nombre reservado con A.F.P. HABITAT S.A.

nombre reservado, diecinueve de octubre de dos mil veinte.

VISTOS:

Comparece Robinson Quelín Álvarez, interponiendo recurso de protección en favor de nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, loteo del Mar, nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A., domiciliada en domicilio reservado, representada por nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, nombre reservado.

Expone que el recurrente contrajo matrimonio con doña nombre reservado el 28 de febrero del año 1986, teniendo dos hijos. Su cónyuge, fallece el 11 de enero del año 2017, dejando como herederos al recurrente y a sus hijos, iniciando los trámites de posesión efectiva en su oportunidad.

El 14 de julio de 2020 concurrió a las oficinas de la recurrida para solicitar certificado de saldos de fondos de pensiones de su cónyuge fallecida, y todos los antecedentes necesarios para tramitar su posesión efectiva, y consecuencialmente, obtener el retiro de los fondos acumulados, recibiendo respuestas evasivas y negativas por la administradora en cuestión, es decir, negando en forma expresa la entrega del certificado y documentos para tramitar la posesión efectiva, todo sin explicación fundante para el retiro de los fondos previsionales de la fallecida.

Esta respuesta injustificada la cataloga como el hecho arbitrario e ilegal que da origen a este recurso, más aun teniendo presente, que los fondos de la cónyuge constituyen herencia, entendiéndose por ésta, el monto que se paga del saldo proveniente de la cuenta obligatoria o de la cuenta de ahorro voluntario de un afiliado fallecido, según señala el recurrido en su propio sitio web.

Señala que el remanente del afiliado fallecido se paga a los herederos de la persona, de acuerdo a lo que establece la ley. El cónyuge o el conviviente civil y los hijos son las primeras opciones consideradas para recibir el dinero, cumpliendo con el requisito que los cónyuges tienen que haber contraído matrimonio con el afiliado al menos 6 meses antes de su deceso o con tres años de anticipación, si el afiliado estaba pensionado. Por lo tanto, al no existir beneficiarios de pensión de sobrevivencia al tenor de lo establecido por el D.L. 3.500, debe entregar los fondos que administra a los herederos de conformidad a las reglas generales de herencia de acuerdo al Código Civil para identificarlos.

En consecuencia, ante el acto ilegal y arbitrario de la recurrida, es que se ha producido la situación que el recurrente no ha podido realizar los trámites correspondientes para ampliar la posesión efectiva.

Dicho acto afecta sus garantías constitucionales del artículo 19 Nº 2 y Nº 4, la igualdad ante la Ley y el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y a su familia; y también las de los Nº 18 y 24, de la Constitución Política de la República, en cuanto el derecho a la seguridad social y la propiedad de su herencia.

Solicita en definitiva acoger el recurso en todas sus partes, sentenciando que declara ilegal y arbitrario el acto de la recurrida, ya que no se ajusta a lo dispuesto en la Constitución, ni la Ley que regula la materia; y que vulnera las garantías constitucionales mencionadas; que se ordene la adopción de todas las medidas necesarias conducentes a la protección y efectiva tutela de las garantías constitucionales lesionadas o amenazadas en su ejercicio, y a restablecer el imperio del derecho. Entre estas medidas, se disponga que, se ordene entregar el certificado de saldos para la tramitación de la posesión efectiva de la herencia de la afiliada y cónyuge fallecida del recurrente, además, de entregar toda la información necesaria para proceder a realizar los trámites correspondientes para el retiro total de fondos de pensiones de la causante, con costas.

Informa Roberto Felipe Díaz Bravo, abogado, por la recurrida solicitando su rechazo.

En primer lugar alega la extemporaneidad de la acción interpuesta, ya que si bien el recurrente relata en su presentación que con fecha 14 de julio de 2020 AFP Habitat se negó a entregarle un certificado de saldo para incluirlo como herencia en la posesión efectiva de su cónyuge, doña nombre reservado, es de público conocimiento que conforme al DL 3.500 del año 1980, nunca ha sido posible devolver los fondos previsionales en la forma solicitada, si no es para destinarlos a los fines establecidos en la Ley, porque única y exclusivamente pueden ocuparse para el financiamiento de los beneficios previsionales, principio fundamental que rige el Sistema de Pensiones de nuestro país. No es posible por lo tanto, que la AFP, sin transgredir la Constitución Política de la República y las Leyes, pudiera acceder a una petición como la que ha formulado el recurrente, consistente en que se le entreguen los fondos previsionales de su cónyuge para destinarlos a un fin distinto del señalado en la ley, en este caso financiar su propia pensión de sobrevivencia en su calidad de cónyuge de la afiliada fallecida.

Por lo tanto, solicita declarar extemporánea la presentación de este recurso toda vez que es de público conocimiento que desde mayo del año 1981, esto es desde que inició su vigencia el DL 3.500, no es posible legalmente acceder a una petición como la formulada en autos.

En segundo lugar, aduce que el recurso de protección es inaplicable en este caso, ya que es una acción de carácter cautelar, destinado a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos claramente preexistentes y no discutidos, mediante la adopción de medidas urgentes de resguardo, que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, moleste o amague ese ejercicio.

Expone que aunque sean muy atendibles las razones que invoca el recurrente para solicitar los fondos previsionales de una forma distinta a lo dispuesto en el DL 3.500, lo cierto es que no ha sufrido privación, perturbación o amenaza alguna de carácter arbitrario o ilegal de un derecho de su parte que le impida, moleste o amague su ejercicio. Por el contrario, el recurrente pretende ejercer por esta vía un derecho, cuyo ejercicio y características está claramente definido en nuestro ordenamiento jurídico de manera distinta a lo que pretende.

Por lo tanto, es improcedente reclamar por esta vía el derecho pretendido, toda vez que en el evento que existiera alguna duda o controversia respecto a si corresponde o no acceder a su solicitud, requeriría de un juicio de lato conocimiento o de una acción legislativa que modificara el Sistema de Pensiones vigente en nuestro país; alega que así lo ha sostenido la Excelentísima Corte Suprema.

Además, el propio recurrente reconoce que el cónyuge es beneficiario de pensión, sin embargo no acepta que el saldo de la cuenta debe destinarse al financiamiento de la pensión, lo que no permite acceder a su solicitud de devolución de fondos porque la ley y la normativa previsional vigente así lo establecen, porque el saldo de la cuenta individual debe destinarse al financiamiento de las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia; así, más bien el recurrente pretende que se le reconozca un derecho a través de esta acción de protección.

En cuanto a los hechos, expone que hasta la fecha la recurrida no ha recibido ninguna solicitud de Pensión de Sobrevivencia de los posibles beneficiarios de esta pensión y no existe constancia de la atención efectuada o respaldo de algún trámite solicitado por el recurrente el 14 de julio en las oficinas de la recurrida.

Continúa señalando que de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 1° del DL 3.500, la regla general es que los fondos previsionales se deben destinar al pago de pensiones y sólo por excepción, los saldos incrementan la masa hereditaria del afiliado.

La Ley protege en primer lugar a quienes son o pueden llegar a ser beneficiarios de pensión y sólo en el momento de tener certeza que no existen beneficiarios de pensión ni personas que pudieran adquirir tal calidad y por lo tanto exigir derecho a pensión, podrán pagarse los fondos a los herederos.

La única excepción está contenida en el artículo 12 de la norma, que establece una incompatibilidad entre las pensiones de dicho cuerpo legal y las amparadas por alguna disposición legal que contemple la protección contra riesgos de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, como lo es la ley 16.744, que no aplica en la especie El inciso final del artículo 66 dispone: “Si no quedaren beneficiarios de pensión de sobrevivencia, el saldo remanente en la cuenta de capitalización individual del afiliado, incrementará la masa de bienes del difunto”.

Esta disposición constituye una excepción a la regla general, por cuanto los fondos acumulados en el sistema de capitalización individual, se deben destinar al financiamiento de pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia.

Destaca que el certificado de saldo que se emite para efectos de Herencia, y con el cual se debe inventariar el saldo en la posesión efectiva respectiva, es de carácter especial, está regulado por la normativa y considera el valor de los fondos a la fecha del fallecimiento del causante. En dicho Certificado, consta expresamente que los fondos previsionales se pagarán como herencia sólo si no existen beneficiarios de pensión de sobrevivencia.

En este caso, la AFP no ha entregado ningún Certificado de Herencia al cónyuge o a los hijos de la afiliada fallecida, precisamente porque habiendo beneficiarios de pensión, no existe herencia y el saldo de la cuenta debe destinarse a financiar las pensiones de sobrevivencia.

Es así como se establece en la normativa, ya que el artículo 94 N° 3, DL 3.500, establece que la entidad encargada de fijar la interpretación de la legislación y reglamentación del sistema, con carácter obligatorio para las Administradoras es la Superintendencia de Pensiones.

Concordante con lo anterior, la Superintendencia ha dictado normas que regulan los trámites que deben realizarse previo al pago de una herencia y que se encuentran comprendidas en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. En el Libro III, Título I, Letra E Pensión de Sobrevivencia, Capítulo I. Causada por un afiliado activo 1. Beneficiarios, del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones se indica:

“Serán beneficiarios de pensión de sobrevivencia los componentes del grupo familiar del causante, entendiéndose por tal, él o la cónyuge o conviviente civil sobreviviente, los hijos del causante, la madre o el padre de los hijos de filiación no matrimonial del causante y los padres del causante que cumplan las condiciones que a continuación se señalan….. 2. Requisitos “a) El o la cónyuge sobreviviente debe haber contraído matrimonio con el causante a lo menos con seis meses de anterioridad a la fecha de su fallecimiento o 3 años, si el matrimonio se verificó siendo el causante pensionado por vejez o invalidez. Por su parte, el o la conviviente civil sobreviviente, debe haber suscrito un acuerdo de unión civil que se encuentre vigente al momento del fallecimiento del causante, a lo menos con un año de anterioridad a la fecha de dicho fallecimiento. Estas limitaciones no se aplicarán si quedaren hijos comunes o en el caso de una cónyuge o conviviente civil que se encontrare embarazada. El cónyuge y el padre de hijos de filiación no matrimonial sólo tendrán derecho a pensión de sobrevivencia en la medida que el fallecimiento ocurra a contar del 1° de octubre de 2008. Tratándose de una afiliada pensionada, además deberá haber obtenido su pensión a contar de dicha fecha.”

En consecuencia, las Administradoras no pueden realizar el pago de una herencia si existen beneficiarios de pensión de sobrevivencia.

En conclusión entonces, no existe ninguna interpretación arbitraria ni menos antojadiza de su parte, toda vez que su proceder se ha ajustado en todo momento a la Ley y a las normas de la Superintendencia de Pensiones, más aun considerando que las prestaciones de Seguridad Social son derechos personalísimos, y en consecuencia, son inalienables, intransmisibles e irrenunciables, sin perjuicio de que nadie puede ser obligado a ejercerlos de manera tal, que el cónyuge recurrente, no puede renunciar a su derecho a pensión de sobrevivencia.

Entonces, si se aceptara la entrega total o parcial de los fondos previsionales por una causa o razón distinta a las contenidas en la Ley, se actuaría contraviniendo la ley y el financiamiento de los beneficios y estos mismos se harían totalmente ilusorios, desnaturalizándose el sistema previsional, para establecer un sistema personal de ahorro de libre disposición, que no protegería ni aseguraría a los trabajadores activos o pasivos ni a sus beneficiarios de pensión en los estados de necesidad que la Seguridad Social Chilena garantiza a los chilenos por mandato constitucional.

Solicita en concreto rechazar en todas sus partes el recurso, con expresa condenación en costas.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

Conforme a su naturaleza y claro objetivo, no genera, en sentido técnico, un juicio ni se persigue con su interposición establecer la responsabilidad civil, penal, infraccional o administrativa del ofensor. Por tanto, no se concibe respecto de una contienda civil entre partes ni da origen a un proceso penal o administrativo, es decir, no se aplica para discutir cuestiones de lato conocimiento respecto de las cuales el legislador ha establecido los procedimientos idóneos para que sean debatidas y resueltas.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos:

a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que el hecho sustancial que motiva el presente recurso, correspondería a la negativa injustificada de la recurrida para entregarle al actor el certificado de saldos de su cónyuge fallecida, con la finalidad de incorporarlos a la ampliación de su posesión efectiva.

CUARTO: Que previo a analizar los presupuestos de fondo de la acción intentada, es necesario establecer que el recurrente afirma haber concurrido el día 14 de julio a las dependencias de la AFP recurrida, en donde no le habrían entregado la información o el documento solicitado, sin embargo, no existe antecedente alguno que demuestre aquello, más aun considerando que la recurrida señala no existir registro alguno de dicha solicitud. Es así que conforme se alegó por la AFP, el recurso ha sido interpuesto extemporáneamente, toda vez que la normativa que regula la entrega de las pensiones de sobrevivencia y los saldos del afiliado fallecido como herencia datan desde el año 1981, de manera tal que, por una parte, no puede alegarse desconocimiento de aquellas en virtud del principio general de conocimiento de la ley establecido en el artículo 9 del Código Civil, y por otra, no resulta procedente la creación del plazo legal para la interposición del recurso con los meros dichos del recurrente, especialmente cuando estos son discutidos, de manera tal, que se concluye que la presente acción se encuentra interpuesta extemporáneamente de acuerdo a lo establecido en el numeral 1° del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección.

QUINTO: Que no obstante lo anterior, y de conformidad con el principio de inexcusabilidad que rige a los Tribunales de Justicia establecido en los artículos 76 de nuestra Constitución Política y 10 del Código Orgánico de Tribunales, esta Corte se pronunciará respecto del fondo del asunto.

SEXTO: Que de la normativa que rige la materia, resulta necesario destacar el artículo 66 del DL 3.500 que regula la entrega de los beneficios a los titulares de pensiones de sobrevivencia, y que en lo pertinente, en su inciso final dispone: “Si no quedaren beneficiarios de pensión de sobrevivencia, el saldo remanente en la cuenta de capitalización individual del afiliado incrementará la masa de bienes del difunto”.

Asimismo, el artículo 94 N° 3, DL 3.500, establece que la entidad encargada de fijar la interpretación de la legislación y reglamentación del Sistema, con carácter obligatorio para las Administradoras es la Superintendencia de Pensiones.

En relación con lo anterior, en el compendio de normas de la Superintendencia de Pensiones, en cumplimiento de este mandato legal en el Libro III, Título I, Letra e) del compendio de normas del sistema de pensiones establece a los beneficiarios de la pensión de sobrevivencia en los siguientes términos: “1. Beneficiarios: Serán beneficiarios de pensión de sobrevivencia los componentes del grupo familiar del causante, entendiéndose por tal, él o la cónyuge o conviviente civil sobreviviente, los hijos del causante, la madre o el padre de los hijos de filiación no matrimonial del causante y los padres del causante que cumplan las condiciones que a continuación se señalan...”

SEPTIMO: En conclusión, como se advierte de la normativa expuesta, el recurrente es beneficiario de pensión de sobrevivencia, por lo que no corresponde incluir los saldos de capitalización de la cuenta de su cónyuge fallecida a la masa hereditaria, siendo incluso, esto perjudicial y atentatorio de su derecho de propiedad y de seguridad social, ya que, en el caso de entregárselos como herencia, de ser el único titular de dichos fondos, pasaría a compartirlos con el resto de la masa hereditaria. En consecuencia, no resulta arbitraria ni ilegal la negativa de entrega por parte de la recurrida del certificado de saldos de fondos de pensiones de su cónyuge fallecida, cuya obtención, por la vía de este recurso se pretende.

Por estas consideraciones, y teniendo presente lo dispuesto por el artículo 19 N° 24 y 20 de la Constitución Política del Estado, y por el auto acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo de esta clase de recursos, de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, se declara:

QUE SE RECHAZA con costas, el recurso de protección presentado por Robinson Quelín Álvarez, en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A., representada por nombre reservado.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción Ministra Srta. San Martín.

ROL PROTECCIÓN 1420-2020.