Protección contra SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

nombre reservado, nueve de abril de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Que comparece nombre reservado, chofer, domiciliada en domicilio reservado, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, y deduce recurso de protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO), representada legalmente por doña nombre reservado, en razón del acto que señala como ilegal y arbitrario, consistente en la Resolución Exenta NUM000, de fecha 20 de febrero de 2026, que confirmó el rechazo de la licencia médica NUM001, extendida por un total de 30 días a contar del 03 de agosto de 2025, alegando vulneración a las garantías establecidas en el artículo 19 N°1 y 24 de la Constitución Política de la República.

Señala que se desempeña como conductora de buses de transporte de pasajeros, labor que exige plena movilidad de la rodilla, con flexión y extensión completa, lo que actualmente le resulta imposible debido a las limitaciones funcionales propias de su diagnóstico. Indica que, por indicación médica, debió hacer uso de licencias médicas para separarse del campo laboral, permitiendo el reposo y la recuperación de la lesión, habiéndosele indicado tratamiento oral con AINEs, paracetamol, tramadol y pregabalina, además de kinesioterapia motora. Afirma que la resolución impugnada confirma el rechazo de la licencia médica NUM001, extendida por un total de 30 días a contar del 03 de agosto de 2025, argumentando que los antecedentes médicos y administrativos no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá del reposo continuo autorizado desde el 11 de junio de 2024.

Destaca que la SUSESO rechazó el recurso de reposición a pesar de los nuevos antecedentes presentados, consistentes en un informe médico del Dr. nombre reservado, especialista en Ortopedia y Traumatología, de 01 de diciembre de 2025, que certifica limitación funcional con flexión y extensión subtotal, imposibilidad transitoria de retomar labores como conductora, indicación de continuar kinesioterapia motora más analgesia oral, y estudio para eventual manejo quirúrgico, señalando expresamente que el reposo cumplía un rol terapéutico, lo que se corrobora con la RMN de 11 de junio de 2025 en cuanto al diagnóstico de “meniscopatía medial asociada a bursitis de la pata de ganso y hoffitis de rodilla izquierda” y que evidencia desgarro multifisurado del cuerno posterior del menisco medial, lesión ósea geográfica en cóndilo femoral medial, moderada sinovitis, leve derrame articular, condromalacia GIIb con componente GIII patelofemoral y pinzamiento focal de la grasa de Hoffa.

Agrega que también acompañó ficha de evaluación kinesiológica emitida por la kinesióloga nombre reservado, de fecha 05 de diciembre de 2025, que detalla la terapia en curso, uso de bastón, edema y limitaciones funcionales persistentes que la mantienen no apta para conducir.

Sostiene que la Resolución Exenta NUM000 impugnada confirmó el rechazo de la licencia médica por reposo no justificado con fundamentos genéricos e idénticos a los anteriores, sin mencionar, analizar ni rebatir los informes del Dr. nombre reservado ni de la kinesióloga nombre reservado, pese a haber sido presentados expresamente en la reposición.

Señala que la decisión de rechazo carece de fundamento y que no consta que el referido órgano haya accedido a algún análisis o examen del estado de salud de la recurrente, toda vez que la COMPIN no ejecutó las acciones que prescribe el artículo 21 y 16 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas, Decreto Supremo N°3 de 1984.

En cuanto a las garantías vulneradas, sostiene que el acto recurrido afecta el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica y el derecho de propiedad de la recurrente, protegidos en el numeral 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pues el rechazo de la licencia médica impacta severamente en la salud de la recurrente al no poder tomar los descansos necesarios para recuperar su estado de salud, exponiéndose al desempeño de las funciones de su trabajo (chofer), además de afectar su patrimonio al impedirle acceder al subsidio por enfermedad, razón por la cual el recurso debe ser acogido Por lo expuesto pide que se ordene a la recurrida, acoger a pago las licencias médicas y que las deudas existentes sean pagadas con intereses y reajustes legales.

Que informa el recurso ROMINA ANDREA UGALDE RAÑILEO, abogada, en representación de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, pidiendo que se rechace el recurso.

Señala, como cuestión previa, que la presente acción de protección es improcedente, por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, garantía que no se encuentra amparada por la acción cautelar interpuesta.

Indica, en subsidio, que la actuación de la Superintendencia de Seguridad Social se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales y legales que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras.

En las justificaciones médico -administrativas, cita lo dispuesto en la RESOLUCIÓN EXENTA NUM002 de 30 noviembre de 2025 y mediante el cual se confirmó lo resuelto por la COMPIN REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA, en orden de mantener el rechazo de la licencia médica NUM001, extendida por un total de 30 días a contar del 03 de agosto de 2025, por reposo no justificado y la RESOLUCIÓN EXENTA NUM00 de 20 de febrero de 2026, que mantuvo el rechazo, indicando: “Que, los antecedentes médicos adjuntos no indican evolución y limitación funcional que provoquen las lesiones descritas en la licencia médica antes individualizada. El informe adjunto no indica evolución, limitaciones ni pronóstico de la patología aludida. Tampoco se acreditan sesiones de kinesioterapia por el diagnóstico, ni otros antecedentes que permitan a este ente fiscalizador formarse convicción sobre la pertinencia del reposo aquí reclamado.”

Cita los informes médicos de 23 de noviembre de 2025 y 10 de febrero de 2026, y señala que, en el caso de autos, se trata de una trabajadora de 51 años, que registra más de 300 días de reposo previamente autorizados por diagnóstico de meniscopatía de rodilla, reclamando en esta oportunidad 30 días adicionales a contar del 3 de agosto de 2025 por la misma patología. Sin embargo, los antecedentes médicos acompañados no permiten establecer la existencia de una incapacidad laboral temporal que justifique la prolongación del reposo más allá de los más de 350 días ya autorizados por la misma afección. En efecto, el informe adjunto no describe en forma suficiente la evolución clínica del cuadro, las limitaciones funcionales actuales ni el pronóstico de recuperación, omitiendo antecedentes esenciales para determinar si subsiste una restricción laboral temporal médicamente susceptible de mejorar con reposo.

A ello se suma que no se acredita de manera adecuada la realización de sesiones de kinesioterapia, lo que resulta especialmente relevante tratándose de una patología traumatológica en la que la pertinencia del reposo debe necesariamente vincularse con un plan concreto de rehabilitación.

Agrega que, resulta ilustrativo que la interesada registra una licencia médica previa, correspondiente a septiembre de 2024, rechazada por incumplimiento del reposo al verificarse viaje al extranjero por el mismo diagnóstico, antecedente que refuerza la falta de consistencia clínica y terapéutica en la extensión de nuevos períodos de licencia por la misma afección, al no observarse una adherencia adecuada a las medidas previamente indicadas.

En estas condiciones, no existen elementos objetivos que permitan a esta Entidad Fiscalizadora formarse convicción acerca de la utilidad médica del reposo reclamado ni de su rol terapéutico real, máxime cuando ya se había autorizado un período ampliamente suficiente para el manejo conservador y la recuperación esperable de la patología Previo desarrollo de argumentos de derecho, solicita el rechazo del recurso.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que el hecho que la recurrente califica como arbitrario e ilegal lo hace consistir en la dictación de la Resolución Exenta NUM000, de fecha 20 de febrero de 2026, que confirmó el rechazo de la licencia médica NUM001, extendida por un total de 30 días a contar del 03 de agosto de 2025.

CUARTO: Que, a su turno la recurrida, informa al tenor de lo consignado en lo expositivo del presente fallo, instando por el rechazo de la acción, negando la existencia de alguna vulneración respecto de las garantías constitucionales de la recurrente, por cuanto su actuar se encuadra dentro del ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias.

QUINTO: Que, es necesario considerar que el artículo 16 del Decreto Supremo N°3, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las Comisiones Médicas Preventivas e Invalidez Instituciones de Salud Previsional, dispone que la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre en su caso, podrán rechazarlas, aprobarlas y reducir o ampliar el período de reposo solicitado, o cambiarlo de total a parcial o viceversa, dejando en todo caso, constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia. Asimismo, se les otorga la facultad disponer de acuerdo con sus medios, algunas de las medidas contempladas en el artículo 21 del referido reglamento, entre otras las de la letra a), esto es, practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas, o la signada en la letra e) que permite disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.

SEXTO: Que, la licencia médica NUM001, fue reclamada ante la COMPIN Región de Magallanes y Antártica Chilena, institución que, al conocer de los antecedentes presentados por la Sra. nombre reservado, y que se confirmó el rechazo de la aludida licencia, indicándosele a la recurrente sobre las instancias existentes para reclamar, recursos que efectivamente hizo valer ante la SUSESO.

SÉPTIMO: Que, la resolución Exenta NUM000, de fecha 20 de febrero de 2026, en lo pertinente, concluye que el reposo prescrito “no se encontraba justificado”, señalando expresamente: “Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los más de 350 días de reposo ya autorizados por la misma patología. Los antecedentes médicos adjuntos no indican evolución y limitación funcional que provoquen las lesiones descritas… El informe adjunto no indica evolución, limitaciones ni pronóstico… Tampoco se acreditan sesiones de kinesioterapia por el diagnóstico…”.

OCTAVO: Que, de los antecedentes acompañados, se puede colegir que, tras las sucesivas instancias de revisión y estudio, activadas por la recurrente conforme al procedimiento especial contemplado al efecto, se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de la licencia médica NUM001, decisión que fue adoptada por la recurrida dentro del ámbito de sus facultades legales, lo que conduce desde ya a descartar la existencia de ilegalidad en la actuación.

NOVENO: Que, por otra parte, la fundamentación entregada por el organismo recurrido, basada en los antecedentes médicos tenidos a la vista, con los cuales se concluyó que el reposo prescrito por la licencia médica NUM001, no se encontraba justificado, más allá del período ya autorizado, a juicio de estos sentenciadores tornan la decisión de la recurrida, como una debidamente fundada, por lo que no se está frente a una caprichosa o carente de razonabilidad, lo que lleva a concluir la inexistencia de un acto ilegal o arbitrario, por lo que es innecesario efectuar un análisis sobre una posible vulneración de garantías constitucionales.

Por estas consideraciones, y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado, y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo de Recursos de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA la acción constitucional deducida por nombre reservado en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Comuníquese, Regístrese y archívese oportunamente.

Redacción de la abogada integrante Sra. Sintia Orellana Yévenes.

Rol N°136-2026.Protección.