omitiendo ponderar circunstancias personales determinantes, tales como el arraigo familiar respecto de sus dos hijos —nombre reservado, de 16 años, y nombre reservado, de 17 años—, ambos residentes en Chile y dependientes de su cuidado y sustento, su condición de propietario y administrador de la empresa Maracaibo Supply Group SpA, y su conducta posterior irreprochable.

Indica que funda el recurso en los artículos 19 N°2 y N°3 y 20 de la Constitución Política de la República, en los artículos 7, 88 y 91 de la Ley N°21.325, y en los artículos 87 y 296 del Decreto N°296. Cita jurisprudencia de la Corte Suprema —sentencias de abril de 2024—, señalando que la denegación de residencia basada en antecedentes penales cumplidos con remisión condicional constituye una medida desproporcionada e ilegal, especialmente cuando existe arraigo familiar y laboral.

Termina acompañando documentos: Extracto de Sentencia dictada por el Juzgado de Garantía de Punta Arenas de fecha 26/04/2021; Informe de Gendarmería de fecha 22/05/2021 donde indican el cumplimiento de la condena sustitutiva (Remisión Condicional); Resolución del Tribunal de Garantía de Punta Arenas, de fecha 30/05/2022, donde da por cumplida la condena sustitutiva y ordena del archivo de la causa; Copia de Carnet de Identidad de hija nombre reservado; Copia de carnet de identidad de hijo, nombre reservado; Certificado de Nacimiento de hija nombre reservado, autorizado por Notario Público; Certificado de Nacimiento de hijo nombre reservado, autorizado por Notario Público; Documento constitutivo de la empresa MARACAIBO SUPPLY GROUP SpA, donde consta que es único accionista, administrador y Gerente General; Comprobantes de declaración de nombre reservado la Renta de la empresa Maracaibo Supply Group SpA, correspondientes a los años 2024 y 2025; Certificado de antecedentes de del recurrente; Resolución N° NUM002, de fecha 27 de febrero de 2026, emitida por el SERMIG.

Informando, Danna Elizabeth Garbarino Correa, abogada, del Servicio Nacional de Migraciones, domiciliada en domicilio reservado, nombre reservado, solicitando el rechazo del recurso.

Señala el Servicio Nacional de Migraciones que el recurso de protección debe ser rechazado en todas sus partes, por cuanto no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal, y que atente en contra de alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Indica que, con fecha 4 de diciembre de 2024, el extranjero nombre reservado presentó una solicitud de Residencia Definitiva a través de la plataforma web, número ID 66567355.

Refiere que, mediante notificación por correo electrónico de fecha 12 de febrero de 2026, se le comunicó que su solicitud sería rechazada en caso de no remitir antecedentes respecto de la causal invocada, conforme a lo dispuesto en el artículo 91° inciso 2° de la Ley N°21.325, toda vez que registraba antecedentes negativos consistentes en una condena como autor del delito de amenazas no condicionales en contexto de violencia intrafamiliar, en causa RIT 3461-2020 del Juzgado de Garantía de Punta Arenas, según sentencia de fecha 26 de abril de 2021.

Afirma que el extranjero no cumple con los requisitos que lo habilitan para obtener el permiso impetrado, y que su conducta demuestra una vulneración de bienes jurídicos e intereses protegidos por el Estado. Sostiene que, conforme a lo dispuesto en el artículo 88 inciso final, en relación con el artículo 33 N°2 de la Ley N°21.325, es procedente el rechazo de la solicitud de residencia definitiva, resultando la solicitud del extranjero inevitablemente comprendida en dicha causal de rechazo.

Destaca que la Resolución Exenta que dispuso el rechazo fue dictada por autoridad competente y dentro de la esfera de sus atribuciones, cita lo dispuesto en el artículo 157 N°5 de la Ley N°21.325, y señala que corresponde al Servicio Nacional de Migraciones resolver el otorgamiento, prórroga, rechazo y revocación de los permisos de residencia y permanencia.

Indica que, en subsidio, se otorgó al extranjero un permiso de Residencia Temporal subcategoría Inversionista por el período de un año, de manera sustitutiva a la orden de abandono, en virtud de lo dispuesto en el artículo 91 inciso 5° de la Ley N°21.325. Agrega que el cumplimiento de una condena penal no obliga a la autoridad migratoria a ignorar el sustrato fáctico del comportamiento del extranjero, y que ello no se traduce en que, para efectos de la Ley de Migración y Extranjería, el recurrente deba ser considerado como una persona que no ha cometido delito.

Sostiene que todas las actuaciones de esta autoridad fueron llevadas a cabo conforme a la Constitución, leyes y reglamentos vigentes aplicables, específicamente la Ley N°21.325, el Decreto Supremo N°296 y supletoriamente la Ley N°19.880, sin que haya existido acción u omisión ilegal o arbitraria que haya privado, perturbado o amenazado garantía constitucional alguna. Acompaña Resolución NUM002, de fecha 27 de febrero de 2026, emitida por el Servicio Nacional de Migraciones y notificación previo rechazo, de 12 de diciembre de 2025, del mismo Servicio al cual representa.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20º de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso de protección, se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, vale decir, que se encuentre en posición y condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que en ese orden de ideas se precisa que el hecho vulneratorio calificado como ilegal y arbitrario por el recurrente, consiste en que, el SERMIG, dictó la Resolución N° NUM002, mediante la cual rechazó su solicitud de Residencia Definitiva, fundándose principalmente en una condena penal por amenazas en contexto de violencia intrafamiliar, dictada en la causa RIT 3461-2020 del Juzgado de Garantía de Punta Arenas, ejecutoriada en mayo de 2021.

CUARTO: Que la recurrida en su informe, manifiesta que el recurso de protección debe ser rechazado en todas sus partes, por cuanto no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal, y que atente en contra de alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

QUINTO: Que la nueva ley de migración y extranjería, Ley N°21.325.- (que reemplazó el Decreto Ley N°1094 de 14 de julio de 1975 y su Reglamento) y el Decreto Supremo N°296 de 12 de febrero de 2022 del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, que contiene el Reglamento de esta, es la que regula situaciones migratorias; asimismo y complementariamente, para el caso que nos ocupa, en forma específica la materia se regula en los artículos 88 inciso final, en relación con el artículo 33 N°2, ambos de la Ley N°21.325; teniendo presente -además-que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 157 N°5 de la misma Ley, corresponde al Servicio Nacional de Migraciones resolver el otorgamiento, prórroga, rechazo y revocación de los permisos de residencia y permanencia.

SEXTO: Que, en subsidio, la autoridad migratoria, otorgó al recurrente un permiso de Residencia Temporal subcategoría Inversionista por el período de un año, de manera sustitutiva a la orden de abandono, en virtud de lo dispuesto en el artículo 91 inciso 5° de la Ley N°21.325.

SÉPTIMO: Que examinado el recurso y los antecedentes, es posible desprender que el Servicio recurrido no ha incurrido en una acción u omisión ilegal ni arbitraria, actuando dentro de su competencia y conforme procedimiento legal y reglado, que consta de diversas etapas. Entendiendo, por tanto, que no se ha vulnerado los derechos denunciados por el recurrente ni aún en grado de amenaza, deberá desestimarse la acción.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20º de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA, sin costas, el Recurso de Protección interpuesto por el recurrente, don nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, ya individualizados.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la abogada integrante, doña M. Lorena Pereira Saavedra.

ROL N°145-2026.PROTECCIÓN.