nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD PUERTO NATALES

Punta Arenas, a diez de mayo de dos mil veintiuno.

Vistos:

Con fecha 25 de marzo pasado, folio 1, compareció don Francisco Cárdenas Mansilla, abogado, en representación de don nombre reservado, casado, ingeniero en ejecución industrial, quien interpuso recurso de protección en contra de la I. Municipalidad de Natales, Corporación Autónoma de Derecho Público, con domicilio en domicilio reservado, legalmente representada por su alcalde, don Fernando Paredes Mansilla, o quien legalmente le subrogue.

Solicita que se deje sin efecto el Decreto Alcaldicio N° 315 de 24 de febrero de 2021; que se comunique la resolución que deja sin efecto el señalado Decreto, por los medios pertinentes y más expeditos, al Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica chilena y a la Compañía de Seguros MAPFRE; que se ordene paralizar y dejar sin efecto los trámites tendientes al pago de la Póliza de Seguro de Caución de Cumplimiento de Contrato en General y de Pago al Primer Requerimiento N° 330-20-00028083; y que se arbitren por la Corte todas las medidas pertinentes al tenor del recurso para reestablecer el imperio del Derecho.

Relata que el día 12 de abril de 2018, mediante Decreto N° 507, dictado por el Sr. Alcalde de la I. Municipalidad de Natales, se aprobó el llamado a Licitación Pública N° 08/2018, para la ejecución del proyecto denominado “Ampliación y Mejoramiento Gimnasio Natales”, así como las Bases Administrativas Generales destinadas a reglamentar este llamado. Luego, por Decreto N° 1.122 de 3 de agosto de 2018, el alcalde de la Municipalidad recurrida adjudicó a suma alzada esta licitación al oferente y recurrente nombre reservado.

En mérito de lo anterior, con fecha 13 de agosto de 2018, se celebró el respectivo contrato de ejecución, ampliación y mejoramiento del Gimnasio de Natales, entre la I. Municipalidad recurrida, y el contratista recurrente. El día 24 de septiembre de 2018, se levantó Acta de Entrega de Terreno donde se ejecutaría la obra, suscrita por el Contratista y la Inspectora Técnica de la Obra (ITO) Titular, doña nombre reservado.

Expone que el día 21 de noviembre de 2019, el contratista solicitó a la ITO la recepción provisoria de la obra, por lo cual mediante Decreto N° 1.850, de 29 de noviembre de 2019, se designó a la respectiva Comisión Receptora. Posteriormente, el día 23 de diciembre de 2019, se suscribió el Acta de Observaciones “Ampliación y Mejoramiento Gimnasio Natales”, suscrito por doña nombre reservado y por don nombre reservado, Jefe de SECPLAN, la que deja constancia que antes de la recepción provisoria debían subsanarse ciertos aspectos menores de la ejecución de la obra, lo que se habría verificado. Por lo que el día 14 de febrero de 2020, se suscribió el Acta de Recepción Provisoria por doña nombre reservado, Directora de Obras Municipales y don nombre reservado, Jefe de SECPLAN.

Acusa que con fecha 23 de julio de 2020, cinco meses después de la suscripción del Acta de Recepción Provisoria, por Decreto N° 1.018 se dio inicio de oficio, por parte de la I. Municipalidad de Natales, a un procedimiento de invalidación del Acta de Recepción Provisoria ya citada. El día 17 de agosto de 2020, el recurrente solicitó el rechazo de dicho procedimiento y pidió recibir a prueba; término probatorio que no llegó a su fin y no pudieron rendir la prueba que respalda la defensa del recurrente.

Agrega que el día 12 de noviembre de 2020, la Municipalidad recurrida, a través de su Administrador Municipal, generó una suerte de procedimiento extrajudicial cuyo objetivo fue adjuntar al recurrente antecedentes de “auditoría interna”, con el objeto de ver la forma de solucionar el problema existente. Se efectuó una audiencia por la plataforma Zoom donde participó inicialmente el propio ITO que ahora genera el presente procedimiento, en la que el recurrente dio una respuesta completa y, aún sin reconocer infracciones de ninguna especie, estuvo dispuesto a dar algunas colaboraciones. Procedimiento que se concluyó de forma abrupta.

Ello, porque el día 11 de enero de 2021, por Decreto N° 36, la recurrida se desistió del Procedimiento de Invalidación del Acta de Recepción Provisoria y tres días después, el 14 de enero, el ITO nombre reservado notificó al recurrente de supuestas infracciones cometidas en el proyecto, señalando que no estaba terminada la obra. El día 19 del mismo mes, el recurrente presentó sus descargos a las infracciones imputadas, controvirtiéndolas.

Continúa relatando que el día 24 de febrero del año en curso, se emitió el Decreto Alcaldicio N° 315, notificado a su parte al día siguiente, por medio del cual dispuso el término anticipado al contrato de ejecución “Ampliación y Mejoramiento Gimnasio Natales” e hizo efectiva la garantía de correcta ejecución de la obra descrita. En contra de esta decisión, se presentó recurso de reposición, el día 9 de marzo de 2021, el que fue resuelto por Decreto Alcaldicio N° 399 notificado el día 17 de marzo del año en curso, rechazándolo.

A su vez, el día 11 de marzo de 2021, el recurrente recibió un correo electrónico de MAPFRE Seguros, por el que se le informa que el Gobierno Regional, en calidad de asegurado, denunció el siniestro el día 9 de marzo y pidió hacer efectiva la póliza de seguro, basado en el Decreto Alcaldicio N° 315. Se le comunicó al recurrente que la compañía de seguros procedería al pago del monto asegurado (3.200 unidades de fomento), en el plazo de 30 días, solicitándole que restituyera los fondos comprometidos dentro de los diez días siguientes a la fecha del correo.

Refiere que, de la sucesión de los eventos ya descritos, se configuró un escenario gravoso, injusto, ilegal y arbitrario, que ha dejado a su representado en un escenario de vulnerabilidad jurídica y patrimonial que debe ser reparada ya que las consecuencias agravian sin sustento sus derechos.

Añade que el contrato de ejecución de obra presentó desde un principio problemas derivados de la deficiente planificación y proyección técnica por la recurrida, quien a su vez encargó a una empresa de Santiago la elaboración de las especificaciones técnicas del proyecto. Ello redundó en que la obra tuvo que ser objeto de modificaciones respecto a lo originalmente proyectado, aumentando y disminuyendo partidas, además de la ejecución de obras extraordinarias que no habían sido contempladas, realizando obras más costosas y de mayor envergadura que las contempladas originalmente, lo que se hizo con autorización y acuerdo de la Unidad Técnica de la Obra (Dirección de Obras Municipales) además de la ITO, nombre reservado. Así, continúa, la obra fue ejecutada cumpliendo con los estándares de calidad correspondiente, como lo corrobora el Acta de Recepción Provisoria de la obra.

Expresa que la obra cuenta con Recepción Definitiva de Edificación, MINVU, otorgada el día 6 de marzo de 2020, cuyo documento fue remitido por parte de la Directora de Obras Municipales de Puerto Natales, nombre reservado, al Jefe de la División de Presupuesto e Inversión Regional del Gobierno Regional de Magallanes.

Señala que el Decreto Alcaldicio N° 315, de 24 de febrero de 2021, se dictó en forma arbitraria, ya que su parte no tuvo la posibilidad de rendir pruebas. Incluso, cuando la recurrida se desistió del Procedimiento de Invalidación del Acta de Recepción Provisoria para pasar a un nuevo Procedimiento de Término Anticipado de Contrato, en el que no se le permitió rendir prueba o aportar los antecedentes para arribar a un acto terminal fundado.

En razón de todo lo anterior, estima vulnerada la garantía constitucional contemplada en el artículo 19, N° 3, inciso sexto, de la Constitución Política del Estado, el artículo 10 de la Ley N° 19.880; además de los artículos 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículo 8.1 de la Convención Americana de Derecho Humanos, en cuanto a que se desarrolló un procedimiento sancionatorio ilegal, contraviniendo una garantía básica del Estado, como es el derecho a rendir prueba, el que debe subyacer en los actos administrativos de carácter sancionatorio por parte del Estado.

Como consecuencia de la dictación del acto impugnado, se ha puesto en marcha los trámites tendientes a hacer efectiva la póliza de Seguro que cauciona este contrato, por la suma de 3.200 unidades de fomento, además de encontrarse retenidos los dos últimos estados de pago al contratista y recurrente, que en total ascenderían a $ 169.459.382.

Además, estima vulnerada la garantía contemplada en el artículo 19, N° 16 de la Carta Fundamental, libertad de trabajo, libre contratación y elección, ya que el acto impugnado dispuso evaluación del oferente en futuras licitaciones y la publicación del mismo en el Sistema de Compras Públicas, por lo que sería castigado en futuros procesos de licitación de obras, impidiendo que participe de forma igualitaria en licitaciones de su rubro.

El acto en contra del cual se recurre, afectaría la garantía contemplada en el artículo 19, N° 24 de la Constitución Política de la República, derecho de propiedad del recurrente, en cuanto a recibir el pago por la ejecución de las obras contratadas que emanan de un contrato válidamente celebrado entre las partes, que no se ha respetado, por la retención de los dos últimos estados de pago, ascendentes a $ 169.459.382, sin perjuicio del inicio el procedimiento para hacer efectiva la garantía de correcta ejecución de la obra contratada.

Acompañó a su presentación Contrato de Ejecución Ampliación y Mejoramiento Gimnasio Natales y otros documentos del mismo proyecto: Bases Administrativas Genérales; Acta de Recepción Provisoria; Decreto Alcaldicio N° 1.018, de 23 de julio de 2020, que inicia procedimiento de invalidación de Acta de la Recepción Provisoria; Decreto Alcaldicio N° 36, de 11 de enero de 2021, desiste prosecución de dicho procedimiento y Decreto Alcaldicio N° 315, de 24 de febrero de 2021, dispone término anticipado del Contrato de Ejecución de Obra.

El día 12 de abril pasado, folio 5, doña Paula Martínez Paillaman, abogada, en representación de la I. Municipalidad de Natales, informó al tenor del recurso de protección interpuesto.

Expresa que el día 8 de marzo de 2018, mediante Resolución Exenta (DAC) Nº 32, se aprobó el mandato completo e irrevocable suscrito entre el Servicio de Gobierno Regional de Magallanes y Antártica chilena y la I. Municipalidad de Natales, para la ejecución del proyecto de inversión denominado “Ampliación y Mejoramiento Gimnasio Natales”, Código BIP Nº RUT reservado. Posteriormente y después de efectuado el correspondiente proceso licitatorio, con fecha 8 de agosto de 2018, a través del Decreto Alcaldicio Nº 1.122, se adjudicó la licitación al oferente nombre reservado, con un plazo original de ejecución de 288 días corridos, y por un monto a suma alzada de $ 1.732.609.600.

Expone que durante la ejecución de la obra se produjeron diversos hechos que marcaron su desarrollo y que terminó con la dictación del Decreto Alcaldicio N° 315, de 24 de febrero del año en curso, por el cual se dispuso el término anticipado del citado Contrato de Ejecución de Obra.

Relata que el día 13 de agosto de 2018, se celebró el citado contrato entre la I. Municipalidad de Natales y la Empresa nombre reservado y que el día 14 de febrero de 2020, se suscribió el Acta de Recepción Provisoria de esta obra. Sin embargo, por Decreto Alcaldicio N° 881 de 15 de junio de 2020, se instruyó una acción disciplinaria para investigar eventuales irregularidades en esta licitación pública. Por Decreto Alcaldicio N° 969, de 10 de julio de 2020 se designó Inspector Técnica de la Obra a nombre reservado, profesional de la Dirección de Obras, quien constata que existen una serie de irregularidades e ilegalidades en la ejecución de la misma, lo cual plasmó en un informe técnico de fecha 23 de Julio de 2020, que dio cuenta de diversas irregularidades: no se ejecutó el total de partidas establecidas en las bases administrativas generales y Especificaciones Técnicas del proyecto; existencia de partidas pagadas que no cumplen lo especificado en los documentos recién mencionados; existencia de partidas pagadas, que no fueron ejecutadas y de partidas pagadas en exceso; y realización de modificaciones, sin sujeción a lo dispuesto en las Bases Administrativas Generales que rigen el contrato.

Asimismo, el mandante del proyecto, Servicio de Gobierno Regional de Magallanes y Antártica chilena, mediante Of. Ord. (DPIR) Nº 736 de 15 de julio de 2020, remitido por el Señor Intendente Regional al municipio recurrido solicitó, entre otras cosas, revocar la recepción provisoria de la obra o dar término anticipado del contrato antes referido. Conforme con ello, se dio inicio a un procedimiento de invalidación del acta de recepción provisoria de 14 de febrero de 2020.

Añade que, por diversas circunstancias, como la excesiva dilación de dicho procedimiento debido a las reiteradas solicitudes del contratista en orden a suspender el inicio del término probatorio, así como las medidas dispuestas por la autoridad sanitaria en contexto de pandemia por virus Covid-19, mediante Decreto Alcaldicio Nº 36, de 11 de enero de 2021, se dispuso el desistimiento del antes mencionado procedimiento de invalidación del acta de recepción provisoria.

Por otro lado, por Decreto N° 19, de 7 de enero del año en curso, se dio término al sumario administrativo instruido a fin de determinar responsabilidades administrativas en relación a las irregularidades en esta licitación, constatándose la efectividad de la existencia de partidas no ejecutadas, pagadas en exceso y diversas modificaciones en la obra, lo que motivó – entre otras medidas disciplinarias - la suspensión del empleo de la ITO de la obra, nombre reservado, por 30 días y la remisión de los antecedentes a la Fiscalía Regional de esta Región, por oficio N° 82, de 15 de enero del presente año.

Luego, por Acta de Inspección de este proyecto, efectuada por la ITO el día 13 de enero de 2021, se dio inicio al procedimiento de término anticipado de contrato, conforme a lo establecido en el artículo 63 de las Bases Administrativas Generales del Proyecto, por diversas infracciones ya señaladas.

Añade que el día 19 de enero siguiente se recibieron los descargos del recurrente, argumentos que fueron desechados en base a la normativa legal que rigió el contrato de ejecución de obra pública, dictámenes de Contraloría General de la República y diversos fallos de Tribunales Superiores de Justicia, de lo que da cuenta el Decreto N° 315, de 24 de febrero de 2021. En contra de esta decisión, el recurrente presentó recurso de reposición, resuelto por Decreto Alcaldicio N° 399 de 16 de marzo de 2021, que lo rechazó.

Más adelante, expone antecedentes relativos al Convenio – Mandato suscrito entre el Municipio que representa y el Servicio de Gobierno Regional de Magallanes para la ejecución de la obra, tales como el rol o función que le correspondía a ambas partes de este convenio, en especial la responsabilidad que asumió la I. Municipalidad como Unidad Técnica de la Obra, para finalmente evidenciar que fue el mandante del Convenio quien instruyó la adopción de las medidas que dispuso la recurrida y que son objeto del presente recurso, destacando que el Municipio se limitó a dar estricto cumplimiento a lo mandatado por el Gobierno Regional ante los diversos incumplimientos del contratista.

Indica que éste presentó a pago los trabajos mediante 11 estados de pago, que según el contrato podían ser fraccionados de acuerdo al avance de las obras, considerados como abonos para obras ejecutadas. Se observó que el contratista cobró partidas que no habían sido realizadas, las que fueron pagadas, de acuerdo al porcentaje de avance informado por él. Se observó, además, que se le pagó partidas que superaban el presupuesto por ítem, que redundó en que con posterioridad se autorizaran partidas que ya estaban pagadas en su totalidad, pago en exceso por un total de $ 156.462.765, vulnerando la sujeción estricta a las bases.

Expresa que el proyecto presenta modificaciones de estructura cuyo antecedente es un informe de un ingeniero civil distinto del que patrocinó el proyecto, sin contar con la autorización del profesional autor del proyecto como corresponde. Existen modificaciones, además, a los proyectos de calefacción, electricidad, gas, corrientes débiles, las que no están autorizadas por el Gobierno Regional y no se ajustan a lo señalado en las bases, lo que también constituye una vulneración al principio de estricta sujeción a las bases.

En lo que respecta específicamente al término anticipado del contrato, los artículos 13, letra b) de la Ley Nº 19.886 y 77, N°2 de su Reglamento, permiten el término unilateral del contrato, lo que se encuentra dentro de las potestades exorbitantes de la administración y que son aplicables conforme al artículo 5 de las Bases Administrativas Generales que rigen el contrato.

Conforme los lineamientos de la Contraloría General de República, la causal denominada “caducidad o resolución del contrato por incumplimiento grave del contratista” es de resorte de la administración la evaluación del incumplimiento; además, la administración debe especificar las situaciones constitutivas del incumplimiento del contratante; el acto que ponga término anticipado al contrato debe ser fundado, todo lo que se ha cumplido por la entidad recurrida mediante la dictación del Decreto Alcaldicio N° 315, de 24 de febrero de 2021.

Argumenta que el presente recurso es improcedente, desde que tiene como fundamento un contrato de ejecución de obra, que contiene cláusulas que obligan a las partes contratantes, obligaciones recíprocas que no se condicen con la naturaleza y características especiales del recurso de protección, cuyo objetivo trascendente se encuentra en la necesidad de dar curso a diligencias breves y sumarias a fin de restablecer el imperio del derecho, en cuanto se han vulnerado derechos constitucionales claramente delimitadas en derechos “indubitados”, lo cual no resultaría ser el caso, de tal forma que en su concepto la acción cautelar no es la vía idónea para resolver el desacuerdo de las partes, en cuanto al cumplimiento o incumplimiento, total o parcial, de un contrato, o si el cobro de las garantías otorgadas se encuentran amparadas o no por la ley del contrato firmado, evidenciándose la necesidad de otro procedimiento que no tenga las características de un procedimiento breve y concentrado.

Niega la existencia de un acto arbitrario e ilegal en la aplicación de la Ley N° 19.886 y su reglamento, como en los contratos que rigen las obras a que se refiere la presente acción que signifique privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías reclamadas por el recurrente.

Por último, informa que la garantía se hizo efectiva conforme a lo dispuesto en las Bases Administrativas de la Licitación, que garantizaba la buena ejecución de la obra, estabilidad y calidad de los trabajos ejecutados, a lo que no se dio cumplimiento, según lo informado por el ITO de la obra y el mérito del procedimiento de término anticipado del contrato.

Acompañó a su informe un legajo de veintiséis documentos relacionados con este contrato, gran parte de los cuales ha citado a lo largo de su relato.

Considerando:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción en un procedimiento breve y concentrado, sin forma de juicio, de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Segundo: Que la presente acción constitucional se sustenta en el hecho que don nombre reservado acusó que la I. Municipalidad de Natales dictó el Decreto Alcaldicio N° 315, de 24 de febrero de 2021, por la cual puso término anticipado al contrato de ejecución de obra “Ampliación y Mejoramiento Gimnasio Natales”, por presunto incumplimiento grave de las obligaciones del contrato e interés público, por el cual además se hizo efectiva la garantía de correcta ejecución de la obra tomada en MAPFRE Seguros N° 330-20-000280-083 a favor del mandante Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, por la suma de 3.200 unidades de fomento. Se ordenó en dicho acto, además, considerar el término anticipado de contrato de conformidad a lo establecido en el artículo 70 de las Bases Administrativas, la evaluación del oferente en las futuras licitaciones y ordenó la publicación del mismo en el Sistema de Compras Públicas.

El referido acto, a juicio del recurrente, sería ilegal y arbitrario, afectando las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19, N° 3, inciso sexto, N° 16 y N° 24 de la Constitución Política de la República.

Al informar, la parte recurrida alega que todas sus actuaciones se llevaron a cabo con estricto cumplimiento de la normativa que rige la materia y ajustándose en todo momento a lo establecido en las respectivas bases de licitación.

Tercero: Que son hechos no discutidos y pertinentes a la presente acción cautelar, los siguientes:

1.- Que, por Resolución Exenta (DAC) Nº 32, de fecha 8 de marzo de 2018, se aprobó Mandato Completo e Irrevocable suscrito entre el Servicio de Gobierno Regional de Magallanes y Antártica chilena y la I. Municipalidad de Natales, para la ejecución del proyecto de inversión denominado “Ampliación y Mejoramiento Gimnasio Natales”, Código BIP Nº RUT reservado.

2.- Que, por Decreto N° 507, de fecha 12 de abril de 2018, de la I. Municipalidad de Natales se aprobó llamado a Licitación Pública N° 08/2018, para la ejecución del proyecto recién citado.

3.- Que, por Decreto N° 1.122, de fecha 3 de agosto de 2018, de la I. Municipalidad de Natales, se adjudicó a suma alzada esta licitación al oferente y recurrente don nombre reservado.

4.- Que, con fecha 13 de agosto de 2018, se celebró el respectivo contrato de ejecución, ampliación y mejoramiento del Gimnasio de Natales, entre la I. Municipalidad recurrida y el contratista recurrente.

5.- Que, por Decreto N° 1.850, de fecha 29 de noviembre de 2019, de la I. Municipalidad de Natales, se designó a la Comisión Receptora de la Obra, lo que había sido solicitado por el contratista con fecha 21 del mismo mes y año.

6.- Que, con fecha 14 de febrero de 2020, se suscribió el Acta de Recepción Provisoria por parte de doña nombre reservado, Directora de Obras Municipales y por don nombre reservado, Jefe de la Secretaría Comunal de Planificación.

7.- Que, por Decreto N° 969, de fecha 10 de julio de 2020, de la I. Municipalidad de Natales, se designó como Inspector Técnico de la Obra (ITO), al profesional de la Dirección de Obras Municipales, don nombre reservado, en reemplazo de la Jefa de la citada Dirección, doña nombre reservado.

8.- Que, por Decreto N° 1.018, de fecha 23 de julio de 2020, de la I. Municipalidad de Natales, se dio inicio de oficio a un procedimiento de invalidación del Acta de Recepción Provisoria.

9.- Que, por Decreto N° 36, de fecha 11 de enero de 2021, de la I. Municipalidad de Natales, ésta se desistió del Procedimiento de Invalidación del Acta de Recepción Provisoria.

10.- Que, por Decreto N° 315, de fecha 24 de febrero de 2021, se dispuso el término anticipado del contrato de ejecución de obra “Ampliación y Mejoramiento Gimnasio Natales” e hizo efectiva la garantía de correcta ejecución de la obra descrita.

11.- Que, por Decreto N° 399, de fecha 17 de marzo de 2021, de la I. Municipalidad de Natales, fue rechazado el recurso de reposición, interpuesto por el contratista con fecha 9 de marzo de 2021, en contra del acto citado en el punto anterior.

Cuarto: Que la presente acción cautelar de derechos constitucionales constituye un arbitrio destinado a otorgar protección a determinadas garantías que se encuentren indubitadas, es decir, no discutidas, lo que no ocurre en la especie.

En efecto, de acuerdo a lo expuesto es posible advertir que el recurrente funda su recurso en la circunstancia de considerar que cumplió satisfactoriamente con todas las obligaciones que le imponía el contrato de obra que celebró con la I. Municipalidad de Natales y que concluyó y entregó dicha obra, en virtud de lo cual ésta procedió a la recepción provisoria de la misma, formulando algunos reparos menores que fueron posteriormente subsanados.

Sin embargo, la recurrida estima que esto no fue así, que producto de algunas inspecciones técnicas se detectó numerosas irregularidades en su ejecución, por lo que instruyó una acción disciplinaria para determinar responsabilidades administrativas respecto de la recepción provisoria, luego dio inicio a un procedimiento de invalidación de ese acto administrativo, para finalmente disponer el término anticipado del contrato, desistiéndose del procedimiento de invalidación y haciendo efectiva la garantía de correcta ejecución de la obra, ascendente a 3.200 Unidades de Fomento.

La sola enunciación de todos los antecedentes y argumentos que han aportado ambas partes, evidencian que su adecuada resolución sólo es posible a través de un juicio de lato conocimiento y no en un procedimiento breve, sin término de prueba y sin forma de juicio, como lo es el presente recurso de protección que se ha interpuesto. Aun cuando eventualmente fuese efectivo que el Municipio recurrido haya afectado en forma arbitraria e ilegal los derechos del recurrente según éste lo denuncia, al enmarcarse su actuar en el contexto de un contrato de obras, es imprescindible entrar al análisis detallado de todos los antecedentes de ese contrato, especialmente de los medios de prueba de que dispongan las partes para sostener sus respectivas versiones, lo que no es posible en el marco de la presente acción cautelar.

Quinto: En consecuencia, el recurrente no ha logrado establecer con los antecedentes que aportó, la existencia de un derecho indubitado que lo habilite para reclamar por la presente vía constitucional, en términos que hagan necesaria la adopción de una urgente medida cautelar, razón por la cual deberá ser desestimada la acción que entabló, sin perjuicio de las que pueda deducir en el procedimiento que corresponda.

​​Por las consideraciones expuestas, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don Francisco Cárdenas Mansilla en representación convencional de don nombre reservado, en contra de la I. Municipalidad de Natales, legalmente representada por su Alcalde, don Fernando Paredes Mansilla.

Redactada por el Abogado Integrante don Rolando Lizana Hartgen.

Regístrese, comuníquese, y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección N° 137-2021.